Francisco Javier González Gómez

Expediente 1529/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 25 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1529/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier González Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta firmada electrónicamente por Alejandro Pérez Pereyra, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por la cual informa que generó en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación, la cita correspondiente para que comparezca ante esta autoridad a recoger los documentos que le fueron puestos a su disposición por auto de siete de junio de dos mil veintidós. Por tanto, esta autoridad toma conocimiento de lo informado para los efectos correspondientes.

  2. Principal

    ::Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, firmada electrónicamente por Alejandro Pérez Pereyra, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y visto su contenido, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos exhibidos en autos y entréguense previa toma de razón por su recibo por conducto de las personas que autoriza. Ahora, para poder realizar la entrega de dichos documentos, la parte quejosa deberá agendar previa cita en el Portal de Servicios en Línea dentro del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el entendido que deberá acatar las medidas sanitarias al momento de acudir a este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en los artículos 2° fracción VII, 3° y 7°, párrafo tercero del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que una vez que agende la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea dentro del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", a fin de confirmar su asistencia en la fecha y hora que agendó y que de manera previa este juzgado pueda realizar las gestiones necesarias para la entrega del referido documento, se comunique con el secretario encargado del trámite del presente asunto Osvaldo Hernández Romero, al número telefónico 998-187-8767. Finalmente, en cuanto a las fotocopias certificadas que solicita -constancias que fueron remitidas por el Juez Trigésimo Quinto Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, no ha lugar a proveer de conformidad a su petición, pues como se advierte del auto de once de mayo de dos mil veintidós, dichas constancias fueron devueltas a la referida autoridad, por no ser necesaria su conservación.

  3. Principal

    ::Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el diecinueve de abril de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original de los cuadernos incidentales, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por lo que respecta al original de los cuadernos incidentales es destruible, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Trigésimo Quinto Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, la documental que remitió como soporte a su informe justificado (tomo de pruebas), toda vez que no es necesaria su conservación en este expediente.

  4. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 1529/2021-IV, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos; en consecuencia; el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa, así como las autoridades responsables 1] Juez Trigésimo Quinto Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México (tomo de pruebas), 2] Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, 3] Directora General de Atención a Autoridades y 4] Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A", todas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todas con residencia en la Ciudad de México, ofrecieron pruebas documentales, mientras que la primera de las nombradas ofreció además la presuncional e instrumental de actuaciones; sin que las demás partes ofrecieran algún medio de convicción; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas, las cuales se desahogan por sí mismas dada su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por concluida la fase probatoria de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que únicamente el fiscal federal adscrito realizó manifestaciones a manera de alegatos (fojas 186 a 189), sin que las demás partes lo hubieran hecho; luego, el Juez acuerda: téngase por formulados los alegatos hechos valer por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dese por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1529/2019-IV, promovido por promovido la sucesión testamentaria de Guadalupe Gómez Álvarez, por conducto de sus albaceas 1) Francisco Javier González Gómez y 2) Guadalupe del Rosario González Gómez, contra actos del Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno el diecisiete de diciembre siguiente a este juzgado de distrito, la sucesión testamentaria de Guadalupe Gómez Álvarez, por conducto de su albacea Francisco Javier González Gómez, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia, con sede en la Ciudad de México. 2. Titular de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Bancaria y de Valores. 3. Titular de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Bancaria y de Valores. 4. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Bancaria y de Valores. Ciudad de México 5. Gerente de la sucursal 3309 de la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 6. Ejecutivo de cuenta de la sucursal 3309 de la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cancún, Quintana Roo Ello por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos que hace consistir en: "IV. NORMA GENERAL y/o ACTOS RECLAMADOS. - - - De las autoridades ordenadoras. - - - a).- Las arbitrarias órdenes de inmovilización, congelamiento, embargo, aseguramiento o retención dictadas dentro del expediente 131/2021, de la cuenta bancaria número 1163481943 que el suscrito apertura a su favor ante la institución bancaria denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, sucursal 3309, de esta Ciudad de Cancún, Quintana Roo. - - - b).