Francisco Javier Horta Perez
Expediente 1138/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1138/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Javier Horta Perez
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de quince de noviembre del presente año, amplia los antecedentes del acto reclamado, así como del que se advierte su intención de ampliación de un diverso acto. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esas condiciones, a fin de realizar el estudio de procedencia correspondiente, se precisa que los actos que pretenden reclamar la quejosa se hacen consistir en: a) La determinación de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación, por el cual se confirmó el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ********************, del índice del Juzgado Especializado en Materia Familiar del Partido, de esta ciudad, mediante la cual se requirió al promovente -aquí quejoso-, exhibiera copia certificada de diversas constancias de las actuaciones relativas al expediente ********************, de la estadística del Juzgado Primero del Ramo Familiar de Tepic, Nayarit, con el apercibimiento que de no hacerlo, se desecharía su solicitud inhibitoria; y, B) El acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, del índice del Juzgado Especializado en Materia Familiar del Partido, de esta ciudad, por el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de septiembre del presente año, teniéndose por desechada la solicitud inhibitoria promovida por el aquí quejoso; y, en vía de consecuencia, la salida de dicho expediente en los libros de gobierno y su archivo correspondiente. De lo anterior, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente, ya que deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva que se pronuncie en el juicio, a través del amparo directo, como violación procesal. Ahora bien, como se anticipó, el quejoso reclama la determinación de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación, por el cual se confirmó el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dicto en el juicio ********************, del Juzgado Especializado en Materia Familiar del Partido, de esta ciudad, mediante la cual se requirió al promovente -aquí quejoso-, exhibiera copia certificada de diversas constancias de las actuaciones relativas al expediente ********************, de la estadística del Juzgado Primero del Ramo Familiar de Tepic, Nayarit, con el apercibimiento que de no hacerlo, se desecharía su solicitud inhibitoria. Por tanto, el acto reclamado es uno emitido en juicio cuyos efectos o consecuencias solo trascienden a aspectos formales o de procedimiento, traduciéndose en la continuación del trámite del procedimiento inhibitorio para, en su momento, emitir una resolución. Pero lo importante es que la afectación que en el caso se podría configurar se ciñe solamente en aspectos procesales, pues la determinación de requerimiento a la parte promovente de las constancias certificadas que le fueron solicitadas en el juicio natural y el apercibimiento ahí realizado, en caso de no hacerlo, no es un acto que trascienda a algún derecho sustantivo del quejoso consagrado en la constitución o en los tratados internacionales en los que nuestro país sea parte. La alegada afectación que provocaría no es actual respecto de derechos sustantivos, sino que produce solamente efectos jurídicos de naturaleza formal o adjetiva y, como se explicó, las violaciones a las normas del procedimiento cometidas durante la tramitación de un juicio, se harán valer al promover el amparo contra la resolución que lo decida, si es que la violación trascendió a ese fallo. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3ª/J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En razón de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, por cuanto hace al acto reclamado en el inciso b), se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario, pues dicho numeral refiere: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La porción normativa transcrita regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia con datos de identificación, rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2001155 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.) Página: 729 "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En el caso, el numeral 232, concatenado con el diverso 245, ambos del Código de Procedimientos Civiles, establecen: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. "Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." Del contendido de los dispositivos que mencionados, se desprende que las determinaciones emitidas por el juzgador en el procedimiento, pueden ser impugnadas a través del recurso de revocación, siempre y cuando no decidan un incidente o alguna determinación dispuesta por el citado Código, en cuyo caso serán apelables. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, del índice del Juzgado Especializado en Materia Familiar del Partido, de esta ciudad, en el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso de veintiuno de septiembre del presente año, teniéndose por desechada la solicitud inhibitoria promovida por el ahora quejoso; y, en vía de consecuencia, la salida de dicho expediente en los libros de gobierno y su archivo correspondiente. Sobre esa base, se colige que el acto reclamado puede ser impugnado a través del recurso de revocación, por así disponerlo el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, al ser una determinación dispuesta por el Código de Procedimientos Civiles en su numeral 232. En ese sentido, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la parte quejosa, no agotó el medio ordinario previsto por la ley aplicable, en atención a lo establecido en los artículos antes transcritos. Esto, pues con dicho medio de impugnación se satisfacen los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa idóneo; es decir, tiene por objeto revocar el proveído que se considere lesiona los intereses del promovente. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por lo anterior, es incuestionable que la parte solicitante de la protección constitucional, al ser parte obligada en el procedimiento natural, debió agotar tal medio de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional, con el cual pudo haber logrado lo que por esta vía binstancial pretende; como en su momento incluso sí lo hizo al impugnar el diverso acuerdo a través del cual se le habían requerido copias certificadas de constancias del procedimiento seguido en Tepic, Nayarit. Lo anterior, tomando en consideración que la aquí quejosa, al ser parte, se encontraba en plenitud de hacer valer el recurso indicado. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dispone: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ente los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Sin que en el particular, se advierte alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la quejosa de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del menor quejoso, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. El quejoso no tiene la calidad de tercero extraño, pues es la parte promovente en el juicio de origen. 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Expuesto lo anterior, es claro que la parte promovente no acató el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo al no haber agotado el medio ordinario previsto en el numeral 232, en relación con el diverso 245, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. En consecuencia, al quedar acreditada la hipótesis de improcedencia respecto de los actos en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, quince de noviembre de dos mil veintitrés. ********************Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos que reclama de la Juez Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, y otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************REGISTRO********************Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1138/2023.********************PREVENCIÓN********************Antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: ********************a) Amplíe los antecedentes del acto reclamado, lo cual deberá realizar bajo protesta de decir verdad y de manera clara, precisa y cronológica. ********************Lo anterior, en atención a que de la narrativa que realiza en su demanda sobre los antecedentes del acto reclamado resulta insuficiente para conocer con certeza los hechos que antecedieron a los que ahora pretende impugnar y, por lo tanto, su naturaleza. ******************** En particular que precise el estado en que se encuentra el procedimiento pues la quejosa acude a reclamar la resolución que en revocación confirmó el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se le otorgó el plazo de tres días para exhibir copias de documentos; pero a la vez dice que en auto de veintisiete de ese mismo mes y año ya se le tuvo por no cumpliendo con ese requerimiento y, no señala si en ese acuerdo -de veintisiete de septiembre- se le hizo efectivo algún apercibimiento, y en caso se tuvo por no presentada o desechó la presentación de la "inhibitoria" que hizo valer dentro del expediente ********************. ********************De igual forma, para que describa en forma completa el contenido del auto de veintiuno de septiembre en cita, si solo se le requirió para que exhibiera documentos, si se le apercibió o si en ese propi acuerdo se hizo efectivo algún apercibimiento previo y, en general, para que informe si a la fecha ya se determinó en definitiva lo relativo a la inhibitoria que propuso. ********************Ello, por ser datos que resulta indispensable para fijar la litis constitucional y estar en condiciones de proveer lo conducente respecto del escrito que se recibe.********************APERCIBIMIENTO********************Se apercibe a la solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo.********************DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR********************NOTIFICACIONES********************La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista.********************En atención a lo anterior, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, o bien, en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo.********************DESIGNACIÓN DE********************AUTORIZADOS********************A ********************, se les tiene como autorizada de la parte quejosa, en términos amplios a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo; en tanto a que a ********************, ******************** y ********************, en restringidos del citado numeral, en virtud de lo asentando en la certificación de cuenta.********************INVITACIÓN A PROPORCIONAR ********************FORMAS DE CONTACTO********************Por lo que respecta a la dirección de correo electrónico, que se proporciona en la etiqueta con la cual se presentó su demanda, al constituir una forma especial y expedita de contacto, ********************No obstante, ********************Se invita a la quejosa y al resto de las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente.********************Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.********************SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA********************En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.********************USO DE MEDIOS********************ELECTRÓNICOS********************De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente.********************Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ********************EXPEDICIÓN DE COPIAS.********************Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. ********************En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan.********************Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas:********************La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas.********************Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. ********************El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias.********************Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples.********************En virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud.********************PROMOCIONES O SOLICITUDES QUE ********************SE AGREGARÁN SIN MAYOR PROVEÍDO********************De igual manera, a efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la persona secretaria encargada del trámite del asunto, para que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellas promociones y trámites donde resulte innecesario dictar algún acuerdo. Lo anterior, procederá en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) cualquier otra que a su criterio y bajo su responsabilidad, se estime innecesario acordar, para el debido trámite del procedimiento de amparo.********************ACCESO A LA INFORMACIÓN********************En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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