Francisco Javier López López

Expediente 1344/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 15 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1344/2015
Año
2015
Actuaciones
1
Última actuación
15/09/2015

Partes del expediente

  • Francisco Javier López López

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I A Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Francisco Javier López López, contra actos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, por conducto del Coordinador General de Centros Federales, con residencia en México, Distrito Federal, por violación a sus derechos fundamentales; fórmese expediente, regístrese en el correspondiente libro de este Juzgado bajo el número 1344/2015. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable, la orden de traslado ejecutada en su contra, de Islas Marías, Campamento CEFERESO Laguna del Toro, al Centro Federal Número 13 "CPS", Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que prevé el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. A efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente:  Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame;  Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o  Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Ahora, de los antecedentes narrados se advierte que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, señaló que el uno de noviembre de dos mil catorce, ingresó al Centro Federal Número 13 "CPS", Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, procedente del centro penitenciario en el que se encontraba, Islas Marias. Lo antes expuesto constituye una confesión expresa del quejoso en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haberla realizado de manera clara, precisa y bajo protesta de decir verdad. Elemento de convicción al que se le reconoce pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 199 y 200 del ordenamiento supletorio en mención . Bajo ese contexto, se pone de manifiesto que el demandante del amparo tuvo conocimiento fehaciente del acto reclamado desde su ejecución (uno de noviembre de dos mil cartorce), en que fue trasladado al Centro de Internamiento de Miahuatlan, Oaxaca; de ahí que es evidente que se actualiza la hipótesis normativa establecida en el primero de los supuestos que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo; es decir, que el plazo de quince días debe computarse a partir del siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. En el caso, como se ha señalado, el traslado se realizó el uno de noviembre de dos mil catorce, por lo que el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo empezó a computarse el tres del citado mes y año y feneció el veintiuno siguiente, sin contar los días sábados y domingos, al ser inhábiles en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo signada por el quejoso Francisco Javier López López, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad hasta el catorce de septiembre de dos mil quince, es incuestionable que se hizo fuera del plazo legal previsto en el numeral 17 de la citada Ley, lo que jurídicamente implica que el aludido acto reclamado fue consentido por el impetrante del amparo, dado que no se está en el supuesto de excepción que prevé la fracción IV del mencionado artículo. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente este proveído y los subsecuentes por conducto del Actuario adscrito a este órgano de control constitucional, conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente al quejoso.

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