Francisco Javier Hernández Cano
Expediente 776/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Javier Hernández Cano
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE 08 DE OCTUBRE DE 2018, QUE EN SÍNTESIS DICE: ".....Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos se advierte que feneció el término de cinco días para que el quejoso interpusiera recurso de queja, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido., relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se provee lo siguiente: Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído.- Este asunto no se considera de relevancia documental.- Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-Finalmente, toda vez que en autos obra un documento original que fue exhibido por el quejoso; en esa medida, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, la documental mencionada correrá la misma suerte del juicio en que se actúa...."
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos se advierte que feneció el término de cinco días para que el quejoso interpusiera recurso de queja, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido., relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se provee lo siguiente: Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído.- Este asunto no se considera de relevancia documental.- Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-Finalmente, toda vez que en autos obra un documento original que fue exhibido por el quejoso; en esa medida, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, la documental mencionada correrá la misma suerte del juicio en que se actúa.
- Principal
Vista la demanda de amparo contra actos del Coordinador Estatal en Guanajuato de la División de Seguridad Regional, Grupo de Atención Especializada a Transporte de la Policía Federal, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese con el número 776/2018-IIl. De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. el acto reclamado es la boleta de infracción con folio 5958608, así como la consecuente detención del vehículo automotor marca Nissan Urvan, tipo vagoneta (A2), modelo 2017, color blanco, número de serie JN1BE6DS1H9015299, con placas de circulación GMX903A. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que previamente a instar el juicio de amparo, el quejoso debió observar el principio de definitividad que rige al procedimiento y por ello debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De la disposición transcrita se obtiene que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común; principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución, entre los que se encuentra el relativo a la definitividad, el cual tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Efectivamente, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa que establece la ley que rige al acto reclamado, que tienen por objeto revocarlo o nulificarlo. De la interpretación sistemática de los artículos 14 y 2o, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respectivamente, se advierte los asuntos que son competencia de dicho tribunal, entre los que comprende, aquellas determinaciones que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales, constituyendo una resolución definitiva para los efectos del juicio contencioso administrativo federal. Entonces, si el dispositivo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que el citado tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra determinaciones que impongan una multa por infracción a normas administrativas federales, el acto reclamado consistente en la boleta de infracción con folio 5958608, así como la consecuente detención del vehículo automotor marca Nissan Urvan, tipo vagoneta (A2), modelo 2017, color blanco, número de serie JN1BE6DS1H9015299, con placas de circulación GMX903A, realizada por elementos de la Policía Federal, con motivo de la violación a diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, constituyen una determinación que se ubica dentro de la hipótesis de competencia prevista en el aludido artículo, para los efectos del juicio contencioso administrativo federal. Aunado a que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, expresamente prevé la suspensión de los actos impugnados sin establecer mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. Tampoco se surte alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, ya que si bien se trata de actos de imposible reparación, esa característica no exime a la parte quejosa de agotar ese principio al tenor de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, no se está frente al supuesto de que se controvierta carencia absoluta de fundamentación del acto reclamado, sino que en realidad lo que expone la parte quejosa en torno a ese tópico es que se carece de una debida fundamentación, máxime que de la lectura del acto reclamado, se advierte que éste contiene la cita de diversos numerales en los que la autoridad responsable hizo descansar su proceder. Finalmente, debe precisarse que aún en tratándose de cuestiones relacionadas con la transgresión a derechos humanos, la parte quejosa no queda eximida de cumplir con los requisitos de procedencia de la acción de amparo intentada, ya que el derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no es absoluto e ilimitado, pues implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos y el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los conceptos de violación en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos (como es el principio de definitividad); de manera que si bien es cierto dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Por las razones anteriores, por ser notoriamente improcedente, se desecha la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Hernández Cano.
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