Francisco Javier Fragoso Chacón
Expediente 376/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 01/08/2023
Partes del expediente
- Francisco Javier Fragoso Chacón
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo de lo Familiar. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Matamoros, Tamaulipas, primero de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio principal de donde emana este asunto, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo del presente cuaderno incidental, enseguida se provee: De conformidad con el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción este incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables. De igual manera, como lo dispone el artículo 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, primero de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia constitucional emitida el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento; por tanto, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a las autoridades responsables, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido del mismo afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Como lo dispone los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Cabe precisar que el citado Acuerdo General establece que en el auto de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 376/2023-II, promovido por Francisco Javier Fragoso Chacón, contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, en este juzgado, Francisco Javier Fragoso Chacón, promovió demanda de amparo indirecto en la que solicitó la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se mencionan: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Primero de Primera Instancia del Ramo de lo Familiar con residencia en esta ciudad. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Valle Hermoso, Tamaulipas. ACTOS RECLAMADOS: "De las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras, sus órdenes de embargo de mi sueldo como resultado de las dos demandas de alimentos definitivos que se promoviera en mi contra, la primera por la C. Paola Janeth Leyva de la Rosa, madre de mis tres hijos Ulises Javier, Candy Marissel y Diana Gissel de apellidos Fragoso Leyva, cuya demanda se radicó en el Juzgado Mixto de la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, bajo el número de expediente 345/2018, y que el acuerdo de fecha nueve del mes de octubre del año de dos mil dieciocho, ordenó se me embargara el cincuenta por ciento de mi salario y demás prestaciones, girando oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social (Unidad Médica Familiar), con umma número 39, para que realizara dicho embargo, ya que es la institución en donde actualmente presto mis servicios y hasta el día de hoy se me sigue embargando dicho porcentaje de mi sueldo y demás prestaciones. De la segunda autoridad ordenadora, reclamo el embargo precautorio derivado de la demanda de Alimentos Definitivos promovido por la C. Gabriela Elizabeth Larios Carreoan (sic), madre de mis dos hijos de nombre Mabel y Javier Noé de apellidos Fragoso Larios, cuya demanda se radicó en el Juzgado Primero de lo Familiar en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, bajo el número de expediente 903/2019 y que mediante acuerdo de fecha ocho del mes de octubre del dos mil diecinueve, decretó un embargo de mi sueldo, enviando el oficio número 3311, de fecha 28 del mes de octubre de 2019, el mencionado Juez Ordenó se me embargada el treinta por ciento de mi salario y demás prestaciones por mi trabajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social (Unidad Médica Familiar), con umma número 39, mencionando que hasta el día de hoy se me sigue embargando dicho porcentaje de mi sueldo, violando en conjunto las órdenes de las dos autoridades, mis derechos considerados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Tamaulipas." (sic) Asimismo, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16, constitucionales. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA Y SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Recibida la demanda en auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó formar expediente que fue registrado con el número 376/2023-II, se admitió a trámite el mismo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, el trece y diecinueve ambos de abril del año en curso, se ordenó emplazar a las terceras interesadas Gabriela Elizabeth Larios Carreón en nombre y representación de la menor M.F., y Paola Janet Leyva de la Rosa, en representación de los menores de iniciales U.J. F.L., C.M.F.L., y D.G.F.L. Una vez integrado el presente juicio constitucional, tuvo verificativo la audiencia constitucional según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, se tiene que los actos que la parte quejosa combate consisten en: Las ordenes relativas a las medidas precautorias dentro de los expedientes 345/2018 y 903/2019, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, en Valle Hermoso, y Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, del Estado de Tamaulipas en esta ciudad, respectivamente, en las que reclama que en su conjunto exceden lo establecido por el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, el cual establece que el porcentaje no podrá ser un porcentaje inferior al treinta por ciento ni mayor del cincuenta por ciento del sueldo o salario del deudor alimentista. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas en esta ciudad y la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado en Valle Hermoso, Tamaulipas, al rendir sus informes justificados, admitieron la existencia del acto reclamado que se les atribuye (fojas 15 y 72). Lo cual se corrobora con las documentales que anexaron a sus informes de ley, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como se dijo, en el caso la parte quejosa reclama las órdenes relativas a las medidas precautorias dentro de los expedientes 345/2018 y 903/2019, emitidas por las autoridades responsables que en su conjunto exceden lo establecido por el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, al respecto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio de amparo. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Asimismo, en relación a dicho principio es conveniente precisar que, conforme a los criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 144/2000, con registro electrónico: 190665, dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Una vez precisado lo anterior, se colige que ese Máximo Tribunal del País considera que por recurso idóneo debe entenderse aquel medio defensa ordinario a través del cual se pueda modificar, revocar o nulificar válidamente la resolución impugnada, es decir, que constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. Primeramente, debe indicarse que de la lectura de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado consiste en las providencias cautelares, dictadas dentro de un juicios sumarios civiles sobre alimentos definitivitos, y en cuanto a la naturaleza de los alimentos provisionales que, por regla general, se trata de una medida cautelar de naturaleza accesoria y sumaria, se tramita en plazo breve y su objetivo es suplir interinamente la falta de una resolución sobre el fondo la controversia, asegurando la eficacia de la sentencia previniendo los peligros de la dilación; y está destinada a cubrir necesidades impostergables de quienes se encuentran en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, así como de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar su subsistencia mientras el juicio respectivo se resuelve. Lo anterior, encuentra sustento en lo dispuesto por los artículos 434, 443, 444, 445, 448, 450 y 451 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, de contenido siguiente: "Artículo 434.- Las providencias precautorias se decretarán a petición de parte legítima, cuando exista peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia, y tendrán por objeto asegurar sus efectos. Artículo 443.- En caso de urgente necesidad podrán decretarse alimentos provisionales cuyo porcentaje no podrá ser un porcentaje inferior al 30 por ciento ni mayor del 50 por ciento del sueldo o salario del deudor alimentista, debiéndose tomar en cuenta el número de acreedores que ejercen su derecho. Cuando el deudor no perciba sueldo o salario, los alimentos se cubrirán de sus demás bienes en la misma proporción. Artículo 444.- Deberá acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida. Artículo 445.- Cuando se pidan por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. ARTÍCULO 448.- Si los alimentos se piden como medida provisional en un juicio de divorcio, se procederá en la forma prevista por el Código Civil. ARTÍCULO 450.- La resolución que se dicte concediendo los alimentos, es apelable en el efecto devolutivo; la que los niegue; en ambos efectos. El recurso, en cualquiera de los casos, sólo puede ser interpuesto por el acreedor alimentista y se sustanciará sin intervención del deudor. ARTÍCULO 451.- En la providencia no se permitirá discusión sobre el derecho de percibir alimentos. Cualquier reclamación sobre dicho aspecto y su monto se sustanciará en juicio sumario y entretanto se seguirá abonando la suma señalada." De la lectura de los indicados preceptos legales se acredita que: Las providencias precautorias se decretarán a petición de parte legítima, cuando exista peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia, y tendrán por objeto asegurar sus efectos. Asimismo, en caso de urgente necesidad podrán decretarse alimentos provisionales cuyo porcentaje no podrá ser un porcentaje inferior al 30 por ciento ni mayor del 50 por ciento del sueldo o salario del deudor alimentista, debiéndose tomar en cuenta el número de acreedores que ejercen su derecho. Cuando el deudor no perciba sueldo o salario, los alimentos se cubrirán de sus demás bienes en la misma proporción. Deberá acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida. Cuando se pidan por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si los alimentos se piden como medida provisional en un juicio de divorcio, se procederá en la forma prevista por el Código Civil para el Estado de Tamaulipas. La resolución que se dicte concediendo los alimentos, es apelable en el efecto devolutivo; La que los niegue, en ambos efectos. El recurso, en cualquiera de los casos, sólo puede ser interpuesto por el acreedor alimentista y se sustanciará sin intervención del deudor. En la providencia no se permitirá discusión sobre el derecho de percibir alimentos. Cualquier reclamación sobre dicho aspecto y su monto se sustanciará en juicio sumario y entretanto se seguirá abonando la suma señalada. Ahora, esta potestad federal advierte que la providencia precautoria de alimentos provisionales promovida dentro de un juicio sumario sobre alimentos definitivos puede ser reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 438 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, que dispone lo siguiente: "Artículo 438.