Francisco Javier Jaime Medrano
Expediente 2438/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2438/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/11/2019
Partes del expediente
- Francisco Javier Jaime Medrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tepic, Nayarit, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el cuatro de noviembre del presente año (fojas 72 a 73), el Presidente, Secretario y Tesorero del Municipio de Acaponeta, Nayarit, informaron que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de cinco de noviembre de la presente anualidad (foja 74), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio y anexos recibidos el cuatro del mes y año en cita, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el once de noviembre del presente año (foja 77) y al tercero interesado el siete del mes y año que transcurre; por tal motivo, el término de tres días otorgado a dichas parte, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, circunstancia que ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el cinco de septiembre del año en curso (fojas 56 a 62), se determinó conceder a Tomás Carrillo Sámchez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: ". la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Acaponeta, Nayarit, deje insubsistente el oficio emitido el cinco de marzo del año en curso y, en lugar, emita un nuevo pronunciamiento que sea congruente con la petición que le fue planteada y se la notifique oportunamente al ahora quejoso, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, es decir, su respuesta puede ser favorable o desfavorable a los intereses del accionante de garantías, según sea procedente conforme a derecho, debiendo fundar y motivar adecuadamente la determinación a la que arribe; ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a resolver en determinado sentido." En cumplimiento a ello, el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, resuelven que no es posible el otorgamiento a la petición, porque en el lugar donde solicita es una calle principal y con mucha afluencia vehicular y de otorgarle su instalación causaría problemas a la circulación de peatones y vehículos; sin embargo, se le autorizó el espacio público ubicado en la calle Corona entre las calles México y Veracruz, colonia centro de la ciudad de Acaponeta, Nayarit, a fin de ejercer el comercio ambulante de venta de tacos puercos, su funcionamiento sería autorizado una vez que haya cubierto las contribuciones que marca la Ley de Ingresos del Municipio de Acaponeta, Nayarit; respuesta que fue notificada el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (foja 73) Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es destruible, debido a que la medida cautelar se negó respecto del acto reclamado; por ende, agréguense a estos autos y una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, procédase a la destrucción del mismo; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, por lo que una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, deberá destruirse, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio enviado electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad y anexo que se acompaña, consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético del comunicado en cuestión, a través del cual comunica que el referido Órgano Colegiado, admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa "Escuela Socioambiental Olin", Asociación Civil, dentro del juicio de amparo 1457/2019, registrándolo bajo el número 863/2019, de su índice; en tal virtud, agréguese el oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tepic, Nayarit, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Vistas las constancias de autos, se advierte que en proveído de veintidós de octubre de este año (foja 338), se tuvo por recibido el escrito de agravios por medio del cual la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; sin embargo, se le requirieron las copias correspondientes de éste, a fin de correr traslado a las partes, bajo apercibimiento, que de no hacerlo dentro del término de tres días, siguientes a la notificación correspondiente, no se tendría por no interpuesto dicho medio de impugnación; ahora, como se advierte de la certificación de cuenta, dicho término transcurrió sin que lo hubiera hecho, por tanto se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto en comento y se tiene por no interpuesto el citado recurso. Consecuentemente, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este juzgado federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia definitiva terminada de engrosar el cuatro de octubre del año en curso (fojas 315 a 321), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; consecuentemente, con apoyo en lo previsto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Así, en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de cinco años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar provisional se concedió respecto de los actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del éste previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Por otro lado, una vez que transcurran la temporalidad que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Tepic, Nayarit, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Vistas las constancias de autos, se advierte que en proveído de cuatro de este mes y año (foja 96), se tuvo por recibido el oficio enviado por el Presidente Árbitro, Secretaria de Acuerdos y Actuario Notificador, todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; por medio del cual, informaron que de conformidad al artículo 462, fracciones II y II, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal y 137 de dicho estatuto, el dos de octubre de este año se señalaron las diez horas con treinta minutos del quince del mes y año que cursa, a fin de desahogar la audiencia plenaria y resolver el incidente de falta de personalidad planteado por la parte demandada en el expediente laboral de origen 3/2019, y para acreditarlo remitió un original de dicha determinación (fojas 94 y 95); así, dicha data ya tuvo verificativo. Por tanto, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a dichos entes, a fin de que dentro del término de CINCO DÍAS, siguiente al en que recibaN el oficio de notificación correspondiente, remitan las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector descritas en el párrafo que antecede, o bien, informen el impedimento que tengan para realizarlo; apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la ley citada. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de cuenta enviado por Raúl Arellano Guzmán, apoderado de la parte quejosa y anexo, consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético del ocurso en cuestión, por medio del cual, solicita se requiera a la autoridad responsable a fin de que remita copia certificada de la audiencia plenaria para resolver el incidente de falta de personalidad planteado por la parte demandada en el juicio de origen; sin embargo, dígasele que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden, donde se requirió a las responsables a fin de que den cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Notifíquese.
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