Francisco Javier Gonzalez Reyes
Expediente 635/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Javier Gonzalez Reyes
Actuaciones
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibido el oficio ******************** signado por el Secretario adscrito a este Juzgado Federal, al que se adjunta la demanda promovida por ********************, contra actos del Fiscal Coordinador de la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en Álamo, Veracruz y otras autoridades. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Admisión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tramítese por separado el incidente respectivo al haberse solicitado la suspensión. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído. En el informe deberá(n) exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, con el apercibimiento que de no rendir su informe, o bien, de no acompañar las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soportan su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, se hará(n) acreedora(s) a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, en términos lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la autoridad que el informe que se le requiere debe preferentemente enviarlo al correo electrónico oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (229) 923-67-80 extensión 1591. En caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la autoridad las remitirá por la mensajería rápida que estime conveniente a la dirección Boulevard Manuel Maples Arce, número 188, colonia Enrique Rodríguez Cano, código postal 92880, Tuxpan, Veracruz; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, dicho informe deberá remitirse vía interconexión, por mensajería rápida, por correo certificado, o bien, por el medio que la autoridad determine a fin de que este juzgado cuente con las constancias originales o copias certificadas que acrediten la existencia del acto reclamado. En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Notificación por medios electrónicos para autoridades responsables foráneas. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a) en relación con el 28, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se autoriza el envío de oficios a la(s) autoridad(es) responsable(s) mediante correos electrónicos oficiales, quien(es) deberá(n) acusar recibo por la misma vía y rendir su(s) informe(s) de ley a través del correo institucional oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento por causa de improcedencia o sobreseimiento. Conforme al artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades responsables como a la parte quejosa para que, de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este juzgado y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. De hacer caso omiso al presente requerimiento, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Se reserva acordar lo procedente respecto a su existencia y, en su caso, emplazamiento, hasta en tanto obren las constancias relativas al juicio de origen; lo anterior, para tener la plena certeza de a quién le resulta ese carácter. Intervención al Agente del Ministerio Público Federal. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponda, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, corriéndole traslado con copia de la demanda. Consulta del expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, ha solicitado el acceso al expediente electrónico en los juicios radicados en este juzgado. En tal virtud, en obviedad de dilaciones innecesarias, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico, a través del usuario: "********************". Por lo que, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita para que realice la habilitación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin perjuicio de que se pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26 de la ley de la materia. Notificación y consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, por haberlo solicitado practíquense sus notificaciones de manera electrónica a través del usuario "********************" y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte procesal la consulta del expediente electrónico. Se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita para que realice la habilitación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin perjuicio de que se pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Autorizados. Se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente. Lo anterior por ser la forma autorizada en el diverso juicio de amparo ********************-I, del que deriva el presente asunto y, por tanto, constituye un hecho notorio en términos 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ley que rige el juicio constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista.
- Incidental
[...] Audiencia Incidental. Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Análisis de la suspensión provisional. En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado para suspender: a) La orden de detención y/o aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. b) La detención y/o arresto en sus distintos grados, ya sea justificada por el supuesto de un control preventivo provisional por una inexistente sospecha razonable, sea por una revisión de rutina o justificada en cualesquiera de los supuesto que prevé el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales; o en los casos abordados y resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad ******************** y su acumulada ********************. c) La omisión y/o negativa de darle acceso a la carpeta de investigación abierta en su contra. d) La omisión y negativa de expedirme copia simple y/o autorizada de la carpeta de investigación abierta en su contra. Negativa de la Suspensión Provisional. En relación a los actos reclamados mencionados en los incisos c) y d); en la especie no es dable tener por satisfechos los requisitos del artículo 128, así como el diverso 147 de la ley en la materia, para el otorgamiento de la medida suspensional que pretende la parte quejosa, ello porque, si bien el citado numeral permite en caso de ser procedente la suspensión fijar la situación en la que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual, incluso se puede restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho que estima violado, en el caso que nos ocupa, resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada respecto de los actos reclamados precisados en los incisos c) y d), ya que dada la naturaleza y características de dichos actos reclamados, no es jurídicamente posible decretar la referida medida suspensional, ya que se estima que de concederse y obligarle a recibir de conformidad su pretensión, no se daría una restitución meramente provisional, sino total, lo cual dejaría sin materia el juicio principal del que deriva el presente cuaderno incidental, pues ello coincidiría con los efectos del dictado de un eventual fallo protector, por