Francisco Javier Díaz de la Rosa

Expediente 700/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
700/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Fiscal Ejecutivo Adscrito
  • Francisco Javier Díaz de la Rosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el catorce de julio de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido, así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Ahora bien, toda vez que la parte promovente anexó documento original en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dicho documento y previo desglose del mismo, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 21 del acuerdo de referencia, en relación con el punto 8.1.2, ordinal 1, tercer párrafo del Manual. En el entendido de que la persona que acuda a recibir el documento, deberá solicitar una cita para tal efecto a través de un código QR, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos, tomando en consideración que es la jornada de labores presenciales que le corresponde a este Juzgado de Distrito. Sin que el establecimiento de un horario para la devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a las diez horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 700/2020-VI, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes ni de legítimo representante de ellas. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Díaz de la Rosa, por derecho propio, auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, en el que se admitió la demanda, constancias de notificación a las partes, el informe justificado de la autoridad responsable, las pruebas y proveídos en los que se acordó lo conducente. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales procedentes. Periodo de pruebas, abierto este periodo el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas y exhibidas por las partes, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas con las que se da cuenta, las que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento de dictar la sentencia correspondiente. Sin que sea necesario hacer mención expresa de las documentales conforme a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 206494, de rubro siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Al no existir pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló y que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no presentó intervención ministerial. El Juez acuerda: se tiene por desierto este periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 700/2020-VI, promovido por Francisco Javier Díaz de la Rosa, por derecho propio, contra actos del Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido el siete de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido al día siguiente hábil en este Juzgado Federal, Francisco Javier Díaz de la Rosa, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y por la autoridad que se transcriben a continuación: "AUTORIDADES RESPONSABLES Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República. ACTO RECLAMADO La omisión de dar contestación a la petición elevada por el suscrito el diez de julio de dos mil veinte." SEGUNDO. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo con el número 700/2020-VI, se admitió, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista personal a la parte quejosa por el plazo de quince días, para que señalara si era su interés ampliar la demanda respecto de la respuesta dada a su escrito de petición, mediante el oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGATL/DGAAJ/005360/2020 de catorce de septiembre de dos mil veinte, signado por el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, sin que al efecto haya ampliado la demanda de amparo. CUARTO. La audiencia constitucional, previos diferimientos, inició al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 36, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama una omisión atribuida a una autoridad administrativa distinta de la judicial con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el diez de julio de dos mil veinte en la oficialía de partes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República. TERCERO. La Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, al rendir su informe justificado, negó la existencia de la omisión de dar respuesta al escrito que le presentó el quejos el diez de julio de dos mil veinte; sin embargo, tal manifestación no puede tomarse como una negativa, toda vez que de la lectura integral del citado informe se desprende la certeza del acto que se les atribuye, pues manifestó que estaba realizando las gestiones pertinentes a efecto de dar respuesta a la petición formulada por el quejoso; por tanto, debe tenerse por cierta la omisión reclamada. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." CUARTO. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia número ochocientos catorce, publicada en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En este sentido, la Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República manifiesta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado por la quejosa el diez de julio de dos mil veinte, ha cesado en sus efectos, pues mediante el oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGATL/DGAAJ/005360/2020 de catorce de septiembre de dos mil veinte, signado por el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, se dio contestación a la petición formulada mediante el escrito referido. Es fundada la causa de improcedencia referida por la autoridad responsable. La fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Dicho precepto legal establece, que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, esto es, que la situación jurídica y de hecho que da origen al juicio queda extinguida. En este tenor, la situación jurídica y de hecho que dio origen al presente juicio, quedó extinguida, pues como quedó expuesto, la autoridad responsable, por conducto del Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, emitió la contestación a la petición formulada, la cual se notificó el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, por conducto de su autorizado para tal efecto; asimismo, dicha contestación fue dada a conocer por este juzgador al quejoso, mediante auto de ocho de octubre del año próximo pasado, para que estuviera en aptitud de ampliar la demanda de amparo, respecto del contenido de dicha contestación, sin que al efecto haya hecho la ampliación correspondiente; de modo que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicha omisión, pues los beneficios prácticos que ese hecho podría reportar, ya se alcanzaron con la actuación de la responsable. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que a la parte quejosa, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a la autoridad responsable a dar contestación al escrito de petición que le formuló y que dicha contestación sea hecha de su conocimiento, de tal manera que si en la especie ya se colmaron tales supuestos, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al peticionario de amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En lo conducente sirve de apoyo también, la tesis I.16o.A.1 K, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1665, del Tomo XXV, correspondiente al mes de marzo de dos mil siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular." Por tanto, con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la petición formulada por el quejoso mediante el escrito presentado el diez de julio de dos mil veinte, atribuida a la Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos del último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, para que manifestara si es su interés legal ampliar su demanda respecto del oficio FGR/CML/AIC/PFM/DGATL/DGAAJ/005360/2020, de catorce de septiembre de dos mil veinte, y como autoridad responsable al Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, toda vez que se le notificó vía electrónica el quince de octubre de dos mil veinte. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio signado por el Subdirector de Área en la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su carácter de delegado del Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, por medio del cual, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos y ofrece como pruebas la documental que anexa al oficio que se atiende. De conformidad en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el ocursante a manera de alegatos y por ofrecida y admitida la prueba que exhibe, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza sin perjuicio de relacionar los alegatos y la prueba de nueva cuenta en la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, y toda vez que la autoridad aduce que ya dio respuesta al escrito de petición del quejoso de diez de julio de dos mil veinte, mediante oficio FGR/CML/AIC/PFM/DGATL/DGAAJ/005360/2020, de catorce de septiembre de dos mil veinte, signado por Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte quejosa con copia de la contestación a su escrito de petición de diez de julio de dos mil veinte, contenida en el oficio referido, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, manifieste si es su interés legal ampliar su demanda respecto del oficio mencionado y como autoridad responsable al Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, y en caso afirmativo, deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la ley citada, además de acompañar las copias de la ampliación para correr traslado a las respectivas autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se entenderá que no es su interés ampliar la demanda de amparo, por lo que se seguirá el procedimiento en los términos en que fue planteada la demanda inicial. En apoyo a lo anterior se cita, por analogía, la jurisprudencia número 136/2011, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA." (Décima Época, Registro: 160116, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 136/2011 (9a.), Página: 801). Así como la jurisprudencia número 149/2006, la cual es del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN." (149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de dos mil seis, página trescientos treinta y cuatro, Novena Época) Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el promovente, no así por las personas que éste autorice en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." (No. Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79). Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien autoriza. Doy fe.

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