Francisco Javier González Mendoza

Expediente 812/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
812/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier González Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 812/2021-II. Puebla, Puebla, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que EL REFERIDO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 812/2021-II. En veinte de agosto de dos mil veintiuno, se da cuenta a la jueza con un oficio con anexo; recibido en este juzgado -vía correo electrónico- el día inhábil anterior a la fecha, y registrado con el folio 11492. Conste. Puebla, Puebla, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec, Estado de Puebla, por el que devuelve diligenciado el despacho 188/2021, orden 301/2021, del índice de este juzgado. En dicha comunicación, se ordenó notificar al quejoso +++++++, el proveído de once de agosto del año en curso, lo cual se llevó a cabo el dieciocho de agosto del presente año -de forma personal-. Por lo tanto, se ordena dar de baja el despacho de mérito y realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Asimismo, se deja insubsistente el apercibimiento de multa impuesto al juez oficiante, en el citado proveído. Notifíquese

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 812/2021-II.Puebla, Puebla, once de agosto de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe el oficio firmado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Mediante éste, remite con acuerdo de incompetencia por materia, copia certificada de la demanda (escrito de ampliación) relativa al expediente 1188/2021 de su índice, promovido por *, por propio derecho. El acto reclamado por el quejoso, según se desprende de la demanda y lo acordado por el juez de origen en el proveído donde se declaró incompetente en razón de la materia, comprende: ".la apertura o inicio de la carpeta de investigación *, en mi contra y ahora en contra de mis padre y hermana por el supuesto hecho con apariencia de delito de sustracción de menores como consecuencia de la ilegalidad de los actos reclamados a la autoridad ordenadora y que aún se encuentra integrándose.". Además, se tiene como autoridades responsables a las siguientes: 1. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Xicotepec ; y, 2. Comandante o Encargado de la Unidad Estatal de Investigación de Xicotepec de Juárez . Se acepta competencia. La demanda permite advertir que el quejoso reclama un acto emitido por una autoridad ministerial en ejercicio de su facultad de la investigación de delitos; esto es, el acto reclamado es materialmente de naturaleza penal. Por tanto, se asume la competencia para tramitar y resolver el juicio promovido por , contra actos Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se advierte que en el presente asunto se tiene como acto reclamado la apertura o inicio de la carpeta de investigación * Dicha apertura, inicio o integración consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas en la integración de una carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la investigación que se lleve a cabo contra el quejoso, con la cual se integre una carpeta de investigación, pues tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera (en su caso) acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la apertura o inicio de la carpeta de investigación *, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. En adición, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos omiten ser de imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la integración de una carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Luego, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que la imputada haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, de que en la orden de investigación e integración de una carpeta de investigación, el Ministerio Público debe hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, para ejercer -en su caso- acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Atento a lo anterior, debe considerarse a la apertura o inicio de una carpeta de investigación, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Por lo tanto, se desecha de plano la demanda planteada por Francisco Javier González Mendoza, contra la apertura o inicio de la carpeta de investigación Domicilio procesal. El quejoso omitió señalar domicilio para recibir notificaciones, en consecuencia, se le requiere para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio para tales efectos en la ciudad de Puebla (o zona conurbada). Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá como domicilio procesal las listas de este juzgado. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se le notificará por lista, si hubiese omitido señalar por escrito un domicilio procesal. Sin embargo, toda vez que han proporcionado un usuario para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se hace saber a los quejosos que también pueden optar por la vía electrónica como medio para recibir notificaciones personales. Ahora, dado que proporcionó su domicilio particular y éste se encuentra ubicado en Cerrada *** , de Xicotepec de Juárez, Puebla, se dispone lo siguiente: Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena librar despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec, Estado de Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en el referido domicilio y le notifique al quejoso * el presente proveído Se faculta al mencionado juez para que haga uso de las medidas que estime pertinentes a fin de lograr lo solicitado. Autorizados del quejoso. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arcadio Hernández Cortes, por así haberlo solicitado de manera expresa el quejoso y por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Consulta del expediente electrónico El quejoso solicitó se le permita la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder judicial de la Federación, para lo cual proporcionó el usuario "***4". Por tanto, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal3, se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario. Asimismo, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta electrónica del presente expediente. Medios de comunicación extraprocesal con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente, y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se toma conocimiento del correo electrónico que proporcionó el quejoso en la demanda. Notifíquese; de forma personal al quejoso (por despacho).

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