- El deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo antes de la sentencia, para cuyo efecto se le notificará aquélla, en caso de no haberse ejecutado con persona o con su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que la medida fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley. Igualmente, puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro." En efecto, del artículo transcrito, se observa que el deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo antes de la sentencia, para cuyo efecto se le notificará aquélla, en caso de no haberse ejecutado con persona o con su representante legítimo. Dicha reclamación deberá fundarse en que la medida fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley. Igualmente, puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Ahora, si bien la aludida reclamación no tiene una forma de tramitación especial, debe acudirse a las reglas previstas para los incidentes que no tengan una tramitación especial, contempladas en los artículos 143 a 149 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, que establecen lo siguiente: "Artículo 143.- Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial se sujetarán a las reglas siguientes. Artículo 144.- Promovido el incidente, el juez, dentro de veinticuatro horas, mandará dar traslado a la parte contraria para que conteste en el término de tres días. Si se promoviere prueba, se señalará un término que no exceda de diez días, y respecto del cual no procede término supletorio. Rendidas las pruebas, el juez citará de oficio a las partes a una audiencia que se verificará dentro de tres días, para que en ella aleguen lo que a su derecho convenga. La citación para la audiencia produce los efectos de citación para sentencia, que se pronunciará dentro de cinco días, concurran o no las partes a aquélla. Artículo 145.- Si ninguna de las partes hubiere pedido prueba, se procederá como previene el artículo anterior en sus partes tercera y cuarta. Artículo 146.- Los autos que decidan los incidentes son apelables en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia, salvo disposición expresa en sentido contrario. Artículo 147.- Todas las disposiciones sobre prueba en el juicio, son aplicables a los incidentes, en lo que no se opongan a lo preceptuado en este Título; las pruebas pericial y testimonial se ofrecerán dentro de los primeros tres días del término probatorio. Artículo 148.- En la resolución definitiva de un incidente se hará la correspondiente condenación sobre costas. Artículo 149.- Las resoluciones incidentales no surten efecto más que en el juicio en que hayan sido dictadas, a no ser que se refieran a varios en cuyo caso los surtirán en todos ellos." Del contenido literal de los numerales en cita, se colige lo siguiente: a) Los incidentes tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la determinación reclamada, puesto que en éste las partes cuentan con periodo probatorio y de alegatos y en el que, previa citación de las mismas, se procederá a dictar la resolución correspondiente a la cuestión debatida b) Que los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se sujetarán a las reglas genéricas que para tal efecto prevé el capítulo respectivo del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas. c) Las determinaciones que decidan en definitiva los incidentes son apelables en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia, salvo disposición expresa en sentido contrario. En ese sentido, dispone el artículo 928, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, lo siguiente: "Artículo 928.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; y, II.- Los autos, cuando resuelvan un incidente o expresamente lo disponga este Código." De lo anterior, se desprende que las sentencias dictadas en toda clase de juicios, excepto cuando la ley expresamente lo disponga, serán apelables, así como los autos, cuando resuelvan un incidente o expresamente lo disponga el Código Adjetivo. Ahora bien, de las constancias que integran los presentes autos, en específico las constancias remitidas por la autoridad responsable, se acredita lo siguiente: 1. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 345/2018, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado con sede en Valle hermoso, Tamaulipas, se decretó el pago de una pensión alimenticia provisional para los menores Ulises Javier, Candy Marissel, Daiana Gissel, todos de apellido Fragoso Leyva, por el cincuenta por ciento del total de percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe y llegue a percibir el C. Francisco Javier Fragoso Chacón (fojas 122 a 124). 2. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente 903/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, se decretó el pago de una pensión alimenticia provisional para la menor con iniciales M.F., por el treinta por ciento del salario y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que perciba Francisco Javier Fragoso Chacón (fojas 32 a 34). En ese sentido, tenemos que la parte quejosa reclama que las ordenes relativas a las medidas precautorias dentro de los expedientes 345/2018 y 903/2019, en su conjunto exceden lo establecido por el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, el cual establece que el porcentaje no podrá ser un porcentaje inferior al treinta por ciento ni mayor del cincuenta por ciento del sueldo o salario del deudor alimentista. No obstante lo anterior, si en el caso el acto reclamado consiste en las órdenes de descuento por concepto de pensión decretadas como providencias precautorias de alimentos provisionales, que en su conjunto excede el porcentaje previsto por el numeral 443 del código adjetivo; éste debió reclamarlo de conformidad con los artículos 438 y 451 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Pues en efecto, la legislación en cita dispone expresamente que el deudor sobre quien se decretó una providencia, podrá reclamarla en cualquier tiempo antes de la sentencia, y en el caso se acredita que en los expedientes de origen aún no se