Francisco Javier Guzman Lozano
Expediente 963/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Javier Guzman Lozano
Actuaciones
- Principal
Toda vez que ha transcurrido el plazo para efectos de interponer el recurso de queja en contra del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual este juzgado DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en tal virtud, se declara que dicho acuerdo QUEDA FIRME, para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente como asunto totalmente concluido.
- Principal
NOT. PERS. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. V i s t a, la demanda de amparo, promovida por Francisco Javier Guzmán Lozano, por derecho propio; por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente, con el número 963/2022-III. Atento al contenido de la demanda de amparo, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo la demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por lo que, en cumplimiento de lo anterior se estudia la demanda en cuestión, razón por la cual este Juzgado observa que el quejoso, señala como actos reclamados, lo siguiente: "- - - IV. ACTO RECLAMADO: El auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintidós." Por otra parte, del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte el contenido del acto reclamado, de la siguiente imagen: De lo anterior, se advierte que el acto reclamado consiste en el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Ordinario Civil seguido por Francisco Javier Guzmán Lozano en contra de Héctor Guzmán Lozano, expediente 133/2020 del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que indicó que las partes debían estarse a la sentencia definitiva. Al respecto, el asunto que nos ocupa es improcedente, en virtud que en primer lugar se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma, en atención a las siguientes consideraciones. Por principio de cuentas debe señalarse, que al partir de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales, no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En ese sentido, la propia Constitución y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. El fundamento constitucional del principio de referencia está contenido en el artículo 107 de la Carta Magna, cuyas fracciones III, incisos a) y b), y IV, señalan textualmente lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo a que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparo contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y . ...IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; .". Según se desprende de la anterior transcripción, la regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola derechos fundamentales, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Así las cosas, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de derechos fundamentales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio de defensa o recurso ordinario cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. De ahí que resulta lógico que la inobservancia del principio de definitividad, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. Una vez establecido lo anterior, se estima que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia antes destacada, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el proveído reclamado de proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, que determinó que las partes debían estarse a la sentencia definitiva, dado que contra dicho acuerdo procedía el recurso de apelación, y que al no haberse agotado ese medio de impugnación ordinario, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, el acto reclamado carece de definitividad; por lo que es claro que en el caso a estudio se encuentra justificada en forma fehaciente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y que por consecuencia, la demanda de amparo indirecto promovida por la quejosa debe ser desechada de plano por las circunstancias aquí analizadas. Sirve de apoyo a lo considerado, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, por no oponerse a ésta, la tesis de jurisprudencia número I.3o.C. J/39, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1214, Tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE.- De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." No es obstáculo para estimar lo anterior, el hecho de que el quejoso aduzca en su demanda de amparo indirecto, que el acto reclamado tiene efectos de imposible reparación, puesto que tal circunstancia, no libera a éstas de cumplir con el aludido principio fundamental del juicio de amparo, en cuyo acatamiento, previamente a su promoción, deben agotarse los medios ordinarios de defensa que pudieran lograr la modificación o revocación del acto reclamado. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar de manera pronta y adecuada el acto o resolución combatidos en el juicio constitucional, y la mera irreparabilidad de tal acto no constituye, por sí misma, una excepción a dicha base fundamental del amparo. Por ende, si bien el acto reclamado destacado en párrafos precedentes, puede tener efectos de imposible reparación que haría procedente el amparo indirecto, lo cierto es, que ello no implica la inobservancia al principio de definitividad que rige al juicio para la protección de derechos fundamentales, conforme al expreso mandato constitucional plasmado en el artículo 107, fracción III, inciso b), transcrito en párrafos precedentes. Luego, por disposición de la Ley Suprema, tratándose de actos que tengan una ejecución de imposible reparación, el amparo será viable una vez agotados los recursos que, en su caso procedan. De ahí que no pueda considerarse que la ejecución irreparable del acto reclamado constituya una excepción al principio de definitividad. Ello, en atención a que el agotamiento de los recursos ordinarios, antes de promover el juicio de amparo, es una regla operativa de carácter perentorio que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. La reglamentación en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares, sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar el interés social. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional de un sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Lo anterior obedece al régimen federal del Estado Mexicano y a la distribución de competencias y responsabilidades entre las diversas órdenes de gobierno y a sus respectivas lógicas funcionales y, por tanto, operativas y finalistas; además, permite el perfeccionamiento de los actos judiciales y que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias, así como con los recursos que hagan posible la revisión de las decisiones de las autoridades ordinarias. Por ende, la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del estado de derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, es aplicable, por analogía, en lo conducente y en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, por no oponerse a ésta, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.