Francisco Javier Hebrero Vilchis

Expediente 8/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 54 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
8/2018
Año
2018
Actuaciones
54
Última actuación
23/01/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Hebrero Vilchis
  • Leydí Diana Llamas Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Principal

    MESA I.- Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto emitido en este juicio de amparo. Por otra parte, se ordena devolver a la autoridad responsable el Tomo de prueba que remitió en apoyo a su informe justificado. En consecuencia, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Incidental

    MESA I.- Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA I. Visto el estado de autos, se advierte que el plazo de veinte días concedido al quejoso Francisco Javier Hebrero Vilchis en proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, para que compareciera a recoger los edictos y realizara los trámites necesarios para su publicación a efecto de emplazar a juicio a la tercera interesada ***, ha fenecido; por lo tanto, se acuerda: Los artículos 61, fracción XXIII, 26, fracción I, incisos b) y k), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.] k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter..." De los citados numerales, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicaran a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; consecuentemente, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, por no haber acreditado el trámite de publicación de los edictos ordenados, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no publicarse los edictos ordenados a costa de la parte quejosa, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la tercera interesada Silvia Eugenia Aguilar Morgado, fue en atención a que pese a las investigaciones realizadas, no se conoció su domicilio y la parte quejosa no proporcionó una dirección cierta y actual donde localizarla. Así, se advierte que al no haber comparecido la parte quejosa a recoger los edictos ante este juzgado, para poder realizar los trámites necesarios para su publicación a efecto de emplazar a juicio a la tercera interesada Silvia Eugenia Aguilar Morgado, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el asunto en estudio. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación al domicilio de la tercera interesada aludida, era obligación de la parte quejosa efectuar la publicación de los edictos ordenados, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Carta Magna. ... A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos; empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que la parte quejosa haya acreditado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados. De ahí que este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita, dado que no cobra aplicación ante la falta de la parte quejosa de justificar su imposibilidad de pagarlos. Máxime que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional a recogerlos (dentro del plazo concedido), lo cual revela una evidente omisión y desinterés de su parte. ... En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia, y por el otro, el que tienen los terceros interesados a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la parte tercera interesada. ... Por todo lo anterior, procede hacer efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído de veinticinco de octubre del año en curso, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III de la Ley de Amparo, decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE JUICIO. ... En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA I. Visto el estado de autos, se advierte que el plazo de veinte días concedido al quejoso Francisco Javier Hebrero Vilchis en proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, para que compareciera a recoger los edictos y realizara los trámites necesarios para su publicación a efecto de emplazar a juicio a la tercera interesada ***, ha fenecido; por lo tanto, se acuerda: Los artículos 61, fracción XXIII, 26, fracción I, incisos b) y k), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.] k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter..." De los citados numerales, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicaran a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; consecuentemente, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, por no haber acreditado el trámite de publicación de los edictos ordenados, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no publicarse los edictos ordenados a costa de la parte quejosa, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la tercera interesada Silvia Eugenia Aguilar Morgado, fue en atención a que pese a las investigaciones realizadas, no se conoció su domicilio y la parte quejosa no proporcionó una dirección cierta y actual donde localizarla. Así, se advierte que al no haber comparecido la parte quejosa a recoger los edictos ante este juzgado, para poder realizar los trámites necesarios para su publicación a efecto de emplazar a juicio a la tercera interesada Silvia Eugenia Aguilar Morgado, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el asunto en estudio. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación al domicilio de la tercera interesada aludida, era obligación de la parte quejosa efectuar la publicación de los edictos ordenados, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Carta Magna. ... A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos; empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que la parte quejosa haya acreditado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados. De ahí que este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita, dado que no cobra aplicación ante la falta de la parte quejosa de justificar su imposibilidad de pagarlos. Máxime que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional a recogerlos (dentro del plazo concedido), lo cual revela una evidente omisión y desinterés de su parte. ... En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia, y por el otro, el que tienen los terceros interesados a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la parte tercera interesada. ... Por todo lo anterior, procede hacer efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído de veinticinco de octubre del año en curso, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III de la Ley de Amparo, decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE JUICIO. ... En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

Quedan 50 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,669 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano