Francisco Javier González

Expediente 607/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
607/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
21/08/2018

Partes del expediente

  • Francisco Javier González
  • Juez Primero de lo Penal en Manzanillo, Colima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, a través del cual acepta la competencia planteada. Remisión de los cuadernos incidentales. Por lo anterior, se ordena remitir a la autoridad oficiante los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, por ya estar resuelto. Solicitándole el acuse de recibo de los mismos, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Incidental

    R E S U E L V E : PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a *****, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 145 de la citada legislación, se declara sin materia el presente incidente de suspensión.

  3. Principal

    Colima, Colima, diez de agosto de dos mil dieciocho. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del juicio de amparo y toda vez que las autoridades locales y foráneas rindieron su informe justificado, se advierte que de los mismos así como de la demanda de amparo, las siguientes consideraciones. Consideraciones previas. En el presente caso, el quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENEN EL CARÁCTER COMO ORDENADORA Juez Primero de lo Penal en Manzanillo, Colima, con domicilio conocido. Juez Primero de lo Penal de Tecomán, Colima, con domicilio conocido. Juez Cuarto de lo Penal en Puente Grande, Jalisco, con domicilio ampliamente conocido. Juez Décimo Primero de lo Penal en Puente Grande, Jalisco, con domicilio ampliamente conocido. Juez Décimo Sexto de lo Penal en Puente Grande, Jalisco, con domicilio ampliamente conocido. Lic. Paloma Ramona Magallanes de la Rosa, Juez Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial Tonalá. Lic. Iván Gómez Vega Paloma Ramona Magallanes de la Rosa (sic), Juez Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial Tonalá. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS: Director de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Colima, con domicilio conocido. Fiscal General en el Estado de Jalisco. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. [.] LEY O ACTOS RECLAMADOS: Reclamo la ilegal orden de aprehensión o reaprehensión o localización o comparecencia o investigación o presentación, dictada por las responsables ordenadoras; así como su inminente ejecución por las autoridades ejecutoras. Así como la omisión de las responsables ordenadoras de privilegiar los mecanismos alternos para la solución de controversias. Determinación y pronunciamiento de la competencia. Conforme lo dispuesto por el artículo 37 Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por Francisco Javier González García, por los motivos que a continuación se expondrán. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: [A]rtículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la transcripción anterior se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: a) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de tales jurisdicciones, a prevención en donde se presente la demanda de amparo; y c) Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en donde se presente la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no revista ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, conviene precisar que el quejoso Francisco Javier González García, en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra; de ahí que debe fijarse la competencia con base en las reglas de ejecución. Así pues, en proveído de diecisiete de julio pasado se tuvo por inexistente a la responsable Director de Mandamientos judiciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Colima, los Jueces Primero de lo Penal de Tecomán y Manzanillo Colima -autoridades responsables con domicilio en esta ciudad de Colima-, negaron el acto reclamado; en tanto que la autoridad responsable ordenadora con residencia en el Estado de Jalisco -Juez Décimo Cuarto de lo Penal en el Estado de Jalisco- sí aceptó la existencia de la orden de aprehensión girada en contra del quejoso; como se aprecia en la siguiente tabla, que comprende la totalidad de las autoridades señaladas como responsables por el quejoso en su demanda de garantías. Autoridad Sentido Foja Juez Primero de lo Penal en Manzanillo, Colima Negó 41 Juez Primero de lo Penal de Tecomán, Colima Negó 16 Juez Cuarto de lo Penal en Puente Grande, Jalisco Aceptó 29, 30, 31, 43 y 44 Juez Décimo Primero de lo Penal en Puente Grande, Jalisco Negó 20 Juez Décimo Sexto de lo Penal en Puente Grande, Jalisco Negó 18 Paloma Ramona Magallanes de la Rosa Juez Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial Tonalá Negó 32 Iván Gómez Vega Paloma Ramona Magallanes de la Rosa (sic), Juez Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial Tonalá Negó 23 Director de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Colima No existe 10 Fiscal General en el Estado de Jalisco Negó 25 Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Jalisco Aceptó 27 Por tanto, si las autoridades ordenadoras y ejecutoras de Colima, negaron categóricamente el acto reclamado sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa; y contrario a ello, el Juez Cuarto de lo Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, aceptó la certeza del acto reclamado, pues adujo que en el juzgado a su cargo se encuentra radicada la causa penal 345/2014-B, instruida en contra del aquí quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico; previsto por el artículo 252, fracción XIV y sancionado por el arábigo 251, fracción III, en relación con el numeral 6, fracción I y 11, fracción III, todos del Código Penal del Estado de Jalisco, en agravio de María de la Luz Plascencia Mayoral, causa en la que se dictó la orden de aprehensión combatida, es inconcuso que se trata de un acto que sí tiene ejecución en el lugar de la demarcación territorial donde reside la ordenadora en cita, a saber, en el Estado de Jalisco. De ahí que en el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, para que conozca un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados Distrito. En consecuencia, en aras de una pronta impartición de justicia, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer el asunto de que se trata, por lo que, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa, con sus anexos al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno; por tanto, se ordena remitir a dicho juzgador el presente expediente, para que dentro del término previsto en el precepto 48, segundo párrafo, informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 9/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. De igual forma, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Parte VIII, Séptima Época, Página: 142, Tesis: 91, que establece: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Así como la tesis de jurisprudencia número 1ª./J.52/2013 (10a), publicada en la página trescientos ochenta y tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Asimismo, la tesis visible en la página 88 del Semanario Judicial de la Federación 217-228 Séptima Parte, de la Sala Auxiliar, Séptima Época, que dispone: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el quejoso en su demanda de amparo, hubiese señalado como domicilio particular el ubicado en calle Gabriela Mistral, número 1, esquina Constitución, colonia Lomas de Vista Hermosa de esta ciudad de Colima; pues la competencia del Juez de Distrito para conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar que señaló el impetrante de amparo en su libelo constitucional. En este aspecto cobra aplicación la tesis número 1a.III/92, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el página 95, del Tomo IX, Mayo de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE SEÑALA EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR LA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente. En mérito de lo anterior, se ordena la cancelación de la audiencia constitucional programada a las once horas con veintisiete minutos del día de hoy. Notifíquese personalmente en el cuaderno de antecedentes. Así lo acordó Vladimir Véjar Gómez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, ante Lucía del Carmen Galván Aguilar, secretaria que da fe. Doy fe.

  4. Principal

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