Francisco Javier Estrada Sánchez
Expediente 1944/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1944/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Francisco Javier Estrada Sánchez
Actuaciones
- Principal
MESA 7: VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por el MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del expediente laboral 158/2007 acumulado al 167/2007, A PARTIR DEL LAUDO, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, constante de cuatro tomos, manéjense éstas por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el diverso juicio de amparo 1178/2019-7, del índice de este juzgado, promovido por Policarpio Ramírez de la Rosa, Jorge Luis Montejo Ramón, Paula García Méndez, Arnulfo Hernández Hernández, Miguel Ángel Aquino de Dios, Gerardo Amezquita Hernández, Alejandro Martínez López, Conrado Pérez Hernández, Teódula Hernández Lázaro, Felipe Ovando Ovando, José Jesús de la Cruz de la Cruz, Eulogio Martínez Méndez, Clemente Rodríguez Guillermo, Lázaro Guillermo Rodríguez, Mario Pérez Hernández, Rodulfo Cerino Leyva, Carlos Mario López de Dios, Miguel Ángel de la O Cerino, Victoriano Rodríguez de la Cruz, Meregildo Martínez de los Santos, Yolanda de la Cruz Arias, Estanislao Arias Torres, Ossiel de la Rosa Benito, José Jesús Reyes Torres, Fernando Villanueva Avalos, Lorenzo Cruz de la Cruz, Manuela Hernández Cornelio, Miguel de la Cruz Luciano, Rodolfo Peralta Campos, Zaida Adriana Isidro Barrón, Delfino López Rodríguez, Rosalino de la Cruz Hernández, Lucia Landero Torres, María del Carmen Contreras Palacios, Norma del Carmen Estrada Cupil, Martin Arveis Arellano López, Carmen León Miranda, Francisco García García, Gabriela Hernández Díaz, Hilda del Rosario Leyva Leyva, Jaime Hernández Jiménez, José Luis Palma Jiménez, José Teodoro Rodríguez Hernández, José Piedad Benito Martínez, José Cruz Torres Santos, Jesús Díaz Rivera, Miguel May Rodríguez, María del Carmen García Izquierdo beneficiaria de Newton Vázquez Hernández, Melida Rodríguez Pérez beneficiaria de Jesús Antonio Cerino Iris, contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de dar cumplimiento al laudo de veintidós de febrero de dos mil trece, dictado en el expediente laboral 158/2007 y su acumulado 167/2007. Asimismo, que el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó la acumulación del juicio de amparo 1823/2019-4, promovido por Pablo Cupil Frías, al 1743/2019-5 promovido por Mateo García Alamilla, toda vez que en ambos juicios se reclama la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de dar cumplimiento al laudo de veintidós de febrero de dos mil trece, dictado en el expediente laboral 158/2007 y su acumulado 167/2007. Por lo anterior, resulta inconcuso que los juicios de amparo 1178/2019-7, 1743/2019-5 y 1823/2019-4, fueron promovidos por los actores, en contra de la misma autoridad responsable y por el mismo acto reclamado, el cual deriva del mismo expediente laboral. Por tanto, con apoyo en el artículo 17 Constitucional en lo relativo a administrar justicia pronta y completa, con la finalidad de evitar se divida la continencia de la causa y que eventualmente se pudieran dar resoluciones contradictorias, se decreta de oficio la acumulación de los juicios de amparo 1743/2019-5 y 1823/2019-4 al 1178/2019-7, por ser este último, el que se recibió primero en tiempo, por lo que deberán quedar en una misma pieza de autos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 24/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para esta misma fecha, quedando vigente la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional en el juicio de amparo primigenio, esto es, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte el trece de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable, remitiera copia certificada del expediente laboral 158/2007 acumulado al 167/2007, a partir del Laudo. Ahora bien, toda vez que en esta misma fecha se están recibiendo los autos en mención, hágase del conocimiento al citado Tribunal responsable, que resulta innecesario remitir de nueva cuenta los tomos que integran el referido expediente laboral y que le fueron requeridos en auto de trece de los actuales.
