Francisco Javier Fing Quintana

Expediente 669/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
669/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Fing Quintana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el escrito de firmado por el quejoso Francisco Javier Fing Quintana, mediante el cual viene renunciado al término otorgado para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de febrero del presente año, en el presente juicio de amparo, así como también, solicita cause ejecutoria dicha resolución; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción II, del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por la otra la Justicia de la Unión no Ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y el auto inherentes a la suspensión provisional concedida en el incidente y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción, no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obran documentos originales por no haberlo exhibido la parte quejosa, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, y toda vez que resulta innecesario seguir conservando las documentales que la autoridad responsable Jueza Segunda de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en esta ciudad, anexo a su oficio como justificación de su informe; por tanto, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, remítase a la citada autoridad responsable, las documentales de referencia, para los efectos legales que haya lugar.

  2. Principal

    ES NOTIFICACION PERSONAL PARA LAS PARTES

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA TERCERO INTERESADA BLANCA ORALIA GUERRERO BOBADILLA, LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL SE RESOLVIO DE LA SIGUIENTE MANERA: Primero. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por Francisco Javier Fing Quintara, se sobresee por los actos que reclamó de la autoridad responsable Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Francisco Javier Fing Quintana contra el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, y Actuario Tercero de su adscripción, con sede en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa Guasave, Sinaloa, por los motivos plasmados en los considerandos sexto y séptimo de esta resolución.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio No. RPPYC/AHOME/129/2019, signado por el Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad del Municipio de Ahome, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y anexa documental. De conformidad con el numeral 117 y 119 de la ley de la materia se tiene por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad antes mencionada y por exhibidas las documentales que acompaña, sin perjuicio de poder hacer nuevamente mención de las mismas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Dese vista con dicho informe a las partes para que se impongan de su contenido. Por último, a fin de que la parte quejosa se imponga del contenido del informe de cuenta, la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se transfiere para las nueve horas con veinte minutos del catorce de febrero de dos mil diecinueve, para que tenga su verificativo. Por similitud Jurídica, cobra aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Asimismo, la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".

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