Francisco Javier Estrada Lúa

Expediente 596/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
596/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Estrada Lúa

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Nubia Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia de carácter personal otorgada al Titular, concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el dos de diciembre de dos mil diecinueve, comunicado mediante oficio 6898/2019, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y da fe el secretario José Martín Narciso Pérez.

  2. Principal

    R. REGISTRO. Por recibida LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Francisco Javier Estrada Lua, contra actos del Director de Ejecución de Sanciones Penales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 596/2019. 2. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de traslado, así como los diversos actos relacionados con las condiciones de internamiento en su lugar de reclusión. 3. DESECHAMIENTO. Respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. Efectivamente, la fracción citada contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es, el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. 3. 1. En atención a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado en primer término, la orden de traslado y su ejecución. Ahora, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), registro 2018548, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Página 230, a la letra reza: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Como se observa, dicha jurisprudencia, al interpretar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la indicada Sala del Máximo Tribunal del País estableció, que en el caso del procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Y si bien es cierto, que en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio jurisprudencial transcrito, el tema dilucidado únicamente se refiere a las peticiones administrativas, se considera que, por identidad de razones, en el caso de las órdenes de traslado también existe un medio de defensa ordinario, que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, como a continuación se verá. En ese contexto, conviene puntualizar, que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: I. Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. II. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. III. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. En el caso, como se dijo, los impetrantes del amparo señalaron como acto reclamado la orden de traslado que afirman fue emitida en su contra; por lo tanto, su estudio se limita al procedimiento identificado bajo el inciso "c", respecto del que la Ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: Sistema de Traslados: Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. A continuación se explica de manera separada esos tres tipos de traslados: a) Los traslados voluntarios previstos por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. b) El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley de Ejecución en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De esa guisa, precisadas las consideraciones que preceden al caso concreto, y como de la demanda se advierte que el quejoso afirmó que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", con sede en esta ciudad, resulta valido suponer que el traslado reclamado pudo haber sido ordenado por las autoridades administrativas penitenciarias que señala la parte quejosa, por ende, para combatir ese acto la ley establece un medio de defensa ordinario a través del cual puede obtener la restitución de algún derecho violado. En efecto, la parte quejosa

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Por recibida LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Francisco Javier Estrada Lua, contra actos del Director de Ejecución de Sanciones Penales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 596/2019. 2. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de traslado, así como los diversos actos relacionados con las condiciones de internamiento en su lugar de reclusión. 3. DESECHAMIENTO. Respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. Efectivamente, la fracción citada contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es, el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. 3. 1. En atención a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado en primer término, la orden de traslado y su ejecución. Ahora, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), registro 2018548, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Página 230, a la letra reza: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Como se observa, dicha jurisprudencia, al interpretar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la indicada Sala del Máximo Tribunal del País estableció, que en el caso del procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Y si bien es cierto, que en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio jurisprudencial transcrito, el tema dilucidado únicamente se refiere a las peticiones administrativas, se considera que, por identidad de razones, en el caso de las órdenes de traslado también existe un medio de defensa ordinario, que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, como a continuación se verá. En ese contexto, conviene puntualizar, que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: I. Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. II. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. III. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. En el caso, como se dijo, los impetrantes del amparo señalaron como acto reclamado la orden de traslado que afirman fue emitida en su contra; por lo tanto, su estudio se limita al procedimiento identificado bajo el inciso "c", respecto del que la Ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: Sistema de Traslados: Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. A continuación se explica de manera separada esos tres tipos de traslados: a) Los traslados voluntarios previstos por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. b) El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley de Ejecución en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De esa guisa, precisadas las consideraciones que preceden al caso concreto, y como de la demanda se advierte que el quejoso afirmó que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", con sede en esta ciudad, resulta valido suponer que el traslado reclamado pudo haber sido ordenado por las autoridades administrativas penitenciarias que señala la parte quejosa, por ende, para combatir ese acto la ley establece un medio de defensa ordinario a través del cual puede obtener la restitución de algún derecho violado. En efecto, la parte quejosa tiene la obligación de