Francisco Javier López Cruz y Otros.
Expediente 1264/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1264/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Javier López Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA I-A "...Vistos los autos y la certificación que antecede; en la especie, como no se interpuso recurso de revisión dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, dictado el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 33 a 36), con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
MESA 1-A "...Visto el estado de autos, se advierte que el plazo de tres días otorgado a la tercera interesada ***, *** y ***, en diligencia de emplazamiento de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve..., para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad, transcurrió del tres al siete de enero de esta anualidad, descontando el siete de enero de dos mil diecinueve, que por causas de fuerza mayor (bloqueo), se suspendieron labores en todos los órganos jurisdiccionales con sede en esta población; sin que lo hubieren hecho. Por tanto, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho y, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquenseles la notificación del auto de treinta y uno de enero de esta anualidad, así como las subsecuentes por lista de acuerdos, incluso las de carácter personal..."
- Principal
MESA 1-A. EN CUMPLIMIENTO A LO PROVEÍDO EN AUTO DE UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL DIVERSO ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. "...Agréguense las constancias remitidas vía correo electrónico, por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en alcance a su informe justificado agregado en auto de veintitrés de enero de esta anualidad. En términos del numeral 119 de la ley de la materia, téngase por admitida y desahogada la prueba documental que ofrece la responsable, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 77 fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: 1) la negativa de nombrar perito en materia de informática sobre impresiones; 2) la negativa de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas de cotejo o compulsa de los puntos diecinueve y veinte admitidas en el auto de calificación de pruebas de nueve de octubre de dos mil diecisiete; y, 3) la negativa de dictar los acuerdos correspondientes a los escritos de quince de junio y treinta de noviembre ambos de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 1857/2016 (2), del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con valor probatorio pleno, en los términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°; se advierte que mediante proveído dictado el dieciocho de enero de dos mil diecinueve en el expediente laboral 1857/2016 (2) de su índice: 1) Proveyó los escritos de quince de junio y treinta de noviembre de dos mil dieciocho, presentados por la parte quejosa dentro del juicio laboral citado. 2) Señaló las doce horas del siete de febrero de dos mil diecinueve, para el desahogo de la prueba de cotejo o compulsa que se admitió a la parte actora en el punto diecinueve del auto de calificación de pruebas de nueve de octubre de dos mil diecisiete, respecto de los estados de cuenta integral de María del Pilar Velasco Carrasco. 3) Fijó las doce horas del ocho de febrero de dos mil diecinueve, para que el verificativo de la prueba de cotejo o compulsa que fue admitida a la parte actora en el punto veinte del auto de calificación de pruebas de nueve de octubre de dos mil diecisiete, en relación a los estados de cuenta integral de Francisco Javier López Cruz. 4) Giró nuevamente oficio recordatorio al Instituto de Servicios Periciales de dicha Fiscalía, con la finalidad de que designe perito a la parte actora en la materia de informática sobre impresiones. Lo anterior revela que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues con la emisión del auto de dieciocho de enero de dos mil diecinueve dentro del expediente laboral 1857/2016 (2), es evidente la modificación del entorno en el cual se actualizaron los actos que en la presente instancia constitucional reclama la parte quejosa. Por tanto, se estima que la violación constitucional reclamada quedó sin efecto, sin dejar huella en la esfera jurídica de los peticionarios de garantías. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, respecto a dichos actos reclamados, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulta innecesario esperar resolver este juicio a las nueve horas diez minutos del veinte de febrero de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 19 vuelta); ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que del contenido del informe rendido por la autoridad responsable se advierte la cesación de los efectos de los actos reclamados, y permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo; por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Cabe precisar que no se está en el supuesto de ampliar la demanda de amparo contra la respuesta que dio la autoridad responsable a las peticiones de la parte quejosa de quince de junio y treinta de noviembre ambos de dos mil dieciocho, habida razón que contra dichos actos de autoridad se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación al artículo 107, fracción V, a contario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque los escritos que elevó la parte quejosa a la autoridad responsable fueron realizados dentro de un juicio. De ahí que propiamente no se esté en presencia de un derecho de petición, sino de una violación de carácter procesal, que únicamente afecta derechos adjetivos de la parte peticionaria de amparo. Más aún cuando no debe soslayarse que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. En apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, se invocan los siguientes criterios: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. ( Época: Décima Época Registro: 2008883, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a./J. 8/2015 (10a.), Página: 478) DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. (Época: Décima Época, Registro: 2008884, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.), Página: 480)..."
- Principal
MESA I A "...Agréguese los oficios del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con los cuales rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, desé vista a las partes por el término de ochos días..."
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