Francisco Javier Largaespada Gonzaga
Expediente 835/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Javier Largaespada Gonzaga
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, a través del cual informa que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, y se avocaron al conocimiento del asunto, registrándolo con el número 981/2022-V, de lo que se toma conocimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en su oportunidad, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En ese orden de ideas, se establece que el presente juicio es susceptible de depuración, esto a pesar de que se dictó un acuerdo que se declaró la legal incompetencia del presente asunto y conforme a lo establecido por el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de destrucción; sin embargo, al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, se estima que dicha medida tiene efectos definitivos, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución que lo tuvo por concluido, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el capítulo 7 numeral 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se establece como fecha probable de depuración el veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de la secretaria Yonaji Nuria Juárez Rivas, con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe. YNJR/dari* En__________________ se envió materialmente el presente expediente al archivo. Conste. La secretaria certifica que la promoción, documento, auto y/o resolución que antecede, coincide en su totalidad con el expediente electrónico e impreso, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe.
- Principal
.. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196, párrafos primero y segundo, y 214 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 571/2021, promovido por Eduardo Antele Moreno, se encuentra cumplida, sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. Una vez que transcurra el término de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, contado a partir de la legal notificación del presente auto, provéase sobre el archivo del presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, personalmente a la parte tercero interesado, por lista a la parte quejosa, por así estar ordenado en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, y por oficio a la autoridad responsable, así como a la autoridad tercera interesada...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintidós.Agréguese a los autos para que conste como corresponda la constancia de correo electrónico, la cual trae adjunta la boleta de turno por parte de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, de la cual se visualiza que con motivo de que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo de protección de derechos fundamentales que por esta vía se combate, por las consideraciones expuestas en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, fue turnada el veinte de los corrientes al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, por lo que se está en espera de lo que el homologo federal determine. Notifíquese.
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Boca del Río, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada electrónicamente por Gerardo Cruz Guerra, en favor de Francisco Javier Largaespada Gonzaga, Leonardo Alonso Pinell Largaespada y Kevin Alexander Pinell Largaespada (quienes dice son de nacionalidad nicaragüense); fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 835/2022, y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SUSPENSIÓN DE PLANO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en el apartado correspondiente a los actos reclamados, el promovente señala como tales la privación ilegal de la libertad, incomunicación, la negativa a permitirles a la quejosa asistencia técnica de un abogado al momento de su ilegal detención, el proceso migratorio por contravenir el artículo 102 de la Ley de Migración; el aseguramiento, alojamiento, y/o detención de los quejosos por más de treinta y seis horas en la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz y la violación al derecho de libre tránsito; y que en el capítulo correspondiente a los conceptos de violación, expresó que "su deportación .violenta los derechos fundamentales", por lo que éste último también debe ser considerado como acto reclamado a fin de proveer lo conducente. Asimismo, señala como autoridades responsables al Director de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz; al Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz; al Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz, y al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz. De igual manera, de lo informado por el promovente en el escrito de demanda que ahora se acuerda, se advierte que los directos quejosos Francisco Javier Largaespada Gonzaga, Leonardo Alonso Pinell Largaespada y Kevin Alexnder Pinell Largaespada, se encuentran detenidos en la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz. Ahora, la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). En ese orden, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a Francisco Javier Largaespada Gonzaga, Leonardo Alonso Pinell Largaespada y Kevin Alexnder Pinell Largaespada, para que de inmediato cese cualquier acto de incomunicación, de privación de la libertad fuera de procedimiento o cualquier acto que afecte la vida, la salud o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; por tanto, las autoridades responsables deberán hacerle saber a la parte quejosa el derecho que tiene a comunicarse con quien estime conveniente. Con independencia de lo anterior, con