que, previo a acudir al juicio de amparo para reclamar una orden de traslado, agotar el mecanismo de control que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de impugnar a través de ese medio; más porque tal supuesto no se ubica en el caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En resumen, este órgano de control constitucional llega al conocimiento que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, de la que derivó la jurisprudencia 79/2018 (10a.), de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", estableció que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayor formalismo, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones u acciones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneren sus derechos. Aunado a lo anterior, este juzgado de amparo advierte que dicha ley prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula las condiciones de las personas privadas de su libertad, como consecuencia de una resolución judicial; a saber: régimen de internamiento, que reglamenta las garantías de una vida digna y segura; el disciplinario, que establece qué autoridad penitenciaria sanciona las faltas disciplinarias; y, el régimen de traslados a otro centro de reclusión, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. En ese orden de ideas, en el caso de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ende, si el interno promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión, sin que previamente hubiera agotado el citado medio de control, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad. No se oponen a lo antes esgrimido, los criterios de nuestro alto tribunal siguientes: 1a./J. 58/2016 (10a.), Registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." 1a./J. 83/2015 (10a.), Registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA." 1a. CLXVI/2014 (10a.), Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL." 1a./J. 17/2013 (10a.), Registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO." Ello es así, porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de dos mil once, donde se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial, por ende, a partir de dicha reforma las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados, de hacerlo se trataría de actos emitidos fuera de procedimiento judicial. Los referidos criterios surgieron en la época de transición donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades legales para ello y sin autorización judicial, cuando aún no se ajustaban ni la legislación ordinaria, ni las autoridades administrativas penitenciarias, a los principios constitucionales, sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por regla general la autorización judicial es previa y excepcionalmente en casos urgentes la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, también se previó la facultad del interno de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de juicio, a diferencia de lo analizado por el alto tribunal que alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio sea diferente y no resulten aplicables esos criterios. En todo caso, a través del medio de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad judicial ordinaria podrá analizar si la autoridad administrativa atendió o se apegó a esas disposiciones legales, de existir alguna violación, la consecuencia podría ser la declaración de nulidad de dicho traslado, y la orden de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, por tanto, a través de dicho procedimiento es dable resarcir alguna violación de derechos que haya sufrido algún interno, por lo que el referido mecanismo de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo a acudir al amparo. Así, conforme lo dispone el artículo 51 de la ley nacional especial, la resolución emitida por una autoridad judicial que ordene el traslado del interno, podrá ser impugnada a través del recurso de apelación; medio de impugnación que igual forma deberá interponerse previamente a la promoción del juicio constitucional. 3. 2. Por otra parte, respecto a los actos relativos a las condiciones de internamiento del quejoso, que indica como hacinamiento y separación de la población general, así como la restricción de la visita familiar, se determina que dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran los artículos 107 a 115, se obtiene, en lo que aquí interesa, que las peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria contra hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, quien una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa, determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. El director del centro penitenciario estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificará al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. En adición a dichos preceptos, en el Capítulo IV, denominado Controversias ante el Juez de Ejecución, se encuentran en los artículos 116 y 117, los cuales refieren que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. De igual forma, ante la omisión del director del centro penitenciario de resolver dentro del término legal, el interno puede acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Los Jueces de Ejecución conocerán controversias relacionadas, entre otras, con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas, así como con el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas que impliquen violación de derechos fundamentales. Establecido lo anterior y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que el promovente del amparo, ya sea como procesado o sentenciado, en términos del artículo 2 y 3, fracciones XVIII y XIX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover demanda de amparo, debió formular por escrito la petición administrativa prevista por el numeral 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Director del Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz, con asiento en esta ciudad, para reclamar los diversos actos de su internamiento, como el hacinamiento y separación de la población general, así como la restricción de la visita familiar; ello, por ser ésta la autoridad penitenciaria encargada de la tramitación del procedimiento establecido en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (petición administrativa). Máxime que en el procedimiento ante el Juez de Ejecución, no se actualiza la excepción al referido principio, contemplada en la porción normativa antes citada, ya que dicho medio de solución de controversia contempla la posibilidad de que esa autoridad, decrete la suspensión del acto controvertido sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, como se advierte del numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por las razones expuestas en los numerales 3.1. y 3.2., el quejoso, previo a acudir al amparo, debió agotar el procedimiento que prevé la Ley de Ejecución Penal; es decir, tiene a su alcance medios de defensa ordinarios, sin embargo, no los agotó, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por ende, con fundamento en el numeral 113 de la citada, se desecha de plano la demanda de amparo. 4. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADO. La parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Privada de Ejército Trigarante, número 4, colonia Tierra y Libertad, en esta ciudad; además, tiene por autorizada con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Karla Gabriela Padilla Alfaro, por contar con cédula registrada ante los Juzgados de Distrito, que la autoriza para ejercer la profesión de licenciada en derecho. 5. MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO. En relación a la ratificación que solicita, hágase de su conocimiento que la demanda se encuentra firmada, razón por la que no se ordena su ratificación. 6. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. UBB VÍA SISE. EXHORTO______/2019. NÚMERO DE ORDEN: __________/2019. JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, EN TURNO. EL LICENCIADO SERGIO SANTAMARÍA CHAMÚ, JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, A USTED JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, EN TURNO, A QUIEN TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, LE HAGO SABER QUE EN EL JUICIO DE AMPARO 585/2019, PROMOVIDO POR RAÚL SÁNCHES FONSECA Y OTRO, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: Uruapan, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Por recibida LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Raúl Sánches Fonseca y Gerardo Ramírez Garduño, contra actos del Coordinador del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 585/2019. 2. DESECHAMIENTO. respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. Efectivamente, la fracción citada contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es, el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En atención a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el acto reclamado lo hacen consistir en la orden de traslado y su ejecución. Ahora, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), registro 2018548, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Página 230, a la letra reza: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Como se observa, dicha jurisprudencia, al interpretar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la indicada Sala del Máximo Tribunal del País estableció, que en el caso del procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Y si bien es cierto, que en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio jurisprudencial transcrito, el tema dilucidado únicamente se refiere a las peticiones administrativas, se considera que, por identidad de razones, en el caso de las órdenes de traslado también existe un medio de defensa ordinario, que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, como a continuación se verá. En ese contexto, conviene puntualizar, que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: I. Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. II. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. III. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. En el caso, como se dijo, los impetrantes del amparo señalaron como acto reclamado la orden de traslado que afirman fue emitida en su contra; por lo tanto, su estudio se limita al procedimiento identificado bajo el inciso "c", respecto del que la Ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: Sistema de Traslados: Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. A continuación se explica de manera separada esos tres tipos de traslados: a) Los traslados voluntarios previstos por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. b) El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley de Ejecución en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De esa guisa, precisadas las consideraciones que preceden al caso concreto, y como de la demanda se advierte que los quejosos afirmaron que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente, en el Estado de Jalisco, resulta valido suponer que el traslado reclamado pudo haber sido ordenado por las autoridades administrativas penitenciarias que señala la parte quejosa, por ende, para combatir ese acto la ley establece un medio de defensa ordinario a través del cual puede obtener la restitución de algún derecho violado. Por la razón expuesta la parte quejosa, previo a acudir al amparo, debió agotar el procedimiento que prevé la Ley de Ejecución Penal; es decir, tiene a su alcance un medio de defensa ordinario, sin embargo, no lo agotó, lo que trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que conlleva al desechamiento de la presente demanda de amparo. En efecto, la parte quejosa tiene la obligación de que, previo a acudir al juicio de amparo para reclamar una orden de traslado, agotar el mecanismo de control que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de impugnar a través de ese medio; más porque tal supuesto no se ubica en el caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En resumen, este órgano de control constitucional llega al conocimiento que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, de la que derivó la jurisprudencia 79/2018 (10a.), de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", estableció que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayor formalismo, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones u acciones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneren sus derechos. Aunado a lo anterior, este juzgado de amparo advierte que dicha ley prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula las condiciones de las personas privadas de su libertad, como consecuencia de una resolución judicial; a saber: régimen de internamiento, que reglamenta las garantías de una vida digna y segura; el disciplinario, que establece qué autoridad penitenciaria sanciona las faltas disciplinarias; y, el régimen de traslados a otro centro de reclusión, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. En ese orden de ideas, en el caso de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ende, si el interno promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión, sin que previamente hubiera agotado el citado medio de control, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad. No se oponen a lo antes esgrimido, los criterios de nuestro alto tribunal siguientes: 1a./J. 58/2016 (10a.), Registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." 