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MESA 8. NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, CONFORME LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. "...VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos; téngase por recibido el escrito signado por Francisco Javier Estrada Sánchez, mediante el cual, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos que reclama al Fiscal General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, párrafo tercero, 5, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número de expediente de amparo 1944/2019-8. INCOMPETENCIA LEGAL. Ahora bien, el promovente hace consistir el acto reclamado en: "El oficio FGE/VFAI/FCS/3841/2019 de fecha 07 de Noviembre de 2019, signado por la Fiscal del Ministerio Publico Investigador de la Fiscalía Para Combate al Secuestro y Extorción y Agente del Ministerio Publico investigador de la Fiscalía para el combate al Secuestro, mediante el cual acuerdan Improcedente la petición del suscrito FRANCISCO JAVIER ESTRADA SANCHEZ, en el sentido que se otorgue a los elementos de la Policía de Investigación, los cuales brindan actualmente protección personal, el correspondiente oficio de comisión, para salir fuera del Estado de Tabasco, para realizar mis actividades Profesionales como abogado Litigante y Ganadero, oficio el cual a todas luces no se encuentra ajustado a derecho, aunado a que se pretende retirarme la protección personal fuera del Estado de Tabasco de manera definitiva, cuando esta anterior al acto reclamado siempre la tenía para realizar mis actividades como Ganadero y Abogado Litigante, misma protección que se me pretende quitar de manera definitiva, a partir del 07 de noviembre de 2019.". En esa virtud, los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince y catorce de marzo de dos mil dieciséis, respectivamente que reforman y adicionan, el primero además deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que tiene como propósito fundamental establecer reglas para el turno de asuntos bajo el sistema aleatorio (cuando no tengan antecedentes) o con el sistema de relación, por la intervención de las mismas partes y/o por provenir de un mismo procedimiento, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo del asunto y evitar resoluciones contradictorias. Dichos acuerdos establecen textualmente lo siguiente: "[.] Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II.- El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; (.) V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; [.] XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de un antecedente registrado." El segundo acuerdo general que reformó el citado artículo, específicamente la fracción III, así como los párrafos sexto y séptimo, establece: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) III. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer, recibido dicho asunto por el órgano requerido decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. (.)" En efecto, dicha disposición revela que un juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, cuando se advierte un mismo expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad, de las que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, es decir, cuando se presente un asunto en la Oficina de Correspondencia Común, que esté relacionado con otro, del cual haya tenido conocimiento un determinado órgano jurisdiccional, dicho asunto se turnará al órgano que conoció previamente, pues con ello se aprovecha precisamente ese conocimiento previo del asunto, con el propósito fundamental de evitar sentencias contradictorias. En el mismo tenor, cabe aclarar que para efectos de la competencia por turno mediante la asignación de asuntos por el sistema de relación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que entre el antecedente más reciente en temporalidad a considerar para el turno de los asuntos no existe límite de tiempo. Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia 51/2009, publicada en la página 104, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Materia Común Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO b) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO A SU TEMPORALIDAD. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificarán si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad, que otro ya asignado; b) se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía; y, c) las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa, o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, a excepción de los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Por tanto, conforme a dicho sistema, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin hacer salvedad respecto a su inaplicación, para efectos de vinculación, a asuntos resueltos dentro de un determinado periodo, pues el inciso b) del artículo 9 citado no contiene excepción en cuanto a la temporalidad referida. Además, la finalidad de que dicho asunto se resuelva por el mismo órgano jurisdiccional es que se aproveche el conocimiento previo de las constancias del expediente respectivo". Así como en la jurisprudencia 129/2010, observable en la página 189, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo". Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado señalados en el libelo de amparo, se advierte que el quejoso Francisco Javier Estrada Sánchez, ostenta el carácter de víctima en las averiguaciones previas FCS-139/2014 y FCS-291/2014, del índice de la Fiscalía para el Combate al Secuestro. De igual manera se desprende, que ha sufrido diversos atentados en contra de su vida, los cuales quedaron asentados en la citadas averiguaciones previas del índice de la Fiscalía para el Combate al Secuestro, de las que se advierte que ha solicitado de manera verbal protección personal para él y su familia, la cual se le informó que iba ser otorgada por el Director General de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco, de manera permanente. Asimismo, se advierte que en virtud de la determinación hecha en la averiguación previa número FCS-139/2014, promovió juicio de garantías que correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado Amparo Indirecto Número 1605/2014-III, el que fue resuelto el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en auxilio del citado órgano jurisdiccional, el cual determino Sobreseer el Juicio de amparo 1605/2014-III, inconforme con lo resuelto promovió recurso de revisión el cual correspondió resolver al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Circuito en sesión de cuatro de junio de dos mil quince, en el Amparo en Revisión Penal número 393/2014, en la que resolvió modificar la sentencia sujeta a revisión al conceder el amparo para el efecto de que la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía para el Combate al Secuestro, dejara insubsistente el acuerdo emitido en la averiguación previa FCS-139/2014. Arguye el quejoso que ha realizado diversas solicitudes, y que el ocho y quince de agosto de dos mil diecisiete, solicitó por escrito a la Dirección de Policía, protección personal de la cual gozaba para realizar diversas actividades. Así también se advierte, que la Directora de Protección y Asistencia a Intervinientes en el Procedimiento Penal y a Personas en Riesgo Profesional, libró los oficios FGE/DPAIPPPRP/405/2017 y FGEIDPAIPPPRP/408/2017, de fechas veintiocho y veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, respectivamente; así como FGE/DPAIPPPRP/395/2017 y FGEIDPAIPPPRP/409/2017, de fechas diecinueve y veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete, en los que le informó al quejoso de que era beneficiario de una medida de protección provisional y que para tener acceso a las prerrogativas a que tenía derecho debía de firmar un convenio de entendimiento, a que se refiere el artículo 22 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tabasco. Inconforme con dichas determinaciones, y en virtud de que se le condicionaba el derecho a la protección personal, el quejoso promovió demanda de amparo, la cual correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, quien la radicó con el número 1305/2017, mediante proveído de trece de noviembre de dos mil diecisiete, remitió las constancias del juicio de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con la finalidad de aprovechar el previo conocimiento respecto de los actos combatidos. Manifiesta el inconforme, que el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Tabasco, se avocó al conocimiento del asunto registrándolo con el número de expediente 1818/2017-1, y una vez seguido el juicio en todas sus etapas procesales, el doce de diciembre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia constitucional y posteriormente el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia la cual en su punto resolutivo primero, sobreseyó el juicio de amparo y el segundo punto resolutivo negó el amparo y la protección solicitada. En consecuencia a ello promovió recurso de revisión del cual correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimo Circuito, bajo el número de amparo en revisión 203/2018, amparo que fue modificado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, mediante sentencia de engrose de doce de julio de dos mil dieciocho, en los que en sus puntos resolutivos se modificó la sentencia sujeta a revisión y se concedió al quejoso el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Directora de Protección y Asistencia a Intervinientes en el Procedimiento Penal y a Personas en Riesgo Profesional, dejara sin efecto los oficios FGE/DPAIPPPRP/405/2017 y FGEIDPAIPPPRP/408/2017, de fechas veintiocho y veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, respectivamente; así como FGE/DPAIPPPRP/395/2017 y FGEIDPAIPPPRP/409/2017, de fechas diecinueve y veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete. Por lo que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio FGE/DPAIPPPRP/1122/2018, de fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, el Titular de la Dirección de Protección y Asistencia a Intervinientes en el Procedimiento Penal y a Personas en Riesgo Profesional, hizo del conocimiento que mediante oficio número FGE/DPAIPPPRP/1066/201/, fechado el veintiséis de septiembre, dirigido a la Lic. Verónica Castro Marroquín, Delegada en Tabasco de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), remitió una solicitud a favor del inconforme a efecto de que dicha instancia local la remita ante la autoridad central, para que esta última, con base a la normatividad aplicable de la Ley General de Victimas y su reglamento, analice y determine el ingreso del suscrito al Registro Nacional de Victimas, así como para que resuelva si son procedentes sus peticiones en materia de protección personal. Ahora bien, el ocursante de cuenta, promovió demanda de amparo, la cual fue turnada a este órgano constitucional, registrándose con el número 1944/2019-8, en la que reclama: "El oficio FGE/VFAI/FCS/3841/2019 de fecha 07 de Noviembre de 2019, signado por la Fiscal del Ministerio Publico Investigador de la Fiscalía Para Combate al Secuestro y Extorción y Agente del Ministerio Publico investigador de la Fiscalía para el combate al Secuestro, mediante el cual acuerdan Improcedente la petición del suscrito FRANCISCO JAVIER ESTRADA SANCHEZ, en el sentido que se otorgue a los elementos de la Policía de Investigación, los cuales brindan actualmente protección personal, el correspondiente oficio de comisión, para salir fuera del Estado de Tabasco, para realizar mis actividades Profesionales como abogado Litigante y Ganadero, oficio el cual a todas luces no se encuentra ajustado a derecho, aunado a que se pretende retirarme la protección personal fuera del Estado de Tabasco de manera definitiva, cuando esta anterior al acto reclamado siempre la tenía para realizar mis actividades como Ganadero y Abogado Litigante, misma protección que se me pretende quitar de manera definitiva, a partir del 07 de noviembre de 2019.". De todo lo anterior, se evidencia que en el juicio de amparo 1818/2017-I, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, tuvo conocimiento de diversos actos relacionados con las averiguaciones previas FCS-139/2014 y FCS-291/2014, del índice de la Fiscalía para el Combate al Secuestro, como se corrobora de las documentales que en copias certificadas adjuntó a su demanda; siendo que en el expediente que ahora se actúa 1944/2019-8, se reclaman actos derivados de la averiguación previa 01/2017, formada con compulsas de las diversas 131/2014 y 139/2014, que originaron tanto el juicio de amparo tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito, como el presente asunto, por lo que es dable aprovechar el conocimiento previo de dicho juzgado. En tales consideraciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y Acuerdos citados, este juzgador se declara legalmente incompetente por razón de turno para seguir conociendo de este juicio de amparo y declina competencia a favor del JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, en virtud de que conoció previamente de otro asunto que derivan de los actos que ahora se reclaman. Es así, en virtud que al ser la competencia uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento y que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente esté autorizadas a pronunciar conforme a la división competencial establecida. La competencia, como concepto específico (frente a la idea global de jurisdicción), obedece a razones de distribución de esa tarea de juzgamiento entre los diversos organismos judiciales que no sólo atiende a cuestiones de materia, grado y territorio, sino que dado el aumento cuantitativo de órganos jurisdiccionales que ha propiciado el incremento ordenado de tribunales investidos de la misma competencia (por grado, materia y territorio) ha permitido que el aspecto del turno se erija en un supuesto competencial adicional, que ha venido a regularse por las legislaciones orgánicas de los Poderes Judiciales, tanto de la Federación como de las entidades federativas, mediante disposiciones administrativas contenidas en acuerdos generales, en razón precisamente de que el turno de los asuntos, como cuestión legal atañe necesariamente a la competencia. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 181/2008 consultable en la página 274, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR RAZÓN DE TURNO. COMO CUESTIÓN LEGAL, ATAÑEN A LA COMPETENCIA Y SON SUSCEPTIBLES DE RESOLVERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 BIS DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2002, de rubro: "CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL TURNO DE ASUNTOS RELACIONADOS SEGÚN EL ACUERDO GENERAL 23/2002 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO GENERAN POR SÍ MISMAS UN CONFLICTO DE COMPETENCIA LEGAL.", sostuvo que un conflicto competencial se actualiza en la medida en que los órganos contendientes fijen su postura en razón de su atribución legal para conocer del asunto por razón de materia, grado, vía o territorio, pero no puede generarse por cuestiones de turno. No obstante, dicha jurisprudencia debe modificarse en virtud