Francisco Javier Guevara Gómez y Otros.

Expediente 723/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
723/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2017

Partes del expediente

  • Francisco Javier Guevara Gómez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tal motivo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LOS PROMOVENTES FRANCISCO JAVIER GUEVARA GÓMEZ Y PEDRO GUZMÁN RAMÍREZ, EL AUTO QUE DICE: Francisco Javier Guevara Gómez y Pedro Guzmán Ramírez promueven demanda de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 723/2017 que le corresponde. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley, es decir, se establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que en la fracción XXIII de dicho artículo, se da sustento a la improcedencia legal y jurisprudencial; esto es, que puede derivar de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; asimismo, procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente y puedan reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De los artículos legales mencionados, se deduce que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y puedan reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con lo anterior, cabe destacar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse a través del juicio de amparo, por ser de interés público. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 190035 Localización: Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXIII, Abril de 2001Página: 31Tesis: P./J. 32/2001JurisprudenciaMateria(s): Común AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." HECHOS En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: En el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 215/2001/II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esa ciudad, a través del cual se ordena imponerle a la parte quejosa una multa por el equivalente a $3,774.50 (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 moneda nacional), debido a que no ha cumplido con el laudo emitido en el juicio laboral de referencia; así como su ejecución. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye que el acto reclamado (acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete) no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio laboral 215/2001/II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ni se trata de aquella en la que se determine la imposibilidad para cumplirla. Lo anterior es así, debido a que en este asunto se aprecia que el Tribunal responsable ante la actitud contumaz de la parte demandada Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 215/2001/II determinó imponerle multa a la parte quejosa; sin embargo, se considera que dicho acto fue emitido en la etapa de ejecución de laudo, contra el cual no procede el amparo indirecto, sino hasta que se dicte la última resolución en dicho procedimiento, debido a que con esa actuación no culmina dicho procedimiento; pues se trata de un acto emitido en ejecución de laudo, tendente a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada. Así, en todo caso, la finalidad del acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, es materializar los efectos del laudo o vencer la oposición frente a la ejecución, por lo tanto, se considera que constituye una violación dentro del procedimiento de ejecución de aquél juicio laboral 215/2001/II, el cual debe ser reclamado conjuntamente con la última resolución que llegue a dictarse, es decir, aquélla que tenga por cumplido el laudo, aprobando o desaprobando su ejecución, o bien que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en la que podrá reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 1002676 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Página: 676Tesis: 610JurisprudenciaMateria(s): Común EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Por otra parte, no pasa inadvertido que si bien el acto reclamado tiene una afectación monetaria que causa un detrimento económico a la parte quejosa, lo cierto es que no es un acto de imposible reparación, puesto que con una eventual concesión de amparo, promovido contra la última resolución, en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer, puede decretarse la devolución de las erogaciones respectivas. Lo anterior, dado que la intención del legislador fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público, ni se puede estimar vulnerado un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, porque los medios de apremio son las herramientas procesales creadas exprofeso para vencer la contumacia de las partes para acatar el mandato judicial y ver materializado los efectos del fallo, por ello de aceptar la procedencia del amparo en ese supuesto, se trastocaría de intención del legislador de evitar el entorpecimiento y retardo de la etapa ejecutiva; y por el contrario, al permitir que se continúe el trámite de cumplimiento se prestigia lograr la eficacia de la cosa juzgada y ya será al final resarcido el vencedor del litigio, cuando la parte que se considere afectada podrá cuestionar alguna violación en el proceso y de acreditarla, ser restituido en su derecho. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Registro No. 2011408 Localización: Décima ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Página: 2112Tesis: I.9o.A. J/3 (10a) JurisprudenciaMateria(s): Común RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE IMPONE UNA MULTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES O A SU SUPERIOR JERÁRQUICO, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA.- Contra el acuerdo por el cual el Juez de Distrito impone una multa a las autoridades responsables o a su superior jerárquico, ante la falta de cumplimiento de la sentencia de amparo, es improcedente el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, pues dicha determinación puede ser revisada y, por ende, reparado el perjuicio, al analizar el cumplimiento extemporáneo de la sentencia, ya sea por el Tribunal Colegiado de Circuito que, en su caso, conozca del incidente de inejecución correspondiente, o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es declarado procedente, los que podrán verificar la legalidad de las multas, a partir de considerar si las referidas autoridades fueron contumaces o no en acatar el fallo protector. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que en casos similares se han admitido las demandas de amparo; sin embargo, se considera pertinente cambiar dicho criterio, pues se considera respetuosamente que el amparo no procede contra el acto aquí reclamado. Similar criterio fue sustentado por este juzgado de Distrito al resolver el juicio de amparo 414/2017, en sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Hernández Escandón, Rogerio Arturo Ostos Cruz, Tania Galindo Hernández, Levi David Monzalvo Bautista, Teodora Vásquez Juárez y Loida Flores González debido a que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y únicamente se autoriza para oír y recibir toda clase de notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas restantes debido a que no cuentan con cédulas profesionales registradas en ese sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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