- La retransmisión de las órdenes de inmovilización, congelamiento, embargo, aseguramiento o retención de la aludida cuenta bancaria para cumplimentar la inmovilización de cuentas bancarias. - - - c).- Así como todas las violaciones procesales cometidas en el procedimiento judicial o prejudicial del expediente 131/2021. - - - d).- De igual forma, se reclaman de las autoridades ordenadoras TODAS Y CADA UNA DE LAS VIOLACIONES cometidas en el expediente 131/2021 o procedimiento judicial o prejudicial que se actúe, mismas que me han dejado sin defensa; como los son los actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, en la práctica de TODAS Y CADA UNA de las diligencias, y actos procesales por las autoridades responsables en el expediente que se actúe. - - - De las ejecutoras. - - - d).- (sic) La ejecución material de las órdenes de inmovilización, congelamiento, embargo, retención o aseguramiento de la cuenta bancaria número 1163481943 dentro del expediente 131/2021, cuenta que el suscrito apertura EN CALIDAD DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE MI DIFUNTA MADRE ante la institución bancaria denominada Banco Mercantil Del Norte S.A Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte de esta Ciudad de Cancún, Quintana Roo.". SEGUNDO. Radicación, prevención, desechamiento parcial y admisión de la demanda. Recibida la demanda de amparo el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante este juzgado de distrito, en auto de veintiuno de diciembre de ese mismo año se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 1529/2019-IV y se previno a la parte quejosa para que la aclarara; cumplida la prevención mediante escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en auto de treinta y uno de ese mismo mes y año se tuvo a la sucesión testamentaria de Guadalupe Gómez Álvarez, por conducto de sus albaceas 1) Francisco Javier González Gómez y 2) Guadalupe del Rosario González Gómez, promoviendo amparo indirecto, además contra el Actuario adscrito al Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia, con sede en la Ciudad de México, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto de las autoridades señaladas como responsables i) Gerente y ii) ejecutivo de cuenta, ambos de la sucursal 3309 de la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con residencia en esta ciudad; se admitió a trámite por lo que ve a las restantes autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 177/2021 (fojas 186 a 189), en el sentido de negar el amparo solicitado; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Se reconoce tercero interesado. En auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesada a Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, antes Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, en virtud de haber promovido las providencias precautorias ante la juez responsable; parte tercero interesada que compareció a juicio por conducto de su apoderado (fojas 154 y 155). Finalmente, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de autoridades judiciales en materia mercantil, con ejecución material en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, consiste en: Del 1) Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia, con sede en la Ciudad de México: a) Todo lo actuado en el expediente de providencias precautorias 131/2021 de su índice. b) El acuerdo de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente relativo a las providencias precautorias 131/2021 de su índice, promovido por Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, antes Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, en el que se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria, a fin de que requiera a diversas instituciones bancarias, entre ellas a Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, lo siguiente: "(.) retenga e inmovilice, permitiendo solo ingresos de recursos no así su disposición, de la cuenta 1163481943 a nombre de GUADALUPE DEL ROSARIO GONZÁLEZ GÓMEZ. - - - - (.) lo anterior para que sirvan inmovilizar y retener el saldo de las cuentas que informaron tener registradas permitiendo depósitos; ello hasta por la cantidad de $26´203, 594. 41 (VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.), lo anterior, siempre y cuando no se trate de cuentas de pago de nóminas." Del 2) Actuario adscrito al Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia, con sede en la Ciudad de México: c) La falta de emplazamiento al expediente de providencias precautorias 131/2021 del índice del Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia, con sede en la Ciudad de México, en el que se ordenó la inmovilización y/o congelamiento y/o embargo y/o aseguramiento y/o retención de la cuenta bancaria 1163481943 aperturada ante la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Del 3) Titular de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, 4) Titular de la Dirección General de Atención a Autoridades, y 5) Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A", todas de la Comisión Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México: d) La ejecución del acto reclamado precisado en el inciso b). Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de acto reclamado. Las autoridades responsables 3) Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y 5) Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A", ambas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México (fojas 86 a 91), negaron la existencia del acto que se le reclama, precisado en el inciso d) del considerando tercero de esta sentencia, según se advierte del contenido de su informe justificado. Lo anterior, sin que pase desapercibido las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa consistentes en: # PRUEBAS Foja (s) 1. Fotocopia certificada de la Escritura Pública número 7,093, de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, del Protocolo de la Notaría Número Veintinueve del Estado de Quintana Roo. 21 a 44 2. Fotocopia sin certificar de la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a favor de Francisco Javier González Gómez. 