Francisco Javier Jimenez Sánchez
Expediente 803/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Javier Jimenez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal.
- Principal
CITATORIO.- SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA AL QUEJOSO, LA RESOLUCIÓN DE 06/12/2022, EN LA QUE SE LEE: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 803/2022-III, promovido por XXXXXXXX, contra actos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, XXXXXXXX, parte actora en el juicio de origen, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en: - La resolución de doce de julio de dos mil veintidós, dictada por la sala responsable en el toca 895/2022, que confirmó el auto de dos de junio del mismo año, dictado por el Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, en la controversia de arrendamiento inmobiliario 61/2021, seguida por el aquí quejoso en contra XXXXXXXX; auto mediante el cual el citado juzgador no acordó de conformidad lo solicitado por dicho peticionario de amparo en el sentido de girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que informara si el demandado tenía alguna cuenta en alguna institución bancaria y, en su caso, cuál era su saldo. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Recibida ante este Juzgado de Distrito, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda promovida por XXXXXXX, se solicitó a la autoridad mencionada su informe justificado, ordenándose emplazar a la parte tercera interesada XXXXXXXX parte demandada en el juicio de origen. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O S : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio tramitado ante una autoridad con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Razones y fundamentos del acto de autoridad. El Presidente de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado manifestó que el acto que se le atribuye es cierto, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos dichos actos. Certeza que se encuentra corroborada con las copias certificadas que el juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales adquieren la naturaleza jurídica de prueba documental pública. TERCERO. Antecedentes del acto reclamado. Se considera pertinente hacer relación de los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados; luego, de las constancias remitidas por el Presidente de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a las cuales se les concede pleno valor probatorio con fundamento en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende: El doce de enero de dos mil veintidós, el Juez Cuadragésimo Cuarto de los Civil de la Ciudad de México, dictó sentencia definitiva en los autos del juicio XXXXXXX, en la que declaró procedente la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario intentada en contra de XXXXXXXX y lo condenó a la desocupación y entrega del inmueble objeto del contrato de arrendamiento; al pago de rentas vencidas y no pagadas; al pago de rentas que se sigan venciendo hasta la entrega y desocupación del inmueble; al pago de suministros de luz y agua generados hasta la desocupación y entrega del inmueble así como al pago de la pena convencional pactada; la cual causó ejecutoria el cuatro de marzo del año referido. Mediante promoción presentada el dos de junio de dos mil veintidós, la parte actora en el juicio de origen solicitó al juez del conocimiento, que girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que informara si el demandado tenía alguna cuenta bancaria en alguna institución y cuál era su saldo, ello para poder contar con elementos suficientes para el momento de realizar la diligencia de lanzamiento y embargo, y así dar cumplimiento a la sentencia definitiva. El tres de junio de dos mil veintidós, el juez del conocimiento acordó: Inconforme con el auto referido en el acápite anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual tocó su conocimiento a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que mediante resolución de ocho de julio de dos mil veintidós dentro de los autos del toca de apelación XXXXXXX, confirmó el auto recurrido, con las consideraciones siguientes: Siendo este el acto reclamado. CUARTO. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es pertinente examinar las causales de improcedencia que se hagan valer por las partes y las que se adviertan de dicho procedimiento, ya que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante el planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. En este sentido, el suscrito juzgador advierte, de oficio, que sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia ni afecta de manera directa derechos sustantivos. Los numerales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra: 1. Actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. 2. Actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo (entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente), con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso; y, 3. Actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en el procedimiento de remate, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, esto es, contra aquella que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso también podrán hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Cabe precisar que atendiendo a la evolución que ha sufrido la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se citan los supuestos de procedencia siguientes: a) Resoluciones autónomas a la cosa juzgada. b) Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos de la promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. Sobre dichos supuestos de procedencia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto contra cualquier acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia cuando tenga la característica de ejecución de imposible reparación, la cual se actualizará cuando exista la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada; sin embargo, en el presente caso no se está frente a ninguno de los supuestos indicados. Lo anterior resulta así, porque el acto reclamado consiste en la resolución de ocho de julio de esta anualidad, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, en contra del auto de tres de junio de este año, dentro del juicio de controversia de arrendamiento 61/2021, en el que, en relación a la solicitud de requerir informe a una institución financiera respecto de la localización de alguna cuenta a nombre del demandado y en su caso, el monto contenido en ella; fue dictado en ejecución de sentencia y tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la misma, la cual no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, ni en el procedimiento de remate, tampoco es autónoma a la cosa juzgada y no afecta de manera directa derechos sustantivos del quejoso, ajena a lo que es materia de la cosa juzgada; pues de los autos del referido juicio se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: 1. El doce de enero de dos mil veintidós, el Juez Cuadragésimo Cuarto de los Civil de la Ciudad de México, dictó sentencia definitiva en los autos del juicio 61/2021 en la cual se condenó al demandado al pago de diversas prestaciones. 2. Mediante escrito recepcionado el dos de junio de dos mil veintidós, el actor XXXXXXXX, solicitó al juez del conocimiento, que girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que informara si el demandado tenía alguna cuenta bancaria en alguna institución y cuál era su saldo, ello para poder contar con elementos suficientes para el momento de realizar la diligencia de lanzamiento y embargo, y así dar cumplimiento a la sentencia definitiva. 4. El tres de junio de dos mil veintidós, se dictó el auto correspondiente a la solicitud indicada en el párrafo que antecede, en la cual, no se acordó de conformidad la petición por las razones transcritas en párrafos precedentes. 