de que el Poder Judicial de la Federación ha presentado un crecimiento ordenado de los órganos jurisdiccionales, que ha permitido la existencia de varios Tribunales Colegiados de Circuito investidos de la misma competencia por grado, materia y territorio, por lo que el turno ha debido regularse conforme al artículo 81, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante disposiciones administrativas contenidas en los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, como forma de distribución de la labor jurisdiccional entre los distintos tribunales que tienen igual circunscripción territorial y materia de competencia, cuya aplicación puede, en el ámbito jurisdiccional, originar conflictos competenciales. En consecuencia, el turno de los asuntos, como cuestión legal, atañe necesariamente a la competencia, de ahí que los conflictos que se susciten por esa razón son susceptibles de resolverse en términos del artículo 48 Bis de la Ley de Amparo". Ese aspecto del turno, como supuesto competencial aplicable en la labor jurisdiccional que desarrollan los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito, permite traer a colación que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de la facultad conferida en el normativo 81, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los Acuerdos Generales referidos con antelación, que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en cuanto al funcionamiento, supervisión, control de oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente en su precepto 46, el turno de asuntos mediante los sistemas aleatorio y de relación, estableciendo en cuanto a este último (que es el relevante para este caso) la obligación de que previamente a la asignación aleatoria los Jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, como se advierte de la redacción de dicho acuerdo que fue reproducido en lo que interesa en líneas anteriores. Lo anterior revela que, administrativamente, el Consejo de la Judicatura Federal, en su carácter de órgano rector de la administración, disciplina y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (excepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral) instauró la competencia por razón de turno entre los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito al tenor de los aspectos que puntualizó en el Acuerdo General descrito, advirtiéndose desde la perspectiva del "Criterios generales de relación", que en dicho apartado sentó bases que determinan que la competencia a virtud de dicho supuesto se actualiza en favor de aquel órgano jurisdiccional que tenga asignado previamente otro asunto que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que el que se le está presentando, de demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; esto es, aquél que ya tenga en su índice un asunto previo con el que se encuentre relacionado el nuevo que se le presenta y que esa relación derive precisamente de la identidad del expediente del que ambos asuntos provienen y de la autoridad que emitió el acto, o bien que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria. Bajo esa directriz, en observancia al supuesto competencial, el suscrito considera que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal, por CUESTIÓN DE TURNO, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 46, fracciones II y V, y párrafos último y penúltimo, de los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referidos, pues como ha quedado puntualizado en el inicio del presente proveído, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que ésta se encuentra relacionada con el juicio 1818/2017-I, del que correspondió su conocimiento al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, promovido por el aquí quejoso, por tanto, el conocimiento del asunto encuadra dentro de los supuestos previstos en los párrafos último y penúltimo del numeral 46 del referido Acuerdo General, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia y a fin de no dilatar innecesariamente la tramitación del presente juicio de amparo con requerimientos que a nada práctico conducirían. En tales condiciones, sentada la incompetencia legal de este Juzgado, por cuestión de turno, para resolver y seguir conociendo del presente juicio, remítase la presente demanda y sus anexos, A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, para que por su conducto lo turne al JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, para que provea lo conducente y solicítese comunique a este órgano de control constitucional lo que tenga a bien determinar. Con copia certificada de la boleta de turno, de la demanda de amparo, y demás constancias que se estimen pertinentes, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a Jacobo Vázquez Méndez, y al resto de las personas que menciona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, en virtud, de que éstos no cuentan con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado realicen las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal..."
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