20 3. Fotocopia sin certificar de la Caratula de Activación "CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM", expedida por la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 45 4. Fotocopia sin certificar del Formulario de Auto-certificación Personas Físicas, de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, expedida por la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 46 5. Original con firmas autógrafas de la "Caratula de activación "CTA PERSONAL SALDO PROM" de la cuenta bancaria 1163481943 a nombre de Guadalupe del Rosario González Gómez y Francisco Javier González Gómez ante la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 195 y 196 6. Fotocopia sin certificar de la "Caratula de activación "CTA PERSONAL SALDO PROM" de la cuenta bancaria 1163481943 a nombre de Guadalupe del Rosario González Gómez y Francisco Javier González Gómez ante la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 197 a 200 Ahora, de la documental señalada bajo el numeral 1, a la que se concede valor probatorio pleno en término de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que los herederos comparecieron ante notario público a reconocer la validez del testamento; 1) Francisco Javier González Gómez y 2) Guadalupe del Rosario González Gómez, aceparon y protestaron el cargo de albaceas de la sucesión; y los herederos manifestaron su conformidad de tramitar la sucesión a bienes de su madre ante el notario público. La diversa documental señalada en el punto 5, cuenta con valor probatorio indiciario en términos de los artículos 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por tratarse de una documental privada; sin embargo, con ella únicamente se acredita que el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, 1) Francisco Javier González Gómez y 2) Guadalupe del Rosario González Gómez, apertutaron la cuenta bancaria "individual" con condiciones generales de los depósitos a la vista 1163481943 ante la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Luego, por lo que respecta a las documentales señaladas bajo los numerales 2, 3, 4 y 6 al haberse presentado en fotocopia sin certificar, únicamente cuentan con valor indiciario para demostrar que probablemente sean una reproducción de sus originales en términos de los artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, de dichas documentales no se advierte la participación de las autoridades responsables 3) Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y 5) Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A", ambas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, respecto del acto que se le reclama, precisado en el inciso d) del considerando tercero de esta sentencia. Así, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la afirmación de las autoridades señaladas como responsables, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados del 3) Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y 5) Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A", ambas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo Cobra aplicación la jurisprudencia que se cita: "Sexta Época No. Registro: 917818 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia de actos. La 1] Juez Trigésimo Quinto Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México (foja 174), 2] Actuaria de su adscripción (foja 176) y 4] Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México (fojas 86 a 91) al rendir informe justificado, convinieron en la existencia de los actos que se les reclaman, precisados en los incisos a), b), c) y d), del considerando tercero de esta sentencia. En todo caso, la existencia de los actos reclamados se corrobora con el contenido de las constancias que en fotocopia certificada remitió la juez responsable, relativas al expediente de providencias precautorias 131/2021 de su índice (tomo de pruebas), promovido por Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, antes Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En efecto, de las referidas constancias se desprende lo siguiente: I. Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, antes Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, promovió en contra de i] Maclali Materiales y Administración, Sociedad Anónima de Capital Variable, ii] Guadalupe del Rosario González Gómez y iii] Amado Clara Alejo, providencias precautorias a juicio oral mercantil, consistentes en la retención de bienes, con motivo de la existencia de un crédito líquido y exigible, derivado de un contrato de Marco de Arrendamiento Puro número 03300. II. De dicho asunto correspondió conocer, por cuestión de turno a la Juez Trigésimo Quinto Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, quien por auto de doce de abril de dos mil veintiuno, radicó el expediente de providencias precautorias bajo el número de expediente 131/2021 de su índice y formuló prevención a la parte actora, en los términos ahí precisados. III. Cumplida la prevención, por auto de quince de abril de dos mil veintiuno, admitió la providencias precautorias solicitadas por Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, antes Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada y decretó la retención de bienes de i] Maclali Materiales y Administración, Sociedad Anónima de Capital Variable, ii] Guadalupe del Rosario González Gómez y iii] Amado Clara Alejo; asimismo, requirió a la parte actora exhiba garantía por la cantidad de $1, 391, 017.80 (un millón