Francisco Javier Domínguez Guerrero

Expediente 1221/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1221/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2016

Partes del expediente

  • Francisco Javier Domínguez Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta del SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOTERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, mediante el cual remite el expediente de amparo 906/2016 del índice del juzgado de su adscripción, formado con motivo de la incompetencia legal planteada por este Juzgado Federal respecto de la demanda de amparo promovida por ----. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, el Titular del referido órgano jurisdiccional mediante acuerdo de tres de octubre del año en curso no aceptó la competencia planteada por éste órgano jurisdiccional en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, al considerar que el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ------- es aquél que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, por tratarse éste de la ejecución extemporánea de una orden de extradición y encontrarse el quejoso privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla. Refiere el Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México que en el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis se omitió tomar en consideración las manifestaciones del amparista en el sentido de que el veinticuatro de mayo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió acuerdo en que determinó conceder su extradición al Reino de España; determinación que le fue notificada al quejoso el veinticinco de mayo siguiente en forma personal en el interior del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla -lugar en que se encuentra recluido-, siendo que no promovió juicio de amparo en contra de dicha determinación, de ahí que sea la orden de extradición la que rige actualmente su situación jurídica. Agrega el juez declinante que si el acto reclamado lo constituye únicamente la ejecución extemporánea de la orden de extradición, y no éste último mandamiento como principio rector de la pretensión del justiciable, en tanto que como se indicó, el inconforme manifestó su deseo de no instar la acción constitucional de amparo contra la orden de extradición, es que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, relativo a que será competente el juez de distrito que reside en la jurisdicción en que el acto reclamado deba tener ejecución, y en el caso, acontecerá en la ciudad de Puebla, que es donde se encuentra privado de la libertad el justiciable, pues su ejecución se traduciría en la extracción del agraviado del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla -lugar en el que se encuentra privado de su libertad- para ser puesto a su disposición de la Procuraduría General de la República y, posteriormente ser entregado en el lugar convenido en el Estado reclamante. Manifestando que se torna inaplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE CONCEDE LA EXTRADICIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y NO DEL QUE RADIQUE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO." en tanto que la materia de la pretensión del amparista no es en sí la orden de extradición decretada, sino únicamente su ejecución extemporánea. Atendiendo a lo expuesto, con todo respeto, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, no comparte el criterio del juez declinante y reitera que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de territorio para conocer de los actos antes mencionados, ello, en atención al criterio antes citado sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 318/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, misma que dio origen a la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 116/2013 (10a.), publicada en la página 853 del Libro 2, correspondiente al mes de Enero de 2014, Tomo II, Décima Época del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro: 2005229, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación. "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE CONCEDE LA EXTRADICIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y NO DEL QUE RADIQUE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. De los artículos 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 y 37 de la vigente a partir del día siguiente -normas que fijan los criterios de competencia de los jueces de distrito-, deriva que cuando el acto reclamado tenga ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo se surte a favor del juez que ejerza jurisdicción donde se materializan los efectos del acto reclamado. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la que se instruye el procedimiento de extradición y promueve juicio de amparo contra la resolución definitiva mediante la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores la concede, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez instructor del procedimiento respectivo, pues si bien es cierto que dicha resolución es la que da la pauta para la entrega del reclamado, también lo es que el artículo 34 de la Ley de Extradición Internacional establece un procedimiento al que debe sujetarse esta entrega, la cual se realizará al personal autorizado por el Estado que obtuvo la extradición en el puerto fronterizo o, en su caso, a bordo de la aeronave en que deba viajar el extraditado. De lo anterior se advierte que el cumplimiento de la resolución que concede la extradición comienza con la extracción del reclamado del lugar de su reclusión, a fin de ponerlo a disposición de la Procuraduría General de la República, por ser ésta la encargada de su entrega al Estado reclamante en el lugar convenido, el cual, por estar sujeto al sitio donde se acuerde la entrega, puede no coincidir con la jurisdicción del juez del lugar donde se encontraba recluido el reclamado. Este criterio obedece al propósito de conservar la unidad del procedimiento de extradición, así como el permitir la emisión de criterios generales a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas de aquél, que bien podrían ser contradictorias." En efecto, en la ejecutoria que dio origen al criterio jurisprudencial apuntado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el procedimiento de extradición es un procedimiento administrativo, que aun cuando no dirime una controversia entre partes, encuadra perfectamente dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio a que se refiere la fracción II, párrafo segundo, del artículo 114 de la Ley de Amparo, abrogada, actualmente artículo 107, fracción III de dicha ley reglamentaria; en tanto que a través del mismo la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, mediante una serie de actos concatenados, que inicia con la solicitud formal de extradición y concluye con la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que en forma definitiva resuelve si se concede o rehúsa la extradición. De igual forma, la Primera Sala del Alto Tribunal refiere que el procedimiento de extradición se compone por diversas etapas, la cual inicia con la manifestación del Estado extranjero requirente a la Secretaría de Relaciones Exteriores la intención de presentar petición formal para la extradición de una determinada persona, la cual deberá contener los requisitos que