Francisco Javier Garcia Basilio

Expediente 990/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
990/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/07/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Garcia Basilio

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; nueve de julio de dos mil veintiuno. Firme auto. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por el que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales - Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. -Resolución a Disposición para consulta Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    CUERNAVACA, MORELOS; diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ************, por el cual subsana la prevención formulada a su escrito de demanda. Causa de improcedencia. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. En efecto, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que se señala en el artículo 17 de esa misma ley. Pues bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De lo anterior, se puede advertir que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo que en el mismo se prevé para la promoción del juicio de garantías: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. 3. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, el quejoso reclama en esencia, el auto de vinculación a proceso dictado el cuatro de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal ************, del índice del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Jojutla, Morelos; sin embargo, se actualiza la causal de improcedencia antes precisada, toda vez que el juicio de amparo no fue promovido dentro del plazo de quince días que para tal efecto establece la ley de la materia. En efecto, si el quejoso señaló que el auto de vinculación a proceso se dictó el cuatro de agosto de dos mil veinte, que le fue notificado el diecisiete siguiente y la demanda de amparo la presentó hasta el tres de noviembre del año en curso, es inconcuso que la demanda de amparo se presentó más de cuarenta días hábiles después de que tuvo conocimiento del acto reclamado, y no dentro de los quince días siguientes a ello. En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo, es de orden público y en observancia del principio de buena fe que rige la tercera hipótesis para el cómputo del plazo, esto es, aquella a partir de que el peticionario se ostenta sabedor, que recae en éste, la responsabilidad de hacer tal manifestación soportada en afirmaciones que en un contexto procesal y fáctico revelen en principio verosimilitud, porque si bien, a los tribunales de amparo les atañe el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y la salvaguarda de los derechos fundamentales del individuo, también existe la obligación correlativa de éste, al instar el aparato jurisdiccional garantista, de conducirse con probidad. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por los transcritos preceptos legales, debe decirse que el gobernado consiente el acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra, la acción de amparo, resultando improcedente el juicio que en todo caso se inicie una vez que feneció el plazo reconocido por la ley para intentarlo. Por ende, cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo que para ejercer la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. No es impedimento a lo anterior que el acto de que se duele el impetrante pudieran significar restricción a su libertad, pues ello no es una excepción de las contenidas en el propio numeral 17 de la ley de la materia, ya que no se trata de ataques la libertad fuera de procedimiento o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tiene apoyo lo anterior, en la jurisprudencia que por contradicción de tesis emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Acorde a lo anterior, y de los criterios invocados, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XIV, en concordancia con el 17 y 18, todos de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Con lo anterior no se deja de aplicar el principio pro homine ni se dejan de observar disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que recoge el artículo 1 de nuestra Constitución Política, ya que su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de procedencia de las acciones, que el estado implementa para una mejor eficacia de sus medios de impugnación o defensa. Determinación que tampoco es violatoria del derecho humano a la administración de justicia, pues el derecho de acceso a la justicia está limitado a los plazos y condiciones contenidas en la ley, las cuales pueden versar sobre los presupuestos procesales necesarios para el estudio de fondo de algún asunto; por lo tanto, si la propia ley de amparo contiene causales de improcedencia, que tienen su razón de ser en el artículo 17 constitucional, al evitar la saturación de los tribunales con asuntos estériles, en perjuicio de todos los usuarios del sistema, ergo, no es violatorio de derechos fundamentales la vigilancia de su correcta aplicación, como acontece en el caso. Notifíquese personalmente en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cinco de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por **********, contra actos del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado, residente en Jojutla, Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 990/2020 y fórmese expediente. Prevención. Del estudio integral de la demanda que se provee, se advierte una irregularidad que requiere ser subsanada, previo a su admisión, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108, fracciones II, V y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que, en el término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, con copias suficientes para cada una de las partes de hacerse en la vía física, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Deberá señalar el nombre y domicilio del tercer interesado o bien, en caso de ignorarlo, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad, como lo exige el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. En vía de antecedentes del acto reclamado, deberá precisar la fecha del auto de vinculación a proceso del que se duele, así como aquella en la que le fue notificado o tuvo conocimiento del mismo, lo anterior a fin de fijar debidamente la listis constitucional y la autoridad responsable se encuentre en condiciones de rendir adecuadamente sus informes previo y justificado; sin perjuicio de analizar la procedencia de la presente vía de amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento, fundado en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para el caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos antes establecidos; que SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Autorizado, consulta y notificaciones vía electrónica. En atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios, es decir, con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a **********, por así haberlo solicitado la parte quejosa y en atención a que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En virtud de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encuentra registrado el nombre de usuario "*********", se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales derivadas del presente asunto se realicen vía electrónica, por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que efectúe las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico. Correo electrónico En cuando al correo electrónico que proporciono en su ocurso de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal téngase a la promovente señalándolo, respecto del cual debe precisarse que únicamente tiene como finalidad establecer contacto y comunicación sobre aspectos no procesales, empero no para notificársele, pues esta formalidad procesal debe practicarse de manera electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno en mención. Exhorta a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Se instruye al actuario de la adscripción para que previa investigación y cercioramiento, lleve a cabo la notificación a las autoridades responsables a través de los medios electrónicos a su alcance y que facilite la práctica de actuaciones en este asunto. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las restantes partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

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