Francisco Javier García Ramírez
Expediente 217/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2021
Partes del expediente
- Francisco Javier García Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte promovente hiciera valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que ha causado estado. En tales condiciones, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente una vez que transcurran TRES AÑOS, procédase a su DESTRUCCIÓN haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
PERSONAL. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo y el diverso 21 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 25/2020, y en términos Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, emitidas el cuatro de diciembre de dos mil veinte, ocho, dieciséis, veintitrés de enero, seis y trece de febrero, todos del año dos mil veintiuno, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, atinente al esquema de trabajo y medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se hace efectivo el apercibimiento decretado al quejoso ***** mediante citatorio de doce de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, se le notifica por medio de lista electrónica publicada en la dirección (www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp) así como por lista física que se fijará en un espacio de fácil acceso en el edificio sede de este Juzgado (según lo determine la administración del edificio Prisma del Poder Judicial de la Federación), para el caso de los usuarios que deseen consultarla en las instalaciones del edificio en el que reside el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la determinación de ocho de abril de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: Con apoyo al artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano federal procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En esa idea, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: -La omisión de las autoridades para investigar los hechos denunciados el siete de agosto de dos mil diecinueve, en la carpeta de investigación ***** Así, se desprende de una lectura integral del ocurso que se provee, que el impetrante presentó denuncia sin que a esta se le diera respuesta. Bajo esa tesitura, de los artículos tanto Constitucional como del Código Nacional de Procedimientos Penales transcritos, se desprende que es un derecho de la parte ofendida, impugnar ante las autoridades responsables las omisiones en las que incurra la representación social [Constitución Federal] siendo que, la sede para impugnar esas omisiones será ante el Juez de Control [Código Nacional de Procedimientos Penales]. Por su parte, habrá que recordar que el juicio de amparo, es un medio de defensa extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdiccional ordinaria debe de agotarse previamente. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte accionante de amparo estima que afecta su esfera jurídica. Ahora, la existencia de medios defensivos establecidos en la ley para impugnar ordinariamente el acto reclamado, provoca la improcedencia del juicio de amparo, derivado del incumplimiento al principio de definitividad que rige la materia que nos ocupa, siendo preciso señalar que la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", es la de considerar aquéllos ordenamientos legales que guardan relación con dichos actos, sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Ahora, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido, en el caso particular, el denunciante, pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o promover la acción de amparo pero previo deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones de la representación social no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público en que se omita realizar cualquier acto o diligencia solicitado por la víctima u ofendido o en su caso que tuviera que realizarse de oficio y que conlleve la paralización de su función. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y/o practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos y en general aquellas diligencias solicitadas por la víctima u ofendido o en su caso que deban realizarse de oficio. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando su labor en la etapa de investigación. En ese sentido, es que previo a instar el juicio de amparo la parte quejosa tuvo que recurrir al diverso que contempla el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior sin que se desatienda que el impetrante de amparo refiere que ni siquiera puede acudir ante el Juez de Control, pues desconoce realmente que Fiscalía conoce de la investigación, sin embargo, son esos mismos argumentos los que pueden ser evidenciados ante el Juez de control que se presente el medio de impugnación establecido en el multicitado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a lo expuesto en líneas que anteceden. Por lo tanto, si en el caso no se advierte que se hubiese inconformado ante el juez de control, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atendiendo a los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal, se reitera a las partes que el acceso a los órganos jurisdiccionales es restringido, por lo que en caso de que sea necesario e indispensable, podrán acudir a las instalaciones que ocupa este juzgado previa cita que se genere en el sistema implementado para tal efecto, con el código QR que les sea proporcionado para el ingreso. Se exhorta a las partes (que no lo hayan hecho) a que transiten al esquema de actuación desde el portal de servicios en línea, para lo cual deberán designar un nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y ese medio para oír y recibir notificaciones personales. Desde este momento, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales
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