establezca el tratado correspondiente y la propia ley de la materia, pudiendo solicitar la adopción de medidas precautorias, hasta que la Secretaría de Relaciones Exteriores, con vista del expediente que le remita el Juez instructor y la opinión de éste, resuelva si concede o rehúsa la extradición. Debe enfatizarse que una de las etapas intermedias del procedimiento de extradición es aquella relativa a las medidas precautorias, mismas que corren a cargo de un juez instructor, quien recibida la petición, la transmitirá al Procurador General de la República, acordará lo conducente y, en su momento, emitirá su opinión jurídica respecto de lo actuado y probado ante él. Así, una vez que ha quedado firme la resolución que concede la extradición, se da pauta para la entrega del reclamado, el cual deberá ser puesto a disposición de la Procuraduría General de la República -previo aviso a la Secretaría de Gobernación-, quien será la encargada de entregarlo al personal autorizado por el Estado que obtuvo la extradición, por lo que es de gran relevancia la ejecución de la entrega del reclamado al país reclamante, que por razones de seguridad, es hasta el momento en que la aeronave esté lista para emprender el vuelo, que cesa la intervención de las autoridades mexicanas. En ese sentido, la ejecución material en cuestión comprende que a los extraditables I) se les sustraiga de donde se encuentren recluidos y, luego de su traslado, II) se entreguen materialmente al país requirente donde éste y el requerido acuerden, que pueden ser en un puerto fronterizo o en un aeropuerto, pues en este último caso, la intervención del requerido cesa cuando la aeronave está lista para emprender el vuelo; de ahí que aun cuando se estime que el procedimiento de extradición culmina con la determinación que la conceda, lo cierto es que el procedimiento concluye de manera efectiva hasta el momento en que el reclamado se encuentre a bordo del vehículo o aeronave que lo trasladará al Estado requirente y esté listo para iniciar el viaje, de manera que no es dable desvincular del procedimiento la etapa de ejecución de procedimiento de extradición, máxime que la Ley de Extradición Internacional contempla como parte del procedimiento la ejecución de la determinación que la conceda, tal como se advierte del artículo 34 de dicha ley. En esas condiciones, es claro que la resolución que concede la extradición requiere ejecución material, en tanto se traduce en que al constituir ésta, la última fase del procedimiento de extradición, su ejecución necesariamente comprende la entrega física del sujeto reclamado al gobierno que solicitó formalmente la extradición. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluye que con el objeto de conservar la unidad del procedimiento de extradición, así como el permitir la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas del procedimiento de extradición que bien podrían ser contradictorias y que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad y mucho menos a los reclamados; considera -con independencia del lugar donde se encuentre recluido el reclamado-, que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo promovida en contra de la resolución definitiva emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores por la que concede la extradición, es el que radica en la jurisdicción del Juez instructor del procedimiento de extradición. Bajo esa tesitura, resulta claro que en el caso, el juez competente para conocer de la demanda de amparo promovida por FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ GUERRERO debe radicar en la ciudad de México, pues el juez instructor del procedimiento de extradición ASJ/230/756/2015 del que deriva el acto reclamado, lo fue el Juez Primero de Distrito de Proceso Penales Federales en la Ciudad de México. De lo expuesto, se hace patente que los argumentos vertidos por el Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, relativos a que en el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis se omitió tomar en consideración las manifestaciones del amparista, en el sentido de que el quejoso no promovió juicio de amparo en contra de la determinación en sí mismo de veinticuatro de mayo del año en curso, a través de la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores, determinó la extradición del amparista; sino únicamente reclama la ejecución extemporánea de la orden de extradición, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, relativo a que será competente el Juez de Distrito que reside en la jurisdicción en que el acto reclamado deba tener ejecución, en el caso, en donde el impetrante de amparo se encuentre privado de su libertad (Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla). Lo anterior en razón de que como ha quedado precisado, la ejecución de la orden forma parte del procedimiento de extradición y no se puede tornar como un acto independiente, de ahí que deba sujetarse a las mismas disposiciones de la orden de extradición, en las cuales la Primera Sala del Máximo Tribunal ha concluido que con el objeto de conservar la unidad del procedimiento de extradición, así como el permitir la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas del procedimiento de extradición que bien podrían ser contradictorias y que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad y mucho menos a los reclamados, el juez competente para conocer de la demanda de amparo promovida en contra de actos derivados del procedimiento de extradición, será aquel que radica en la jurisdicción del Juez instructor del procedimiento de extradición, que en el caso concreto, lo fue el Juez Primero de Distrito de Proceso Penales Federales en la Ciudad de México; por ende, el el juez competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen el expediente en que se actúa debe tener residencia en la ciudad de México. Por todo lo expuesto, el suscrito insiste en que carece de competencia legal para conocer del acto reclamado por FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ GUERRERO consistentes en la ejecución extemporánea de la orden de extradición concedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno del Reino de España dentro de los autos del procedimiento administrativo ASJ/230/756/2015. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito el presente expediente, por conducto de la Oficialía de Partes de dichos órganos colegiados, a efecto de que resuelva que juzgado debe continuar con el conocimiento del presente asunto solicitándole que se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, comunicando el acuerdo que recaiga con motivo de este proveído. Así mismo, hágase del conocimiento del Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el contenido de esta resolución para que exponga ante el tribunal lo que estime pertinente. Finalmente, agréguese a los autos el telegrama de cuenta del DIRECTOR DE AMPARO AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE JUICIOS DE AMPARO, en suplencia por ausencia del DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE JUICIOS DE AMPARO, quien a su vez actúa en suplencia del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, visto su contenido, se reserva ulterior acuerdo, hasta en tanto, se provea lo relativo a la procedencia de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-----

