Francisco Javier Joshua Acevedo Sandoval
Expediente 299/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Javier Joshua Acevedo Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede Matehuala, San Luis Potosí. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales y el disco versátil digital que anexó a su oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese el disco versátil por separado y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, todos del Ramo Penal en esta ciudad; los Agentes del Ministerio Publico Investigadores Centrales Adscritos a las Mesas Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho; los agentes del Ministerio Publico Investigadores Centrales Adscritos a las Mesas Uno y Dos con detenidos; el Procurador de Justicia del Estado; los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Mesas Uno y Dos en Soledad de Graciano Sánchez; el Gestor de la Primera Región Judicial Adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en esta ciudad; la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral en turno Adscrita al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región, Sala Sede en Ciudad Valles, el Director General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez en esta ciudad, el Juez de Control y de Tribunal del Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede, Matehuala, San Luis Potosí y Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación, la orden de aprehensión, presentación o investigación y su ejecución. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo respecto de la orden de investigación y se admitió por la diversa de aprehensión o presentación. En dicho acuerdo se tuvo como autoridades sustitutas de los Jueces Tercero, Primero y Cuarto del Ramo Penal de esta ciudad, respectivamente, a los Jueces Cuarto, Octavo y Segundo, del Ramo Penal en esta ciudad, dejando de tener como autoridades a los tres primeros referidos. Luego, por auto de uno de abril de dos mil diecinueve, se tuvo como inexistentes a las autoridades señaladas como Procurador General de Justicia del Estado y Agentes del Ministerio Publico Investigadores Centrales Adscritos a las Mesas Uno y Dos con detenidos, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. En otro orden, atendiendo a lo manifestado en su informe de ley por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede Matehuala, San Luis Potosí, y las documentales que allegó como medios de pruebas, se advierte que es cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso el trece de febrero de dos mil diecinueve, en la causa penal RII-CP-10-2019, por lo que este órgano jurisdiccional procederá a realizar el estudio de ésta en los términos que más adelante se precisarán. No pasa inadvertido para este Juzgador que a pesar de que tal autoridad no haya realizado manifestación alguna en su informe de ley, respecto del diverso acto reclamado consistente en la orden de presentación, se procederá únicamente a analizar la orden de aprehensión citada, pues no obstante que dichos mandamientos son técnicamente diferentes, lo que aquí reclama en esencia el promovente, es una orden restrictiva de libertad, lo cual como ya se dijo resulto cierta respecto del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede Matehuala, San Luis Potosí, esto es la orden de aprehensión librada el trece de febrero de dos mil diecinueve, en la causa penal RII-CP-10-2019. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Julio de 2001, página: 287, que dispone: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías." En esa tesitura, el suscrito considera que respecto de la orden de aprehensión reclamada al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede Matehuala, San Luis Potosí, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Ahora bien, como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Lo anterior es así, en razón que de la reproducción de la copia certificada del disco versátil que allegó el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede Matehuala, San Luis Potosí, el cual contiene el audio y video de la audiencia de continuación de cumplimentación de orden de aprehensión desahogada el veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal RII-CP-10-2019, instruida en contra de Francisco Javier Joshua Acevedo Sandoval, de su reproducción se advierte que en esa data se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto en el artículo 126, en correlación con el 144, fracción II, y sancionado por el artículo 84, del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, cometido en agravio de Paulino Vázquez Robles. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, si el veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede Matehuala, San Luis Potosí, dictó auto de vinculación a proceso en contra al aquí quejoso Francisco Javier Joshua Acevedo Sandoval, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión aquí reclamadas, librada en su contra el trece de febrero de dos mil diecinueve y ejecutada el veintidós de marzo siguiente, puesto que debido a la emisión de la referida determinación, el mandamiento de captura ha sido sustituido por esta última, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Corrobora lo expuesto la tesis II.2º. P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 1287 del Libro XV, Diciembre de 2002, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Asimismo, adquiere aplicación la tesis XVII. 1o.P.A.51 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 2687 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso", sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por tanto, al haberse actualizado respecto de la orden de aprehensión reclamada, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional por lo que a dicho acto se refiere. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos atribuidos a las autoridades señaladas como ejecutoras Fiscal General de Justicia del Estado (en su denominación correcta), Director de Seguridad Pública del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y Director de la Policía Ministerial del Estado, ya que no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar de los actos reclamados a las autoridades judiciales responsables, y como ya se vio, en contra de éstas procede sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en su anterior integración, visible en la página 339, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseer por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por otra parte, los Jueces Segundo, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, todos del Ramo Penal en esta ciudad; Agentes del Ministerio Publico Investigadores Centrales Adscritos a las Mesas Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho; Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Mesas Uno y Dos en Soledad de Graciano Sánchez; Gestor de la Primera Región Judicial Adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en esta ciudad; Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral en turno adscrita al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región, Sala Sede en Ciudad Valles y Director General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez en esta ciudad; negaron la existencia de los actos consistentes en la orden de aprehensión o presentación dictada en contra del quejoso y su ejecución, tal y como se advierte de los informes justificados, respectivos. En tal virtud, al no existir en autos prueba en contrario que desvirtúe estas negativas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales, por lo que se refiere a dichas autoridades y los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado, no desatiende la jurisprudencia 1a./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a actos reclamados, y a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado es atribuible únicamente a otra autoridad, como en el caso particular. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las once horas con diez minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Finalmente, visto el alegato ministerial presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente agréguese a los autos, en virtud del sobreseimiento del presente juicio. No obstante lo anterior, como lo solicita, expídasele copia certificada de la presente determinación. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede Matehuala, San Luis Potosí. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales y el disco versátil digital que anexó a su oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese el disco versátil por separado y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, todos del Ramo Penal en esta ciudad; los Agentes del Ministerio Publico Investigadores Centrales Adscritos a las Mesas Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho; los agentes del Ministerio Publico Investigadores Centrales Adscritos a las Mesas Uno y Dos con detenidos; el Procurador de Justicia del Estado; los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Mesas Uno y Dos en Soledad de Graciano Sánchez; el Gestor de la Primera Región Judicial Adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en esta ciudad; la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral en turno Adscrita al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región, Sala Sede en Ciudad Valles, el Director General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez en esta ciudad, el Juez de Control y de Tribunal del Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede, Matehuala, San Luis Potosí y Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación, la orden de aprehensión, presentación o investigación y su ejecución. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo respecto de la orden de investigación y se admitió por la diversa de aprehensión o presentación. En dicho acuerdo se tuvo como autoridades sustitutas de los Jueces Tercero, Primero y Cuarto del Ramo Penal de esta ciudad, respectivamente, a los Jueces Cuarto, Octavo y Segundo, del Ramo Penal en esta ciudad, dejando de tener como autoridades a los tres primeros referidos. Luego, por auto de uno de abril de dos mil diecinueve, se tuvo como inexistentes a las autoridades señaladas como Procurador General de Justicia del Estado y Agentes del Ministerio Publico Investigadores Centrales Adscritos a las Mesas Uno y Dos con detenidos, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. En otro orden, atendiendo a lo manifestado en su informe de ley por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede Matehuala, San Luis Potosí, y las documentales que allegó como medios de pruebas, se advierte que es cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso el trece de febrero de dos mil diecinueve, en la causa penal RII-CP-10-2019, por lo que este órgano jurisdiccional procederá a realizar el estudio de ésta en los términos que más adelante se precisarán. No pasa inadvertido para este Juzgador que a pesar de que tal autoridad no haya realizado manifestación alguna en su informe de ley, respecto del diverso acto reclamado consistente en la orden de presentación, se procederá únicamente a analizar la orden de aprehensión citada, pues no obstante que dichos mandamientos son técnicamente diferentes, lo que aquí reclama en esencia el promovente, es una orden restrictiva de libertad, lo cual como ya se dijo resulto cierta respecto del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede Matehuala, San Luis Potosí, esto es la orden de aprehensión librada el trece de febrero de dos mil diecinueve, en la causa penal RII-CP-10-2019. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Julio de 2001, página: 287, que dispone: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías." En esa tesitura, el suscrito considera que respecto de la orden de aprehensión reclamada al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede Matehuala, San Luis Potosí, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Ahora bien, como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Lo anterior es así, en razón que de la reproducción de la copia certificada del disco versátil que allegó el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede Matehuala, San Luis Potosí, el cual contiene el audio y video de la audiencia de continuación de cumplimentación de orden de aprehensión desahogada el veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal RII-CP-10-2019, instruida en contra de Francisco Javier Joshua Acevedo Sandoval, de su reproducción se advierte que en esa data se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto en el artículo 126, en correlación con el 144, fracción II, y sancionado por el artículo 84, del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, cometido en agravio de Paulino Vázquez Robles. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, si el veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede Matehuala, San Luis Potosí, dictó auto de vinculación a proceso en contra al aquí quejoso Francisco Javier Joshua Acevedo Sandoval, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión aquí reclamadas, librada en su contra el trece de febrero de dos mil diecinueve y ejecutada el veintidós de marzo siguiente, puesto que debido a la emisión de la referida determinación, el mandamiento de captura ha sido sustituido por esta última, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Corrobora lo expuesto la tesis II.2º. P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 1287 del Libro XV, Diciembre de 2002, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Asimismo, adquiere aplicación la tesis XVII. 1o.P.A.51 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 2687 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso", sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por tanto, al haberse actualizado respecto de la orden de aprehensión reclamada, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional por lo que a dicho acto se refiere. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos atribuidos a las autoridades señaladas como ejecutoras Fiscal General de Justicia del Estado (en su denominación correcta), Director de Seguridad Pública del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y Director de la Policía Ministerial del Estado, ya que no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar de los actos reclamados a las autoridades judiciales responsables, y como ya se vio, en contra de éstas procede sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en su anterior integración, visible en la página 339, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseer por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por otra parte, los Jueces Segundo, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, todos del Ramo Penal en esta ciudad; Agentes del Ministerio Publico Investigadores Centrales Adscritos a las Mesas Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho; Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Mesas Uno y Dos en Soledad de Graciano Sánchez; Gestor de la Primera Región Judicial Adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en esta ciudad; Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral en turno adscrita al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región, Sala Sede en Ciudad Valles y Director General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez en esta ciudad; negaron la existencia de los actos consistentes en la orden de aprehensión o presentación dictada en contra del quejoso y su ejecución, tal y como se advierte de los informes justificados, respectivos. En tal virtud, al no existir en autos prueba en contrario que desvirtúe estas negativas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales, por lo que se refiere a dichas autoridades y los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado, no desatiende la jurisprudencia 1a./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a actos reclamados, y a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado es atribuible únicamente a otra autoridad, como en el caso particular. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las once horas con diez minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Finalmente, visto el alegato ministerial presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente agréguese a los autos, en virtud del sobreseimiento del presente juicio. No obstante lo anterior, como lo solicita, expídasele copia certificada de la presente determinación. NP
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Juez Quinto del Ramo Penal en el Estado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de uno de abril de dos mil diecinueve. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. En consecuencia, a efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de abril de dos mil diecinueve y, en su lugar, se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Incidental
PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Francisco Javier Joshua Acevedo Sandoval, respecto de los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en éste. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a Francisco Javier Joshua Acevedo Sandoval, respecto de los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos expuestos en el diverso cuarto. Notifíquese.
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