Francisco Javier Lepe García

Expediente 130/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
130/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Lepe García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, aplicado a contrario sensu. Asimismo, se ordena glosar el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, incido a), del artículo 18 del acuerdo general relativo. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes la destrucción del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra glosado, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 130/2021-VII, promovido por el quejoso * * * contra los actos de las autoridades responsables denominadas Secretario de Movilidad del Estado de Colima y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso, promovió por su propio derecho juicio de amparo contra actos de las autoridades antes mencionadas, que hizo consistir en la orden verbal de desposesión, aseguramiento cautelar, retiro de circulación y cualquier otro acto de molestia respecto al vehículo que manifiesta es de su propiedad. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. En auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda en cuestión, se pidió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se citó a las partes a la audiencia constitucional; misma que se llevó a cabo en esta fecha con las debidas formalidades de acuerdo al acta que antecede; procediendo a dictar la resolución que en derecho corresponde. C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su respectivo informe justificado las autoridades responsables Encargado de la Unidad de Investigación de la Policía Estatal, Encargado del Despacho de los Asuntos de la Dirección General de la Policía Estatal, Supervisores de Transporte Público adscritos al Departamento de Supervisores del Transporte Público de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado, Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado, por sí y en suplencia del Director de Transporte de la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima así como del Director General del Sistema Integrado de Movilidad de la Secretaría de Movilidad del Estado de Colima, Jefe de Operación y Control de la Secretaría de Movilidad y Jefe del Departamento de Supervisores del Transporte Público de la Secretaria de Movilidad, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen; asimismo, la parte quejosa no ofreció probanza alguna para desvirtuar el sentido negativo de dichos informes; por lo que, en el presente caso, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305, Apéndice de 2011, bajo el tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Igual determinación procede respecto al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima, quien fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado; sin embargo, como las autoridades responsables ordenadoras negaron el acto reclamado, también debe sobreseer por lo que respecta a la citada autoridad ejecutora, pues estas no pueden ejecutar una orden inexistente. Apoya a lo anterior, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sala Auxiliar, Número de Registro 246423, Común, Volumen 6, Séptima parte, página 19, Séptima Época, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE INFORME DE LAS, CUANDO LAS ORDENADORAS NIEGAN LOS ACTOS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero las ordenadoras niegan los actos a ellas atribuidos, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede cumplimentar una orden inexistente, y no es susceptible de presumirse el acto conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo." TERCERO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, frac/ción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso * * contra los actos reclamados a las autoridades responsables, en los términos precisados en el considerando segundo de la presente resolución.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y como se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el informe rendido por el Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima, por sí y en suplencia del Director General del Sistema Integrado de Movilidad, además en representación del Director de Transporte de la Secretaría de Movilidad; Jefe de Operación y Control; Jefe del Departamento de Supervisores del Transporte Público y Supervisores de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad del Estado de Colima y Supervisores de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad del Estado de Colima, no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con siete minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 5, registro 191995, bajo la voz: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Asimismo, de la certificación que antecede, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se desechó la ampliación de la demanda ha causado estado.

  4. Principal

    Colima, Colima, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual el Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima, por sí y en suplencia del Director General del Sistema Integrado de Movilidad, además en representación del Director de Transporte de la Secretaría de Movilidad; Jefe de Operación y Control; Jefe del Departamento de Supervisores del Transporte Público y Supervisores de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad del Estado de Colima y Supervisores de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad del Estado de Colima, rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como delegados a los profesionistas que señala la autoridad, en términos del artículo 9º de la ley de la materia y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su misiva. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista.

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