el único fin de salvaguardar los derechos humanos de la parte promovente del amparo, si ésta se encontrara a disposición de algún agente del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, salvo el caso de la detención por caso urgente, se concede la presente medida para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente; en el entendido que cuando se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenidos en flagrancia o caso urgente, dicho plazo contará a partir de que sea puesta a disposición; en cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la parte quejosa, para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el entendido de que si la privación de la libertad se relaciona con algún procedimiento del orden penal iniciado en su contra o que no deban ser privados de dicha libertad, por no ser un ilícito de los considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, quedará a disposición de este órgano jurisdiccional, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que debe juzgarlos, para la continuación del procedimiento respectivo. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la legislación en comento, el cual contempla que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto, así lo permita, circunstancia por la cual la autoridad o autoridades responsables, como se dijo, de inmediato deben cumplir esta determinación con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violentados. De igual manera, se deberá girar oficio a la autoridad ejecutora o a la autoridad a donde la directa parte quejosa esté privada de su libertad o haya sido trasladada para que se notifique la suspensión concedida, o en su caso, a la autoridad que en ese momento lo represente o lo sustituya en sus funciones. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en la orden de deportación o expulsión por parte de la autoridad responsable; con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero y 160 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no se ejecute y los quejosos Francisco Javier Largaespada Gonzaga, Leonardo Alonso Pinell Largaespada y Kevin Alexnder Pinell Largaespada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007,Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, se cita la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.), emitida por el Pleno del Décimo Circuito, publicada en la página 879, tomo I, Septiembre 2020, Libro 78, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2022090, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración". En otro orden, del alojamiento reclamado procede señalar que en caso de que éste derive del procedimiento administrativo migratorio, no procede conceder la suspensión de plano; en virtud de que el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro del denominado procedimiento administrativo migratorio, siendo de resaltarse que expresamente el citado numeral 111 prevé que el Instituto Nacional de Migración debe resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. Por las razones jurídicas que contiene, se comparte la tesis I.1o.P.6 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 3113, tomo IV, materia penal, con número de registro electrónico 2024119, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve". No obstante, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables brinden a los directos quejosos agua, alimentos adecuados y proporcionen condiciones dignas propias a su naturaleza humana, en el lugar en el que se encuentran a su disposición, lo que implica que le den acceso a un baño para su aseo personal y necesidad fisiológicas, así como un lugar para dormir; y se le permite la asistencia técnica de un abogado, en términos del artículo 70 de la Ley de Migración; lo anterior, a fin de salvaguardar su integridad física y en atención a la condición de vulnerabilidad en la que pueden encontrarse dada su calidad de inmigrantes; todo ello mientras se dirima en definitiva este asunto. Se precisa que la presente medida cautelar no implica suspender la tramitación del procedimiento administrativo inherente a la situación migratoria de los directos quejosos, toda vez que dicho procedimiento resulta una cuestión de orden público e interés social; solo tiene por objeto que la autoridad migratoria responsable mantenga las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, que se abstenga de trasladar a los quejosos a otro lugar u obligarlos a abandonar materialmente el territorio nacional. Por otro lado, tomando en consideración que en el párrafo primero del apartado de la demanda que el promovente denominó como concepto de violación primero, se desprende que refiere que los quejosos se encuentran detenidos en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, desde el veintinueve de marzo de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 126 y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que cese de inmediato la medida de alojamiento, pero únicamente en el caso de que su estadía en ese lugar derive de un alojamiento que a la fecha haya rebasado el plazo de sesenta días. Resulta así, pues como se anticipó, el artículo 111 de la Ley de Migración contempla un plazo de quince días para resolver el procedimiento respectivo, o uno máximo de sesenta días bajo los supuestos específicos que dicho numeral prevé, y de haber sido detenidos los mencionados quejosos desde la fecha que indican, al momento habrían transcurrido más de cinco meses; lo cual se traduciría en que ese alojamiento prologando ya no pueda estimarse una privación de la libertad dentro de procedimiento. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 3043, Libro 9, tomo IV, enero de 2022, materia común, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2024000, de título y texto siguientes: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Hechos: Una familia extranjera integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, en su condición de migrantes promovieron juicio de amparo indirecto contra el alojamiento, detención, presentación o aseguramiento por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la deportación o expulsión del país y solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados, para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados los dos menores de edad mencionados. El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para el efecto de impedir cualquier acto que tuviera como resultado su expulsión o deportación del país, incomunicación o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y para que quedaran en el lugar donde se encontraban detenidos a disposición de dicha autoridad. Inconformes, interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar." Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la orden de deportación o expulsión por parte de la autoridad responsable; con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero y 160 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no se ejecute y los quejosos Francisco Javier Largaespada Gonzaga, Leonardo Alonso Pinell Largaespada y Kevin Alexnder Pinell Largaespada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007,Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, se cita la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.), emitida por el Pleno del Décimo Circuito, publicada en la página 879, tomo I, Septiembre 2020, Libro 78, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2022090, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración". En mérito de lo expuesto, hágase del conocimiento de las autoridades responsables esta medida suspensional, para que bajo su más estricta responsabilidad la acaten inmediatamente, entiéndase que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído es de orden público y debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto, así lo permita, circunstancia por la cual la(s) autoridad(es) responsable(s), como se dijo, de inmediato debe(n) cumplir esta determinación. Se precisa a la responsable que la Ley de Migración señala, como primer principio de la política migratoria, el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Atento a lo anterior, tratándose de actos que constriñen a las autoridades a un "hacer", éstas deben de informar en el término preestablecido, las providencias que dicten para dar estricto cumplimiento de la medida suspensional, o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para hacerlo. Comuníquese lo anterior a las responsables para que lo acaten bajo su más estricta responsabilidad, quienes además dentro del término de veinticuatro horas, deberán comunicar a este Juzgado el cumplimiento a dicha medida cautelar, lo que podrá hacer enviando su informe a los correo electrónico oficial 3jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción al número (229) 9236720 extensión 1101 o al diverso teléfono móvil de la secretaria de guardia 744 225 3443, apercibidas que en caso de desobediencia se actualizaría la hipótesis prevista en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que contempla la imposición de pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por lo que se otorgaría vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por la probable comisión de un delito, con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con independencia de lo anterior, se precisa que, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo, procede imponer a la parte quejosa la obligación de comparecer ante las autoridades migratorias conducentes, con residencia en esa ciudad, siempre que sea requerido para la eventual prosecución de un procedimiento administrativo de migración. Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, a fin de evitar dilaciones innecesarias en el presente asunto, al encontrarse las mencionadas autoridades fuera del lugar de residencia de este juzgado de Distrito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 36/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y de conformidad con los artículos 79 y 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo; gírese atento exhorto vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado: comisione al actuario judicial de su adscripción, a fin de que realice lo siguiente: 1. Entregue los oficios 7746, 7747, 7748 y 7749, dirigidos respectivamente al Director de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, del Instituto Nacional de Migración; al Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, del Instituto Nacional de Migración; al Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, del Instituto Nacional de Migración, y al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, del Instituto Nacional de Migración; respectivamente, anexando copia de la demanda de amparo. 