Francisco Javier Estrada Varela
Expediente 218/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Francisco Javier Estrada Varela
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, mediante el cual comunica que se avoco al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Estrada Varela, por su propio derecho, contra actos del Juez Militar de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa y otras autoridades, de lo cual este órgano jurisdiccional toma nota para conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se admitió el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, registrado con el número 4/2018 de su índice, de lo cual este Juzgado tomo el debido conocimiento. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, mediante el cual informa que tuvo por recibido el oficio 5418/2018, en el cual este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada por dicho juzgado, devolviendo los autos del juicio de amparo 698/2015, promovido por Francisco Javier Estrada Varela, de su índice, así como resolvió la citada titular remitir el expediente en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a fin de resolver el conflicto competencial, de lo cual este juzgado toma el debido conocimiento. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, téngase por recibido el oficio 330-I que remite la JUEZA NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON SEDE EN MAZATLÁN, al cual anexa los autos originales, cuadernos incidentales y tomos de pruebas, relativos al juicio de amparo 698/2015, promovido por FRANCISCO JAVIER ESTRADA VARELA, de su índice, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 218/2018-1A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. NO SE ACEPTA INCOMPETENCIA Ahora bien, atento a su contenido este Juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada por la JUEZA NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON SEDE EN MAZATLÁN, por las consideraciones que a continuación se precisan. De la lectura de la resolución mediante la cual la autoridad oficiante declinó la competencia a favor del suscrito a quien por turno correspondió conocer del presente asunto, en la parte que interesa dice: ". Por auto de catorce de octubre de dos mil quince, se recibió escrito signado por el quejoso, a través del cual, refirió que aclaraba su demanda de garantías, y expuso que el acto reclamado al Juez Quinto de Distrito en Mexicali, Baja California, es la omisión de ordenar en el auto de formal prisión de fecha trece de agosto de dos mil quince (sic), al Juez Militar y Comandante de la III Región Militar, en su considerando, la nulidad del oficio numero 19315, de fecha veinte de julio del dos mil doce, en el cual se ordena al hoy quejoso la baja de la guarnición militar de san Felipe, Baja California y alta al grupo de procesados. (foja 530). [.] Por otra parte en dicha determinación en la parte que interesa se advierte: ".Así, en vista de que el Juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar, de esta ciudad, se declaró incompetente para conocer del proceso penal 537/2012, esta juzgadora considera que el juez competente para conocer de la demanda de amparo en el que se reclama la determinación pronunciada en el nuevo auto de formal prisión dictado el once de agosto de dos mil quince por la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con asiento en Mexicali, en los autos de la Causa Penal 383/2012, instruida en contra del quejoso Francisco Javier Estrada Varela, que en esencia dicho acto reclamado consiste en sus efectos y consecuencias, que se traducen en la omisión de ordenar en dicha resolución de formal prisión la nulidad del oficio numero 19315, de veinte de julio de dos mil doce, así como la nulidad de lo resuelto en el auto de formal prisión de diecinueve de julio de dos mil doce decretado por dicho Juez Militar, pues el Juez de Distrito competente para conocer del acto reclamado es aquel en cuya jurisdicción resida el Juez que actualmente conoce del proceso penal, ya que sus efectos se trasladan directamente al proceso y de ahí es donde tienen su principal impacto y persecución, pues es ante la potestad del Juez de la Causa al que el procesado esta sometido, que en el caso es el Juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Mexicali. [.] Aunado a las anteriores consideraciones se estima que al permanecer el procesado a disposición del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, la ejecución material del fallo emitido por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California al resolver el toca penal 225/2015, en ejecutoria de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, que determinó confirmar el auto de formal prisión de once de agosto de dos mil quince, dictado por el citado Juez de Distrito en el Estado de Baja California, dentro del proceso penal 383/2012, dictado en contra del quejoso, aconteció en el lugar de residencia de éste, en el cual en el caso ya lo es el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, sin que sea impedimento que el quejoso se encuentre recluido en la prisión militar numero cinco adscrita a la tercera región militar, de esta ciudad. [.]" Por otra parte, de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Puerto Viejo número 8-A de la Colonia Rincón de Urías en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa; y la demanda inicial fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán. (fojas 1 y 2 de autos) Tomando en consideración lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo. En efecto, la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio está obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito aparece que la competencia para conocer de los juicios de amparo indirecto, reside en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. Que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Que cuando el acto no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, el quejoso reclama al Juez Quinto de Distrito en Mexicali, Baja California, la omisión de ordenar en el auto de formal prisión de fecha once de agosto de dos mil quince, al Juez Militar y Comandante de la III Región Militar, en su considerando, la nulidad del oficio numero 19315, de fecha veinte de julio del dos mil doce, en el cual se ordena al hoy quejoso la baja de la guarnición militar de san Felipe, Baja California y alta al grupo de procesados. Asimismo del contenido de la determinación de incompetencia, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en la Prisión Militar número Cinco adscrita a la Tercera Región Militar, con sede en la Ciudad de Mazatlán, en el Estado de Sinaloa. (Foja 546) Pues bien, la Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, indica que se actualiza la competencia de un Juzgado en