Francisco Javier Garnica Amézquita
Expediente 473/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 37 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Francisco Javier Garnica Amézquita
- Juez Décimo Séptimo en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Incidental
archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Valoración del cuaderno original de esta incidencia. De conformidad con el punto 3 4 de la certificación, se actualizan las hipótesis normativas de los artículos 17, fracción III inciso b)5, y 346 del Acuerdo General citado; por tanto, se estima que este cuaderno original es conservable, por tratarse de un incidente en el que se concedió la medida cautelar definitiva.
- Principal
Causa ejecutoria. Con apoyo en los puntos 2 a 4 de la certificación de cuenta, la Jueza de Distrito determina con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la sentencia que negó el amparo solicitado, ha causado ejecutoria. Archivo. Con apoyo en lo previsto por el numeral 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el expediente en el que se actúa como asunto concluido. Valoración del expediente. De conformidad con el punto 2 de la certificación, se actualizan las hipótesis normativas de los artículos 17, fracción III inciso a), y 34 del Acuerdo General citado; por tanto, se estima que este expediente es conservable, por tratarse de un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional.
- Principal
Tribunal Colegiado declaró improcedente recurso de queja. Agréguese a los autos el comunicado que suscribe la Secretaria del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite el testimonio señalado en el punto 2 de la cuenta que antecede. Acúsese recibo. Se acusa a la Superioridad del instrumento indicado y agréguese al expediente el testimonio de la referida ejecutoria. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución dictada por la Superioridad.
- Principal
Se recibe escrito. Téngase por recibido el escrito referido en el punto 3 de la cuenta. En atención las manifestaciones señaladas en el punto 3.1, así como lo asentado en el diverso 2 de la certificación de cuenta, se advierte que la notificación de la sentencia dictada en autos, no fue practicada de forma correcta; por tanto, se instruye a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que notifique correctamente, vía electrónica, dicha sentencia a la parte quejosa y a la tercera interesada, a fin de que estén en aptitud de imponerse de su contenido. Por otra parte, en atención al punto 3.2 de la certificación, se hace del conocimiento del promovente que el plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que, de ser su deseo, interponga recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de agosto del año en curso, comenzará a computarse una vez que le sea notificada dicha resolución como es debido. S E N T E N C I A 1. Vistos los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 473/2023 y, R E S U L T A N D O 2. PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado electrónicamente el uno de marzo de dos mil veintitrés, 1 en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Francisco Javier Garnica Amezquita, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) Juez Décimo Séptimo Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco; 2) Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado Décimo Segundo Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. "IV. ACTOS RECLAMADOS: Ilegalmente decretar de plano la providencia precautoria de retención de bien propiedad de la quejosa en el juicio oral mercantil con expediente 119/2017 radicado en el Juzgado Décimo Séptimo en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco Eximir de otorgar garantía a BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÙLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, para que se le conceda la providencia precautoria de retención de bien propiedad de la quejosa en el juicio oral mercantil con expediente 119/2017 radicado en el Juzgado Décimo Séptimo en Material Oral Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. Máxime que dicha institución bancaria a la fecha cambio su denominación y sus apoderados en el juicio de origen no cuentan con personalidad válida para actuar. -Ordenar girar atento oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a efecto de que sirva inscribir la providencia precautoria de retención de bienes del bien propiedad de la quejosa.. SEGUNDO. Admisión de demanda y trámite de juicio de amparo. Por auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, 2 por una parte, se desechó la demanda de amparo en relación con el Secretario de Acuerdos adscritos al Juzgado Décimo Séptimo en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y, por otra parte, se admitió a trámite la demanda respecto a la diversa autoridad, y se registró con el expediente 473/2023, se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación, se otorgó al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se reconoció como tercero interesado a BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien en su oportunidad se apersonó al presente sumario;3 y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. 4. TERCERO. Ampliación de demanda. A través del escrito presentado el trece de abril de dos mil veintitrés, 4 amplió la demanda en relación con las autoridades responsables y actos siguientes: "(.) 1) Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco. 2) Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco. IV. ACTOS RECLAMADOS. -Ilegalmente anotar e inscribir embargo del 100% respecto del inmueble descrito como: Lote número 4, de la manzana 17 ubicado en Paseo del Águila Elegante con número oficial 102, del Desarrollo Denominado Quintas del Paraíso Primera Etapa, ubicado en Tonalá, Jalisco, mismo que cuenta con folio real 2197922 (.)." 5. CUARTO. Admisión de la ampliación. En auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, 5 se admitió a trámite la demanda, y se registró con el expediente 473/2023, se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, se otorgó al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención que legalmente le corresponde. 6. QUINTO. Incidente de falta de personalidad. Mediante ocurso presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés,6 la parte quejosa 2 Fojas 71 a 80 de autos. 3 Foja 91 de autos. 4 Fojas 209 a 214 de autos. 5 Fojas 222 a 224 de autos. 6 Fojas 352 a 354 de autos. 21/02/24 14:20:05 promovió incidente de falta de personalidad de la tercera interesada; el cual se declaró infundado en la interlocutoria de diecinueve de junio de dos mil veintitrés.7 7. Enseguida, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O 8. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, y 107 de la Ley de Amparo; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, debido a que se reclaman actos de autoridades civiles que tienen su residencia y ejecución dentro de la demarcación territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano. 9. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de orden, a continuación debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento del acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis y jurisprudencia -aplicables por identidad de razones- de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"8 y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". 9 10. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda en 7 Fojas 421 a 428 de autos. 8 La tesis con número registro 181810. se localiza en la página 255 del Tomo XIX, correspondiente a abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, novena época. 9 La jurisprudencia con número de registro 192097, se localiza en la página 32 del Tomo XI, correspondiente a abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, novena época. 21/02/24 14:20:05 relación con las constancias que obran en autos y a la luz del método deductivo, se advierte que la parte quejosa reclama: 11. Del Juez Décimo Séptimo en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, en donde se admitió y se decretó de plano la medida precautoria de retención de bienes, hasta por la cantidad de $280,588.87 (doscientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos, moneda nacional) y, por ende, se ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, a efecto de que inscribiera la medida aludida, respecto del inmueble: "lote 4 y la finca en él construida de la manzana 17, ubicado por Paseo del Águila Elegante con número oficial 102 del desarrollo denominado Quintas del Paraíso Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que cuenta con el folio real 2197922"; ello, en el juicio oral mercantil 119/2017, del índice de la responsable. 12. Del Director y del Director Jurídico y de Comercio, ambos del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco: La anotación e inscripción del embargo respecto del cien por ciento del inmueble siguiente: "lote 4 y la finca en él construida de la manzana 17, ubicado por Paseo del Águila Elegante con número oficial 102 del desarrollo denominado Quintas del Paraíso Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que cuenta con el folio real 2197922"; ello, en cumplimiento a lo ordenado por la Jueza Décimo Séptimo Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, en el juicio oral mercantil 119/2017, del índice de la responsable. 13. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Décimo Séptimo en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial, al Director y al Director Jurídico y de Comercio, ambos en el Estado de Jalisco, pues así lo reconocieron en su informe justificado.10 14. Es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:11 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 15. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que las autoridades responsables acompañaron a sus informes justificados atento a lo peticionado por este juzgado de distrito, consistentes en copias certificadas del juicio oral mercantil 119/2017 y del folio real de la finca que señala la parte quejosa, documentos a los que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. 16. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." 17. CUARTO. Legitimación. Francisco Javier Garnica Amezquita, se encuentra legitimado para promover este juicio constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, ya que está probado que en el contradictorio de origen tiene el carácter de demandado, lo que implica que lo actuado en dicho procedimiento impacta su esfera de derechos y esa situación lo legitima para ejercer la acción de amparo en contra de la resolución reclamada, en la cual se decretó la retención de un bien inmueble que aduce es de su propiedad, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco. 18. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia en materia administrativa I.2o.A. J/36, emitida por el Segundo Tribunal 11 La tesis 305 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394261, se localiza en la página 206, tomo VI, parte SCJN, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, quinta época. 21/02/24 6 Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,12 que señala: "INTERÉS JURÍDICO. PARTES EN UN PROCEDIMIENTO. Basta con que una persona intervenga como parte en un procedimiento, para estimar que tiene interés jurídico para impugnar las resoluciones que le sean adversas." 19. QUINTO. Oportunidad. El auto reclamado en la demanda fue notificado personalmente a la parte quejosa el catorce de febrero de dos mil veintitrés,13 mientras que el acto impugnado en la ampliación le fue notificado por Boletín Judicial, el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, y esas notificaciones surtieron efectos al día siguiente hábil, conforme a lo dispuesto por el ordinal 1075 del Código de Comercio,14 esto es, el quince de febrero de dos mil veintitrés y el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. 20. En ese sentido, el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo transcurrió para el disconforme del dieciséis de febrero al ocho de marzo de dos mil veintitrés y del veintinueve de marzo al veintiuno de abril de dos mil veintitrés. 21. Descontándose del primero de los períodos el dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero, así como, cuatro y cinco de marzo de dos mil veintitrés, mientras que del segundo, el uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de abril de dos mil veintitrés, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 22. Así como los días cinco, seis y siete de abril de dos mil veintitrés, toda vez que fueron declarados inhábiles de acuerdo a lo informado en la circular 12/2023, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, por tanto, en los asuntos que 12 Consultable en la Gaceta 68 del Semanario Judicial de la Federación, octava época, agosto de 1993, página 37, registro 215158 13 Fojas 459 del cuaderno de pruebas, tomo I. 14 Artículo 1,075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento. --- Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal. --- Cuando se trate de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien, pudiendo el juez, según las dificultades de las comunicaciones, y aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundando debidamente su determinación en ese sentido ante este órgano se ventilan, no correrían términos judiciales. 23. Sirve de sustento a lo expuesto, por los motivos que la informan, la jurisprudencia en materia común P./J. 5/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra preceptúa:15 "DÍAS INHÁBILES. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN EXCLUIRSE TANTO LOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE AMPARO AUNQUE HAYAN SIDO LABORABLES PARA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, COMO LOS CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA PROPIA LEGISLACIÓN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SUSPENDIERON SUS LABORES. Una correcta interpretación de los artículos 21 y 23 de la Ley de Amparo, conduce a estimar que del plazo para interponer la demanda respectiva, deben excluirse los días que expresamente se encuentran consignados como inhábiles en la citada ley, aun cuando hayan sido laborables para las autoridades responsables ante quienes deba hacerse la promoción, puesto que dichas disposiciones provienen de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que por ser la especializada en la materia es de observancia obligatoria para el trámite del juicio de amparo; lo cual no impide que en concordancia con el contenido de los diversos artículos 24 y 26 de la misma legislación, deban además excluirse de dicho término los días que aunque contemplados como hábiles por el citado artículo 23, hubiesen suspendido las labores el juzgado o tribunal en el que deba hacerse la promoción." 24. En consecuencia, si la demanda de derechos fundamentales y el escrito de ampliación, se presentaron el uno de marzo de dos mil veintitrés -como se aprecia por el sello visible en la evidencia criptográfica y de la boleta de turno del cuaderno de amparo- y el trece de abril del año en curso, respectivamente, se considera que son oportunas. 25. SEXTO. Procedencia. Al no existir diversa causa de improcedencia alegada por las partes, ni ser advertida de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto, a la luz de los conceptos de violación. 26. SÉPTIMO. Marco referencial. En este considerando se consignan los antecedentes relacionados con el acto reclamado que se desprenden del juicio oral mercantil 119/2017, del índice del Juzgado Décimo Séptimo en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado y de las constancias del folio real de la finca que señala la parte quejosa en su demanda de amparo. 15 La jurisprudencia con registro digital 205395, es localizable en la Gaceta 86-2 del Semanario Judicial de la Federación, octava época, febrero de 1995, página 11. 21/02/24 8 a) Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de sus apoderados, demandó en la vía oral mercantil, de Francisco Javier Garnica Amézquita e Irene Bernachi Olmedo, el vencimiento anticipado del plazo pactado en el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado, el pago de $280,588.87 (doscientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos, moneda nacional), por concepto de suerte principal, de los intereses ordinarios y moratorios, así como de los gastos y costas, entre otras prestaciones.16 b) De esa demanda conoció el Juez Séptimo Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, quien mediante acuerdo de dos de junio de dos mil diecisiete, previo cumplimiento a una prevención, la admitió a trámite, le asignó el expediente 119/2017 y, entre otras determinaciones, ordenó emplazar a juicio a la parte demandada.17 c) El trece de junio de dos mil diecisiete, se levantó acta en la que se manifestó la imposibilidad de emplazar a juicio a la parte demandada.18 d) En acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en virtud de que se actualizaba el supuesto previsto por el artículo 1070, quinto párrafo, del Código de Comercio, en el sentido de que en el documento fundatorio de la acción se pactó como domicilio convencional aquel en que se constituyó el Notificador adscrito, del cual manifestó su imposibilidad para emplazar a juicio a la parte demandada, se ordenó el emplazamiento a juicio mediante edictos, los cuales debían de publicarse tres veces consecutivas en el periódico Excélsior y en el periódico Milenio Diario.19 16 Fojas 01 a 04, del cuaderno de pruebas, tomo 1. 17 Fojas 06 vuelta a 07, ibídem. 18 Foja 08, ibídem. 19 Foja 09 ibídem. 21/02/24 Por auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora exhibiendo la publicación de los edictos correspondientes, por lo que, por conducto de la Secretaría, se ordenó levantar la certificación y cómputo correspondiente.20 f) Mediante proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, se declaró por perdido el derecho de los demandados para contestar la demanda y ofrecer pruebas; de igual manera, se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia preliminar.21 g) El dieciséis de enero de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia preliminar; asimismo, se señaló día y hora para la audiencia de juicio.22 h) El uno de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de juicio y se dictó la sentencia definitiva, en la que se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas.23 i) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se declaró que la sentencia causó ejecutoria por ministerio de ley y se concedió a la parte demandada el término de tres días para que cumpliera voluntariamente con ésta, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se procedería a la ejecución forzosa.24 j) El seis de junio de dos mil dieciocho, a petición de la parte actora, se ordenó requerir por edictos, a la parte demandada, por el pago de las cantidades condenadas en la sentencia definitiva, apercibida que de no hacerlo, el derecho pasaría al actor.25 k) Mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, Irene Bernachi Olmedo promovió juicio de amparo en contra del emplazamiento por edictos practicado en el juicio oral mercantil, el que se radicó en este Juzgado de Distrito con el número de expediente 763/2019-III. 20 Foja 13, ibídem. 21 Fojas 15 y 16, ibídem. 22 Foja 17, ibídem. 23 Fojas 18 vuelta a 28, ibídem. 24 Foja 30, ibídem. 25 Foja 35, ibídem. 21/02/24. 10 l) Por sentencia autorizada el nueve de mayo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa,26 para los efectos siguientes: 1) "Dejar insubsistente el emplazamiento por edictos reclamado, así como los actos posteriores, por lo que deberá ordenar reponer el procedimiento desde dicha actuación para conducirlo hasta su conclusión de acuerdo a las leyes que lo rigen. 2) Hacer extensiva la concesión de amparo a los actos de ejecución que también se reclaman, toda vez que, su ilegalidad se hace depender del emplazamiento por edictos reclamado por el que se concedió el amparo. 3) Además, la concesión del amparo también se hace extensiva al codemandado Francisco Javier Garnica Amézquita, únicamente en cuanto se refiere a la reposición del procedimiento, ya que al existir entre él y la quejosa litisconsorcio pasivo necesario y al haberse concedido el amparo a esta última, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de origen, a partir de su ilegal emplazamiento, ello constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la protección constitucional. (.) En el entendido de que la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo no tiene el alcance de dejar insubsistente el llamamiento a juicio de dicho litisconsorte, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente. (.). " m) El siete de junio del año en mención, el Juez de origen dictó auto en cumplimiento a la sentencia de amparo, en el que dejó insubsistente el emplazamiento a juicio por edictos realizado a la demandada Irene Bernachi Olmedo, así como los actos posteriores, por lo que ordenó reponer el procedimiento desde dicha actuación; asimismo, se hizo extensiva la concesión del amparo a los actos de ejecución, así como al codemandado Francisco Javier Garnica Amézquita, únicamente en cuanto se refiere a la reposición del procedimiento.27 n) El veinte de junio de dos mil diecinueve, por virtud de la petición formulada por la parte actora, se calificó el llamamiento a juicio del 26 Fojas 57 vuelta a 71 ibidem. 27 Fojas 91 a 92 ibídem. demandado Francisco Javier Garnica Amézquita, toda vez que su emplazamiento por edictos derivó de la misma constancia analizada en el juicio de amparo 763/2019, por virtud del cual se dejó insubsistente el emplazamiento de la codemandada Irene Bernachi Olmedo, y se declaró la nulidad de la diligencia practicada mediante edictos a la aquí quejosa, ordenando su práctica en forma legal, en los términos precisados en el auto de dos de junio de dos mil diecisiete.28 o) A través de las constancias levantadas el once de septiembre, siete y ocho de noviembre y cuatro de diciembre, de dos mil diecinueve, se hizo constar la imposibilidad de emplazar a juicio a los demandados.29 p) El diez de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó girar oficio a diversas dependencias con el objeto de que proporcionaran el domicilio que tenían registrado de los demandados.30 q) El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se practicó el emplazamiento a juicio de los demandados Francisco Javier Garnica Amézquita e Irene Bernachi Olmedo. 31 r) El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se calificó de legal el emplazamiento de los demandados, y en virtud de que transcurrió el término concedido para que dieran contestación a la demanda, se hizo efectivo el apercibimiento del auto de admisión y se les declaró precluido ese derecho, así como el de ofertar medios de prueba; asimismo, se ordenó notificar ese proveído y los subsecuentes mediante boletín judicial, hasta en tanto comparecieran a señalar domicilio procesal para recibir notificaciones.32 s) Seguido el juicio por sus etapas, el veinticinco de noviembre de dos mil veinte se dictó la sentencia del juicio, en la que se condenó a los demandados al pago de las prestaciones 28 Foja 97 a 99 ibídem. 29 Fojas 161,162, 164 a 166 y 168 a 169, ibídem. 30 Fojas 171 a 172 ibídem. 31 Fojas 195 vuelta a 203, ibídem. 32 Fojas 208 y 209 del cuaderno de pruebas, tomo I. 21/02/24. 12 reclamadas.33 t) En contra de la sentencia anterior, la demandada Irene Bernachi Olmedo, promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el expediente 31/2021, quien en sesión de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, determinó que la Justicia de la Unión no amparaba ni protegía a la parte quejosa.34 u) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió a la parte demandada el término de tres días para que cumpliera de manera voluntaria con la sentencia dictada en el juicio, apercibida que de no hacerlo, se procedería a su ejecución forzosa.35 v) El demandado Francisco Javier Garnica Amezquita promovió juicio de amparo indirecto, en contra del emplazamiento que se le practicó, del que originalmente conoció el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en el expediente 909/2021, sin embargo, declinó la competencia a este Juzgado, quien se avocó a su conocimiento en el expediente 1634/2021, a través del auto de uno de octubre de dos mil veintiuno. 36 w) A través de sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, 37 se concedió el amparo solicitado en el sumario constitucional aludido, para los efectos siguientes: 1) Dejar insubsistente el emplazamiento reclamado, así como los actos posteriores, por lo que se deberá ordenar reponer el procedimiento desde dicha actuación para conducirlo hasta su conclusión de acuerdo a las leyes que lo rigen (.). 2) Hacerse extensiva la concesión de amparo a los actos de ejecución que también se reclaman, toda vez que, su ilegalidad se hace depender del emplazamiento reclamado por el que se concedió el amparo. x) En auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, en 33 Fojas 230 vuelta a 239, ibídem. 34 Fojas 302 a 332 ibídem. 35 Fojas 335 vuelta a 336, ibídem. 36 Fojas 357 a 359, ibídem y 43 a 49 del cuaderno de pruebas, tomo II. 37 Fojas 144 a 169, ibídem. 21/02/24 14:20:05 cumplimiento a la ejecutoria de amparo aludido, se dejó insubsistente el emplazamiento a juicio de Francisco Javier Garnica Amézquita, así como las actuaciones practicadas con posterioridad, por lo que se ordenó reponer el procedimiento. y) En ocurso presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la parte actora solicitó providencia precautoria de retención de bienes, respecto del bien inmueble propiedad de los demandados.38 z) Dicha medida fue acordada el uno de diciembre de dos mil veintidós, 39 en los términos siguientes: "(.) Luego en relación al escrito signado por Luis Godínez Díaz, en su carácter de apoderado de la parte actora, el cual analizado su contenido, y en relación a lo que solicita, se le tiene al promovente solicitando medida precautoria de retención de bienes, para efecto de garantizar el cumplimiento de las prestaciones reclamadas en el juicio accionado, en consecuencia y visto que fue el contenido del escrito a estudio, se estima procedente la medida solicitada, pues con su escrito inicial se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 1175 del Código de Comercio, que literalmente dispone: (se transcribe artículo) En efecto, de una interpretación hermenéutica del citado precepto legal, así como del análisis de la solicitud que realiza el promovente y los documentos que acompaña al presente juicio, la suscrita juzgadora concluye que, efectivamente, se acreditan todos y cada uno de los extremos requeridos en ley, a saber: Se prueba de manera provisional, la existencia de un crédito líquido y exigible a favor de BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, mismo que acredita con los documentos que acompaña como base de su acción, de los que se advierte el adeudo en la cantidad de $280,588.87 (doscientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho pesos 87/100), por concepto de suerte principal; documentos con los que acredita el derecho que tiene a su favor y la determinación en la cantidad por la que solicita la medida precautoria. Además, expresa el valor exacto por el que solicita la providencia, esto es $280,588.87 (doscientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho pesos 87/100), monto sobre el que procede decretar la presente medida. 38 Fojas 316 a 317, ibídem. 39 Fojas 318 a 319, ibídem. Asimismo, como lo requiere el precepto legal reproducido, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los demandados no tienen otros bienes conocidos y como bien lo refiere de conformidad con el precepto 1168, penúltimo párrafo del Código de Comercio, se debe presumir el temor de que el bien sobre el cual recae la providencia sea ocultado, dilapidado o enajenado. Por lo anteriormente fundado y motivado al satisfacerse los requisitos del artículo 1175 del Código de Comercio, se decreta de plano, bajo la más estricta responsabilidad de la parte actora y sin audiencia de la contraria de conformidad a los dígitos 1171 y 1178 de mismo ordenamiento legal, la providencia precautoria de retención de bienes de las partes demandadas Francisco Javier Garnica Amezquita e Irene Bernachi Olmedo, en consecuencia: Resulta procedente, ordenar la retención del siguiente bien inmueble: Lote 4 y la finca en el construida de la manzana 17, ubicado por Paseo del Águila Elegante con número oficial 102, del desarrollo denominado Quintas del Paraíso, Primera Etapa, en el municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que cuenta con folio real 2197922. De conformidad con el ordinal 1168 último párrafo de la legislación mercantil, gírese atento oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con los insertos necesarios, siendo éstas copias certificadas de las actuaciones, previo pago de los derechos del Estado, a efecto de que se sirva inscribir dicha medida precautoria, lo anterior siempre y cuando se encuentre a nombre de los precitados demandados. Quedando responsable sobre la providencia precautoria el solicitante, siendo este de la misma manera sujeto a la responsabilidad de los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar con tal medida. Providencia precautoria de retención de bienes que se decreta hasta por la cantidad de $280,588.87 (doscientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho pesos 87/100). Medida de retención de bienes, la cual al ser la parte actora BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, integrante del Sistema Bancario Mexicano, atendiendo al numeral 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, se considera de acreditada solvencia, por lo cual se exime de exhibir la garantía prevista en la fracción V del numeral 1175 del Código de Comercio, a efecto de garantizar los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que la demandada sea absuelta de las prestaciones reclamadas. Se aclara que la presente resolución que concede la medida solicitada, así como su ejecución, no prejuzgan sobre la legalidad 21/02/24 Sentencia constitucional. 15 situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que la solicitó. Medida de retención de bienes que se admite y se decreta de plano. Debiendo de realizarse la notificación del presente proveído, por medio de Boletín Judicial, en virtud que en este tipo de procedimientos la única notificación que es de carácter personal, lo es el emplazamiento a juicio, sin que el presente proveído le revista tal carácter. 27. Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente sumario constitucional. aa)Mediante oficio DJ-7602/2023 presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, el Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, informó que inscribió la retención del bien inmueble aludido, el cual se encuentra incorporado en el folio real 2197922, para lo cual adjuntó la boleta registral.40 bb) Dicho comunicado fue recepcionado en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, 41 en los términos siguientes: "(.) En lo que ve al oficio DJ/7602/2023, proveniente del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, analizado en su contenido, informe a este Tribunal que se llevó a cabo la retención respecto del siguiente bien inmueble: Lote 4 y la finca en el construida de la manzana 17, ubicado por Paseo del Águila Elegante con número oficial 102, del desarrollo denominado Quintas del Paraíso, Primera Etapa, en el municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que cuenta con folio real 2197922. 28. La inscripción que se realizó respecto de la retención del inmueble, constituye el acto reclamado en el presente sumario constitucional. 29. OCTAVO. Estudio y resolución del asunto en relación con el acto reclamado que consiste en el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós. La parte quejosa aduce en sus conceptos de violación que las 40 Foja 01 vuelta, ibídem. 41 Fojas 28 a 29, ibídem. sentencia constitucional. 16 autoridades responsables carecen de competencia legal, para emitir el acto reclamado, toda vez que del documento fundatorio de la acción, referente a la escritura pública 18,057, se desprende que la parte actora fungió como intermediario y se comprometió a apoyar el Programa Extraordinario de Créditos para la Vivienda de los Trabajadores del Estado (PEC), el que a partir del año dos mil cinco, es conocido como Programa de Otorgamiento de Créditos, conforme a las condiciones, bases y reglas de operación del citado programa, el cual fue instaurado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su Fondo de Vivienda (FOVISSSTE), en el sentido de satisfacer la demanda de vivienda del quejoso, quien en ese momento era un trabajador derechohabiente. 30. Aduce que se le confirió un crédito hipotecario con base en las políticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su fondo de vivienda (FOVISSSTE), que se utilizó el total de la subcuenta individual del fondo de la vivienda, así como de su cuenta individual del Sistema del Ahorro para el Retiro, de ahí que sea evidente que el contrato es de naturaleza civil, por tanto, la autoridad responsable es incompetente, por razón de la materia, para dictar el acto reclamado. 31. Aunado a lo anterior, del escrito inicial de demanda se desprende que la parte actora en sus prestaciones, solicita la ejecución de la garantía hipotecaria, por lo que la demanda se debió presentar en un Juzgado de lo Civil en materia ordinaria. 32. Señala que en el auto reclamado, se determinó que el apoderado de la parte actora Luis Godínez Díaz, satisfizo los requisitos previstos por el precepto 1175 del Código de Comercio, sin embargo, actualmente la institución crediticia actora cambió de denominación y sus apoderados no tienen poder válido para solicitar dicha medida. 33. Lo expuesto es inoperante. 34. Lo inoperante de estos conceptos de violación deriva de que en tales motivos de inconformidad la parte quejosa impugna lo resuelto en los autos de veintitrés de mayo y dos de junio, de dos mil diecisiete, en los cuales, en el primero de ellos, se le reconoció el carácter de 21/02/24 14:20:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.09.73 Denisse Adriana Sánchez Pozos Mesa III Juicio de amparo 473/2023 Sentencia constitucional. 17 ??????????????? apoderado de la parte actora, entre otros, a Luis Godínez Díaz -representante de la parte actora que solicitó la medida de retención de bien inmueble-; mientras que, en el segundo, se admitió la demanda en la vía oral mercantil con lo cual, la autoridad responsable implícitamente se declaró competente para conocer de ésta. 35. Sustenta lo anterior, la tesis VII.1o.C.58 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice:42 "COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. PUEDE SER DECLINADA DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN EL PRIMER PROVEÍDO QUE SE DICTE RESPECTO DE LA DEMANDA PRINCIPAL O EN LA RECONVENCIÓN, PERO SI NO LO HACE QUEDA SUJETO A LAS DIVERSAS REGLAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 1114 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. De una interpretación sistemática de los artículos 1114 y 1115 del código citado, se advierte que las cuestiones de competencia sólo podrán plantearse a instancia de parte, ya sea por inhibitoria o declinatoria; pero deben proponerse como excepción al contestar la demanda, con las particularidades expresamente previstas en el artículo invocado en segundo lugar, en cuanto dispone que los tribunales quedan legalmente impedidos para declarar de oficio las cuestiones de competencia, si es que no se actualizan los supuestos del citado dispositivo, a saber: que sólo deberán inhibirse en forma oficiosa del conocimiento del negocio cuando se trate de competencias por razón de territorio o materia, pero siempre y cuando dicha inhibitoria se declare en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal o de la reconvención, cuando ésta sea procedente, según la cuantía del negocio. De ahí que si el juzgador, al proveer sobre la demanda inicial, la admite en sus términos, sin hacer mayor pronunciamiento en torno a su competencia por territorio o materia; dicha circunstancia veda su facultad para inhibirse de oficio en actuaciones subsecuentes pues, bajo ese tenor, queda sujeto a las diversas reglas contenidas en el precepto citado en primer término, esto es, las concernientes a que la parte demandada, al formular su contestación, puede oponer las excepciones de incompetencia por inhibitoria o por declinatoria, y en el supuesto de que no se excepcione en esos términos, debe estimarse que aquélla quedó sometida tácitamente a la competencia del Juez que la emplazó. De lo que se concluye que la autoridad responsable no se conduce conforme a derecho al declarar carecer de competencia legal para conocer del asunto, con posterioridad a la admisión a trámite de la demanda, o bien, hasta el dictado de la sentencia definitiva; en virtud de que ya no sería el momento procesal oportuno para ello y si, además, de las constancias de autos se advierte que a la parte demandada se le declaró en rebeldía por no haber formulado su contestación en tiempo; 42 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2307, Registro digital: 2021156, décima época. 21/02/24 18 resulta inconcuso que aquélla quedó sometida tácitamente a la competencia del Juez responsable; por tanto, si éste no lo estimó en esos términos, es evidente que su resolución es violatoria de los principios de legalidad y de seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 36. En efecto, en dichas resoluciones es donde el juez declaró su competencia para conocer del juicio del que emanan los actos reclamados y reconoció la personalidad del apoderado de la parte actora, mientras que en el auto reclamado de uno de diciembre de dos mil veintidós, se determinó procedente la medida precautoria de retención de bien inmueble. 37. Por tanto, como se anticipó, con ninguno de dichos conceptos de violación, ataca las consideraciones del acto reclamado, por las cuales se decretó procedente la medida de retención de bien inmueble, como lo son el cumplimiento de los requisitos previstos en los preceptos 1168 y 1175 del Código de Comercio, de ahí la ineficacia de los conceptos de violación en estudio. 38. Además, si bien es cierto, con base en el precepto 16 constitucional, la autoridad que dicte el acto de molestia debe ser competente, también no menos verídico es que en términos del precepto 1177 del Código de Comercio,43 es competente para conocer de ella el Juez o Tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio, como sucede en la especia. 39. De igual forma, de las actuaciones se desprende que el representante legal de la parte actora que solicitó la medida precautoria, tiene reconocida la personalidad que ostenta, por lo que es válido que la autoridad responsable acordara la petición de éste. 40. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia IV. 2o. 66 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado 43 "Artículo 1177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio." del Cuarto Circuito,44 que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. CUANDO SUS ARGUMENTOS SE DIRIGEN A COMBATIR UN ACTO DISTINTO AL RECLAMADO. Si el acto reclamado se hizo consistir en la resolución que, además de desechar el recurso de reclamación, le reitera al promovente que no es legalmente factible la admisión de diversas pruebas en virtud de que, mediante distinto acuerdo, se tuvo por no presentada la demanda fiscal de nulidad, y esta última determinación no fue reclamada en el juicio de amparo, los conceptos de violación que se dirigen a cuestionar la legalidad de la decisión de tener por no presentada la demanda deben considerarse inoperantes, precisamente por no estar relacionados con el acto reclamado." 41. En otro tema, el disidente refiere que la parte actora no comprobó la existencia de un crédito líquido y exigible, ya que del documento fundatorio, se desprende que se celebró un contrato de apertura de crédito sin garantía hipotecaria, empero, ésta no se constituyó, de ahí que, no se trata de un crédito líquido y exigible. 42. Aduce que no se cuenta con un crédito líquido y exigible, porque el bien inmueble que se pretende retener mediante las medidas precautorias cuenta con un fideicomiso que no se extinguió antes de otorgar el crédito que pretende cobrar la parte actora. 43. Refiere que no se cuenta con un líquido y exigible, puesto que el crédito base de los actos reclamados no pudo otorgarse, ya que las reglas de operación del programa extraordinario de créditos para la vivienda a los trabajadores del Estado, prohíbe que se realice una operación de este tipo, respecto de un inmueble que cuenta con un gravamen, sin embargo, no obstante lo anterior, la vivienda objeto del crédito que demanda la actora en el juicio de origen, le subsiste el fideicomiso, tal y como se desprende de las inscripciones que obran en el folio registral del inmueble aludido. 44. De igual manera, precisa que con las inconsistencias detectadas en el documento fundatorio de la acción, no se cumple con determinar con toda precisión el valor de las prestaciones que reclama. 44 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994, octava época, página 357 registro 209700. 20 45. Lo expuesto es infundado, porque contrario a lo que señala, sí se encuentra demostrada la existencia de un crédito cierto y exigible y se indicó con toda precisión el valor de las prestaciones que reclama, como se demostrará enseguida. 46. Los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio, establecen lo siguiente: "Artículo 1168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: (.) II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo." "Artículo 1175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante." 47. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte, entre otras disposiciones, que en los juicios mercantiles pueden dictarse como providencia precautoria, entre otra, la retención de bienes, siempre que exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía, o respecto de los cuales se vaya ejercer una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes; y, tratándose de acciones personales, siempre y cuando en contra de quien se pidan no tuviera otros bienes más que aquellos sobre los que deba practicarse la diligencia. 