2. Notifique personalmente este proveído a Francisco Javier Largaespada Gonzaga, Leonardo Alonso Pinell Largaespada y Kevin Alexnder Pinell Largaespada, quienes se encuentran en la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz; asimismo, el fedatario judicial deberá: a) Dar fe del estado físico en el que se encuentren los directos quejosos, los requiera para que de viva voz manifiesten si fueron víctimas de alguno de los actos señalados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o 15 de la Ley de Amparo; b) Deberá analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresaron las personas buscadas al lugar donde se les ubicó, el motivo o fundamento de ingreso a dicho lugar, y a cargo de qué autoridad se encuentran a disposición en cuanto su libertad personal. c) Una vez entregados los citados oficios y efectuada la notificación personal encomendada, devuelva a la brevedad la presente comunicación oficial con los acuses de recibo correspondientes, o en su defecto, deberá levantar la razón actuarial asentando los motivos por los cuales no le fue posible entregar dichos comunicados. Asimismo, se faculta al Juez exhortado, ampliamente de manera enunciativa, más no limitativa, a fin de agotar todos los medios necesarios para lograr la obtención de la diligencia encomendada, como la habilitación de días y horas inhábiles para realizar dichas diligencias. A su vez, se solicita al Juez exhortado, que una vez diligenciada la comunicación oficial, de conformidad con los artículos 79 y 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se sirva a devolverla con las actuaciones resultantes del trámite brindado, vía electrónica, a este órgano jurisdiccional. Lo anterior con la finalidad de que dichas autoridades responsables sean notificadas a la brevedad y estén en condiciones de acatar de inmediato la suspensión de plano aquí concedida y rendir su correspondiente informe relativo a dicha suspensión. Precisado lo anterior, y en atención a la solicitud que hizo el quejoso en el sentido de solicitar copias certificadas de la resolución que sobre la suspensión provisional emita este Juzgado, cabe aclarar que en el presente asunto no se está ordenando la apertura del incidente de suspensión dado que, derivado de la naturaleza de los actos reclamados, en el presente auto se concedió la suspensión de plano en los términos en los que fue expuesto. INCOMPETENCIA Por otra parte, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que el promovente de la acción constitucional señala como autoridades responsables al Director de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz; Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz; Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz, y al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz, y que les atribuye los actos consistentes en la privación ilegal de la libertad, la negativa a permitirles a la quejosa asistencia técnica de un abogado al momento de su ilegal detención, proceso migratorio del artículo 102 de la Ley de Migración; el aseguramiento, alojamiento, y/o detención de los quejosos por más de treinta y seis horas y la violación al derecho de libre tránsito; este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo a que se refiere el presente expediente, por razón de territorio, conforme con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En efecto, el transcrito precepto establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal invocado establece tres reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda. En ese sentido, si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En el asunto que nos ocupa, dadas las características y naturaleza de los actos reclamados, así como su ejecución, la hipótesis de competencia que aquí opera es la precisada en el inciso a), relativa a que si el acto reclamado tiene ejecución material; por tanto, se considera que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Es así, ya que del análisis integral de la demanda se advierte que los actos reclamados lo constituyen la privación ilegal de la libertad, incomunicación, la negativa a permitirles a los quejosos asistencia técnica de un abogado al momento de su ilegal detención; proceso migratorio del artículo 102 de la Ley de Migración; el aseguramiento, alojamiento y/o detención por más de treinta y seis horas y la violación al derecho de libre tránsito de Francisco Javier Largaespada Gonzaga, Leonardo Alonso Pinell Largaespada y Kevin Alexnder Pinell Largaespada, por parte de las autoridades señaladas como responsables Director de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz; Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz; Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz, y al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz; en cuyo lugar se encuentran detenidos los directos quejosos, según lo expresado en la demanda de amparo. Asimismo, cabe destacar las siguientes particularidades del presente asunto: Todas las autoridades señaladas como responsables en el escrito de demanda, tienen su residencia en Acayucan, Veracruz, cuyo domicilio se encuentra dentro de la jurisdicción del Órgano Jurisdiccional de Coatzacoalcos, Veracruz. Además, de la demanda de amparo no se advierte algún otro dato que revele que el acto pudo tener ejecución en un domicilio distinto al de las autoridades señaladas como responsables. Incluso, expresamente afirmó el promovente que "Los quejosos Francisco Javier Largaespada Gonzaga, Leonardo Alonso Pinell Largaespada y Kevin Alexnder Pinell Largaespada fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración. y trasladados a la estación Migratoria de la Ciudad de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave" En ese tenor, si el promovente refirió que el lugar donde los quejosos se encuentran privados de la libertad es en la ciudad de Acayucan, Veracruz, respetuosamente se estima que el Juez legalmente competente para resolver el presente asunto es el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, puesto que de conformidad con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es quien tiene jurisdicción en el lugar en donde tiene su residencia la autoridad responsable, que es donde, a decir del promovente, se verifican los actos reclamados. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número .2º.P. J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, Libro 56, Agosto de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 218721, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En efecto, aun cuando el promovente hace alusión a que los directos quejosos fueron detenidos en "el tramo carretero de Antiguo Morelos Tamaulipas", lo cierto es que el acto privativo de la libertad que reclaman, no se trata de la detención efectuada en ese lugar, sino del hecho de permanecer alojados en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz o otros actos relacionados con su estadía en ese lugar, es decir, reclaman actos que se encuentran ejecutándose en dicha ciudad de Acayucan, pues como se vio, refieren que se encuentran en ese lugar desde el veintinueve de marzo del presente año, por lo que es notorio que se duelen de permanecer en ese sitio. De ahí que no es factible establecer que en la demanda de amparo que ahora nos ocupa, se reclame un acto que se haya ejecutado en un lugar y continúe ejecutándose en otro, sino que claramente reclaman actos que están teniendo ejecución en la referida ciudad de Acayucan, Veracruz. Bajo esas condiciones, es claro que este juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por lo que se ordena remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, órgano jurisdiccional que se estima competente para conocer de la controversia planteada por ser dentro de su jurisdicción donde se ejecutará el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tales condiciones, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con independencia de que dicho comunicado será enviado vía mensajería acelerada, adjuntándole el original del juicio de amparo en que se actúa. De igual manera, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias para que realice la vinculación correspondiente y se facilite la consulta del presente expediente electrónico con número de NEUM 30855136 para vincularlo con el que le sea asignado por el Juzgado que por cuestión de turno le corresponda conocer del presente juicio de amparo, mediante la herramienta denominada "Vincular con otro órgano/Relacionar con expediente de origen". Fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que hubiere lugar; háganse las anotaciones respectivas y solicítese al Juez de Distrito que haya de conocer del asunto, se sirva acusar recibo e informar lo conducente en torno a la competencia que se declina, vía interconexión. No es óbice para declinar la competencia para el conocimiento de este asunto, el hecho de que en el apartado de la demanda que el promovente denominó "PERSONALIDAD PROVISIONAL EN EL AMPARO" y en el capítulo de pruebas, dicho ocursante hubiera asentado que los directos quejosos se encuentran en la "Estación Migratoria de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas". Se estima así, porque resulta claro para quien esto provee, que se trata de un error mecanográfico, toda vez que el promovente de forma clara y precisa señala en reiteradas ocasiones, que los quejosos se encuentran en la Estación Migratoria de la Ciudad de Acayucan, Veracruz; incluso señala que en ese lugar fueron detenidos, y únicamente señaló como responsables a diversas que tienen su residencia en Acayucan, Veracruz. Cabe señalar que a pesar de que en el caso la demanda de amparo fue promovida por Gerardo Cruz Guerra, en favor de Francisco Javier Largaespada Gonzaga, Leonardo Alonso Pinell Largaespada y Kevin Alexnder Pinell Largaespada, no resulta dable prevenir al quejoso que manifieste si desea ratificar dicho ocurso, como lo contempla el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; pues al haberse declinado la competencia para conocer del presente asunto a favor de un Juez de Distrito con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, será el juez a quien corresponda conocer del asunto, quien en su caso proveerá lo conducente, en caso de que así lo estime conveniente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Cruz Guerra pues acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través de su alta de cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. De conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario gerardocruz88 para que las notificaciones de los acuerdos correspondientes a este expediente se realicen vía electrónica a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. Ahora, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario gerardocruz88, para que pueda ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Respecto al domicilio convencional para oír y recibir notificaciones que indicó, se toma nota para los efectos que haya lugar, sin que en el caso se ordene realizarlas en el mismo, en virtud de lo ordenado en el párrafo que antecede. Asimismo, téngasele por señalados el correo electrónico y número telefónico que indica; en la inteligencia de que en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, dicho medio se utilizará tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables; por lo que se le tiene como medio de contacto el correo electrónico y número telefónico proporcionados. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese, vía electrónica a la parte promovente, por exhorto a los directos quejosos, y por oficio a las autoridades responsables, los cuales deberán remitirse a las autoridades responsables a través del exhorto que se libre para notificar a los mencionados quejosos.
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