trescientos noventa y un mil diecisiete pesos 80/100, moneda nacional) por concepto de daños y perjuicios para la emisión de las providencias precautorias; lo anterior, al ser un requisito de procedencia a efecto de girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria. IV. Luego, por proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al apoderado de la parte actora Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, antes Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, exhibiendo impresión de la póliza de fianza número 2546806, por el monto de $1, 391, 017.80 (un millón trescientos noventa y un mil diecisiete pesos 80/100, moneda nacional), relativa a la garantía por concepto de daños y perjuicios, por lo que la juez responsable ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria a efecto de que requiera a las instituciones bancarias que integran el Sistema Bancario Mexicano, informen la existencia y saldo de cualquier cuenta bancaria de inversión o cheques en moneda nacional o moneda extrajera, así como cualquier valor, título de crédito depositados en cajas de seguridad a nombre de i] Maclali Materiales y Administración, Sociedad Anónima de Capital Variable, ii] Guadalupe del Rosario González Gómez y iii] Amado Clara Alejo. V. Por auto de doce de octubre de dos mil veintiuno, la juez responsable ordenó girar de nueva cuenta oficio a la Comisión Nacional Bancaria, a fin de que requiera a diversas instituciones bancarias, entre ellas a Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, lo siguiente: "(.) retenga e inmovilice, permitiendo solo ingresos de recursos no así su disposición, de la cuenta 1163481943 a nombre de GUADALUPE DEL ROSARIO GONZÁLEZ GÓMEZ. - - - - (.) lo anterior para que sirvan inmovilizar y retener el saldo de las cuentas que informaron tener registradas permitiendo depósitos; ello hasta por la cantidad de $26´203, 594. 41 (VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.), lo anterior, siempre y cuando no se trate de cuentas de pago de nóminas." VI. El veinte de enero de dos mil veintidós, la Juez Trigésimo Quinto Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, tuvo por recibido el oficio de la Directora General de Atención de Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual comunicó, entre otras cosas, la retención de los fondos disponibles en la cuenta bancaria 1163481943 a nombre de Guadalupe del Rosario González Gómez, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Por tanto, son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables. SEXTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, en el presente caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, fracción I, de la propia ley, toda vez que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." Cabe destacar que la disposición legal en estudio, establece uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, el cual consiste en la posibilidad de que el impetrante de derechos fundamentales acuda al juicio cuando sea titular de un derecho que sea trasgredido por un acto de autoridad, esto es, que se haya afectado su esfera jurídica y acuda en su defensa. En efecto, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico y tutelado cuenta con legitimación procesal y sustantiva, para promover y obtener la protección constitucional. En ese contexto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario que en su caso reclame, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere que la parte quejosa acredite a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho del quejoso sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho (legitimación); y la afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Sustenta lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "Octava Época Registro: 394808 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 852 Página: 581 Genealogía: APÉNDICE '95: TESIS 852 PG. 581 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Como consecuencia de lo anterior, se puntualiza que el interés jurídico reviste tal importancia en el juicio de amparo, que debe quedar fehacientemente acreditado y no inferirse de simples deducciones. Resulta aplicable la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por otro lado, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. Por otra parte, se precisa que cuando se reclama un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, es decir, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Ahora, de los antecedentes de los actos reclamados reseñados en el considerando quinto de esta sentencia, se advierte con meridana claridad que la sucesión testamentaria de Guadalupe Gómez Álvarez, no es parte procesal en el expediente de providencias precautorias 131/2021 del índice del Juzgado Trigésimo Quinto Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, dado que fue promovido por Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, antes Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, contra i] Maclali Materiales y Administración, Sociedad Anónima de Capital Variable, ii] Guadalupe del Rosario González Gómez y iii] Amado Clara Alejo. Por el contrario, la sucesión testamentaria quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio de origen y aduce que la cuenta bancaria materia de la retención de bienes fue apertudada por 1) Francisco Javier González Gómez y 2) Guadalupe del Rosario González Gómez, como sus albaceas. Es aplicable el criterio siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 352156 Instancia: Cuarta Sala Quinta Época Materias(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXIII, página 5652 Tipo: Aislada TERCERO EXTRAÑO EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. El concepto de persona extraña al procedimiento, ha sido establecido por la Tercera Sala de la Suprema Corte, en el sentido de que dicha garantía corresponde a cualquiera persona que no tenga la condición de parte constituida en el respectivo juicio contradictorio, lo que no podría ser de otro modo, ya que sólo a las indicadas partes corresponden los derechos y defensas que la ley confiere". Ciertamente, el interés a que se refiere la disposición normativa en cita, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos o grupos sociales, el cual está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de garantías y no otra persona; asimismo, debe relacionarse con el derecho subjetivo que supone una facultad de exigir y una reclamación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; así como con el derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio. De esta forma, la transgresión del derecho legítimamente tutelado, por la actuación de una autoridad, faculta al titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación, siendo por tanto ese derecho protegido por el ordenamiento legal, lo que constituye el interés que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Así, resulta inconcuso que la falta de ordenar el emplazamiento en el expediente de providencias precautorias 131/2021 del índice del Juzgado Trigésimo Quinto Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, promovido por Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, antes Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, contra i] Maclali Materiales y Administración, Sociedad Anónima de Capital Variable, ii] Guadalupe del Rosario González Gómez y iii] Amado Clara Alejo y como consecuencia todo lo actuado con posteridad, no afecta el interés jurídico de la impetrante al no irrogarle ningún agravio personal y directo. Es ilustrativa, la jurisprudencia. "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 177719 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/254 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1513 Tipo: Jurisprudencia AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo". Luego, en cuanto al auto de doce de octubre de dos mil veintiuno, en que la juez responsable ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria, a fin de que requiera a Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte para que retuviera e inmovilizara, permitiendo solo ingresos de recursos no así su disposición, de la cuenta 1163481943 a nombre de Guadalupe del Rosario González Gómez, hasta por la cantidad de $26,203,594.41 (veintiséis millones doscientos tres mil quinientos noventa y cuatro pesos 41/100 M.N.), debe decirse que la sucesión quejosa tampoco acreditó su interés jurídico, pues no demostró en esta instancia constitucional ser titular de dicha cuenta bancaria o bien, que los recursos económicos que en ella se depositan, correspondan exclusivamente a la sucesión. En efecto, la parte quejosa exhibió como prueba el original con firmas autógrafas de la "Caratula de activación CTA PERSONAL SALDO PROM" de la cuenta bancaria 1163481943 a nombre de Guadalupe del Rosario González Gómez y Francisco Javier González Gómez ante la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; documental que fue valorada en el considerando cuarto de este fallo y que se reproduce a continuación: Del análisis de dicha documental, se aprecia que el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, 1) Francisco Javier González Gómez y 2) Guadalupe del Rosario González Gómez, apertutaron la cuenta bancaria "individual" con condiciones generales de los depósitos a la vista 1163481943 ante la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Además, se estableció en el apartado de "ORIGEN DE LOS RECURSOS", lo siguiente: "´El Cliente´ declara que el origen de los recursos que entrega para la apertura del producto y/o servicio que está solicitando con ´El Banco´, proceden de fuentes lícitas y que son de su propiedad (lo resaltado es propio). Es decir, 1) Francisco Javier González Gómez y 2) Guadalupe del Rosario González Gómez solicitaron la apertura de la cuenta bancaria en comento a título "individual" y para realizar operaciones de depósitos de dinero a la vista con recursos propios y no de la sucesión testamentaria de la cual son albaceas, pues ello no fue consignado así en el documento que exhibieron. Tampoco allegaron a este juzgado de distrito, constancia alguna relativa al trámite de la sucesión en que fueron designados albaceas, de la que se aprecie que hayan informado al notario público respectivo el hecho de que tal cuenta bancaria sería utilizada única y exclusivamente para el manejo de los recursos de la sucesión que representan. Por tanto, al no haberse decretado la medida precautoria de retención de bienes en el juicio del que emanan los actos reclamados, respecto de una cuenta bancaria perteneciente a la sucesión testamentaria de Guadalupe Gómez Álvarez ni haber acreditado fehacientemente que en la cuenta bancaria retenida se contienen recursos económicos de dicha sucesión, es evidente que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico para reclamar el acuerdo de doce de octubre de dos mil veintiuno, ni su ejecución. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados de la 1] Juez Trigésimo Quinto Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, 2] Actuaria de su adscripción y 4] Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, precisados en los incisos a), b), c) y d), del considerando tercero de esta sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por por la sucesión testamentaria de Guadalupe Gómez Álvarez, por conducto de sus albaceas 1) Francisco Javier González Gómez y 2) Guadalupe del Rosario González Gómez, contra los actos precisados en el considerando tercero y por los motivos expuestos en los diversos considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · 12,649 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano