Francisco Javier Lima Ramos

Expediente 766/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
766/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Lima Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende se desprende que el auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós por el que se DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla (Aarón Hernández Chino). Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 766/2022. DESECHAMIENTO Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido se aprecia que la promovente reclama del Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla (Aarón Hernández Chino): "a) La dilación en acordar el escrito dirigido al Licenciado antes mencionado y recepcionado por la Oficialía de Partes del Juzgado de Oralidad y de Ejecución Sede Regional Puebla, en fecha primero de junio de dos mil veintidós, que contiene mi petición de señalar día y hora para efecto de que tenga verificativo la audiencia en la que se propondrá una Solución Alterna al Procedimiento, siendo esta la Suspensión Condicional del Proceso dentro de la Causa Penal 3521/2021/PUEBLA. b) El auto de fecha primero de julio de dos mil veintidós, dentro de la Causa Penal 3521/2021/PUEBLA; en la que señaló LAS 09:00 HORAS DEL 11 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE ETAPA INTERMEDIA." Precisado lo anterior, debe puntualizarse que la ley procesal prevé medios ordinarios de impugnación a través de los cual pueden ser subsanado -el primero de ellos- y revocado o modificado -el segundo-. Por tanto, al no agotar los medios ordinarios de impugnación antes de promover el juicio de amparo, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, en la fracción aludida se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En tal disposición legal se consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual se impone al gobernado la obligación de agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, contra aquellas resoluciones judiciales que estima lesionan sus derechos, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario, como es el juicio de amparo. RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO SEÑALADO CON EL INCISO A) EN EL ESCRITO DE DEMANDA En efecto, en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé la procedencia del recurso de queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado en este código. Así mismo, la queja será interpuesta ante el órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente; el que lo tramitará y resolverá en un plazo no mayor de tres días. De ahí que el juicio de amparo resulte improcedente contra la omisión que atribuye la parte quejosa al juez responsable, porque en la legislación procesal se establece un medio de impugnación, a través del cual puede ser subsanada la omisión que controvierte en esta vía constitucional, al Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla. En el caso se advierte que el quejoso ocurre a esta instancia constitucional y hace depender su reclamo de la omisión atribuida a la autoridad jurisdiccional de dar contestación a la petición de señalamiento de día y hora para que tenga verificativo la audiencia en la que se propondrá la solución alterna al procedimiento -consistente en la suspensión condicional del proceso- dentro de la causa penal 3521/2021/PUEBLA, realizada mediante escrito recibido por la responsable el primero de junio de dos mil veintidós. De ahí que se considera, que contra dicha omisión por parte del juez responsable, procede el recurso de queja previsto en el artículo 135 de la ley procesal aplicable, pues con la interposición de dicho medio de impugnación, el responsable tendrá que realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal exigido. No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial, puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica. No obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Sin que sea óbice que la afectación del derecho sustantivo cuya violación reclama no sea susceptible de repararse con el dictado de un fallo posterior, porque tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad. RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO SEÑALADO CON EL INCISO B) EN EL ESCRITO DE DEMANDA Por otra parte, con relación al acto reclamado consistente en el auto dictado el primero de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 3521/2021/PUEBLA; en el cual la autoridad responsable señaló día y hora para desahogar la audiencia de etapa intermedia, se actualiza la causal de improcedencia citada porque el inconforme no agotó en contra de dicho acto el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, del precepto legal citado se obtiene la procedencia del recurso de revocación, el cual procede en cualquiera de la etapas que interviene la autoridad judicial contra resoluciones de mero trámite, es decir, que se resuelva "sin sustanciación", dicho de otro modo, la normativa aludida se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico. En el caso concreto, el impetrante del amparo se duele del auto en el cual la autoridad responsable señaló día y hora para desahogar la audiencia de etapa intermedia dentro de la causa penal 3521/2021/PUEBLA; determinación que se considera de mero trámite, pues es de aquellas que no prevé la exigencia de notificar a la parte contraria, ni de otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla, y por tanto, es evidente que la resolución a la que llegó la responsable en la cual fue categórico con lo pedido, es de aquellas que en su contra procede el recurso de revocación aludido. Además, no se soslaya que la resolución aquí impugnada es de aquellas que no se encuentra comprendida en alguna de las diversas fracciones del artículo 467 de la legislación adjetiva penal, relativas a la procedencia del recurso de apelación, por lo tanto, es inconcuso que en contra del acuerdo reclamado procede el recurso de revocación. En tales condiciones, si el quejoso no agotó en contra del acto reclamado en esta vía el medio de impugnación a través del cual pudo lograr su revocación o modificación, el juicio de amparo en su contra resulta improcedente, pues no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues al estar vinculada al juicio natural, está en aptitud de interponer dicho recurso en todo aquello que lo afectara al abordar dicho aspecto. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, revocar o nulificar el acto que ahora se reclama, el cual estaba obligado a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda que se pretende contra la mencionada omisión, y por ello procede desecharla con apoyo en lo establecido en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADO Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Chi Carrera, Ysabel Alexandra Azuára Alvarez y Dulce Olivia Pulido Mendoza; por otra parte, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que cita. AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONSULTA ELECTRÓNICA Como lo solicita el promovente, y con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones personales que se generen con la tramitación del presente juicio de amparo y la consulta del expediente de manera electrónica, se realicen a través del usuario JuanMChi; por tanto, con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento de los usuarios proporcionados proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Respecto al señalamiento del correo electrónico y números telefónicos que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen únicamente señalados para realizar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Por lo que respecta a la petición del impetrante de amparo, en cuanto a permitir tomar placas fotográficas de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que se provee de conformidad a lo anterior, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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