1a./J. 83/2015 (10a.), Registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA." 1a. CLXVI/2014 (10a.), Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL." 1a./J. 17/2013 (10a.), Registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO." Ello es así porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de dos mil once, donde se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial, por ende, a partir de dicha reforma las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados, de hacerlo se trataría de actos emitidos fuera de procedimiento judicial. Los referidos criterios surgieron en la época de transición donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades legales para ello y sin autorización judicial, cuando aún no se ajustaban ni la legislación ordinaria, ni las autoridades administrativas penitenciarias, a los principios constitucionales, sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por regla general la autorización judicial es previa y excepcionalmente en casos urgentes la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, también se previó la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de juicio, a diferencia de lo analizado por el alto tribunal que alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio sea diferente y no resulten aplicables esos criterios. En todo caso, a través del medio de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad judicial ordinaria podrá analizar si la autoridad administrativa atendió o se apegó a esas disposiciones legales, de existir alguna violación, la consecuencia podría ser la declaración de nulidad de dicho traslado, y la orden de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, por tanto, a través de dicho procedimiento es dable resarcir alguna violación de derechos que haya sufrido algún interno, por lo que el referido mecanismo de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo a acudir al amparo. Así, conforme lo dispone el artículo 51 de la ley nacional especial, la resolución emitida por una autoridad judicial que ordene el traslado del interno, podrá ser impugnada a través del recurso de apelación; medio de impugnación que igual forma deberá interponerse previamente a la promoción del juicio constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo. 3. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. NOTIFICACIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda. En esa virtud y dado que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que por su conducto ordene a quien corresponda, se constituya en el referido centro de reclusión y notifique personalmente a los referidos quejosos el presente acuerdo. Sin que sea necesario que acuse recibo de la presente comunicación, pues a través del aludido sistema se genera la boleta de turno correspondiente. Se solicita de la manera más atenta, a la autoridad que conozca del referido exhorto, lo devuelva por la misma vía. 5. REPRESENTANTE ESPECIAL. Tomando en consideración que los peticionarios del amparo se encuentran privados de su libertad y no designaron autorizados para recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 29 fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, solicítese vía correo electrónico al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien designarles un asesor o defensor público, según sea el caso, que los asista por lo que se refiere a este expediente, adjuntándole copia simple de la demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Nubia Miranda Ramírez. Blv Y PARA QUE POR MI MANDADO TENGA SU EXACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LO EXHORTO Y DE MI PARTE LE SUPLICO, SEGURO DE MI RECIPROCIDAD EN CASOS ANALOGOS, PARA QUE SE SIRVA DILIGENCIAR EL PRESENTE EXHORTO EN LOS TERMINOS INDICADOS EN EL AUTO INSERTO, Y UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, LO DEVUELVA CON LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU DEBIDO CUMPLIMIENTO. A T E N T A M E N T E: URUAPAN, MICHOACÁN, 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. LIC. SERGIO SANTAMARÍA CHAMÚ EL SECRETARIO DEL JUZGADO LIC. JOSÉ MARTÍN NARCISO PÉREZ Uruapan, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Por recibida LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Raúl Sánches Fonseca y Gerardo Ramírez Garduño, contra actos del Coordinador del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 585/2019. 2. DESECHAMIENTO. respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. Efectivamente, la fracción citada contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es, el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En atención a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el acto reclamado lo hacen consistir en la orden de traslado y su ejecución. Ahora, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), registro 2018548, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Página 230, a la letra reza: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Como se observa, dicha jurisprudencia, al interpretar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la indicada Sala del Máximo Tribunal del País estableció, que en el caso del procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Y si bien es cierto, que en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio jurisprudencial transcrito, el tema dilucidado únicamente se refiere a las peticiones administrativas, se considera que, por identidad de razones, en el caso de las órdenes de traslado también existe un medio de defensa ordinario, que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, como a continuación se verá. En ese contexto, conviene puntualizar, que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: I. Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. II. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. III. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. En el caso, como se dijo, los impetrantes del amparo señalaron como acto reclamado la orden de traslado que afirman fue emitida en su contra; por lo tanto, su estudio se limita al procedimiento identificado bajo el inciso "c", respecto del que la Ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: Sistema de Traslados: Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. A continuación se explica de manera separada esos tres tipos de traslados: a) Los traslados voluntarios previstos por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. b) El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley de Ejecución en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De esa guisa, precisadas las consideraciones que preceden al caso concreto, y como de la demanda se advierte que los quejosos afirmaron que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente, en el Estado de Jalisco, resulta valido suponer que el traslado reclamado pudo haber sido ordenado por las autoridades administrativas penitenciarias que señala la parte quejosa, por ende, para combatir ese acto la ley establece un medio de defensa ordinario a través del cual puede obtener la restitución de algún derecho violado. Por la razón expuesta la parte quejosa, previo a acudir al