dictan sentencia definitiva, sino que se encuentran en trámite. Asimismo, se establece que cualquier reclamación sobre dicho aspecto y su monto se sustanciará en juicio sumario y entretanto se seguirá abonando la suma señalada. De modo que, si el quejoso estima que las ordenes relativas a las medidas precautorias en su conjunto, vulneran su estado de necesidad, antes de acudir a esta instancia constitucional debió agotar el medio de defensa ordinario a que alude la ley en estudio, el cual, desde luego, puede modificar, revocar o nulificar las medidas urgentes con base en las pruebas que se ofrezcan en la incidencia que al efecto se tramite a fin de acreditar la litis incidental. De haber hecho lo aludido en el párrafo que antecede, el peticionario del amparo hubiese tenido la posibilidad de recurrir vía apelación el fallo interlocutorio que, en su caso, resolviera el citado incidente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 146 del multicitado código adjetivo civil del estado de Tamaulipas, previo a promover el presente juicio de amparo. Máxime, que no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de Amparo, ya que el acto reclamado no implica un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, el acto reclamado tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, ni impone medida cautelar restrictiva de la libertad; no es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; tampoco decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso. En el mismo sentido, el quejoso no es persona extraña al procedimiento, porque al tener el carácter de demandado, es parte formal en el proceso civil de origen. De igual forma, se advierte que la procedencia del indicado medio de defensa es clara, expresa y no sujeta a interpretación adicional; pues, se insiste, se trata de providencias precautorias de alimentos provisionales, decretada en términos del artículo 434 y 443, ambos previstos en el título séptimo de Providencias precautorias del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en cuyo Capítulo I "Disposiciones Generales", se establece también el medio de defensa relativo a la reclamación prevista en el artículo 438 de dicho código, a saber que el deudor podrá reclamar la providencia decretada en su contra, en cualquier tiempo antes de la sentencia. En apoyo a lo anterior, se comparte por las razones que la informan la tesis XXIV.1o.2 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 871, Materia(s): Civil, con registro digital: 187764, de rubro y contenido siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DECRETE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTÓ LA VÍA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). De una interpretación sistemática y armónica de los artículos 104, fracción III, 109 y 113 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, se deduce que la resolución que decreta las medidas cautelares puede ser reclamada en la vía incidental; en una primera hipótesis, hasta antes de la sentencia ejecutoriada, siempre que el afectado figure como parte en el procedimiento y, en una segunda, puede reclamarse en cualquier tiempo, siempre que se trate de un tercero ajeno a juicio, tal y como lo refiere el artículo 113, párrafo segundo, del código citado, no obstante que en el primer supuesto el afectado no haya sido llamado a juicio, pues si haciéndose sabedor de su existencia promueve demanda de amparo indirecto sin que previamente hubiera agotado la vía incidental, es evidente que se actualiza, en el primer caso, la causal de improcedencia que establece el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo" . Lo anterior, pues cabe añadir que el juicio de amparo indirecto es un medio extraordinario de defensa, que por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades, pues si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado contempla recursos o medios de defensa por los cuales aquél puede ser modificado, revocado o nulificado, es obligación del agraviado agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad legal de instar la instancia constitucional Tiene aplicación a lo aquí acordado, la tesis PC.I.C.1 C (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 2865, con registro digital: 2023534, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE DESCANSA EL JUICIO DE AMPARO, A EFECTO DE RESPETAR EL SISTEMA DE RECURSOS PREVISTO POR LAS LEGISLACIONES PROCESALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FORTALECIENDO CON ELLO EL SISTEMA FEDERAL. Igualmente es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguientes: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". En esa tesitura, es que no se estudien los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, pues al actualizarse la causa de improcedencia es que se impide entrar al estudio del fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial II.3o. J/58, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 70, Octubre de 1993, Materia(s): Página: 57, con registro electrónico: 214593, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XVIII, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Francisco Javier Fragoso Chacón, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día treinta de junio de dos mil veintitrés, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
II...De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, notifico a la parte tercera interesada Gabriela Elizabeth Larios Carreon, la sentencia terminada de engrosar el treinta de junio de dos mil veintitrés, medio de lista al no haber acudido al este Juzgado de Distrito a recibir la notificación de manera personal.
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