lo que resulta claro que la petición de la promovente será materia de estudio de la sentencia que en su caso llegue a dictarse en el juicio de amparo principal. Apoya a lo anterior la jurisprudencia PR.P.CS. J/7 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, consultable en la página 4744, Libro 29, Septiembre de 2023, Toma V de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2027218, que dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA NEGATIVA PARA QUE EL QUEJOSO TENGA ACCESO A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN INSTAURADA EN SU CONTRA Y OBTENGA COPIAS DE LA MISMA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a posturas discrepantes respecto a si procede o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la negativa para que el quejoso tenga acceso a una carpeta de investigación instaurada en su contra y obtenga copias de la misma, ya que uno determinó que era procedente esa medida, porque el acto reclamado tiene carácter negativo con efectos positivos respecto de los cuales es factible conceder la medida cautelar para el efecto de que la autoridad responsable otorgue al quejoso el acceso a la carpeta de investigación y expida las copias, lo que se traduce en un efecto restaurativo provisional anticipado y configura un beneficio transitorio, mientras que el diverso órgano colegiado consideró que era improcedente, porque de concederse tendría efectos restitutorios propios de la sentencia, lo que dejaría sin materia el juicio constitucional. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, determina que, por regla general, no es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios contra el acto reclamado consistente en la negativa para que el quejoso acceda a la carpeta de investigación instaurada en su contra y se le entreguen las copias de la misma, pues de lo contrario, se otorgaría un beneficio definitivo que dejaría sin materia el juicio de amparo. Justificación: Por regla general, no es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando se reclama la negativa para acceder a la carpeta de investigación instaurada contra el quejoso y se le entreguen copias de la misma, pues la concesión de la medida cautelar en esos términos, otorga un beneficio que se agota en un solo instante, al enterarse del contenido de la carpeta y, como consecuencia, la restauración del derecho al agraviado no es transitoria, sino definitiva, con lo que el juicio de amparo queda sin materia. Lo anterior, sin perjuicio de que, en cada caso, el Juez de Distrito analice si la negativa de la suspensión puede derivar en un perjuicio irreparable, que haría imposible materializar los efectos de la sentencia de amparo pues, de ser así, se actualiza una excepción a la regla general que permite conceder la suspensión con efectos restitutorios. De igual manera, tiene aplicación al caso, la tesis aislada I.14o.C.8 K (10a.), sostenida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 3549, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- El acto de autoridad es la manifestación externa y unilateral de la voluntad del Estado, ejecutada por un órgano competente, que se realiza con la intención de producir consecuencias jurídicas y suele clasificarse, según su naturaleza y efectos que produce, en positivos, negativos y omisiones. Los de carácter positivo son aquellos que se traducen en un "hacer" o en la ejecución de una determinación, en tanto que los negativos se caracterizan porque la autoridad se rehúsa a hacer o conceder al quejoso su petición, mientras que las omisiones son aquellas que se materializan en una abstención de "hacer" de la autoridad responsable. Ahora bien, el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, ello no implica que pueda concederse la suspensión en su contra, porque dicha medida cautelar tiene por objeto paralizar actos de carácter positivo o negativo con efectos positivos, mas no omisiones en sentido estricto, puesto que equivaldría a dar efectos restitutorios a la suspensión y, por ende, implicaría dejar sin materia el juicio de amparo; por tanto, si bien es verdad que en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, así como en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano de amparo al proveer sobre la suspensión del acto reclamado debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, también lo es que dicho proceder está condicionado a que la naturaleza del acto reclamado permita su paralización porque, de otra manera, se desnaturalizaría la medida cautelar, cuyo objeto primordialmente consiste en mantener viva la materia del amparo hasta el dictado de la sentencia en que se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. En tal virtud, con fundamento en los artículos 128, de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada respecto de los actos c) y d). Lo anterior, sin perjuicio de que la medida pueda ser modificada al resolverse la suspensión definitiva, con base en el informe rendido por la autoridad responsable. Concesión de la suspensión provisional respecto de los actos reclamados en los incisos a) y b). En tales condiciones, para el caso de orden de detención y/o aprehensión y/o arresto que se haya librado por delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa conforme a lo dispuesto por el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con fundamento en los artículos 162 y 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional al quejoso para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente se encuentran y no sea privado de su libertad personal, quedando a disposición de este Juzgado únicamente por cuanto hace a dicha libertad. Encuentra sustento lo anterior en la tesis XXII.P.A.69 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Libro 75, Décima Época, febrero de 2020, página 2421, registro digital 2021594, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITOS CALIFICADOS COMO GRAVES EN LA LEY PROCESAL LOCAL, QUE NO AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA CONFORME AL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando se reclame la orden de aprehensión respecto de un delito catalogado como grave (despojo), en el artículo 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro abrogado, si éste no se encuentra en los ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa conforme al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede conceder la suspensión del acto reclamado en términos del artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento necesarias para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia y se continúe con el proceso penal de origen, y no conforme a la fracción I, del último precepto citado, pues implica ejecutar la orden y ponerlo a disposición del Juez de Distrito en cuanto a su libertad personal y de la autoridad jurisdiccional para la continuación del procedimiento penal. De igual manera, encuentra apoyo lo expuesto en la tesis I.7o.P.118 