amparo, debió agotar el procedimiento que prevé la Ley de Ejecución Penal; es decir, tiene a su alcance un medio de defensa ordinario, sin embargo, no lo agotó, lo que trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que conlleva al desechamiento de la presente demanda de amparo. En efecto, la parte quejosa tiene la obligación de que, previo a acudir al juicio de amparo para reclamar una orden de traslado, agotar el mecanismo de control que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de impugnar a través de ese medio; más porque tal supuesto no se ubica en el caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En resumen, este órgano de control constitucional llega al conocimiento que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, de la que derivó la jurisprudencia 79/2018 (10a.), de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", estableció que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayor formalismo, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones u acciones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneren sus derechos. Aunado a lo anterior, este juzgado de amparo advierte que dicha ley prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula las condiciones de las personas privadas de su libertad, como consecuencia de una resolución judicial; a saber: régimen de internamiento, que reglamenta las garantías de una vida digna y segura; el disciplinario, que establece qué autoridad penitenciaria sanciona las faltas disciplinarias; y, el régimen de traslados a otro centro de reclusión, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. En ese orden de ideas, en el caso de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ende, si el interno promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión, sin que previamente hubiera agotado el citado medio de control, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad. No se oponen a lo antes esgrimido, los criterios de nuestro alto tribunal siguientes: 1a./J. 58/2016 (10a.), Registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." 1a./J. 83/2015 (10a.), Registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA." 1a. CLXVI/2014 (10a.), Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL." 1a./J. 17/2013 (10a.), Registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO." Ello es así porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de dos mil once, donde se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial, por ende, a partir de dicha reforma las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados, de hacerlo se trataría de actos emitidos fuera de procedimiento judicial. Los referidos criterios surgieron en la época de transición donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades legales para ello y sin autorización judicial, cuando aún no se ajustaban ni la legislación ordinaria, ni las autoridades administrativas penitenciarias, a los principios constitucionales, sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por regla general la autorización judicial es previa y excepcionalmente en casos urgentes la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, también se previó la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de juicio, a diferencia de lo analizado por el alto tribunal que alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio sea diferente y no resulten aplicables esos criterios. En todo caso, a través del medio de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad judicial ordinaria podrá analizar si la autoridad administrativa atendió o se apegó a esas disposiciones legales, de existir alguna violación, la consecuencia podría ser la declaración de nulidad de dicho traslado, y la orden de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, por tanto, a través de dicho procedimiento es dable resarcir alguna violación de derechos que haya sufrido algún interno, por lo que el referido mecanismo de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo a acudir al amparo. Así, conforme lo dispone el artículo 51 de la ley nacional especial, la resolución emitida por una autoridad judicial que ordene el traslado del interno, podrá ser impugnada a través del recurso de apelación; medio de impugnación que igual forma deberá interponerse previamente a la promoción del juicio constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo. 3. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. NOTIFICACIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda. En esa virtud y dado que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que por su conducto ordene a quien corresponda, se constituya en el referido centro de reclusión y notifique personalmente a los referidos quejosos el presente acuerdo. Sin que sea necesario que acuse recibo de la presente comunicación, pues a través del aludido sistema se genera la boleta de turno correspondiente. Se solicita de la manera más atenta, a la autoridad que conozca del referido exhorto, lo devuelva por la misma vía. 5. REPRESENTANTE ESPECIAL. Tomando en consideración que los peticionarios del amparo se encuentran privados de su libertad y no designaron autorizados para recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 29 fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, solicítese vía correo electrónico al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien designarles un asesor o defensor público, según sea el caso, que los asista por lo que se refiere a este expediente, adjuntándole copia simple de la demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Nubia Miranda Ramírez. Blv Y PARA QUE POR MI MANDADO TENGA SU EXACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LO EXHORTO Y DE MI PARTE LE SUPLICO, SEGURO DE MI RECIPROCIDAD EN CASOS ANALOGOS, PARA QUE SE SIRVA DILIGENCIAR EL PRESENTE EXHORTO EN LOS TERMINOS INDICADOS EN EL AUTO INSERTO, Y UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, LO DEVUELVA CON LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU DEBIDO CUMPLIMIENTO. A T E N T A M E N T E: URUAPAN, MICHOACÁN, 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. LIC. SERGIO SANTAMARÍA CHAMÚ EL SECRETARIO DEL JUZGADO LIC. JOSÉ MARTÍN NARCISO PÉREZ Blv Y PARA QUE POR MI MANDADO TENGA SU EXACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LO EXHORTO Y DE MI PARTE LE SUPLICO, SEGURO DE MI RECIPROCIDAD EN CASOS ANALOGOS, PARA QUE SE SIRVA DILIGENCIAR EL PRESENTE EXHORTO EN LOS TERMINOS INDICADOS EN EL AUTO INSERTO, Y UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, LO DEVUELVA CON LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU DEBIDO CUMPLIMIENTO. A T E N T A M E N T E: URUAPAN, MICHOACÁN, 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. LIC. SERGIO SANTAMARÍA CHAMÚ EL SECRETARIO DEL JUZGADO LIC. JOSÉ MARTÍN NARCISO PÉREZ

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