Francisco Javier Hernández Castro
Expediente 492/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Francisco Javier Hernández Castro
Actuaciones
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 33 a 41); en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el sobreseimiento en el presente juicio, promovido por Francisco Javier Hernández Castro, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, por haberse concedido la suspensión de plano, a partir del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, por encontrarse en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por último, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero, segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se determina que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental, ni existen documentos originales. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Registro de Juicios de Amparo y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 17688, 17689 y 17690
- Principal
..SENTENCIA QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:.......RESUELVE. PRIMERO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS........SEGUNDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO...
- Principal
Visto los oficios de cuenta, firmados por el Jefe del Departamento Jurídico de las Unidades Ejecutoras o Centros, en suplencia del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con sede en esta ciudad, en los que manifiesta que la autoridad responsable Director General de Ejecución de Sentencias, no existe dentro del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, por lo tanto, previo acordar su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga en relación a la existencia o inexistencia de la autoridad que señaló como responsable, con el apercibimiento que de no hacer manifestación se tendrá por inexistente y cesará toda comunicación con ella. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C.14 K (10a.), interpretada a contrario sensu, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1610, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. SU INCORRECTA DENOMINACIÓN NO CONDUCE A TENERLA POR INEXISTENTE Y SUSPENDER COMUNICACIÓN CON ELLA, SIN PREVIO REQUERIMIENTO AL QUEJOSO PARA QUE LA ACLARE, UNA VEZ ADMITIDA LA DEMANDA DE AMPARO. De los artículos 108, 114 y 115 de la Ley de Amparo, se colige que si al conocer de una demanda de amparo el Juez de Distrito advierte la existencia de irregularidades, deficiencias u omisiones, debe requerir al quejoso para que dentro del término de cinco días las subsane, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda. En caso de que el juzgador no encuentre alguna de dichas irregularidades, admitirá la demanda de amparo, requerirá informe justificado a las autoridades responsables, señalará día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, ordenará el emplazamiento de la parte tercera interesada y, en su caso, aperturará el incidente de suspensión. Por tanto, es ilegal que, una vez admitida la demanda de amparo, el Juez de Distrito aperciba al quejoso que, de no existir las autoridades responsables con la denominación mencionada en aquélla, se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas, pues, en principio, la ley de la materia no prevé la posibilidad de sancionar al quejoso de esa forma, máxime si no medió requerimiento previo al respecto, de manera que se diera oportunidad de subsanar esta circunstancia." Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta y atento a su contenido téngase al Director del Centro de Reinserción Social de Mexicali, rindiendo informe justificado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de sus contenidos. De igual manera, informa que dicho Centro acata la suspensión de plano concedida a favor del quejoso.
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta, presentada por , en contra de actos de las autoridades que a continuación se mencionan: Director General de Ejecución de Sentencias. Director de Centro de Reinserción Social del Estado en esta ciudad. Comandante de la Policía Estatal Preventiva. Comandante de Celadores del Centro de Reinserción Social, en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 107, 108, 112, 113, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. En tal virtud, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro Uno de Juzgado, Registro de Juicios de Amparo, y fórmese el expediente 492/2017-6. Suspensión de plano traslado Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano respecto del posible traslado que la parte quejosa puede ser objeto, en caso que se hayan ejecutado los actos reclamados, para el efecto que no sea trasladado del Centro de Reinserción Social, donde actualmente se encuentra interno; en el entendido que las autoridades señaladas como responsables, que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad, informar a este Juzgado de Distrito dentro del término de veinticuatro horas las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que corresponda. Asimismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Lo anterior en congruencia con la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.) de la Décima Época, con registro 2013066, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 865, que reza: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. Informe Justificado Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables el que se deben rendir dentro del término de quince días siguientes, a la fecha en que reciban el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia legible y certificada de todas las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; apercibidas de que, en caso de ser omisas a lo anterior, se presumirá como cierto el acto que se les atribuye; asimismo, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional y apercibimiento Se señalan las nueve horas con veinte del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. De igual manera con fundamento en el numeral 64 de la misma norma, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal y de ser posible, deben acompañar las constancias que lo acrediten, y se les apercibe de que en caso de no informarlo, se harán acreedores a una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente por la cantidad de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), lo anterior de acuerdo con el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Ministerio Público Por otra parte, dese al agente del ministerio público federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Alejandro Martínez Portugal, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva; y en su caso acompañar de la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mi quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. -Transparencia- En cumplimiento a los artículos 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen; hágase saber a la parte quejosa, que hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, los que se suprimirán de la versión impresa o electrónica en que se difundan, en la medida en que no impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, no exime a este órgano jurisdiccional de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente juicio de amparo, incluyendo la presente determinación. Resulta orientador para este juzgador, el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos" - Información en caso de diferimiento- Por otra parte, se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 15245, 15246, 15247 y 15248
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · 9,394 expedientes
- Francisco Javier González Hernández326/2015
- Francisco Javier Guevara Llamas514/2016
- Francisco Javier Gutiérrez Piceno857/2018
- Francisco Javier Gutierrez Piceno1284/2023
- Francisco Javier Gutiérrez Piceno Y Otros104/2006
- Francisco Javier Haro Ayala1020/2022
- Francisco Javier Hernández Castro612/2019
- Francisco Javier Hernández Castro237/2017
- Francisco Javier Hernández Ruíz524/2018
- Francisco Javier Ibarra y Otros.110/2019
- Francisco Javier Ibarra Dakin386/2020
- Francisco Javier Jiménez Cota595/2017