Francisco Javier Elvira Sandria
Expediente 855/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Francisco Javier Elvira Sandria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 855/2016-III. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y otra autoridad, a quienes les reclamó: ACTO RECLAMADO: EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DONDE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE AL SUSCRITO QUEJOSO SE LE ENCONTRARON ANTECEDENTES PENALES CON FECHA DE SENTENCIA NUEVE (SIC) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DEL C. JUEZ QUINTO PENAL NÚMERO ******* POR EL DELITO DE ROBO Y DAÑOS. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la demanda de amparo se registró con el número 855/2016-III y por auto de veinte de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite, previa aclaración de la misma, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de la demanda. En auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la ampliación de la demanda propuesta por la parte quejosa, respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público Encargado del Departamento de Antecedentes Penales y Archivo de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, de quien reclamó: ACTO RECLAMADO: EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DONDE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE AL SUSCRITO QUEJOSO SE LE ENCONTRARON ANTECEDENTES PENALES CON FECHA DE SENTENCIA NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DEL C. JUEZ QUINTO PENAL NÚMERO 544/99 POR EL DELITO DE ROBO Y DAÑOS En ese mismo proveído se requirió el informe con justificación de la referida autoridad responsable, se ordenó correr traslado a las partes con el escrito de ampliación y se notificó la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama el certificado de antecedentes penales ******* de veinte de abril de dos mil dieciséis, expedido a su favor por la Fiscalía General del Estado, en el que se hace constar que se le encontraron antecedentes penales. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Agente del Ministerio Público adscrita a Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto que le atribuye el accionante del amparo, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Por su parte, el Encargado de la Unidad de Antecedentes Penales y Archivo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto que se le reclama, pues refirió: [.] ES CIERTO el acto reclamado por la parte quejosa en su escrito de garantías, consistente en la expedición del Certificado de Antecedentes Penales de fecha 20 de abril del año 2016, a nombre de Francisco Javier Elvira Sandria, en donde se hizo constar que a dicho interesado se le encontraron antecedentes penales por los delitos de robo y daños. [...] Lo anterior se corrobora con las pruebas que aportó el quejoso, en especial con el original del certificado de antecedentes penales *******, que aquí constituye el acto reclamado, así como la copia certificada que remitió la autoridad responsable Encargado de la Unidad de Antecedentes Penales y Archivo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, de la sentencia dictada el ocho de mayo de dos mil, en contra del quejoso por los delitos de robo y daños, cometidos en perjuicio de *******, las que constituyen prueba plena al tratarse de documentales expedidas por autoridades que tienen fe pública y expidieron en ejercicio de sus funciones; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia del acto reclamado. Al respecto, se cita la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/323 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, registro 210784, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Materia Común, página 87, del epígrafe y texto: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. A juicio de este juzgador, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que textualmente establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra norma generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por los cardinales 17 y 18 del cuerpo normativo que textualmente establecen: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. [.] 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Como puede advertirse del texto del precepto legal antes trascrito, se desprende que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior se sustenta, por identidad de razón, en la jurisprudencia 30/2007, vía contradicción, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 286, Tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 172550, que expresa: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. En el caso, en la demanda de amparo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, el quejoso en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, en lo que aquí interesa refiere: [.] 3. Periódicamente la JEFATURA DE ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES nos solicita CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES o también llamada CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES, el hoy quejoso labora desde el 13 de agosto de dos mil doce, y solicite la documental descrita con antelación a la FISCALÍA extendiéndose con oportunidad que carecía de antecedentes penales tal y como lo demuestro con dicha documental y así las cosas laboraba tal y como lo describí, pero ocurre que en fecha veinte de abril de dos mil dieciséis me aparecen antecedentes penales [.] Del párrafo anterior, se advierte que el quejoso narra que el veinte de abril de dos mil dieciséis, le aparecieron antecedentes penales, no obstante ante la omisión de precisar en su demanda de amparo, la fecha exacta en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se le previno para que bajo protesta de decir verdad precisara la fecha en que tuvo conocimiento. En el escrito de aclaración de demanda de diecisiete de octubre del año próximo pasado, el quejoso expuso bajo protesta de decir verdad: [.] Preciso el día y hora que tuve conocimiento del acto reclamado fue en fecha 20 de abril del 2016, pero con la salvedad de que tuve conocimiento real el día 17 de septiembre que me rechazaron la misma del trabajo que venía desempeñando y ya no me admitieron por tener antecedentes penales, [.] Del