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Libro 57, Décima Época, agosto de 2018, página 3081, registro digital 2017716, de epígrafe y contenido siguientes: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA SOLICITADA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR UN DELITO CONSIDERADO EN PRINCIPIO COMO GRAVE CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO (ACTUALMENTE ABROGADO), DEBE RESOLVERSE EN ATENCIÓN A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2017, consideró que a partir del 18 de junio de 2016, el artículo décimo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, por el que se expidió la Ley de Amparo, perdió observancia legal, por lo que a partir de que entró en vigor la reforma de que se trata, el trámite y resolución del incidente de suspensión deben realizarse conforme a la Ley de Amparo vigente, sin que el Juez de amparo deba examinar bajo qué sistema penal se emitió el acto reclamado; por ende, debe atenderse a la fecha en que se solicitó la suspensión. Ahora bien, si a la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, sólo ameritan la medida de prisión preventiva oficiosa los delitos cuyos supuestos se ajusten a los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; entonces, si una orden de captura fue emitida por un delito considerado en principio como grave conforme al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México (actualmente abrogado), que no se encuentra dentro de esos supuestos, se entiende que no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que si el quejoso se encuentra en libertad, la concesión de la medida cautelar citada debe ser conforme a la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo, es decir, para el efecto de que el quejoso no sea privado de su libertad con motivo del mandamiento de captura y quede a disposición del Juez federal en cuanto a su libertad personal y a disposición de la autoridad jurisdiccional para la continuación del procedimiento, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la revocación de esta suspensión, o bien, la ejecutoria dictada en el cuaderno principal; suspensión que surtirá efectos siempre que el quejoso cumpla con las medidas de aseguramiento señaladas por el juzgador de amparo. Lo anterior no surtirá sus efectos, siempre que estos actos deriven de un caso de flagrancia; sin perjuicio de la práctica de diligencias en averiguación de hechos delictivos, lo que es de orden público; y, que por tanto, no son materia de suspensión, así como en caso de que se trate de orden de detención y/o aprehensión y/o arresto emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo inicialmente presentada como ampliación. Medidas de aseguramiento. La suspensión aquí otorgada surte efectos desde este momento; pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no cumple con la siguiente medida de aseguramiento: En lo que concierne a lo dispuesto en la fracción I, del numeral 168 de la Ley de Amparo, que exige que debe atenderse a la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso, del análisis de las constancias enviadas para la sustanciación de este asunto no se advierten en autos mayores datos en relación al ilícito atribuido respecto de la orden de aprehensión que se reclama en la especie. En función de lo anterior, al no haber mayor información de la que se pueda advertir con seguridad cuál es el ingreso económico que tiene el demandante de protección, debe estarse a la Unidad de Medida y Actualización, por tanto, con fundamento en el artículo 168 de la actual Ley de Amparo, se fija la garantía que habrá de exhibir el quejoso para que surta efectos la suspensión provisional del acto reclamado, que calculada a la base del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización antes destacada, arroja un total de ********************(********************), que resulta de multiplicar la unidad de medida indicada por quince días laborables, tomando en cuenta lo perentorio de la duración de la suspensión provisional; suma que, además, encuentra equilibrio entre el ingreso que pudieran percibir el justiciable, y la posibilidad en que se evada a la acción de la justicia. Por tal motivo, el quejoso, deberá exhibir dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, una garantía a disposición de este juzgado de distrito, por la cantidad de ********************(********************), que podrá exhibirse mediante billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito; o bien, a través de diversos medios jurídicos de aseguramiento asequible al quejoso, tales como fianza, prenda, hipoteca; y solo en efectivo cuando por causa de fuerza mayor o urgencia justificada sea imposible en la forma anterior. Una vez que exhiba la garantía, se dará aviso oportuno a las autoridades responsables. Estas medidas de aseguramiento buscan que la parte quejosa no evada la acción de la justicia y que sea devuelta ante la autoridad correspondiente en caso de no obtener la protección constitucional, de tal suerte que en caso de que incumpla, la suspensión será revocada con la sola comunicación de las autoridades responsables, en términos del artículo 166, fracción II, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 66/2001, que a la letra reza: SUSPENSION PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ORDENES DE DETENCION GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AUN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTIA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUELLA. Sin que en el caso proceda imponer como medida de efectividad que el quejoso se presente ante las autoridades responsables a rendir su declaración ministerial o a la audiencia, en virtud de que no se tiene la certeza de la existencia del acto reclamado, dado que al haberse señalado diversas autoridades administrativas como responsables, sería desproporcional obligar al quejoso que se presente ante cada una de ellas. Vigencia de la suspensión provisional. La medida cautelar concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución de la suspensión definitiva; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 33/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Junio de 2014, Tomo 1, Libro 7, página 431, con registro digital 20006797, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE y NO AL NOTIFICARSE." Notificación y consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, por haberlo solicitado practíquense sus notificaciones de manera electrónica a través del usuario "********************" y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte procesal la consulta del expediente electrónico. Se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita para que realice la habilitación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin perjuicio de que se pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Autorizados. Se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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