5. Inconforme con dicho auto, la parte actora, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el ocho de julio de dos mil veintidós, en la cual, se confirmó el auto recurrido. Bajo esas circunstancias, de los antecedentes antes descritos, se obtiene que el auto recurrido de tres de junio de dos mil veintidós y la resolución dictada por la Sala responsable el ocho de julio de esta anualidad fueron dictados en la etapa de ejecución de sentencia, que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la misma, no es una resolución autónoma a la cosa juzgada, ni tampoco afecta de manera directa los derechos sustantivos del quejoso ajeno a lo que es materia de la cosa juzgada, por lo cual, hace improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Pues en aquel auto, el cual fue confirmado en la resolución reclamada, se resolvió sobre la solicitud del actor, presentada el tres de junio del año en curso, en la cual, le peticionó que se girara oficio a una institución para que informara sobre la existencia de alguna cuenta a nombre del demandado y en su caso, el monto contenido para cuando se llevara a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo; y al respecto, la sala responsable le indicó no se le estaba privando su derecho de acceso a la justicia en razón de que aún no se había intentado por la parte actora la vía de apremio respecto de la ejecución de la sentencia definitiva de doce de enero de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 500, 501 y 517 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y que no existía motivo de disenso que reparar en su beneficio. En consecuencia, como puede verse, al haberse dictado el acto reclamado después de concluido el juicio, y encontrarse en el periodo de ejecución de sentencia, el mismo no constituye la última resolución dictada en ese periodo, y en todo caso solo se indicó al promovente cuál era la vía para solicitar la ejecución de la sentencia, sin que se privara de su derecho a tal ejecución; por esas razones no constituyó la resolución reclamada, la última en el procedimiento de referencia será aquella en la que el juez de origen apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ya que el cumplimiento de las sentencias, no debe obstaculizarse por ser de orden público y de interés social. Aunado a que además la emisión del acto reclamado no afecta de manera directa derechos sustantivos del quejoso, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; sino que, al contrario, va encaminado a cumplir con el fallo emitido en el procedimiento. Además, el amparo indirecto, solo procede en contra de la última resolución emitida en la fase de ejecución y no de forma autónoma o en su caso contra la última resolución, del procedimiento de sentencia, siendo aquélla la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia definitiva, lo cual, tampoco acontece en el caso. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 163152, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Al igual que la diversa tesis P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 180415, de rubro y contenido: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". En esa tesitura, dado que ha de entenderse por última resolución, la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento; por lo que esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia definitiva, es claro que el acto reclamado no concluye el procedimiento de ejecución, ni guarda autonomía dentro del mismo. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado al respecto en la Jurisprudencia P.J. 32/20012, que es del rubro y tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En ese orden de ideas, la resolución señalada como acto reclamado, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, ni en el procedimiento de remate, tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, no es autónoma a la cosa juzgada, ni tampoco afecta de manera directa derechos sustantivos del quejoso ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo aplicable en concordancia con la fracción IV del artículo 107 de dicha legislación; por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, en los artículos 61, 63, 74, fracción I, 217 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por XXXXXXXX, contra actos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones apuntadas en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal.
- Principal
En la Ciudad de México, a las nueve horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para la práctica de la audiencia constitucional, *******, Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido por el Secretario ***************, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia en el juicio de amparo 803/2022-III, promovido por *************, por propio derecho. Acto seguido, el Secretario hace relación de los autos y da cuenta con las constancias más relevantes que obran en autos, entre las cuales se encuentran: la demanda de garantías, auto admisorio de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, constancia de emplazamiento del tercero interesado, ***************, constancias de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la autoridad responsable, Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, e informe justificado de esta última. Enseguida, el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se abre el período probatorio y se da cuenta con las constancias remitidas por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, relativas al **************. Asimismo, se da cuenta con las pruebas ofrecidas por el quejoso, admitidas en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, consistentes en: 1. La presuncional legal y humana; y 2. La instrumental de actuaciones. Por otra parte, se hace constar que el tercero interesado no ofreció medios de convicción. El Juez acuerda: de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza las documentales remitidas por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el quejoso, relacionadas en líneas precedentes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara por perdido el derecho del tercero interesado para ofrecer elementos de convicción. Acto continuo, en la etapa de alegatos se hace constar que ninguna de las partes los formuló y que el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no presentó intervención ministerial. En consecuencia, el Juez acuerda: de conformidad con lo establecido en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara por perdido el derecho de las partes para realizar alegatos. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la resolución que en derecho corresponde, firmando al calce quienes en ella intervinieron para debida constancia Doy fe.
- Principal
México, Ciudad de México, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda razón de la actuaria adscrita a este juzgado, de la que se advierte que llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado **********, a la presente instancia constitucional, y hágase del conocimiento de este último que queda a su disposición en este Juzgado la copia de traslado de la demanda de amparo y auto admisorio, a efecto de que comparezca en días y horas hábiles para su recepción, previa razón que se asiente en autos para constancia de recibo. En consecuencia, con el contenido del informe justificado rendido por el Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dese vista al tercero interesado para que dentro del término de ocho días manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de la autoridad responsable.
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