escrito de demanda de amparo, así como del aclaratorio, se desprende que fue el veinte de abril de dos mil dieciséis, cuando el quejoso tuvo conocimiento íntegro del contenido del certificado de antecedentes penales 61952/16, que le expidió la Fiscalía General del Estado, en el que hizo constar y certificó que se le encontraron antecedentes penales al aquí quejoso, acto que aquí se reclama. Es decir, de lo narrado se infiere que la parte quejosa tuvo conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, el veinte de abril de dos mil dieciséis. Lo anterior, se robustece porque en la página de internet http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=244#.WH6KS304r2, cuyo contenido es un hecho notorio y susceptible de ser valorado por este juzgador, se especifica que el trámite para obtener dicha documental únicamente puede ser realizado por la persona interesada en los módulos señalados y horarios ahí especificados. Apoya lo anterior, la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.), aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Materia Civil, visible en la página 1373, del siguiente tenor: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. De ahí que la entrega de dicho certificado fue directamente al quejoso, y es al momento de la entrega, cuando se pudo percatar del contenido exacto y completo del acto que aquí reclama. De manera que, para computar la oportunidad en la presentación de la demanda que origina el juicio en que se actúa, debe tomarse en cuenta la fecha en que la parte accionante tuvo conocimiento de los hechos que le agravian. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió respecto del acto que aquí se reclama, del veintidós de abril al trece de mayo del año que transcurre, con exclusión de los días veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, uno, cinco, siete y ocho de mayo, todos de dos mil dieciséis, por ser inhábiles conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En tal virtud, como la demanda fue recibida en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, es incuestionable que su presentación fue extemporánea. Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia número trece, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once del Tomo VI Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, de registro 393969, cuyo texto y rubro dice: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo. Por ello, se estima actualizada la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. No se soslaya lo que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en el escrito de aclaración de demanda de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, respecto a que tuvo conocimiento real del acto que reclama el diecisiete de septiembre de ese año, en que le rechazaron "la misma" en el trabajo que venía desempeñando y ya no lo admitieron por tener antecedentes penales; sin embargo, se insiste que el conocimiento directo, exacto y completo del certificado de antecedentes penales lo tuvo el veinte de abril de dos mil dieciséis, pues fue ahí donde tuvo a la vista el contenido del certificado, y el hecho de que leyera lo ahí plasmado, no lo exime de haberse dado por enterado a partir de esa fecha. Apoya lo anterior en la parte conducente la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, septiembre de 2002, Materia Común, visible en la página 5 del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa. En congruencia con todo lo expresado lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 855/2016-III, promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Encargado de la Unidad de Antecedentes Penales y Archivo de la Fiscalía General del Estado, denominación correcta de la señalada como Agente del Ministerio Público Encargado del Departamento de Antecedentes Penales y Archivo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; con su contenido y con la documental que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, encargada del despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*eam
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que no obra el informe justificado del Agente del Ministerio Público Encargado del Departamento de Antecedentes Penales y Archivo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, no obstante que en autos obra la constancia de notificación mediante el cual se le requirió. Ello, porque si bien la omisión de rendir el informe justificado traería como consecuencia tener por cierto el acto reclamado; sin embargo, este juzgado federal estima necesario contar con la totalidad de las constancias que tienen relación con el acto reclamado, entre ellas, aquella con la que se acredite la fecha en que se entregó al quejoso *******, el Certificado de Antecedentes Penales, número *******, expedido por la Fiscalía General del Estado, firmado por el Licenciado *******, el veinte de abril de dos mil dieciséis, a efecto de que la sentencia que se dicte este apegada a derecho. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Agente del Ministerio Público Encargado del Departamento de Antecedentes Penales y Archivo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que dentro del término de tres días, computado legalmente remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la totalidad de las constancias que tengan relación con el acto reclamado, consistente en el Certificado de Antecedentes Penales, número *******, expedido por la Fiscalía General del Estado y firmado por el Licenciado *******, el veinte de abril de dos mil dieciséis, a nombre del quejoso Francisco Javier Elvira Sandria. Asimismo, se apercibe al Agente del Ministerio Público Encargado del Departamento de Antecedentes Penales y Archivo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en esa ciudad, que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado en el párrafo que antecede, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medición y Actualización (UMA), en términos de lo dispuesto por los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia, y se fijan las once horas con diez minutos del diecisiete de enero de dos mil diecisiete, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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