  2. Incidental

    ÚNICO.- Se CONCEDE la SUSPENSIÓN DEFINITIVA

  3. Incidental

    Agréguense a los autos el oficio de cuenta del Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mismo que se recepcionó vía correo electrónico, y toda vez que dicho documento cuenta con la certificación secretarial correspondiente, se declara que tiene pleno valor probatorio. En consecuencia, agréguese el oficio del Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, mediante los cuales rinden sus informes PREVIOS, con los contenidos de los mismos, dése vista a las partes en los términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Así también, téngase al Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores designando como delegados de su parte a las personas que al efecto señala en su oficio de cuenta y como domicilio el de su residencia oficial, en términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, TODA VEZ QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el quejoso Francisco Javier Domínguez Guerrero promovió diverso juicio de amparo en el que reclamó el mismo acto materia del presente incidente de suspensión, al cual por turno le correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, marcado con el número 1178/2016. En mérito de lo anterior, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire solicítese al Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a fin de que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este Juzgado si existe incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1178/2016 de los de su índice y, en caso afirmativo, informe la data en que fue recibida en el órgano de su adscripción la demanda que dio origen a dicho incidente de suspensión, así como el estado procesal en que actualmente se encuentra tal incidente y remita a este Juzgado copia certificada de las siguientes constancias Del incidente de suspensión 1178/2016. Demanda de garantías que dio origen al incidente de suspensión; Auto que admite a trámite el incidente de suspensión; Informes previos rendidos por las autoridades responsables; Resolución o resoluciones interlocutorias que resuelvan el incidente de suspensión Lo anterior, a fin de que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho proceda

  4. Incidental

    como está ordenado en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda tramítese por duplicado el incidente de suspensión número 1221/2016, promovido por el xxxx, por su propio derecho, contra actos del SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES y otras autoridades. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan para la celebración de la audiencia Incidental las nueve horas con quince minutos del cinco de octubre de dos mil dieciséis. REQUERIMIENTO DE INFORMES Con fundamento en los artículos 128, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, mediante oficios y telegramas que al efecto se giren pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes lo rendirán por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes a la notificación del presente acuerdo, bajo su más estricta responsabilidad respecto de todos y cada uno de los actos reclamados por la parte quejosa, esto es: xxxxxx Remitiéndoles copia de la demanda; apercibidas que de no hacerlo o de no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una corrección disciplinaria consistente en multa xxxx Así mismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su correspondiente informe previo vía telegráfica, fax o correo electrónico a las direcciones y número siguientes: xxxxSUSPENSIÓN CONCEDIDA: EFECTOS. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la extradición extemporánea derivada del procedimiento de extradición ASJ/230/756/2015, así como su ejecución material, se CONCEDE la suspensión provisional solicitada para el efecto de que hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente, la parte quejosa no sea extraditado y permanezca en el lugar de reclusión en el que actualmente se encuentra y a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere, lo anterior con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la medida suspensional concedida a su favor no surtirá efecto si la orden de extradición emitida en su contra es materia de diverso juicio de amparo o bien, la materia del presente incidente ya fue objeto de la medida cautelar decretada en diverso incidente de suspensión. Requisitos de efectividad. No se fijan requisitos de efectividad a la parte quejosa toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Ahora bien, en caso de resultar ciertos los actos reclamados, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente respecto de la suspensión definitiva que solicita el quejoso, se requiere a las autoridades responsables ordenadoras para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la notificación del presente acuerdo, informen a este juzgado lo siguiente: 1.- El número del procedimiento de extradición generador de los actos reclamados; 2.- El delito o delitos que se imputan a la parte quejosa, su naturaleza (dolosa o culposa), los artículos que lo previenen y el bien jurídico tutelado; 3.- La penalidad con que se encuentre sancionada; 4.- La fecha en que se cometió el delito o delitos atribuidos a la parte quejosa; 5.- La fecha en que fue dictada la orden de privativa de libertad; 6.- Si el delito o delitos se encuentran considerados como graves; 7.- Para el caso de que se trate de delitos patrimoniales, deberá señalar el monto de la reparación del daño y la posible sanción pecuniaria que se podría imponer a la parte quejosa; y, Lo anterior, conforme a los datos contenidos en las actuaciones que integren la carpeta de investigación o causa penal generadora del acto reclamado según corresponda, apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa PRECISÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación.

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