Francisco Javier Galván Farías

Expediente 765/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
765/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Galván Farías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual el Actuario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Colima, a través del cual informa respecto al conflicto competencial 20/2021 e informa que lo registro con el número estadístico 1417/2021; de lo que se toma nota para debida constancia para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el diez de marzo de dos mil veintidós, emitida en el conflicto competencial 20/2021, cuyos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se declara existente el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima y el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***." Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso k), el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se suscitó un conflicto competencial; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, la secretaria deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado del este Circuito por el cual transcribe el proveído de ocho de diciembre del año en curso, del que se desprende que se admitió el conflicto competencial suscitado entre este juzgado y el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para conocer de la demanda planteada por ***, de lo que se toma nota para debida constancia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, al cual al que anexa los autos del juicio de amparo 1417/2021 formado con motivo del juicio de amparo 765/2021-V del índice de este juzgado, promovido por * * * a través del cual informa que no aceptó la incompetencia planteada por las razones que expone en el proveído de veinticuatro de agosto del año en curso; por ello, devuelve las actuaciones y los anexos que le fueron remitidos. Acúsese el recibo correspondiente. La razón del juez oficiante para no aceptar la competencia declinada consistió, en esencia, en que no existe un elemento objetivo que acredite que el acto de ejecución se haya llevado a cabo en esa población, pues si bien, aduce que no se constata que la cuenta bancaria ****** fue aperturada en una sucursal de la institución * * * * , ubicada en * * , código postal 42960, en el municipio de * * * y tampoco el impetrante del amparo lo especificó en su demanda inicial ni en su libelo que evacúo la prevención derivada del auto de veintinueve de julio del año que transcurre , que en el estado de cuenta bancario se hace valer, que el domicilio fiscal del quejoso se ubica en el municipio de Tecomán, Colima, de lo que infiere que el acto tiene ejecución en el Estado de Colima. En ese contexto, refirió que no coincide con el criterio de este juzgado por lo que el acto reclamado requiere ejecución material en ese Distrito, es competente para conocer y resolver el Juez de Distrito donde se presentó la demanda. En vista de lo anterior, este órgano jurisdiccional no comparte la determinación sostenida por el citado juzgador, en el sentido de que, al no tener la certeza de que el acto reclamado requiere ejecución material en ese Distrito, es competente para conocer y resolver el Juez de Distrito donde se presentó la demanda, toda vez que como se advierte del proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda, por las razones expuestas en dicho auto, las cuales se reiteran, ya que del análisis integral de la demanda en cuestión, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: "(.)IV. ACTOS RECLAMADOS. La orden de inclusión del quejoso en la lista de personas bloqueadas en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones y Crédito; El bloqueo de la cuenta bancaria * * , de la que es titular (.) Y al respecto, se estableció como premisa de partida, que la competencia legal es de orden público y de estudio preferente en el amparo, por tanto no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes. Ello fue así, interpretado en la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso. Sobre el tema, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." El precepto constitucional trascrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En concordancia con el precepto constitucional indicado, el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo dispone, en lo que aquí interesa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal, derivan las siguientes reglas de competencia que rigen en materia de amparo: Por regla general la competencia se determina con base en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutar en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior tenemos que si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que tenga jurisdicción del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora, como se dijo en el auto de incompetencia de los documentos adjuntados a su escrito inicial de demanda, se advierte el estado de cuenta de dicha cuenta bancaría, la cual fue aperturada en la sucursal de la institución financiera ubicada en * * * , Código Postal 42960, en el municipio de * * . En este sentido, es que el acto reclamado tiene ejecución en el Estado de Jalisco; por ello, este órgano jurisdiccional carece de competencia territorial para analizar el acto reclamado en el presente juicio, porque los actos reclamados tienen una ejecución material, los cuales se materializaron por la autoridad mencionada con anterioridad en una cuenta bancaria aperturada en el Estado de Jalisco, esto es, su ejecución fue en dicho territorio, actualizándose una competencia sobrevenida al Juez de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo en turno, del Tercer Circuito. En consecuencia, si de autos quedó acreditado que es en el Estado de Jalisco, la localidad en la que se encuentra la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta defendida por la parte quejosa y por ende, es en la citada demarcación en la que se encuentra ejecutando el bloqueo de cuenta controvertido, atendiendo a lo expuesto en párrafos que anteceden y en observancia a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta obligatoria para este órgano colegiado, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, se considera que es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Galván Farías, el Juzgado de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien debe remitirse las constancias del juicio de amparo para su conocimiento. Tiene sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XXXIV, página 369, de fecha Julio 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 161677, misma que fue citada en el auto de incompetencia que dicta: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." (Énfasis añadido) En tal virtud, se insiste conforme a la citada regla de competencia, el acto que se reclama en el presente juicio de amparo, tiene ejecución en el Estado de Jalisco, por ello tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional; lugar donde, se insiste, este órgano carece de competencia legal; por tanto; es competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecutó y se ejecutarán las violaciones que en esta vía se reclaman. Pues contrario a lo que aduce el Juez oficiante y como se dijo en líneas anteriores la cuenta bancaria que defiende el quejoso fue aperturada en el municipio de * * * , la cual se encuentra ubicada en ***, Código Postal 42960, tal y como se advierte del estado de cuenta que anexó a la demanda y de la notificación de suspensión de Actos, Operaciones y/o Servicios de veintidós de junio de dos mil veintiuno, emitida por * * * (foja 17), sin que dicho domicilio sea el quejoso como lo refiere también el juez oficiante en el auto de veinticuatro de agosto del año en curso, ya que el quejoso en su demanda en el punto I referente al nombre y domicilio del quejoso dijo que lo es el ubicado en calle * * * * . En estas condiciones, se insiste, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo; 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero fracción III, segundo fracción III, punto 3, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima declara carecer de competencia legal por cuestión de territorio para resolver el juicio de amparo indirecto. Cobra aplicación por analogía, la tesis aislada, en Materia Común, de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro digital 203187, que dicta: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Parte VIII, Séptima Época, Página: 142, Tesis: 91, que establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto - quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material - caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Asimismo, la tesis visible en la página 88 del Semanario Judicial de la Federación 217-228 Séptima Parte, de la Sala Auxiliar, Séptima Época, que dispone: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". De esta forma, la presente determinación es acorde con el fin perseguido por el legislador al establecer las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, previstas en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual a su vez se sustenta en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, al procurar que en la administración de la misma se respeten aspectos como la prontitud, imparcialidad, completitud y gratuidad, pero, además, procurando que, en todo caso, se eviten obstáculos que dificulten el acceso a los medios de defensa para su impartición. Lo contrario, implicaría admitir que quedaría en potestad del gobernado elegir, a su gusto o conveniencia, al juez de amparo y que por el simple hecho de haber prevenido éste resultara ser el competente para resolver el juicio, sin considerar la circunstancia de la territorialidad de su jurisdicción o donde deba o vaya a surtir efectos la ejecución material del acto reclamado. Por las consideraciones disertadas en el presente auto y en el diverso de nueve de agosto del año en curso, se insiste en que este juzgado de Distrito carece de competencia por territorio para conocer sobre la demanda de amparo promovida por * * * . En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 48 de la Ley de Amparo, en vista de la divergencia de criterios que concurre entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, se ordena remitir el presente juicio al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con el objeto de que dirima el conflicto competencial suscitado y determine qué juez de Distrito debe conocer del presente juicio de amparo; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior hágase del conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar.

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