el Estado de Baja California, puesto que la competencia del juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el Juez que conoce del proceso penal, que en el caso indica, es el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad de Mexicali. Sin embargo, una vez analizada la naturaleza de la omisión que se reclama, se arriba a la conclusión de que ésta tiene efectos positivos sobre el impetrante del amparo, los cuales se verifican, en el lugar en el que se encuentra ubicado el Centro de reclusión del quejoso, que en el caso, es la Prisión Militar número Cinco, adscrita a la Tercera Región Militar, en la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Es decir, contrario al respetable criterio de la Titular Declinante, el domicilio de la autoridad cuya omisión se reclama, no actualiza la competencia por razón de territorio, pues de conformidad con la primera regla establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es autoridad competente para conocer del juicio amparo indirecto, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia número 1a./J. 14/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 633, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO.- A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido". En ese sentido, no se comparte el criterio de la Jueza declinante, pues como se indicó, se surte la primera hipótesis contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, consistente en que la competencia para conocer del acto reclamado recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado y en el caso, tomando en cuenta que el reo está privado de su libertad, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se sigue ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro de reclusión. Máxime que en el caso, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y respecto al caso que nos ocupa, como ha quedado establecido, al encontrarse el quejoso recluido en la Prisión Militar número cinco adscrita a la Tercera Región Militar de la ciudad de Mazatlán, en el Estado de Sinaloa, es evidente que tendrá mayor posibilidad y acceso a su defensa ante un Juzgado de Distrito situado en esa entidad, que en uno ubicado en una jurisdicción diferente, lo que evidentemente le dificultaría y obstaculizaría el acceso a la justicia federal. Se estima citar al presente caso, en su parte considerativa, la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 633, Libro 5, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO." Finalmente, cabe recordar que el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, establece que de considerarse que el acto u omisión que se reclama no requiera ejecución material, la competencia recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, en la especie, el acto reclamado, no requiere de ejecución material (pues se trata en esencia, de una omisión de ordenar la nulidad de un oficio), que desde luego no requiere de una ejecución material; por tanto, toda vez que la demanda de amparo fue presentada el once de septiembre de dos mil quince, por la parte quejosa, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, correspondiendo conocer de la misma al Juzgado Oficiante; de ahí que se surta la hipótesis de competencia a favor de la autoridad oficiante, por ser el órgano de Control Constitucional a quien de inicio tocó conocer de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Común, registro 2006529, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 500, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). - - - El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." De ahí, que este órgano jurisdiccional no acepte la competencia declinada y en obvio de mayores dilaciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos, devuélvase los presentes autos con sus anexos al Juzgado Noveno de Distrito en Mazatlán, Sinaloa, por los motivos y consideraciones citados en los párrafos precedentes ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe."MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, téngase por recibido el oficio 330-I que remite la JUEZA NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON SEDE EN MAZATLÁN, al cual anexa los autos originales, cuadernos incidentales y tomos de pruebas, relativos al juicio de amparo 698/2015, promovido por FRANCISCO JAVIER ESTRADA VARELA, de su índice, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 218/2018-1A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. NO SE ACEPTA INCOMPETENCIA Ahora bien, atento a su contenido este Juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada por la JUEZA NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON SEDE EN MAZATLÁN, por las consideraciones que a continuación se precisan. De la lectura de la resolución mediante la cual la autoridad oficiante declinó la competencia a favor del suscrito a quien por turno correspondió conocer del presente asunto, en la parte que interesa dice: ". Por auto de catorce de octubre de dos mil quince, se recibió escrito signado por el quejoso, a través del cual, refirió que aclaraba su demanda de garantías, y expuso que el acto reclamado al Juez Quinto de Distrito en Mexicali, Baja California, es la omisión de ordenar en el auto de formal prisión de fecha trece de agosto de dos mil quince (sic), al Juez Militar y Comandante de la III Región Militar, en su considerando, la nulidad del oficio numero 19315, de fecha veinte de julio del dos mil doce, en el cual se ordena al hoy quejoso la baja de la guarnición militar de san Felipe, Baja California y alta al grupo de procesados. (foja 530). [.] Por otra parte en dicha determinación en la parte que interesa se advierte: ".Así, en vista de que el Juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar, de esta ciudad, se declaró incompetente para conocer del proceso penal 537/2012, esta juzgadora considera que el juez competente para conocer de la demanda de amparo en el que se reclama la determinación pronunciada en el nuevo auto de formal prisión dictado el once de agosto de dos mil quince por la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con asiento en Mexicali, en los autos de la Causa Penal 383/2012, instruida en contra del quejoso Francisco Javier Estrada Varela, que en esencia dicho acto reclamado consiste en sus efectos y consecuencias, que se traducen en la omisión de ordenar en dicha resolución de formal prisión la nulidad del oficio numero 19315, de veinte de julio de dos mil doce, así como la nulidad de lo resuelto en el auto de formal prisión de diecinueve de julio de dos mil doce decretado por dicho Juez Militar, pues el Juez de Distrito competente para conocer del acto reclamado es aquel en cuya jurisdicción resida el Juez que actualmente conoce del proceso penal, ya que sus efectos se