Francisco Javier Gutiérrez Negrete

Expediente 1172/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1172/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
03/10/2017

Partes del expediente

  • Francisco Javier Gutiérrez Negrete

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede se deduce que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicho proveído en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Gutiérrez Negrete, ha quedado firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con los puntos décimo y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládese este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentada por Francisco Javier Gutiérrez Negrete, por el cual desahoga la prevención formulada en auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete y al efecto manifiesta que no es su deseo señalar como acto reclamado la detención a la que fue sometido y en la que se le hizo la revisión migratoria señalada. En tales condiciones, vista la demanda de amparo y el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Entonces, deben analizarse las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. Así, es conveniente precisar que en el escrito de demanda se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "(.) Asimismo, en el capítulo de "ANTECEDENTES" y de las "CONSIDERACIONES PREVIAS" señaló entre otras cosas lo siguiente: "(.) (.) (.)" En mérito de lo anterior, se estima que en relación con los actos transcritos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos mencionados se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva después del plazo de quince días contado a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución, oficio o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de éste, salvo en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo será de treinta días, computados a partir del día de su entrada en vigor. Así, la parte quejosa reclamó la dictaminación, aprobación, expedición y Publicación de la Ley de Migración, en particular el artículo 81 de la citada ley, y el Capítulo II correspondiente al Control Migratorio, por tanto, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, el plazo de treinta días para reclamar los ordenamientos mencionados transcurrió de la siguiente forma: Actos reclamados Fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Entrada en vigor Transcurre plazo Días inhábiles Fecha de presentación de la demanda de amparo Ley de Migración, en particular el artículo 81 de la citada ley, y el Capítulo II correspondiente al Control Migratorio Veinticinco de Mayo de dos mil once. Veintiséis de mayo de dos mil once. Del veintisiete de mayo de dos mil once al siete de julio de dos mil once. Veintiocho y veintinueve de mayo, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio, así como dos y tres de julio, todos de dos mil once. Veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. En tal virtud, ya que el siete de julio de dos mil once feneció el plazo para promover el juicio de amparo en contra de la Ley de Migración, en particular el artículo 81 de la citada ley, y el Capítulo II correspondiente al Control Migratorio, si la demanda se presentó el veinticinco de agosto del año en curso, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es claro que su presentación es notoriamente extemporánea. En este orden, dada la extemporaneidad de la presentación de la demanda, deben tenerse como consentidos tácitamente los actos reclamados consistentes en la dictaminación, aprobación, expedición y Publicación de la Ley de Migración, en particular el artículo 81 de la citada ley, y el Capítulo II correspondiente al Control Migratorio, la cual entró en vigor el veintiséis de mayo de dos mil once, por lo que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. No son inadvertidas las manifestaciones de la parte quejosa relativas a la procedencia del juicio de amparo en términos de las consideraciones expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 152/2013, en el sentido de que en los casos en que la parte valorativa de una ley genere una afectación que resulte estigmatizante y, por ende, discriminatoria, -ya sea por acción u omisión-, el plazo para interponer la demanda de amparo no podrá computarse a partir de un momento en concreto; sin embargo, tal hipótesis no se actualiza en el caso a estudio, porque los preceptos que reclama no contiene, por sí mismos, los criterios estigmatizantes y discriminatorios que refiere, ya que no se advierte la distinción para la revisión de documentación basado en las características físicas de las personas. A efecto de verificar lo anterior, se transcriben los preceptos reclamados, que son del tenor siguiente: "(.) CAPÍTULO II DEL CONTROL MIGRATORIO Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto. El Instituto podrá llevar a cabo sus funciones de control migratorio en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, a solicitud expresa debidamente fundada y motivada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Artículo 82. El personal del Instituto tiene prioridad, con excepción del servicio de sanidad, para inspeccionar la entrada o salida de personas en cualquier forma que lo hagan, ya sea en medios de transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en los puertos, fronteras y aeropuertos. Artículo 83. Ningún pasajero o tripulante de transporte marítimo podrá desembarcar antes de que el Instituto efectúe la inspección correspondiente. Artículo 84. Ningún transporte aéreo o marítimo en tránsito internacional podrá salir de aeropuertos o puertos, antes de que se realice la inspección de salida por el Instituto y de haberse recibido de éstas la autorización para su despacho. Artículo 85. Quedan exceptuadas de la inspección, las aeronaves oficiales de gobiernos extranjeros y las de organismos internacionales que se internen en el país en comisión oficial, así como los funcionarios de dichos gobiernos u organismos, sus familias y empleados, y aquellas personas que se encuentren a bordo de dichas aeronaves y que, conforme a las leyes, tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, gocen de inmunidades. De acuerdo con la costumbre internacional, a los funcionarios de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales en comisión oficial se les darán las facilidades necesarias para internarse al país, cumpliendo con los requisitos de control migratorio. Artículo 86. El extranjero cuya internación sea rechazada por el Instituto por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la presente Ley, deberá abandonar el país por cuenta de la empresa que lo transportó, sin perjuicio de las sanciones que correspondan de acuerdo con esta Ley. El rechazo a que se refiere el párrafo anterior, es la determinación adoptada por el Instituto en los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, por la que se niega la internación regular de una persona a territorio nacional por no cumplir con los requisitos que establecen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. En el caso de transporte marítimo, cuando se determine el rechazo del extranjero, no se autorizará su desembarco. Cuando exista imposibilidad material de salida de la embarcación de territorio nacional, el extranjero será presentado y se procederá a su inmediata salida del país con cargo a la empresa naviera. Artículo 87. Cuando las autoridades migratorias adviertan alguna irregularidad en la documentación que presente una persona que se pretenda internar al territorio nacional, o no satisfaga los requisitos exigidos en esta Ley o tenga algún impedimento legal, se procederá a efectuar una segunda revisión. Artículo 88. En el caso de que el Instituto determine el rechazo del extranjero, se levantará constancia por escrito en la que se funde y motive la causa de inadmisibilidad al país de la persona de que se trate. Artículo 89. Los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire deberán contar con espacios adecuados para la estancia temporal de éstas en tanto se autoriza su ingreso, o bien, se resuelve el rechazo a que hubiere lugar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 90. No se permitirá la visita a ningún transporte marítimo en tránsito internacional sin la autorización previa de las autoridades sanitarias y del personal del Instituto. Artículo 91. Las empresas de transporte responderán pecuniariamente de las violaciones que a la presente Ley y su Reglamento cometan sus empleados, agentes o representantes, sin perjuicio de la responsabilidad directa en que incurran éstos. (.) De los preceptos transcritos se advierten las acciones que se deben realizar para el control migratorio, ya sea en medios de transporte nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en los puertos, fronteras, y aeropuertos, y demás lugares, sin que de tales numerales se advierta efecto estigmatizador y discriminatorio basado en una categoría sospechosa como lo refiere el quejoso y, por ende, no se actualiza la excepción prevista en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que menciona, puesto que la condicionante para su actualización consistente en que se demuestre que el mensaje transmitido en la norma estigmatice por discriminación a los quejosos, para que no se consume la oportunidad en la interposición del plazo, lo que no acontece en la especie, máxime que lo que refiere el quejoso es que las autoridades que realizan las detenciones y revisiones carecen de un criterio objetivo y atienden únicamente a las características físicas como la vestimenta, el color de la piel y demás de su fenotipo, con lo que se robustece el criterio de que la norma por sí misma no prevé esos supuestos, sino que son las acciones que realizan las autoridades migratorias, las que a su decir, desarrollan esos criterio estigmatizantes. Por tanto, si la normativa reclamada entró en vigor el veintiséis de mayo de dos mil once, es evidente que fue a las cero horas del referido día, en que inició el cómputo del plazo de treinta días. ... Aunado a lo anterior, es el hecho que no se combatió algún acto de aplicación que haga procedente el juicio de amparo, ya que en el escrito aclaratorio manifestó que no es su deseo tener como acto reclamado la revisión migratoria a la que fue sujeto. Por tanto, se impone DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO presentada por Francisco Javier Gutiérrez Negrete, en contra de la dictaminación, aprobación, expedición y Publicación de la Ley de Migración, en particular el artículo 81 de la citada ley, y el Capítulo II correspondiente al Control Migratorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, así como el numeral 113, todos de la ley de la materia. No pasa inadvertido que la causa en que se funda este desechamiento podría ser estudiada en la resolución de fondo de este juicio; sin embargo, cuando es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que se admitiera a trámite la demanda para que después de agotadas las formalidades de ley, llegar a la conclusión ahora formulada. Dicha determinación se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. ...Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta del Secretario de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual informa que solicitó al Jefe del Servicio de Administración Tributaria dé cumplimiento a la ejecutoria, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en razón de que en acuerdo de veinticinco de este mes y año se ordenó dar vista a la parte quejosa a fin de realizar el pronunciamiento relativo al cumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,205 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano