Francisco Javier Garduño Ruíz

Expediente 190/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
190/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2018

Partes del expediente

  • Francisco Javier Garduño Ruíz

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual comunica a este órgano de control constitucional el auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, de cuyo contenido se advierte que se admitió a trámite el medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa, el cual se registró en su índice como queja QT. 27/2018. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se está en espera del testimonio de la resolución que emita dicho órgano colegiado en el expediente en cita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito presentado por Gerardo Efraín Sámano González, en su carácter de autorizado del quejoso Francisco Javier Garduño Ruíz, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 53 a 58), por el que se desechó la demanda de amparo y, expresa agravios. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; además, ríndase el informe respectivo en términos de lo establecido en el párrafo primero del diverso precepto legal 101 de la legislación invocada. Finalmente, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original con el anexo que se acompaña, así como copia del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno, y con copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado, Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de febrero de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Garduño Ruíz, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, Estado de México; fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro de gobierno con el número 190/2018. Precisado lo anterior, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente consiste en: La omisión por parte del Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, Estado de México, de dar cumplimiento al laudo emitido el trece de junio de dos mil catorce, así como a la resolución emitida en el incidente de liquidación de laudo de ocho de octubre de dos mil catorce, ambas emitidas en el juicio laboral 917/2010 y su acumulado 505/2011, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con sede en Toluca. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1º y 5º, fracción II de la invocada ley, pues en el caso, el citado acto reclamado se atribuye al Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, Estado de México, autoridades que no tienen el carácter de responsables para efectos del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, es necesario precisar que los citados artículos establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: - - - I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y - - - III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: - - - II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. - - - La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. - - - La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. - - - La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos legales antes reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos -u omisiones- que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Aquello es así, porque el preindicado artículo 1° del citado ordenamiento legal, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; de ahí que, lo anterior -interpretado a contrario sensu- se reduce al hecho de que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de una autoridad; por tanto, el artículo 5°, fracción II, que define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, y la fracción XXIII del artículo 61, del mencionado ordenamiento jurídico, que refiere la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de la propia Ley de Amparo, resulta incuestionable que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman actos u omisiones que no son considerados de autoridad para efectos de aquél. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable, para efectos del juicio constitucional, es aquella que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, que omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas; asimismo, los particulares tienen calidad de autoridad responsable, cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad que afectan derechos fundamentales, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En abundamiento, es conveniente citar que la palabra "autoridad" proviene del vocablo "auctoritate", cuyo significado se traduce al derecho o poder de mandar, regir y/o gobernar, en otras palabras, es el poder de imponer obediencia. Con motivo de lo anterior, el concepto de autoridad se entendía como la capacidad de utilizar la fuerza pública para interponer determinaciones unilaterales; sin embargo, esa definición se ha ido ampliando a través del tiempo, debido al nacimiento de autoridades administrativas y a la complejidad de las relaciones jurídicas entre éstas y los particulares. Entonces, para dilucidar aún más la causa de improcedencia en estudio, es necesario precisar, además, que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de observancia obligatoria para este juzgador, en términos de lo prescrito en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía y por las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J. 103/2011 establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 754 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de 2011, Novena Época, materia común, con registro 161047, que refiere: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga." Luego, si en el caso que nos ocupa se reclama una omisión atribuida esencialmente al Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, Estado de México, por el incumplimiento al laudo de trece de junio de dos mil catorce, así como a la resolución emitida en el incidente de liquidación de laudo de ocho de octubre de dos mil catorce, ambas dictadas en el juicio laboral 917/2010 y su acumulado 505/2011, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con sede en Toluca, resulta indiscutible que el incumplimiento al laudo de mérito, por parte de las citadas autoridades, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque dentro del juicio de origen al Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, Estado de México, le reviste el carácter de demandada y al aquí quejoso el carácter de actor, por lo que la igualdad procesal que subyace en éstas también se extiende al ámbito de la ejecución de las sentencias; en otras palabras, la demandada en el juicio natural no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación procesal con carácter de demandada en la contienda laboral de origen; por tanto, la omisión o incumplimiento de la sentencia no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia de este juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que de los antecedentes del acto reclamado, no se advierta si las autoridades que aquí se señalan como responsables Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, Estado de México, fueron demandadas de manera individual en el juicio natural, sin embargo, al formar parte del Ayuntamiento en comento, subsiste la causa de improcedencia en los términos analizados. Es aplicable la tesis aislada XV.5o.3 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1500, del Tomo II, Libro 4, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006034, que establece: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." Al respecto, es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia 2ª./J. 79/2014 (10ª.) establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 699 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 9, correspondiente a agosto de 2014, tomo II, Décima Época, materia común (con registro 2007066), que rige: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." Máxime que no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque, se reitera, las autoridades aquí señaladas como responsables actúan en una relación procesal de igualdad derivada de la contienda procesal que entabló el aquí quejoso. De ahí que la improcedencia en estudio, radica en la imposibilidad de concretar el objetivo que persigue el juicio constitucional; esto es, restituir a los promoventes en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en el caso en particular, debiera traducirse en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija; sin embargo, lo anterior resulta jurídicamente imposible, en razón de que la omisión que se combate, no tiene su origen en una relación de supra a subordinación; además de que no escapa a la atención del suscrito, el hecho de que los quejosos tienen una extensa gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de la sentencia dictada en el juicio laboral subyacente. Además, no pasa desapercibido que el quejoso en su escrito de demanda haya hecho cita de la jurisprudencia: 1a./J. 43/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/2015, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2014918 cuyo rubro y texto son: "AYUNTAMIENTOS COMO ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. DEBEN CONSIDERARSE COMPRENDIDOS EN LAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El citado precepto establece una regla general de igualdad de las partes en los juicios regidos bajo las normas de ese Código, al señalar que las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas tendrán, en cualquier forma en que intervengan en el procedimiento judicial, la misma situación que otra parte cualquiera; pero acota esa regla general con dos excepciones específicas, a saber: 1) que no se podrá dictar mandamiento de ejecución ni providencia de embargo en contra de los entes públicos allí referidos; y 2) que éstos estarán exentos de prestar las garantías señaladas en el propio ordenamiento. Ahora bien, ese dispositivo no hace mención expresa como destinatarios de esas excepciones a los entes de la Administración Pública Municipal, particularmente, a los Ayuntamientos; sin embargo, esa imprevisión de la norma encuentra explicación en el hecho de que, el Código Federal de Procedimientos Civiles fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1943, y su artículo 4o. no ha tenido cambio alguno desde su expedición; siendo que, en la época de su creación, el sistema federal mexicano se encontraba concentrado en una organización de estructuras y competencias bajo dos órdenes de gobierno: el federal y el estatal, y los municipios estaban subordinados a este último; y ha sido conforme a la evolución constitucional que ha tenido el Municipio, a través de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que éste se ha consolidado como un orden de gobierno y no sólo de administración, con autonomía jurídica y competencia específica en la prestación de determinados servicios públicos. Por tanto, advirtiéndose que la anterior es la razón por la cual el artículo 4o. referido no hace mención expresa del orden municipal, distinguiéndolo del federal y el estatal, se concluye que los entes de la Administración Pública Municipal, entre ellos, los Ayuntamientos, deben considerarse comprendidos en el supuesto jurídico de ese precepto, pues actualmente el Municipio cuenta con los caracteres que lo colocan como nivel autónomo de gobierno que ejerce una administración pública propia y distinta de la que realiza la entidad federativa a la que pertenezca." Lo anterior es así, porque del contenido de su ejecutoria, se desprende que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó lo dispuesto en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estipulando que "los entes de la administración pública deben considerarse comprendidos en la hipótesis del artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles"; sin embargo, dicho precepto legal, no es aplicable a la materia laboral, pues en el caso que nos ocupa sí existe disposición legal en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en la que sí se prevé el procedimiento de ejecución forzosa a seguir en contra del laudo dictado a favor del ahora parte quejosa, facultando al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para que, de ser necesario, decrete providencias de embargo, para garantizar la obligación a su cargo derivada del juicio laboral. Además, en dicha jurisprudencia no se examinó ni se tuvo en cuenta las particularidades que presenta la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, a que se ha hecho referencia; sino que, distinto a ello, se centró en actualizar la interpretación que corresponde hacer del contenido jurídico del artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, para concluir que las entidades públicas municipales quedan comprendidas en la prevención que consigna. En consecuencia, la omisión y/o negativa atribuida a la autoridad que señala como responsable, al no constituir un acto de autoridad, actualiza la causa de improcedencia que se estudia, por ende, procede desechar de plano la demanda promovida por Francisco Javier Garduño Ruíz, contra actos del Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, Estado de México, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, 5º y 217, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Por otro lado, se precisa al quejoso que similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 130/2017, formado con motivo del juicio de amparo indirecto 990/2017, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por lo que se ordena glosar copia certificada de dicha resolución. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el quejoso. Luego, acorde con el artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados de la parte quejosa a las personas señaladas en la demanda de cuenta para tal efecto. Ahora bien, por cuanto hace a su solicitud relativa a la autorización de toma de placas fotográficas de las constancias que integran el presente expediente, se acuerda favorable su petición siempre y cuando se ajuste a lo especificado en la circular 12/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal celebrada en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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