Francisco Javier Hernández Fabian
Expediente 1050/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Javier Hernández Fabian
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Visto lo de cuenta, intégrese a los autos el oficio de la Directora del Hospital General de Zona Uno en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que rinde su informe justificado. Pruebas. Asimismo, con fundamento del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las documentales que adjunta la responsable en mención, como apoyo a su informe justificado, las cuales se desahogan en este momento en razón de su propia. Ahora, por lo que hace a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece; al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, este órgano jurisdiccional tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio de amparo y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Delegados y domicilio. Asimismo, se tiene a la autoridad, señalando como sus delegados a los profesionistas que menciona; de igual forma, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su oficio de cuenta, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción l, de la ley de la materia. Comunicaciones no procesales. En relación con los correos electrónicos que proporciona la oficiante, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso, de las constancias allegadas por la responsable como apoyo a su informe justificado, se advierte que se actualiza, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca o porque ocurra un acto jurídico que lo destruya, pero ello da lugar a una nueva situación que destruye la que dio origen al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, visible en la página 38, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes elementos: a) De un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; o 3. Una situación de derecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, ya que del análisis integral de la demanda se desprende que el quejoso señala como acto reclamado: La omisión de brindar atención médica de forma urgente al quejoso, o bien, ordenar verbalmente la cancelación de su atención médica urgente (cirugía), por "lesión de cadera del hueso fémur". De igual forma, se considera que también se actualiza el segundo elemento necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, relativa a que sobrevenga una situación de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, Lo anterior es así, en atención a lo siguiente. En esa línea de pensamiento, de la nota médica de nueve de octubre de este año, así como de la diversa de revisión de diez de octubre siguiente, se advierte que el Hospital General de Zona Uno en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al realizar la exploración física del quejoso Francisco Javier Hernández Fabián, determinó como diagnóstico: Fractura transtrocanterica de fémur izquierdo. Además, en las notas -post quirúrgica- de alta y tratamiento de doce de octubre y de catorce de octubre de dos mil veintitrés, se precisó por una parte, que el doce de los corrientes, fue realizada la cirugía de reducción abierta con fijación interna de fémur, y los pormenores de dicha intervención quirúrgica y, por otra, el tratamiento farmacológico y cuidados posteriores, así como alta a su domicilio. Con todo lo anterior, se creó una situación jurídica tal como si nunca hubiesen existido las violaciones reclamadas. Circunstancias que generan a favor de la parte quejosa, la restitución en el goce de los derechos violados en términos de lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, porque con posterioridad a la presentación de la demanda, el Hospital General de Zona Uno en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en doce de ese mes y año, realizó la cirugía de reducción abierta con fijación interna de fémur, y además, prescribió el tratamiento farmacológico y cuidados posteriores a dicha intervención quirúrgica, por lo que ya no le agravia el acto aquí reclamado, pues se le restituyó en el goce de su derecho a la salud. Por lo expuesto, es que se considera actualizada la causa de improcedencia analizada. Decisión. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Se deja sin efectos la hora y fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional. Por ende, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, prevista a las once horas con cincuenta y dos minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza al Secretario Judicial a firmar el oficio que derive de esta determinación. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos, el oficio de la Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por medio del cual, en cumplimiento a lo requerido en autos, proporciona el domicilio que apareció en su base de datos, del tercero interesado ********************; siendo este, el ubicado en: Avenida ********************número********************fraccionamiento********************código postal ********************municipio ********************Se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretado a la autoridad oficiante, y resérvese proveer lo conducente al domicilio del citado tercero, hasta en tanto las restantes dependencias requeridas en auto de nueve de octubre pasado, informen lo conducente. Cúmplase.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Francisco Javier Hernández Fabián, contra actos de la Directora del Hospital General de la Zona Uno, Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca. En consecuencia, regístrese bajo el número 1050/2023 y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, SE ADMITE la demanda de amparo. Suspensión de plano. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, se debe destacar que de un análisis de la demanda por comparecencia, se considera que el acto reclamado es el siguiente: La omisión de brindar atención médica de forma urgente al quejoso, o bien, ordenar verbalmente la cancelación de su atención médica urgente (cirugía), por "lesión de cadera del hueso fémur". En ese contexto, a efecto de preservar la materia del amparo, con fundamento en los artículos 4°, 22 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 125 y 126 de la Ley de Amparo y atendiendo además a lo establecido en los numerales 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en lo previsto en los preceptos 10.1, 10.2. b y d del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se concede la suspensión de oficio y de plano al quejoso Francisco Javier Hernández Fabián, para el efecto de que la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y atribuciones legales, de manera inmediata y bajo su más estricta responsabilidad, le brinde la atención médica que requiere de acuerdo a su estado de salud; suministrándole los medicamentos, procedimientos e intervenciones que resulten necesarios para garantizar y proteger su estado de salud, de manera informada a dicha quejosa. Lo anterior, porque el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud e incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como una prerrogativa al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. En ese sentido, a fin de tener la certeza de que han cesado los actos descritos en líneas precedentes, en los términos decretados en este proveído, la autoridad responsable deberá informar a este juzgado federal, dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente, las medidas que haya tomado para tal efecto; apercibida que de hacer caso omiso a lo anterior, se dará vista al representante social federal, por la responsabilidad en que incurra, pues la violación a este mandato constituye un delito, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato será consignado para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables. Se instruye al actuario judicial adscrito, en su carácter de fedatario, envíe inmediatamente por cualquier medio electrónico, y postal, el oficio que contiene este auto, a la autoridad señalada como responsable, debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fueron recibidos. Al respecto, es aplicable la tesis VI. 1o.A. 19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que de INMEDIATO remita el oficio y/o comunicaciones oficiales que deriven del presente, por cualquier vía que agilice su inmediata recepción. Del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión relativo, pues en párrafos precedentes se decretó la suspensión de plano del acto reclamado. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, en la inteligencia de que podrá enviarlo vía correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remitan a este Juzgado de Distrito: - Copia certificada, en orden, completas y legibles, de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, acorde con el artículo 121 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, al dictarse sentencia se le impondrá multa, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, por el monto de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00) moneda nacional, equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atendiendo al valor de ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos ($103.74) moneda nacional. En la inteligencia de que, los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actualizaciones, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable que, al momento de rendir su informe justificado, haga del conocimiento de este órgano judicial, si ya se promovieron diversos juicios de amparo en contra de los actos aquí reclamados, o provenientes del expediente de origen del cual emanan los mismos; de ser afirmativa su respuesta, proporcione el número de juicio, así como el Juzgado que conoció del mismo; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. De igual forma, con fundamento en el artículo 64 de la ley de la materia, prevéngase a las partes, para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. Notificación a la autoridad responsable. Por otra parte, se señala a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento al juicio, toda vez que este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la fracción primera del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquéllas que se consideren trascendentes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Tomo II, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS de conformidad con el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. Notificación al Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, por esta ocasión, notifíquese este auto de forma personal corriéndose traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándosele copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Practíquense las subsecuentes notificaciones a la citada agente del Ministerio Público, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA". En el entendido que, este órgano jurisdiccional con fundamento en el citado numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de la materia, ordenará se practiquen de manera personal a la referida representación ministerial las determinaciones que a juicio de este Juzgado así lo ameriten. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito de demanda, mismas que se desahogan en este momento en razón de su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Emilio Solano Mendoza, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, como se advierte de la certificación de cuenta, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes que refiere, por no contar con el registro correspondiente. Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario "EMILIOSOLANO"; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al usuario "EMILIOSOLANO", en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Del Correo electrónico y número telefónico. En relación con el correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Expedición de copia certificada. Como lo solicita la parte quejosa, expídasele copia certificada del presente auto, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza a la Secretaria Judicial a firmar los oficios que deriven de esta determinación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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