Francisco Javier Jenaro Romero
Expediente 635/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2023
Partes del expediente
- Francisco Javier Jenaro Romero
Actuaciones
- Principal
VI. Visto el estado de autos y certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO.********************Archívese este asunto como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). +++. 1. Criterio de valoración.********************En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19.********************Expediente destruible********************Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso d) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó de plano la demanda de amparo.********************2.2 Plazo para destrucción.********************Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés al dieciséis de mayo de dos mil veintiséis, y una vez cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ********************Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta.********************De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción o depuración que se prepare, una vez trascurridos los plazos citados en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020.********************Se comisiona al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obren las notificaciones del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inició y fin del procedimiento de depuración o destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a.********************Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción o depuración; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a), lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa VI, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual.
- Principal
VI. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del Juez Quinto Mercantil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad; por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 635/2023-VI. +++. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el acto tildado de inconstitucional por el quejoso es la determinación de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Quinto Mercantil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en el juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido en su contra por ********************, endosatario en propiedad de ******************** por la que se fijó día y hora para llevar a cabo la primera almoneda de remate del bien embargado en autos, consistente en el camión de volteo, con placas de circulación ********************, del Estado de Guerrero. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario. Con la finalidad de satisfacer el propósito anunciado, resulta importante traer al contexto el citado numeral 61, fracción XXIII del ordenamiento invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:------------------------(.) ---------------------------------------------------------------------------------XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el numeral 107, fracción IV, de la invocada Ley de Amparo dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:--------------------------------- (.) --------------------------------------------------------------------------------------IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. ---------- Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.------------------------------------- En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral de referencia, como lo es el que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia. Ahora, de la intelección del precepto legal invocado en segundo término, se deduce que el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, entendiendo por "juicio", para los efectos del amparo, el proceso contencioso que inicia con la presentación de la demanda ante el órgano competente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva. Sobre esa base, los actos impugnables en amparo indirecto ante Juez de Distrito, son los que los jueces o tribunales ordinarios ejecutan antes de que hayan recibido la demanda y después de que se haya pronunciado sentencia ejecutoria, incluyendo actos de ejecución de sentencia o de remates, aunque con reglas específicas de procedencia. Sin embargo, tratándose del procedimiento de remate, para impugnar los actos o resoluciones emitidos dentro de éste, la propia ley de la materia impone que es necesario que tales actos se reclamen hasta que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En consecuencia, las resoluciones que se dictan durante el el procedimiento de remate no pueden impugnarse mediante el juicio de amparo, precisamente para evitar que se interrumpa con frecuencia mediante la interposición de medios de defensa que prolongarían los procedimientos de remate de manera indefinida, haciendo en muchos casos nugatoria la eficacia de los fallos. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la regla específica de procedencia del juicio de amparo contenida en la fracción III, párrafos segundo y tercero, del artículo 114 de la anterior Ley de Amparo (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente), rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la última, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos dictados en ejecución de sentencia tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento así como el problema de constitucionalidad del precepto legal aplicado (en su caso), sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Lo anterior se desprende de lo decidido en la jurisprudencia número 29/96, publicada en las páginas 226 y 227 del tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, correspondiente al mes de junio de 1996, que dice: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA." Por otra parte, resulta importante precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 215/2009, en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil diez, determinó que: De conformidad con la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo (actualmente artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente) y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (ahora también agrarios), emitidos fuera de juicio o después de concluido, pero tratándose del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra aquélla resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; entonces, el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en el procedimiento relativo, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, por lo que -incluso en estos casos- sólo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de remate, en el que se podrán alegar las violaciones a la Constitución Federal que se estimen conducentes. Asimismo, el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo prevé que tratándose del procedimiento de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; lo que permite concluir que tratándose de procedimientos de remate únicamente se puede impugnar a través del amparo esta última resolución haciendo valer todas las violaciones procesales que se estime se realizaron durante dicho procedimiento. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se reclama la determinación de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Quinto Mercantil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en el juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido en su contra por ********************, endosatario en propiedad de ******************** por la que se fijó día y hora para llevar a cabo la primera almoneda de remate del bien embargado en autos, consistente en el camión de volteo, con placas de circulación ********************, del Estado de Guerrero. Como se ve, el acto reclamado en estudio no constituye la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de remate, ya que en aquél no se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado; tan es así que fijó día y hora para llevar a cabo la primera almoneda de remate del bien inmueble embargado. Resulta ilustrativa la jurisprudencia VI.3o.C. J/68 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE REMATE SI NO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA O DESAPRUEBA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede el amparo indirecto contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; estableciendo el último párrafo de la fracción citada, que tratándose de remates sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; lo que implica que pueden plantearse en la demanda todas las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo. En esa virtud, aunque el juicio de amparo se promueva después de que se hubiera decretado el remate, si se reclaman únicamente violaciones cometidas durante el procedimiento correspondiente, no así la resolución por la que se aprobó o desaprobó el remate; dicho juicio resulta improcedente." En las condiciones anotadas, resulta evidente que el acto reclamado no constituye la última resolución con la que concluya el procedimiento de remate y, por ende, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, del propio ordenamiento legal, el juicio de amparo es improcedente. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no sería factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. CONCLUSIÓN Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sentido, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del Juez Quinto Mercantil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO Con fundamento en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el ocursante. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados a ********************, únicamente para recibir notificaciones y documentos, por así solicitarlo expresamente. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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