- El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Ahora bien, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos y, con ello, deberá analizarse, asimismo la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios. Conforme a ello, es inconcuso que, el recurso de apelación era el medio idóneo para la impugnación del proveído combatido en el amparo indirecto en estudio, pues el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, el cual se debió tramitar en forma inmediata en términos de lo dispuesto por los artículos 688, 689 y 691 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, antes a la promoción del amparo indirecto. Por lo tanto, resulta claro que el multicitado recurso de apelación debió agotarse previamente al amparo, no obstante que, por su naturaleza, el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, y que al no haber acontecido lo anterior, en la especie se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece, en la parte que interesa, literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ." Así las cosas, se concluye en desechar de plano la demanda de amparo indirecto promovida por la quejosa con apoyo en la causal de improcedencia aquí analizada, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento de fondo. Es así, porque en la resolución de esos juicios y de los recursos legalmente previstos en la Ley de Amparo, deben tenerse presentes todas las particularidades que se implican en la emisión de las ejecutorias respectivas; esto es, deben acatarse todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de hacer de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde, y a través de esa función deban tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada deben ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre de acuerdo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este órgano colegiado, es que se analizó la demanda de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, son aplicables en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.- Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.- El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". No obstante el suscrito juzgador, también considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII en relación al diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el aludido artículo 61, en la fracción XXIII, que interesa, dispone lo siguiente: "Art. 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte, el citado dispositivo legal en segundo término, en la fracción en comento, interpretado en sentido contrario establece que: "Art. 107.- El amparo indirecto procede: IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respetivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultando de la resolución.". En efecto, atendiendo a que el promovente es parte en el juicio de origen, debe sujetarse a los supuestos de procedencia, que prevé la ley de amparo respecto del juicio de amparo, y en tales circunstancias, los actos reclamados, al ser considerada como resoluciones dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia, no es factible combatirlas mediante el juicio de amparo indirecto; en virtud que el juicio biinstancial no se puede interponer en contra de todas las resoluciones que se emitan en el período de ejecución, sino únicamente en contra de la última resolución emitida en esa fase, en donde podrán reclamarse las violaciones al procedimiento cometidas en la misma etapa; lo anterior infiere que las resoluciones señaladas como acto reclamado, en esencia, versan sobre el procedimiento de ejecución de ejecución; actos de autoridad que no constituyen el último acto a ejecutarse dentro del procedimiento de ejecución llevado a cabo en el juicio de origen, por lo que las resoluciones o actos intermedios dictados en la etapa de ejecución, no se ubican dentro de la hipótesis prevista para la procedencia del amparo indirecto, en virtud que la Ley de la materia, prevé la procedencia del amparo biinstancial, contra la última resolución dictada en la etapa de ejecución, en la que se tenga por cumplida la sentencia definitiva o bien contra el auto que declare la imposibilidad para cumplir el fallo definitivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones que aduce se cometieron durante ese procedimiento de ejecución de sentencia; en virtud, que tiene como finalidad de ejecutar la sentencia definitiva; por tanto, se insiste que los actos reclamados deben impugnarse en el amparo indirecto contra la última resolución emitida en la fase de ejecución y no de forma autónoma. En ese orden de ideas, será hasta el momento en que el Juez responsable mediante diversa resolución reconozca el cumplimiento total de la sentencia definitiva o la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, cuando se pueda interponer el juicio de garantías, en contra de los actos reclamados, en términos de lo previsto por los artículos 214 y 107 de la Ley de Amparo vigente, donde se podrán señalar los actos aquí reclamados. Es aplicable a lo anterior la tesis número VII.2o.C.23K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito tomo XXIII, Marzo de 2006, en la página 1947: cuyo contenido es del siguiente tenor literal: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.". Resulta aplicable a lo anterior la tesis número 2a. VIII/98 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la Segunda Sala, tomo VII, Febrero de 1998, en la página 230: cuyo contenido es del siguiente tenor literal: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.". Así también, es aplicable a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 16, Tomo V Abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE AMPARO.". De igual forma, la jurisprudencia, visible en la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Julio de 2009, tesis 1a./J. 53/2009, página 198, bajo el rubro establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LA EXCEPCIÓN SUSTANCIAL Y PERENTORIA QUE OPONE EL EJECUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEBE HACERSE VALER EN EL AMPARO QUE SE INTENTE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN.". Así como, lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta en el tomo XIII, Abril 2001, Materia Común, pagina 31, con el sumario siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA.". Finalmente, la jurisprudencia por contradicción de tesis, visible en la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Junio de 2003, tesis 1a./J. 29/2003, página 11, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.". En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo vigente, por notoriamente improcedente, SE DESECHA de plano la demanda de garantías que nos ocupa. Dese de baja el presente expediente en el libro de gobierno y, en su momento procesal oportuno, archívese como asunto totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que se señala domicilio para oír notificaciones en el lugar de la residencia de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I inciso j), de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones personales en aquél. Se tienen por autorizadas para los efectos que indica a las personas que señala. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. MEDIOS DIGITALES Se autoriza al promovente y autorizados la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos. TRANSPARENCIA, AVISO DE PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción II, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación del primero de los ordenamientos en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación en nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente; hágase saber a las partes, que los datos personales que proporcionen en el presente asunto podrán ser utilizados para la tramitación y resolución del presente juicio de amparo hasta su total conclusión; asimismo, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, a excepción de la información clasificada, definida por el segundo de los artículos del ordenamiento legal citado en primer término, pues la misma será suprimida de la versión pública de las sentencias ejecutoras, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. Asimismo, hágase del conocimiento de los Servidores Públicos adscritos a este Órgano Jurisdiccional que tengan acceso al presente expediente con motivo de sus funciones, a tratar los datos personales que resulten estrictamente necesario para el ejercicio de sus atribuciones con la debida administración y custodia, así como, vigilen que esos datos que tengan en posesión sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados, ya que tal información deberá ser resguardada a fin de su protección, lo anterior con apoyo en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de Datos Personales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese, y personalmente al promovente; en términos de Ley."
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