trasladan directamente al proceso y de ahí es donde tienen su principal impacto y persecución, pues es ante la potestad del Juez de la Causa al que el procesado esta sometido, que en el caso es el Juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Mexicali. [.] Aunado a las anteriores consideraciones se estima que al permanecer el procesado a disposición del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, la ejecución material del fallo emitido por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California al resolver el toca penal 225/2015, en ejecutoria de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, que determinó confirmar el auto de formal prisión de once de agosto de dos mil quince, dictado por el citado Juez de Distrito en el Estado de Baja California, dentro del proceso penal 383/2012, dictado en contra del quejoso, aconteció en el lugar de residencia de éste, en el cual en el caso ya lo es el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, sin que sea impedimento que el quejoso se encuentre recluido en la prisión militar numero cinco adscrita a la tercera región militar, de esta ciudad. [.]" Por otra parte, de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Puerto Viejo número 8-A de la Colonia Rincón de Urías en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa; y la demanda inicial fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán. (fojas 1 y 2 de autos) Tomando en consideración lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo. En efecto, la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio está obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito aparece que la competencia para conocer de los juicios de amparo indirecto, reside en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. Que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Que cuando el acto no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, el quejoso reclama al Juez Quinto de Distrito en Mexicali, Baja California, la omisión de ordenar en el auto de formal prisión de fecha once de agosto de dos mil quince, al Juez Militar y Comandante de la III Región Militar, en su considerando, la nulidad del oficio numero 19315, de fecha veinte de julio del dos mil doce, en el cual se ordena al hoy quejoso la baja de la guarnición militar de san Felipe, Baja California y alta al grupo de procesados. Asimismo del contenido de la determinación de incompetencia, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en la Prisión Militar número Cinco adscrita a la Tercera Región Militar, con sede en la Ciudad de Mazatlán, en el Estado de Sinaloa. (Foja 546) Pues bien, la Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, indica que se actualiza la competencia de un Juzgado en el Estado de Baja California, puesto que la competencia del juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el Juez que conoce del proceso penal, que en el caso indica, es el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad de Mexicali. Sin embargo, una vez analizada la naturaleza de la omisión que se reclama, se arriba a la conclusión de que ésta tiene efectos positivos sobre el impetrante del amparo, los cuales se verifican, en el lugar en el que se encuentra ubicado el Centro de reclusión del quejoso, que en el caso, es la Prisión Militar número Cinco, adscrita a la Tercera Región Militar, en la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Es decir, contrario al respetable criterio de la Titular Declinante, el domicilio de la autoridad cuya omisión se reclama, no actualiza la competencia por razón de territorio, pues de conformidad con la primera regla establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es autoridad competente para conocer del juicio amparo indirecto, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia número 1a./J. 14/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 633, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO.- A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido". En ese sentido, no se comparte el criterio de la Jueza declinante, pues como se indicó, se surte la primera hipótesis contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, consistente en que la competencia para conocer del acto reclamado recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado y en el caso, tomando en cuenta que el reo está privado de su libertad, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se sigue ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro de reclusión. Máxime que en el caso, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y respecto al caso que nos ocupa, como ha quedado establecido, al encontrarse el quejoso recluido en la Prisión Militar número cinco adscrita a la Tercera Región Militar de la ciudad de Mazatlán, en el Estado de Sinaloa, es evidente que tendrá mayor posibilidad y acceso a su defensa ante un Juzgado de Distrito situado en esa entidad, que en uno ubicado en una jurisdicción diferente, lo que evidentemente le dificultaría y obstaculizaría el acceso a la justicia federal. Se estima citar al presente caso, en su parte considerativa, la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 633, Libro 5, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO." Finalmente, cabe recordar que el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, establece que de considerarse que el acto u omisión que se reclama no requiera ejecución material, la competencia recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, en la especie, el acto reclamado, no requiere de ejecución material (pues se trata en esencia, de una omisión de ordenar la nulidad de un oficio), que desde luego no requiere de una ejecución material; por tanto, toda vez que la demanda de amparo fue presentada el once de septiembre de dos mil quince, por la parte quejosa, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, correspondiendo conocer de la misma al Juzgado Oficiante; de ahí que se surta la hipótesis de competencia a favor de la autoridad oficiante, por ser el órgano de Control Constitucional a quien de inicio tocó conocer de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Común, registro 2006529, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 500, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). - - - El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." De ahí, que este órgano jurisdiccional no acepte la competencia declinada y en obvio de mayores dilaciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos, devuélvase los presentes autos con sus anexos al Juzgado Noveno de Distrito en Mazatlán, Sinaloa, por los motivos y consideraciones citados en los párrafos precedentes ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.
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