FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ FIGUEROA y Otros.
Expediente 134/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Francisco Javier Dominguez Figueroa
- FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ FIGUEROA y Otros.
- Luis Antonio Quiros Vega
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. FIRME. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, por el cual, por un lado se desechó parcialmente la demanda y, por el otro se tuvo por no presentada la misma, sin que los haya hecho valer. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que dispuesto en el artículo 3, párrafo séptimo de la Ley de Amparo, relacionado con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues se trata del auto que ordena el archivo del expediente en que se actúa. Notifíquese por lista a la parte promovente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil veintitrés. NO PRESENTADA LA DEMANDA POR LO QUE HACE AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a ******************** y ********************, quienes se ostentan como defensores particulares de los quejosos ******************** y******************** para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el trece de febrero de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho en el término concedido para tal efecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó a la parte promovente en dicho proveído y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías respecto a la medida cautelar de prisión preventiva, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA, RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, RELATIVA AL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DENTRO DE LA CAUSA PENAL ******************** DE SU ÍNDICE, CONTRA LOS QUEJOSOS ******************** Y ********************. En principio, es pertinente señalar que de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que el siete de febrero de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, ********************, quien se ostenta como apoderada legal de los quejosos ******************** y********************, presentó una demanda de amparo, la cual se radicó con el número ********************del índice de este juzgado Federal y, previo desahogo de prevención, se admitió a trámite, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Lo que constituye un hecho notorio que se invoca de oficio, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia en Materia Común, de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, P./J. 16/2018 (10a.), visible en la página: diez, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En ese sentido, el suscrito juez de Distrito, de oficio, advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;(.)". En relación con esta causa de improcedencia, existen los criterios siguientes, que tienen aplicación porque no contravienen las disposiciones de la Ley de Amparo vigente:"LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia"."DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: i) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otra controversia de la misma naturaleza; ii) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, iii) Que ambos juicios de garantías sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales que se aleguen sean diversas. Ilustra lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 2a./J. 90/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe:"LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO).Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. Cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez." En ese sentido, como se advierte de la citada jurisprudencia, la finalidad de la causa de improcedencia que se analiza es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así las cosas, para acreditar que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, resulta pertinente destacar lo siguiente: a) Los quejosos directos ******************** y ********************, por conducto de sus defensores particulares ******************** y******************** acudieron a esta instancia constitucional (juicio de amparo 134/2023), a reclamar de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, ********************, quien conoce de la carpeta judicial administrativa ********************, el auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés. b) Por otra parte, como se indicó es un hecho notorio para quien esto provee, que en este juzgado Federal se encuentra radicado el diverso juicio de amparo********************del cual se ordena extraer copia certificada de las constancias conducentes, esto es: papeleta, demanda de amparo, auto admisorio, y agregarlas a estos autos para los efectos legales correspondientes; e impuesto de dicho sumario se aprecia lo siguiente: 1. La demanda de amparo fue recibida el siete de febrero dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); promovida por ********************, apoderada legal de los quejosos ******************** y ********************, en la que señalaron como acto reclamado, entre otros, el consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa ********************, atribuido a la autoridad responsable Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, ********************. 2. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, se radicó dicha demanda con el número ********************de este índice y se formuló una prevención a la parte quejosa en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, por los motivos ahí expuestos; 3. Previo desahogo, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite y se señaló como fecha para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de marzo de dos mil veintitrés. De lo anterior, puede concluirse que, tanto en este controvertido constitucional, como en el diverso ********************los quejosos directos******************** y ******************** reclamaron a la autoridad Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, ********************, la determinación de dieciocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que determinó vincularlo a proceso en la carpeta judicial********************. En efecto, de un análisis comparativo efectuado entre este juicio de amparo y el diverso ********************se advierte que ambos sumarios fueron promovidos por los mismos quejoso (una por conducto de sus defensores particulares y la otra por conducto de su apoderada legal), que existe identidad respecto de la autoridad responsable y el acto reclamado, y que aquél está pendiente de resolución. Atento a lo anterior, resulta inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, pues resulta improcedente el sumario constitucional que se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado. Tiene aplicación al caso las tesis cuyos rubros, texto y datos de localización, son:"LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio.""IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente sumario constitucional, ya que genera su egreso. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. -Que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el nueve de febrero de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitida el día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 134/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. PREVENCIÓN Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción IV; y, 114, fracciones II, III y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente y a los quejosos para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SI RECLAMAN LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. Lo anterior es así, pues si bien se aprecia que los quejosos se duelen de la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en la que la jueza responsable, dicta auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal ******************** de su índice, contra los quejosos ******************** y ********************, este juzgador Constitucional, advierte que dichas partes procesales se encuentran privadas de su libertad y no se aprecia que se reclame la medida cautelar impuesta. Lo que implica que la demanda de amparo sea obscura y no se pueda plantear la litis de manera correcta en el presente juicio de derechos fundamentales. Así pues, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a la autoridad responsable debe señalarse con claridad y precisión, ya que el suscrito juez Federal tampoco puede presumir cuáles son los actos reclamados a ésta, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales. Bajo ese tenor, el promovente deberá indicar si señala o no como acto reclamado destacado la medida cautelar impuesta en autos de la carpeta judicial administrativa ********************. Esto es así, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los mismos. Hágase del conocimiento de los quejosos que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a los quejosos que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ellos mismos, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en el lugar de reclusión del quejoso directo, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Puebla. De igual manera, se tiene como domicilio procesal el que indican los promoventes en el escrito de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Además, ténganse los correos electrónicos y los números telefónicos proporcionados únicamente como medios para establecer contacto, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por esos medios y sólo en casos excepcionales NOTIFICACIÓN PERSONAL A LOS QUEJOSOS. No ha lugar a ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad, pues se entiende que las mismas se realizarán por conducto de su autorizado en términos amplios, y en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso.". AUTORIZADOS. Se tiene(n) como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a ******************** y ********************, designado(s), atento a que del dato proporcionado acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciado(s) en derecho o abogado(s). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar en el que se encuentra privados de su libertad.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. -Que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el nueve de febrero de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitida el día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 134/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. PREVENCIÓN Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción IV; y, 114, fracciones II, III y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente y a los quejosos para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SI RECLAMAN LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. Lo anterior es así, pues si bien se aprecia que los quejosos se duelen de la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en la que la jueza responsable, dicta auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal ******************** de su índice, contra los quejosos ******************** y ********************, este juzgador Constitucional, advierte que dichas partes procesales se encuentran privadas de su libertad y no se aprecia que se reclame la medida cautelar impuesta. Lo que implica que la demanda de amparo sea obscura y no se pueda plantear la litis de manera correcta en el presente juicio de derechos fundamentales. Así pues, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a la autoridad responsable debe señalarse con claridad y precisión, ya que el suscrito juez Federal tampoco puede presumir cuáles son los actos reclamados a ésta, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales. Bajo ese tenor, el promovente deberá indicar si señala o no como acto reclamado destacado la medida cautelar impuesta en autos de la carpeta judicial administrativa ********************. Esto es así, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los mismos. Hágase del conocimiento de los quejosos que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a los quejosos que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ellos mismos, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en el lugar de reclusión del quejoso directo, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Puebla. De igual manera, se tiene como domicilio procesal el que indican los promoventes en el escrito de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Además, ténganse los correos electrónicos y los números telefónicos proporcionados únicamente como medios para establecer contacto, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por esos medios y sólo en casos excepcionales NOTIFICACIÓN PERSONAL A LOS QUEJOSOS. No ha lugar a ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad, pues se entiende que las mismas se realizarán por conducto de su autorizado en términos amplios, y en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso.". AUTORIZADOS. Se tiene(n) como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a ******************** y ********************, designado(s), atento a que del dato proporcionado acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciado(s) en derecho o abogado(s). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar en el que se encuentra privados de su libertad.
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