Francisco Javier Gasca López
Expediente 653/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Javier Gasca López
- Karen Michelle Ocampo Cervantes
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que firma la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja laboral ********** de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, que en su parte resolutiva determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Notifíquese." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo vía electrónica a la superioridad. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la parte agraviada para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin, en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; apercibida que de no hacerlo estos serán depurados del presente expediente judicial.
- Principal
Por recibido el oficio que firma la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el apoderado de la parte agraviada, en contra del proveído de veinticinco de noviembre pasado, por el que se desechó la demanda de amparo promovida; medio de impugnación que se radicó bajo el expediente judicial R.Q.L. **(sic).
- Principal
Agréguese a los autos el escrito firmado por xxxxx, apoderado de los quejosos xxxxxx, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de la determinación de veinticinco de noviembre del año actual, en la que se desechó la demanda de amparo; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena glosar al sumario un tanto del escrito de expresión de agravios, para que obre como legalmente corresponda. Atento a lo anterior, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado y remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en turno, el escrito original de expresión de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto.
- Principal
Recepción y registro Por recibida la demanda de amparo signada por ********************apoderado de ********************, personalidad jurídica que le fue reconocida por la autoridad responsable tal como se constata de la documental de cuenta; demanda de amparo en contra del acto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 653/2020-V. Desechamiento de la demanda Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Acorde a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable también a este tipo de resoluciones, se precisa que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional en reclamo del proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el procedimiento paraprocesal ********************De los antecedentes relevantes del acto reclamado, expresados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, con eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2; se desprende que el procedimiento paraprocesal de origen fue instado por la hoy tercera interesada ********************, sociedad anónima de capital variable -parte patronal-, a fin de dar por concluida, ante la junta responsable, la relación laboral con las personas trabajadoras, aquí quejosas, ello mediante el pago de un finiquito que la patronal se obligó a depositar en la cuenta de cada uno de los quejosos, conforme al convenio celebrado ante la junta laboral el dos de septiembre de dos mil veinte. Que los agraviados acudieron ante la junta responsable a expresar que la patronal incumplió con el depósito del numerario pactado; por tanto, solicitaron a la junta que se decretara la nulidad del convenio celebrado ante su potestad. A esta petición la junta determinó, en providencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, requerir a la parte patronal a fin de que en el plazo de tres días, legalmente computado, acredite que realizó el depósito del numerario acordado en convenio de dos de septiembre pasado; asimismo, apercibió a la empresa patronal que de incumplir con lo requerido, se entenderá como no cubierto el pago, por tanto, se dejarán a salvo los derechos de las personas trabajadores -ahora agraviados-, para que los hagan valer en la vía y forma que consideren pertinentes. Esta determinación constituye el acto reclamado en forma destacada. Atento a lo anterior, el suscrito advierte que la demanda en trato es improcedente, pues al haberse emitido dentro de un procedimiento paraprocesal -sin concluir dicho procedimiento-, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La fracción IV del artículo 107 transcrita, prevé dos hipótesis de procedencia: la primera, consistente en que el amparo indirecto procede contra actos fuera de juicio que provengan de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo y, la segunda, relativa a que cuando los actos se emitan después de concluido el juicio; en el segundo caso, limita la promoción de amparo a la última resolución ya sea del periodo de ejecución o del procedimiento de remate, mientras que en el primero no hace limitación alguna. En tanto que la fracción V, establece que el juicio de amparo contra actos de autoridades jurisdiccionales, como en el caso, únicamente procede contra actos emitidos en juicio de imposible reparación, entendiéndose estos como aquellos que afecten un derecho sustantivo. Sobre los alcances de lo que debe entenderse como la última resolución en ejecución de sentencia, el propio numeral en consulta es claro en establecer que se trata, entre otras, de aquellas que ordenan el archivo definitivo del expediente. Con lo anterior, se puede establecer por identidad jurídica, que si se trata de actos de un tribunal judicial emitidos fuera de juicio, el amparo indirecto será improcedente cuando los actos combatidos no se traten de la última resolución. En este contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado fue dictado fuera de juicio, al tratarse de un procedimiento paraprocesal sustanciado ante la junta laboral responsable. Es de invocarse al caso, por identidad de razón jurídica, la tesis VI.2o.C. J/281, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, con número de registro 172744, de rubro y texto: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. AL TENER LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN DICHO PROCEDIMIENTO EL CARÁCTER DE ACTOS FUERA DE JUICIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. La jurisdicción voluntaria es un procedimiento de mera constatación o demostración de hechos o circunstancias en el que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, y al no existir controversia, tampoco puede haber procedimiento contencioso, el cual es indispensable para que exista juicio. Por ende, las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria son actos fuera de juicio que, por esa razón, no pueden adquirir el carácter de cosa juzgada y, en consecuencia, de definitivas para los efectos del amparo directo; por consiguiente, en contra de las resoluciones pronunciadas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito que corresponda, de conformidad con los artículos 107 constitucional, fracción VII y 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Ahora bien, los elementos de la definición de última resolución no se actualizan en la especie, pues en el acto que se reclama no se concluyó con el procedimiento paraprocesal, sino que se requirió a la patronal a fin de que en el plazo de tres días, legalmente computado, acredite que realizó el depósito del numerario acordado en convenio de dos de septiembre pasado; de igual modo se le apercibió a la empresa patronal que de incumplir con lo requerido, se entenderá como no cubierto el pago, por tanto, se dejarán a salvo los derechos de las personas trabajadoras -ahora agraviadas-, para que los hagan valer en la vía y forma que consideren pertinentes. Lo indicado pone de manifiesto que no se trata de la resolución que ponga fin al procedimiento de origen, que es en contra de lo cual procede el juicio de amparo en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo. Luego, las violaciones que se estimen cometidas durante la tramitación del mencionado procedimiento paraprocesal deben invocarse como conceptos de violación, previa preparación correspondiente -en caso de que proceda-, en el juicio de amparo que se promueva contra el auto definitivo que concluya con el procedimiento de origen, que es la resolución en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo. Bajo esta premisa, resulta claro que el acto reclamado en esta vía constitucional, evidentemente no constituye la última resolución emitida en el indicado procedimiento. Tampoco se advierte que el acto reclamado afecte los derechos sustantivos de la parte quejosa, de tal modo que amerite su análisis inmediato, pues no se hace pronunciamiento sobre si el convenio celebrado se eleva o no, a categoría de cosa juzgada, más bien, su pronunciamiento se reservó hasta que transcurra el plazo legal otorgado a la parte patronal para que acredite fehacientemente que cumplió con su obligación de pago contraída en el convenio celebrado ante la junta responsable; empero, en modo alguno se hizo pronunciamiento sobre algún derecho de los de naturaleza sustantiva, pues los efectos de la determinación reclamada no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó. Se señala lo anterior, porque si bien el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo no establece de manera expresa que la procedencia del juicio de amparo contra actos fuera de juicio esté condicionada a que tengan una ejecución de imposible reparación, por una violación de derechos sustantivos, dicha fracción debe ser interpretada a la luz de la fracción V, del citado artículo, de modo que si el acto reclamado afecta de manera directa derechos sustantivos ameritaría la procedencia del juicio de amparo indirecto sin esperar a la resolución culminante del procedimiento, lo que como fue evidenciado, no ocurre en el caso particular. Al respecto, por analogía, es aplicable la jurisprudencia P./J. 108/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, registro 163152, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Criterio que si bien versa sobre los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, en cuanto a su contenido, resulta igualmente aplicable, al tratar de la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos dictados fuera de juicio, e interpretar el artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo abrogada, cuya redacción es similar a la del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo vigente. Por ende, se colige que el presente asunto no se encuentra en la hipótesis de procedencia del juicio constitucional. En sustento, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, también se invoca la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIX, abril de 2013, tomo 1, con registro 2003301, de rubro y texto: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." Consecuentemente, en la especie, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al precepto 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, por lo tanto, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se desecha la demanda en estudio. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en escrito de demanda y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, por tratarse de un asunto en materia laboral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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