Francisco Javier León Hernández

Expediente 239/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
239/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier León Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Juicio 239/2022 diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada Ley, en contra del auto dictado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Francisco Javier León Hernández, sin que las partes lo hubieren recurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. Ahora, en razón de que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexa copia certificada del laudo de ocho de marzo de dos mil veintidós y sus constancias de notificación, emitidos en el juicio laboral 679/2019 de su estadística. En consecuencia, toda vez que las constancias de referencia resultan ser parte integrante del informe justificado de la citada responsable, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena integrar a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 119 del citado ordenamiento, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que exhibe la responsable en comento, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; las cuales por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, de las constancias remitidas por la junta responsable anexas a su informe justificado y complementario, así como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que, atendiendo al principio de celeridad procesal que rige el juicio de amparo, contenido en el artículo 17 constitucional, en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de Amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. En ese contexto, al cesar los efectos de acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. En ese sentido, de un análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa esencialmente consiste en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 679/2019: Ahora, de las constancias que anexó a su informe justificado y complementario la Junta responsable, se desprende que el ocho de marzo de dos mil veintidós, dictó laudo en el juicio laboral de origen así como notificó a las partes. En consecuencia, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional - veintidós de febrero de dos mil veintidós- el referido acto reclamado existía; empero, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular, y sin dejar huella alguna sobre el inconforme que amerite ser borrada por el otorgamiento del fallo protector. En tales condiciones, se decreta el SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia clave 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Novena Época; materia Común; página 38, voz y texto que dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del mismo modo, es aplicable la Jurisprudencia clave 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Febrero de 1998; materia Común, página 210; de rubor y contenido que dicen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No se soslaya que en el procedimiento laboral de origen pudieran existir otras violaciones procesales; sin embargo, atendiendo al acto reclamado y a los conceptos de violación que formuló la parte quejosa, no se advierte que existan motivos para suplir la deficiencia de la queja, tomando en consideración que la figura de la suplencia de la queja, tiene como objetivo suplir la deficiencia de los conceptos de violación en sede constitucional, es decir, en determinadas materias de acuerdo a lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se pueden corregir e incluso suplir los agravios encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; no obstante, dicha institución no da pauta a que el órgano jurisdiccional varíe el acto reclamado, y se pronuncie respecto de cuestiones no controvertidas por el peticionario de garantías, aun cuando estas representen violaciones manifiestas en el proceso de origen, puesto que dichos tópicos, no forman parte de la contienda constitucional. Brinda sustento jurídico por analogía la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 567, tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable". No es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del siete de abril de dos mil veintidós, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No es óbice de lo anterior, que los criterios aludidos hagan referencia a numerales de la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone al de la legislación aplicable vigente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.

  3. Principal

    Juicio 1729/2015 folio 3664. veintidós de marzo de dos mil veintidós. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del cual, remite copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 2520/2010 de su índice, entre las que destaca el auto de dieciséis de marzo del año en curso, en el que se tuvo al Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General del Sistema Penitenciario comunicando que dentro de su plantilla laboral no cuenta con registro a nombre de José María Herrera López, de igual forma requirió nuevamente a Elektra del Milenio, sociedad anónima de capital variable, para efectos de que en término de tres días informe sobre los datos que tenga en relación con el domicilio de José María Herrera López, con apercibimiento de que, en caso de incumplimiento se hará acreedora de una multa equivalente a $3,848.80 (tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 80/100 M.N) . Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de Ley de amparo, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento; por tanto, requiérasele, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, informe en relación al acuerdo recaído al lapso otorgado a Elektra del Milenio, sociedad anónima de capital variable, en proveído de siete del presente mes y año. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Juicio 239/2022 folio 3371. quince de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, rindiendo su informe justificado. Al efecto, agréguese a estos autos para que obre como en derecho corresponda y sea tomado en consideración en la audiencia respectiva. Con apoyo en el artículo 119 del citado ordenamiento, se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe la responsable, consistente en copia certificada con firmas autógrafas del laudo emitido el ocho de marzo de dos mil veintidós, en el juicio 679/2019 de su estadística, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Póngase a la vista de las partes el informe de mérito, para los efectos legales procedentes. Ahora, toda vez que la autoridad oficiante manifiesta que, el ocho de los corrientes, ordenó turnar los autos del juicio obrero 679/2019 de su índice, al fedatario de su adscripción para que notificara a las partes contendientes en el mismo, el laudo emitido en esa misma fecha, sin que remitiera las constancias de notificación respectiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada responsable, para que dentro del término de tres días hábiles, que se contará a partir del momento al en que tengan conocimiento del presente proveído, remita copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes en conflicto en el juicio obrero 679/2019 de su estadística, respecto del laudo emitido el ocho de marzo anterior. Apercibida que de no hacerlo dentro del término concedido, se le impondrá un media de apremio consistente en multa de cien Unidades de Medida y Actualización una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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