48. Además, establecen que si se trata de bienes consistentes en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros fungibles, se presumirá el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados. 49. De igual manera, se aprecia que para decretar dicha medida es necesario que el solicitante cumpla con los requisitos siguientes: a) Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor. b) Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión 22 c) Manifieste bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tiene el temor fundado de que los bienes consignados en garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercer la acción real, sean ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. d) Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos, más que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, al menos que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles. e) Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en el Código de Comercio, o bien, porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. 50. Pues bien, la certeza de un crédito implica que el derecho consignado en el título esté explícito en el documento, sin necesidad de acudir a información no consignada en él, para que su existencia se pueda verificar con el solo contenido textual del título. Por su parte, la exigibilidad surge cuando se satisfacen todos los elementos previstos por la ley o las partes, para que el crédito deba ser pagado, sin que esté de por medio un plazo dudoso o no cumplido, se pueda desprender de la documentación una condición de cualquier clase, o se adviertan hechos susceptibles de oponerse válidamente al acreedor. Finalmente, la liquidez del crédito significa su expresión numérica, en cantidad determinada, o como resultado de cálculos aritméticos sumamente sencillos, que puedan elaborarse con los elementos consignados claramente en la documentación. 51. En el caso, del auto reclamado se desprende que la autoridad responsable concedió la medida de retención de bienes, entre otros motivos, porque se probó la existencia de un crédito líquido y exigible a favor de la tercera interesada, el cual se encontraba demostrado con los documentos que acompañó como base de su acción, de los que se advierte un adeudo en la cantidad de $280,588.87 (doscientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho pesos 87/100), por concepto de suerte principal. 52. Pues bien, como lo sostuvo la autoridad responsable, la obligación de pago es cierta porque se encuentra en un documento consistente en la escritura pública número dieciocho mil cincuenta y siete, pasada ante la fe del Notario Público Ciento diecinueve de Guadalajara, Jalisco, Diego Olivares Quiroz, el veintidós de junio de dos mil siete, en donde entre otros actos, se celebró el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado entre Hipotecaria Nacional, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como acreditante y, por la otra, Francisco Javier Garnica Amézquita e Irene Bernachi Olmedo, como parte deudora, en donde la primera de las indicadas, confirió a ésta, un crédito por la suma de $299,960.43 (doscientos noventa y nueve mil novecientos sesenta pesos con cuarenta y tres centavos, moneda nacional), y el segundo se comprometió a pagarlo en doscientos cuarenta pagos mensuales iguales y sucesivos que se integran con el capital del crédito e intereses ordinarios, con una tasa de interés ordinaria pactada del doce punto cincuenta por ciento (12.50%) anual y de interés moratorio la tasa que resulte de multiplicar el uno punto cinco (1.5%), la tasa de interés ordinaria señalada previamente. 53. Así como también, se obtiene un crédito líquido que consiste en la cantidad adeudada hasta el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, por concepto de saldo insoluto y amortizaciones no pagadas, que asciende al importe de $280,588.87 (doscientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos, moneda nacional), de acuerdo al estado de cuenta suscrito por la contadora facultada por la institución contable, lo cual, se reclama por concepto de suerte principal. 54. Asimismo, las partes se sujetaron y obligaron al contrato referido y a la forma de pago, en los términos en que lo convinieron, de ahí que, al señalar el actor en su demanda que el demandado adeudaba, al momento de presentación de ésta, sesenta y un mensualidades, desde el mes de octubre de dos mil once hasta el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, por lo cual solicitó el vencimiento anticipado del crédito en términos de la cláusula décima segunda, por la falta de pago de una o más mensualidades de capital a que se obligaron en el contrato, se demuestra la exigibilidad respecto al adeudo señalado. 55. En ese tenor, el crédito de referencia es líquido y exigible, 24 porque en los documentos con toda precisión se estableció el saldo inicial de monto o línea de crédito, la forma y tiempo de pago, así como las consecuencias y términos de cobro en caso de incumplimiento; además, se indicó el adeudo hasta el momento en que se presentó la demanda, el cual asciende al importe de $280,588.87 (doscientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos, moneda nacional), por concepto de suerte principal, lo que, evidentemente, patentiza con exactitud el valor de la prestación reclamada, en términos del precepto 1175, fracción II, del Código de Comercio, 56. Ahora bien, no es óbice a lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido de que a su consideración el crédito que se le otorgó no cumple con las reglas de operación de créditos para la vivienda de los trabajadores derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás disposiciones aplicables, puesto que era materia de un fideicomiso que no se extinguió antes de otorgar el crédito que pretende cobrar la parte actora, además, de que en dichas reglas se prohíbe que se realicen ese tipo de operaciones respecto del inmueble que cuenta con un gravamen y la vivienda objeto del crédito que demanda la actora en el juicio de origen, le subsiste el fideicomiso. 57. Se considera lo anterior, porque el análisis de esas cuestiones no deben realizarse al momento de conceder la medida de retención de bienes, sino aquellos requisitos previamente sintetizados y que se contienen en los preceptos 1168 y 1175 del Código de Comercio; luego, las cuestiones que señala en sus conceptos de violación, en el mejor de los casos, son materia de defensa o de excepción al momento en que conteste la demanda promovida en su contra y en su momento se analizarán al dictar la sentencia definitiva, ya que involucran el fondo de la acción debatida. 58. De igual manera, de los artículos previamente sintetizados no se desprende que por el hecho de que el inmueble sea materia de un fideicomiso, no pueda ser objeto de una medida cautelar de retención de bienes; máxime que, como se verá más adelante, del folio real de la finca materia de la providencia precautoria, se desprende que dicho fideicomiso se extinguió parcialmente al momento en que los demandados adquirieron la finca objeto de la retención. Sustenta lo anterior, la tesis PC.III.C. J/2 K (11a.), del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, que señala:45 "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. LA FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA ANALIZARLA, AL PROVEER SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DE RETENCIÓN DE BIENES (CUENTAS BANCARIAS), DEBE LIMITARSE A UN CONOCIMIENTO SUPERFICIAL DIRIGIDO A LOGRAR UNA DECISIÓN DE MERA PROBABILIDAD POR LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO, RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL DERECHO DISCUTIDO EN EL PROCESO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios discrepantes sobre los alcances del análisis de la apariencia de la constitucionalidad del acto reclamado por los quejosos, quienes figuran como parte demandada en los juicios mercantiles de origen. Mientras uno consideró que implicaba revisar si se reunieron o no los requisitos establecidos para el otorgamiento de la providencia precautoria de retención de bienes reclamada y si se satisficieron o no los supuestos contemplados en el artículo 1175 del Código de Comercio, el otro concluyó que al resolver sobre la suspensión provisional, en el supuesto específico sometido a su decisión, y bajo el nivel de análisis propuesto en los agravios (valoración de pruebas y hechos) no resultaba válido revisar si la orden de retener bienes (cuentas bancarias), reúne los requisitos previstos en los artículos 1168 y 1175 del indicado ordenamiento legal. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito considera que el análisis de la apariencia del buen derecho, cuando se reclama una providencia precautoria consistente en retención de bienes (cuentas bancarias), debe determinarse por las circunstancias de cada caso, las que posibilitan analizar si se reunieron los requisitos previstos en los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio. Justificación: La apariencia del buen derecho consiste en determinar hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; entonces, la ponderación de ese elemento (apariencia del buen derecho), a que se refiere el artículo 138 de la Ley de Amparo, al decidir sobre la suspensión provisional cuando se reclama una providencia precautoria consistente en retención de bienes (cuentas bancarias), debe limitarse a las ilegalidades que salten a la vista al imponerse del contenido de la demanda y de sus pruebas (sin que esto amerite una valoración de grado tal, sólo propia del fondo del asunto) con base en una mera probabilidad y no certeza, que resulta de un estudio superficial de la violación alegada, de manera que son las circunstancias de cada caso, las que determinan si es posible analizar si se reúnen o no los requisitos previstos en los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio." 45 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, página 2742, undécima época, registro digital: 2024940. 26 60. Por otra parte. el hecho de que se hubiere celebrado un contrato de apertura de crédito sin garantía hipotecaria -porque a su consideración no se constituyó- no torna que el crédito no sea líquido ni exigible, ya que, como se vio, sí lo es para efectos de la medida decretada, habida cuenta que en el procedimiento de origen se ejerce la acción de vencimiento anticipado del contrato ante la falta de pago de diversas mensualidades, no así la correspondiente a la ejecución de la garantía hipotecaria, como para analizar el clausulado relativo a dicho acuerdo de voluntades. 61. En diverso motivo de disenso, el quejoso aduce que falta desahogar la audiencia preliminar, de ahí que, la actora en el juicio de origen no puede manifestar bajo protesta de decir verdad, tener el temor fundado de que el bien respecto del que solicitó la medida precautoria sea ocultado, dilapidado, dispuesto o enajenado, puesto que se desconoce si en la etapa de conciliación, se llegue a un convenio. 62. Dicho concepto de violación es inoperante porque parte de una consideración inexacta. 63. Esto es así, ya que la quejosa parte de la consideración inexacta de que al tratarse el juicio de origen de un procedimiento oral mercantil, para tener por demostrado el temor de que el bien respecto del que se solicitó la medida precautoria sea ocultado, dilapidado, dispuesto o enajenado, debe esperar el accionante al desahogo de la audiencia preliminar en donde las partes, en la etapa de conciliación, pueden llegar a un convenio. 64. Sin embargo, contrario a ello, los preceptos 1168, fracción II, inciso b) y 1175, fracción IV, del Código de Comercio, no establecen dicha circunstancia, sino que refieren como uno de los requisitos para decretar la medida precautoria de retención de bienes, tratándose de acciones personales, como sucede en el caso, que el ejecutante manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia y exprese las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles. 21/02/24 Luego, de su contenido, no se desprende que cuando se solicite la medida precautoria durante el procedimiento de un juicio oral mercantil, deba esperarse hasta el desahogo de la audiencia preliminar para inferir que existe el temor fundado de que los bienes sean ocultados, dilapidados o enajenados, sino que, contrario a ello, se insiste, preceptúa que el que pide la medida debe manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia y exprese las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, sin que se encuentre supeditado a que transcurra alguna etapa del procedimiento del juicio en el que se solicita la medida. 66. Ahora bien, el Juez de origen tuvo por demostrado los extremos de la fracción IV, del precepto 1175 del Código de Comercio, con las manifestaciones vertidas por el actor en el escrito en donde solicitó la providencia precautoria decretada y que consisten en las siguientes: "(.) Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la parte demandada actualmente ya no atiende las gestiones extrajudiciales de los ejecutivos de mi representada, negándose a recibirlos o entablar comunicación alguna con mi representada (.)." "(.) Bajo protesta de decir verdad manifestamos que nuestra representada no conoce ningún otro bien susceptible de garantizar el pago de lo reclamado. Por lo anterior, expresamos que mi representada tiene el temor fundado de que el demandado enajene el bien antes descrito para evitar hacer el pago de su adeudo (.)." 67. De dichas expresiones, se desprende que el temor fundado de la accionante se basa en que la parte demandada no atiende las gestiones extrajudiciales de la institución bancaria, se niega a recibirlos o entablar comunicación con éstos, además, de que el único bien susceptible de garantizar el pago de lo reclamado, es el señalado para su retención, de ahí que, se tenga el temor de que la parte reo lo enajene para evitar el pago de su adeudo. 68. Entonces, a través de dichas aseveraciones es que la autoridad responsable tuvo por demostrado el temor fundado para efecto de conceder la medida precautoria solicitada, sin que la parte quejosa esgrima argumento alguno para controvertirlas, sino que solo aduce que en la audiencia conciliatoria se puede celebrar un convenio, lo cual, 28 como se vio, no impide que se decreten las medidas precautorias para garantizar el resultado de la sentencia. 69. De ahí que, se estime inoperante el concepto de violación en estudio. 70. Sustenta lo anterior, por los motivos que la informan, la tesis I.12o.C.72 C (10a.), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala:46 "MEDIDAS PRECAUTORIAS. PARA QUE SE SURTAN LOS PRINCIPIOS DE VEROSIMILITUD DEL DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA EN LA FALTA DE PAGO, QUIEN LAS SOLICITA DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN CRÉDITO LÍQUIDO Y EXIGIBLE A SU FAVOR, AUNQUE NO CON LA MISMA CONTUNDENCIA QUE SE REQUIERE PARA LA ACCIÓN. Por regla general, pueden dictarse medidas precautorias cuando exista temor fundado de que la persona contra la que deba promoverse la demanda se ausente u oculte, o bien, pueda ocultar o disponer de los bienes con los que ha de responder de su obligación. La persona que solicite la retención de bienes, para su procedencia, debe cumplir con cuatro requisitos: a) probar la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; b) expresar el valor de las prestaciones que se reclaman; c) manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene más bienes que aquellos sobre los que se practica la medida; y, d) garantizar los daños y perjuicios que la medida precautoria pueda ocasionar al deudor, en caso de que no se presente la demanda oportunamente o porque se le absuelva en el juicio. De lo anterior se deduce que, con satisfacer estos requisitos, se acredita presuntivamente su derecho a demandar el pago de las prestaciones que le correspondan. Así, se surte el principio de verosimilitud del derecho y, en consecuencia, el de peligro en la demora en la falta de pago, sin que para ello sea necesario acreditar con documento fehaciente su derecho, puesto que ésta es una cuestión de fondo que se analizará una vez que se promueva la demanda correspondiente. Esto es, quien solicita la medida precautoria debe demostrar la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor, aunque no con la misma contundencia que se requiere para demostrar una acción." 71. De igual forma, sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia XVII.1o. J/3, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que dice:47 46 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2402, registro digital 2018169, décima época. 47 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Página: 1194, novena época, registro 190841. 21/02/24 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación se hacen valer argumentos en relación a consideraciones o razonamientos que no fueron expresados o abordados en la sentencia reclamada para resolver en la manera en que se hizo en la misma, deben entonces desestimarse tales conceptos por inoperantes, puesto que con ellos no se desvirtúa la legalidad de la referida sentencia, a menos de que se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja." 72. También, cobra aplicación, en lo conducente, la tesis XVII.1o.C.T.27 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y De Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que dice:48 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON LOS QUE SE SUSTENTAN EN SITUACIONES, CONSTANCIAS O PRUEBAS INEXISTENTES EN LOS AUTOS DE LOS QUE DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO. Los conceptos de violación deben consistir en razonamientos de carácter lógico jurídico, tendentes a poner de manifiesto que las consideraciones que rigen la sentencia, laudo o resolución reclamada, son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica; sin embargo, cuando esos razonamientos se hacen descansar o partir de situaciones, constancias o pruebas que no obran en los autos de donde emana el acto reclamado, ello torna inoperantes los conceptos, pues el tribunal no cuenta con elementos para determinar si son correctas o no las apreciaciones del quejoso." 73. En otro tema, la parte quejosa en sus conceptos de violación aduce que en el acto reclamado se contravienen sus derechos humanos, al eximir a la parte actora del pago de la garantía prevista en la fracción V, del numeral 1175 del Código de Comercio, al considerarla de notoria solvencia en términos del precepto 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que no existe base para exentarla de su pago. 74. Lo anterior lo sustenta en las tesis de rubro: "MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. LA GARANTÍA PARA OTORGARLAS A INSTITUCIONES DE CRÉDITO SE RIGE POR EL ARTÍCULO 1175, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SIN QUE OPERE LA EXCEPCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO" y "RETENCIÓN DE BIENES. LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA BANCARIO DEBEN OTORGAR GARANTÍA 48 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, página 785, novena época, registro 178225. 21/02/24 14:20:05. 30 EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1175, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA RESPONDER DE LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DICHA MEDIDA PRECAUTORIA PUEDA OCASIONAR AL DEUDOR". 75. Lo expuesto es infundado, en virtud de que contrario a lo que señala la parte quejosa, la institución crediticia está exenta de exhibir la garantía prevista por el precepto 1175, fracción V, del Código de Comercio, porque es de acreditada solvencia, de ahí que no se encuentre obligada a presentarla. 76. En efecto, el precepto 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece lo siguiente: "Artículo 86.- Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aún tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos." 77. De la interpretación del precepto transcrito se desprende que mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos. 78. Ahora bien, respecto al tema correspondiente a si las instituciones bancarias deben exhibir las garantías que se exigen por los posible daños y perjuicios que se pudiera ocasionar a su contraparte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 46/2020, concluyó que las instituciones de crédito que no se encuentren en liquidación o procedimiento de quiebra, no están obligadas a exhibirlas. 79. Lo anterior, porque la aparente antinomia entre los artículos 86 de la Ley de Instituciones de Crédito y 1175, fracción V, del Código de Comercio, se dirime con el criterio de especialidad normativa, debiendo 21/02/24 prevalecer la excluyente de exhibir garantía contenida en el primero de tales numerales sobre la exigencia de presentarla impuesta por el segundo. 80. Ello, habida cuenta que en el artículo 640 del código mercantil, en su texto anterior a su derogación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, el legislador reconoce que las instituciones de crédito se rigen por la Ley de Instituciones de Crédito, y el precepto 86, está en función de los sujetos para quienes fue creada (banca múltiple y banca de desarrollo) y del objeto que regula (la liberación de constituir depósitos, fianzas y garantías dentro o fuera de juicios o procedimientos). 81. Por su parte, consideró que el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio constituye un marco general, ya que resulta aplicable para todo el universo de sujetos que, en un juicio mercantil, vía prejudicial o en instancia, pretendan la obtención de una medida precautoria de retención de bienes. Ante dicha generalidad, rige el principio de especialidad de la norma en el caso concreto. 82. De dicha contradicción emanó la jurisprudencia 1a./J. 18/2021 (10a.), que dice:49 "PROVIDENCIA PRECAUTORIA DE RETENCIÓN DE BIENES EN EL JUICIO MERCANTIL. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN OBLIGADAS A GARANTIZAR LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SU OTORGAMIENTO PUDIERA OCASIONAR. Hechos: El Tribunal Colegiado de Circuito y el Pleno de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos respecto a si las instituciones de crédito están obligadas o no a garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al deudor con la imposición de la medida precautoria de retención de bienes en los juicios mercantiles. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las instituciones de crédito que no se encuentren en liquidación o procedimiento de quiebra, no están obligadas a exhibir garantía por los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a su contraparte en un juicio mercantil, por el otorgamiento de dicha medida precautoria. Justificación: La aparente antinomia entre los artículos 86 de la Ley de Instituciones de Crédito y 1175, fracción V, del Código de 49 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3497, undécima época, registro digital 2023234 21/02/24 32 Comercio, se dirime con el criterio de especialidad normativa, debiendo prevalecer la excluyente de exhibir garantía contenida en el primero de tales numerales sobre la exigencia de presentarla impuesta por el segundo. Lo anterior es así, porque en el artículo 640 del código mercantil, en su texto anterior a su derogación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, el legislador reconoce que las instituciones de crédito se rigen por la Ley de Instituciones de Crédito, y el precepto 86, está en función de los sujetos para quienes fue creada (banca múltiple y banca de desarrollo) y del objeto que regula (la liberación de constituir depósitos, fianzas y garantías dentro o fuera de juicios o procedimientos). Por su parte, el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio constituye un marco general, ya que resulta aplicable para todo el universo de sujetos que, en un juicio mercantil, vía prejudicial o en instancia, pretendan la obtención de una medida precautoria de retención de bienes. Ante dicha generalidad, rige el principio de especialidad de la norma en el caso concreto." 83. Por tanto, si la parte actora que solicitó la medida se trata de una institución de crédito, como lo es, BBVA, Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, es correcto que la autoridad responsable la exentara de su pago, en términos del precepto 86 de la Ley de Instituciones de Crédito. 84. Sin que resulten aplicables las tesis que cita la quejosa como apoyo de sus conceptos de violación, habida cuenta que la primera de ellas es un criterio aislado que no resulta obligatorio para este Juzgado en términos del precepto 217 de la Ley de Amparo; mientras que la segunda fue superada con la jurisprudencia reseñada en líneas que anteceden, la cual resulta de observancia obligatoria para este Juzgado. 85. NOVENO. Estudio y resolución del asunto en relación con el acto reclamado que consiste en la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado, de la medida de retención de bienes. La parte quejosa aduce en sus conceptos de violación que el acto reclamado es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que las autoridades responsables ilegalmente anotaron e inscribieron la retención del inmueble decretada en el cien por ciento de la finca que aduce es de su propiedad, no obstante que las medidas precautorias se decretaron por el importe de $280,588.87 (doscientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho pesos 87/100 moneda nacional). 86. Lo expuesto es infundado, porque contrario a lo que señala la 21/02/24 parte quejosa, la inscripción que realizaron las autoridades responsables se encuentra apegada a lo ordenado por la Jueza de origen, como se demostrará enseguida. 87. Para evidenciar lo anterior, los artículos 31, 62 y 73 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, establecen lo siguiente: "Artículo 31.- Para llevar a cabo una inscripción, se requiere el consentimiento de su titular registral, excepto en los casos en que la inscripción sea ordenada por autoridad competente." "Artículo 62.- Ningún registro podrá efectuarse, si no consta que el que lo pretende tiene derecho para pedir que se haga o es apoderado o representante legítimo del que lo tenga, y que se han cubierto las obligaciones fiscales correspondientes. Los notarios públicos podrán solicitar el registro de los actos formalizados ante su fe pública. La forma de presentar las solicitudes y los requisitos para admitir el registro, se determinarán por las disposiciones contenidas en la presente Ley y su Reglamento." "Artículo 73.- La institución al recibir una orden judicial o administrativa que decrete un registro, anotación o cancelación, no juzgará su legalidad; sin embargo, de advertir que se contravienen disposiciones legales por las que no deba practicarse el acto solicitado, lo hará saber a la autoridad respectiva. Si a pesar de ello ésta insistiere, se procederá al registro del documento." 88. Del contenido de los artículos aludidos, se desprende que para llevar a cabo una inscripción, se requiere el consentimiento de su titular registral, excepto en los casos en que la inscripción sea ordenada por autoridad competente. 89. De igual forma, que ningún registro podrá efectuarse, si no consta que el que lo pretende tiene derecho para pedir que se haga o es apoderado o representante legítimo del que lo tenga, y que se han cubierto las obligaciones fiscales correspondientes. 90. También que la institución al recibir una orden judicial o administrativa que decrete un registro, anotación o cancelación, no juzgará su legalidad; sin embargo, de advertir que se contravienen disposiciones legales por las que no deba practicarse el acto solicitado, lo hará saber a la autoridad respectiva. Si a pesar de ello ésta insistiere, se procederá al registro del documento. 21/02/24 34 91. En el caso, en auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, se decretó procedente la medida de retención del bien inmueble solicitada por la parte actora, de ahí que, en términos del artículo 1168, párrafo primero, del Código de Comercio,50 se giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, para que procediera a inscribir la providencia precautoria precisada, en los términos siguientes: "Oficio 17 JOM 3959/2022- Exp. 119/2017. Asunto: Inscripción de medida. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO. PRESENTE. En cumplimiento a lo ordenado por el auto de fecha 01 primero de diciembre de 2022 dos mil veintidós, dictado en el juicio oral mercantil, que promueve BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra de Francisco Javier Garnica Amezquita e Irene Bernachi Olmedo, tramitado bajo número de expediente 119/2017, se ordenó girar atento oficio a Usted por segundo ordenamiento a efecto de que si tiene a bien y no existe inconveniente legal alguno se sirva llevar a cabo la inscripción de la medida precautoria decretada en el auto antes citado, siempre y cuando se encuentre a nombre de demandado, respecto de: ? Lote 4 y la finca en el construida de la manzana 17, ubicado por Paseo del Águila Elegante con número oficial 102, del desarrollo denominado Quintas del Paraíso, Primera Etapa, en el municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que cuenta con folio real 2197922. Se adjunta copias certificadas para cumplimentar lo ordenado. Aprovecho la oportunidad para saludarle y reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. A T E N T A M E N T E Ciudad Judicial en Zapopan, Jalisco, a 12 doce de diciembre del año 2022 dos mil veintidós. Licenciada Judith Covarrubias Robles. Juez Décimo Séptimo en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial." 92. De lo anterior, se desprende que la Jueza Décimo Séptimo en 50 Artículo 1,168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: (.) II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo. 21/02/24 Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en cumplimiento al auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, giró el oficio 17JOM3959/2022, para solicitar al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, llevara cabo la inscripción de la medida decretada en el folio real 2197922 respecto del bien inmueble propiedad de la parte demandada. 93. En cumplimiento a dicha petición, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, el Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco -al encontrarse el inmueble sobre el que se decretó la medida precautoria a nombre de los demandados- procedió a la inscripción de la medida de retención del bien inmueble en el folio real precisado en los términos siguientes: "(.) Anotación de embargo: Quedando inscrito en folio 2197922, oficio No 17JOM3959/2022, expediente no. 119/2017 girado por JUDITH COVARRUBIAS ROBLES, Juez Décimo Séptimo Oral Mercantil: embargo del 100% (.)." 94. Ahora bien, como se anticipó, contrario a lo señalado, por la parte quejosa en el concepto de violación en estudio, desde el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, la Juez de origen, ordenó la retención del bien inmueble propiedad de la quejosa, respecto de la totalidad de la finca, al no establecer porcentaje alguno, sino que por el contrario, se refirió expresamente que se practicara en el folio real del inmueble aludido. 95. Por tanto, el actuar del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, se encuentra apegado a lo que le fue solicitado, habida cuenta que al advertir que el inmueble se encontraba a nombre de los demandados en el juicio de origen -requisito impuesto por la Jueza del conocimiento- sin cuestionar la legalidad de la misma, como lo precisa el precepto 73 transcrito, procedió a la inscripción de la medida precautoria aludida respecto del cien por ciento del inmueble precisado, señalando como monto del adeudo la suma de $280,588.87 (doscientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho pesos 87/100 moneda nacional), de ahí que no se excedió en lo peticionado por el Juez de origen. 96. En consecuencia, si el quejoso considera que la medida precautoria no debe decretarse respecto del cien por ciento de la finca, ya 36 que la suerte principal reclamada es por la cantidad que precisa, debe hacerlo valer en contra del auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, puesto que en dicha resolución así fue determinada la retención de bienes y la autoridad administrativa aludida cumplimentó lo peticionado, una vez que advirtió que el inmueble se encontraba registrado a nombre de los demandados. 97. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la informan, la tesis I.3o.C.600 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice:51 "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LO RIGEN. El Registro Público de la Propiedad no genera, por sí mismo, la situación jurídica a la que da publicidad, esto es, no constituye la causa jurídica de su nacimiento, ni tampoco es el título del derecho inscrito, sino que se limita por regla general a declarar, a ser "un reflejo" de un derecho nacido extraregistralmente mediante un acto jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes, y la causa o título del derecho generado es lo que realmente se inscribe o se asienta en la anotación relativa con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, se declara así para que sea conocido por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jurídica del estado que guardan los bienes sobre los que muestran interés. Por las razones aludidas, en el Registro Público de la Propiedad existen una serie de principios fundamentales, a saber: El de publicidad, conforme al cual el público además de tener acceso a las inscripciones, también tiene el derecho de enterarse de su contenido; el de inscripción, por el que los derechos nacidos extraregistralmente pueden ser oponibles a terceros; el de especialidad, que exige determinar en forma precisa el bien o derecho de que se trate; el de consentimiento, en virtud del cual sólo puede modificarse una inscripción, con la voluntad de la persona titular, y el titular del registro debe consentir la modificación de ese asentamiento; el de tracto sucesivo, que impide el que un mismo derecho real esté inscrito al mismo tiempo a nombre de dos o más personas, a menos que se trate de copropiedad, puesto que toda inscripción tiene un antecedente y debe extinguirse para dar lugar a una nueva; el de rogación, que prohíbe al registrador practicar inscripciones de motu proprio, pues es necesario para ello que quien lo solicite se encuentre legitimado, esto es, debió ser parte en el acto o bien tratarse del notario autorizante de la escritura o el Juez del conocimiento; el de propiedad, que es uno de los pilares del registro, y conforme al cual ante la existencia de dos títulos contradictorios, prevalece el primero que se hubiese inscrito; el de legalidad, que 51 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Marzo de 2007, página 1757, novena época, registro digital 172932 21/02/24 impide se inscriban en el registro títulos contrarios a derecho o irregulares y faculta al registrador para calificar estas circunstancias; el de tercero registral, conforme al cual, para efectos del registro, se entiende por tercero a quien sin ser parte en el acto jurídico que originó la inscripción, tiene un derecho real sobre el bien inscrito; y finalmente, el de fe pública registral o legitimación registral, cuyo efecto es que se tenga por verdad legal en relación con un derecho real inmobiliario, lo que aparece asentado en el Registro Público; principios todos ellos que se encuentran contenidos en los artículos 3001, 3003, 3009, 3010, 3013, 3015, 3030, 3031, 3064 del Código Civil para el Distrito Federal." 98. Por otro lado, en diverso motivo de disenso, la parte quejosa aduce que la Jueza de origen ordenó la medida precautoria respecto del "lote y la finca", por lo que la autoridad responsable registral se debió negar a realizar la inscripción, porque el bien inmueble se encuentra registrado como "lote", y no como se refiere en el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós. 99. Lo expuesto es infundado, porque contrario a lo que señala, el hecho de que se hubiere solicitado registrar la medida de retención de bien inmueble respecto de un lote y finca y en los asientos registrales se encuentre precisado como lote, no es impedimento para proceder a la inscripción precisada, porque los demás datos de identificación de la finca coinciden, como lo son número de lote de terreno, manzana, calle, número, colonia, municipio y estado, en donde se encuentra ubicado el inmueble, así como el folio real proporcionado. 100. En efecto, en el oficio 17JOM3959/2022, la Jueza de origen solicitó al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, que procediera a la inscripción de la medida de retención en el bien inmueble siguiente: ? Lote 4 y la finca en el construida de la manzana 17, ubicado por Paseo del Águila Elegante con número oficial 102, del desarrollo denominado Quintas del Paraíso, Primera Etapa, en el municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que cuenta con folio real 2197922. 101. Por su parte, en el folio real 2197922, en donde se llevó a cabo la inscripción de la medida de retención de bien inmueble, se encuentra registrado el inmueble siguiente: ? Lote número 4 de la manzana 17 ubicado en Paseo del Águila 21/02/24. 38 Elegante con número oficial 102, del Desarrollo denominado Quintas del Paraíso Primera Etapa, ubicado en Tonalá, Jalisco. 102. Como se ve, todos los datos de la finca respecto de la cual se determinó la medida precautoria coinciden, como lo son número de lote de terreno, manzana, calle, número, colonia, municipio y estado, en donde se encuentra ubicado el inmueble, con lo cual, es factible su identificación y coincidencia. 103. Además, se proporcionó el folio real de la finca en donde debía inscribirse el gravamen, el cual, de acuerdo a lo establecido en los preceptos 5º, fracción X y 56 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco,52 se trata de un expediente con toda la información referida a un mismo mueble, inmueble o persona jurídica, considerado cada uno de éstos como una unidad registral con historial jurídico propio, cuya información deba ser procesada de manera electrónica o en forma manual; siendo que el número de folio real es exclusivo para cada inmueble. 104. En consecuencia, contrario a lo que indica la parte quejosa, no debía negarse por parte de la autoridad responsable, la inscripción del embargo de la finca en el folio registral precisado, por el hecho de que se señaló "lote y finca" cuando de los datos del inmueble ante la autoridad registral se desprende que aparece como "lote", dado que, se insiste, los datos de identificación del inmueble y el folio real coinciden, el cual pertenece al inmueble registrado a favor de los demandados. 105. Finalmente, la disidente refiere que la responsable no debió registrar el embargo o medida precautoria respecto del bien inmueble precisado, porque existe un fideicomiso inscrito el nueve de diciembre de dos mil cinco, lo que hace imposible cualquier anotación de gravámenes. 106. Es infundado este concepto de violación, porque contrario a 52 "Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: (.) X. Folio Registral: expediente con toda la información referida a un mismo mueble, inmueble o persona jurídica, considerado cada uno de éstos como una unidad registral con historial jurídico propio, cuya información deba ser procesada de manera electrónica o en forma manual." "Artículo 56.- Los diversos sistemas registrales aplicables por los funcionarios públicos con fe pública registral deberán garantizar seguridad técnica y jurídica, inviolabilidad y la identificación indubitable de los inmuebles, y se llevará a cabo a través de folios registrales, de acuerdo a cada una de las Secciones que se describen en la presente Ley." 21/02/24 ello, el hecho de que encuentre registrado un fideicomiso no impide que puedan registrarse diversos gravámenes respecto del bien inmueble en el que se constituyó, puesto que dicha restricción no se desprende de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco y de su Reglamento. 107. Máxime que, la anotación del fideicomiso fue cancelada, ante la extinción parcial de éste, el veintidós de junio de dos mil siete, por la transmisión del inmueble a la aquí quejosa y a su codemandado, lo que se desprende de las constancias que fueron acompañadas al informe justificado. 108. Por tanto, contrario a lo que señala, la autoridad responsable no se encontraba impedida, por dicho motivo, a inscribir la medida precautoria de retención de bien inmueble, en el folio real correspondiente al inmueble que refiere la parte quejosa. 109. En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación en estudio, además de no advertirse materia de inconstitucionalidad en la resolución impugnada aun ejerciendo la suplencia de la queja deficiente en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, ni materia para ejercer el control de convencionalidad ex officio, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. 110. Sin que sea el caso de tomar en consideración lo manifestado por las partes a manera de alegatos, toda vez que éstos, por su naturaleza jurídica, constituyen opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones. 111. Tiene apoyo lo anterior, el contenido de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación53, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". 112. Por otro lado, conviene señalar que todos aquellos criterios que se han invocado en este fallo, resultan aplicables, aun cuando algunos de ellos se integraron con anterioridad a la entrada en vigor del ordenamiento de 53 En materia común P./J. 27/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 80, agosto de 1994, página 14, registro 205449. 40 la materia publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo en vigor, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en la nueva ley; por lo que es evidente que tales criterios cobran aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo "Sexto" transitorio54 del Decreto invocado. 113. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE, respecto de los actos y las autoridades señaladas en el resultando primero de esta sentencia, conforme a las consideraciones expuestas en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Tatiana Elizondo Piña, Jueza Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitió la excesiva carga de labores con la que cuenta este Juzgado, ante Denisse Adriana Sánchez Pozos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe
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