Francisco Javier Delgado Peralta
Expediente 1703/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1703/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Francisco Javier Delgado Peralta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. En atención a su contenido, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado; asimismo, se tiene por desahogado el requerimiento formulado a la oficiante en actuación de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Director de Notarías del Estado dependiente de la Subsecretaría de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría General de Gobierno, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe previo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. De conformidad con el artículo 138, fracción III, y 140, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe previo. Relaciónese en la audiencia incidental. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, como delegados a las personas que designa. Finalmente, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que proceda a modificar la denominación que había sido señalada en el escrito de demanda como Director de Archivo General y Notarías en el Estado de Chiapas, siendo lo correcto Dirección de Notarías del Estado dependiente de la Subsecretaría de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto; el libelo de cuenta, suscrito por *****, apoderado legal del quejoso ****, personalidad que acredita con la escritura pública número seis mil seiscientos cincuenta, volumen ochenta y nueve, de veinte de mayo de dos mil veintidós, pasada ante la fe del licenciado **** y/o *******************, Notario Público número ******************** del estado de Chiapas, con residencia en San Cristóbal de las Casas, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo; por medio del cual, desahoga la prevención de ocho de noviembre del año en curso, y señala como autoridad responsable a ********************, Notario Público ******************** en el Estado de Chiapas, ********************. Asimismo, solicita la devolución del documento notarial con el que acredita su personalidad como apoderado legal de la parte quejosa. Al efecto, se acuerda. Con fundamento en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2.°, agréguese a los autos el escrito de mérito para que obre como corresponda y en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115, y 116, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo por lo que hace a las autoridades y actos precisados a continuación: Autoridades Responsables: (1) ********************, Notario Público Número ******************** en el Estado de Chiapas, con residencia en el Municipio de Parral. (2) Director de Archivo General y Notarias en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. En atención a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que proceda a realizar la captura de la autoridad responsable ********************, Notario Público Número ******************** en el Estado de Chiapas, con residencia en el Municipio de Parral, en el presente juicio de amparo. Actos Reclamados: De la respectiva demanda se advierte como tal, los siguientes: A ********************, Notario Público Número ******************** en el Estado de Chiapas, con residencia en el Municipio de Parral, le reclama lo siguiente: Negativa de dar acceso al protocolo en donde se asentó la escritura pública número ********************, ******************** ********************, de cuatro de abril de dos mil veinte. Al Director de Archivo General y Notarias en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, le reclama lo siguiente: La omisión de proporcionarle copia certificada de la escritura pública número ********************, ******************** ********************, de cuatro de abril de dos mil veinte. Incidente de Suspensión. Tramítese el incidente de suspensión respectivo de manera electrónica. Audiencia. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Informes y constancias. Pídase a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, podrán rendir sus informes justificados a través de los medios electrónicos autorizados, atendiendo en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, siempre y cuando sean signados con firma electrónica FIREL; caso contrario, no se tendrá por rendido el mismo, ni se otorgará validez a las comunicaciones recibidas, por lo que será acreedor a las multas a que fue apercibido en el párrafo que precede. En su caso, también podrá remitirlo a este juzgado en formato impreso con firma autógrafa, en el domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040. Prevenciones Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se les gire, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de las autoridades a las que se dirigen los oficios haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que las responsables al rendir el respectivo informe deberán hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a las autoridades que de no dar cumplimiento a lo anterior, serán acreedores a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Requerimiento especial a las autoridades responsables. De conformidad con lo establecido en el artículo 257 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; a efecto de privilegiar la comunicación procesal mediante la vía electrónica, y con ello implementar el mandato constitucional de impartición pronta de justicia, SE REQUIERE a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado, proporcionen un correo electrónico oficial de la institución a la que pertenezcan, así como un número telefónico en donde se puedan entablar comunicaciones con dichas autoridades; asimismo, para que este órgano jurisdiccional pueda generar una base de datos. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. Intervención de la Agente del Ministerio Público. De conformidad con los artículos 14, 21 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con la finalidad de garantizar un pronta y expedita administración de justicia, mediante la tramitación del presente asunto, a través el esquema de Juicio en Línea; y tomando en consideración que la Representación Social Federal adscrita a este órgano de control constitucional, se encuentra registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "********************", y a su vez, habilitada para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones mediante esa misma vía, así como promover mediante el referido sistema de servicios en línea. En tal virtud, con apoyo en los artículos 17 de la Constitución Federal; y, 3, 5°, fracción IV, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención que legalmente le corresponde; para lo cual se instruye a los Actuarios, realicen la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes que conforme al ordenamiento legal en consulta deban practicarse en forma personal a la representación social en cita, en forma electrónica a través del usuario "********************". Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Tercero interesado. No ha lugar a tener como tercero interesado a ********************, Notario Público ******************** en el Estado de Chiapas, ********************, toda vez que en el presente asunto le reviste el carácter de autoridad responsable. Pruebas. Por lo que hace a la solicitud de la parte promovente de tener como prueba la escritura pública número ********************, ******************** ********************, de cuatro de abril de dos mil veinte, resérvese a proveer lo conducente hasta en tanto las autoridades responsables rindan sus informes justificados. Finalmente, no ha lugar a acordar favorablemente la devolución del documento exhibido por el promovente para acreditar su personalidad, por no ser el momento procesal oportuno, de conformidad a lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Amparo, en razón a que las partes en cualquier momento procesal pueden objetar su legalidad. NOTIFÍQUESE POR LISTA, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. TRÁMITE. Como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, el primero signado por el directo quejoso *** y el restante por su apoderado legal *****, personalidad que la acredita con la escritura pública número seis mil seiscientos cincuenta, volumen ochenta y nueve, de veinte de mayo de dos mil veintidós, pasada ante la fe del licenciado ****, Notario Público número ciento setenta y seis del estado de Chiapas, con residencia en San Cristóbal de las Casas, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo; contra el acto que reclama del 1. Director de Archivo General y Notarías en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese el incidente de suspensión 1703/2023-I de manera electrónica, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc.,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE, AL OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye a la Secretaria del Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia incidental. INFORME PREVIO. Requiérase a las autoridades responsables el informe previo, que deberán rendir en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciban el oficio correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo así, SE LES IMPONDRÁ, en la suspensión definitiva, MULTA de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con lo que establecen os artículos 14 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, podrán rendir su informe previo a través de los medios electrónicos autorizados, atendiendo en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, siempre y cuando sean signados con firma electrónica FIREL; caso contrario, no se tendrá por rendido el mismo, ni se otorgará validez a la comunicación recibida, por lo que será acreedor a la multa a que fue apercibido en el párrafo que precede. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con lo que establecen os artículos 14 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, podrán rendir su informe justificado a través de los medios electrónicos autorizados, atendiendo en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, siempre y cuando sean signados con firma electrónica FIREL; caso contrario, no se tendrán por rendidos los mismos, ni se otorgará validez a las comunicaciones recibidas, por lo que serán acreedores a las multas a que fueron apercibidos en el párrafo que precede. RECEPCIÓN DE OFICIOS Y APERCIBIMIENTO. Para la eficacia de las notificaciones en el incidente de suspensión en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se les giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir los respectivos informes, deberán hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a las autoridades que de no dar cumplimiento a lo anterior, serán acreedoras a una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 245, de la ley de la materia. Requerimiento especial a las autoridades responsables. De conformidad con lo establecido en el artículo 257 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; a efecto de privilegiar la comunicación procesal mediante la vía electrónica, y con ello implementar el mandato constitucional de impartición pronta de justicia, SE REQUIERE a las autoridades responsables para que al rendir su informe previo, proporcionen un correo electrónico oficial de la institución a la que pertenezcan, así como un número telefónico en donde se puedan entablar comunicaciones con dicha autoridad; asimismo, para que este órgano jurisdiccional pueda generar una base de datos. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En acato al principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial y a lo establecido por los artículos 146, fracción I, y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que en la especie la parte quejosa reclama de las siguientes autoridades: AUTORIDADES RESPONSABLES. (1) ****, Notario Público Número 178 en el Estado de Chiapas, con residencia en el Municipio de Parral. (2) Director de Archivo General y Notarias en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Lo siguiente: De la respectiva demanda y del escrito aclaratorio, se advierten como tales, los siguientes: A ****, Notario Público Número 178 en el Estado de Chiapas, con residencia en el Municipio de Parral, le reclama lo siguiente: Negativa de dar acceso al protocolo en donde se asentó la escritura pública número cinco mil cuatrocientos setenta y nueve, tomo setenta y uno, de cuatro de abril de dos mil veinte. Al Director de Archivo General y Notarias en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, le reclama lo siguiente: La omisión de proporcionarle copia certificada de la escritura pública número cinco mil cuatrocientos setenta y nueve, tomo setenta y uno, de cuatro de abril de dos mil veinte. FIJACIÓN DE LA LITIS INCIDENTAL. En primer término, es importante establecer que en atención al acto reclamado en la demanda y a los efectos por lo que se solicita la medida suspensional, el presente asunto no se encuentra en los supuestos de excepción previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior y en acato al principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial y a lo establecido en los artículos 146, fracción I y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado en los siguientes términos: ".Que con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, pido la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos que reclamo en el presente juicio..." (SIC) Por tanto, con apoyo en lo establecido en el artículo 128, en relación con el diverso 138, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado únicamente se pronunciará sobre los efectos y consecuencias que provoca la negativa de dar acceso al protocolo en donde se asentó la escritura pública número cinco mil cuatrocientos setenta y nueve, tomo setenta y uno, de cuatro de abril de dos mil veinte y la omisión de proporcionarle copia certificada de dicha escritura. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia 4/2019 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA" DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA. Es preciso destacar que en la jurisprudencia 70/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que: I. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas, o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: a) La apariencia del buen derecho; b) Las posibles afectaciones al interés social; c) La posibilidad jurídica y material de conceder la medida. II. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa (simples, prohibitivos, omisivos), no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la ley de amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. III. En esos términos, la naturaleza del acto reclamado es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocar a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo o lo ocurrido después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincide exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Ahora bien, en el caso concreto, los efectos el acto reclamado son de naturaleza negativa y omisiva respecto de las cuales, no conllevan de facto la improcedencia de la medida suspensional. Sin embargo, a pesar de que en algunos casos sea posible conceder efectos restitutorios a la suspensión provisional solicitada contra negativas u omisiones de las autoridades, para determinar la procedencia de la medida cautelar, es preciso hacer una ponderación de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, cerciorarse de que se mantenga viva la materia del juicio y que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, en atención a lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 338/2022, estableció las bases al señalar como regla general que la suspensión de los actos reclamados sí pueden tener efectos restitutorios, con la limitante de que ese alcance sea provisional y no definitivo; pues, ante una eventual medida cautelar se puede tener efectos restitutorios definitivos, al grado de dejar sin materia el juicio de amparo; lo anterior, dependiendo de las circunstancias particulares del caso, tal como lo analiza la Segunda Sala del máximo Tribunal, pues ha reconocido, de manera implícita, que existe tal posibilidad. Para determinar lo anterior, refirió que la suspensión por regla general es transitoria, sin importar que sus efectos coincidan con la protección que se obtendría con una sentencia favorable a la quejosa, ya que por disposición expresa del artículo 147 de la Ley de Amparo su efecto terminará cuando se dicte ejecutoria, es decir, por definición no es un beneficio definitivo. Entonces, ante la eventualidad de que un órgano jurisdiccional conceda la suspensión con efectos restitutorios porque efectuó un análisis de la apariencia del buen derecho (al momento de resolver sobre la medida cautelar, anticipó que existían indicios razonables para considerar que la parte quejosa tiene el derecho que está en disputa), pero una vez desahogado el juicio la quejosa obtiene una sentencia adversa, ello se traduciría en que la apreciación de la apariencia del buen derecho fue equivocada, por lo que el beneficio de la medida cautelar será definitivo únicamente si los efectos de la suspensión no se pueden retrotraer. Este supuesto constituiría la excepción a la regla general En contraposición a lo sustentado en el párrafo que precede, si el beneficio concedido con la medida cautelar se puede retrotraer, quiere decir que se trata de un beneficio transitorio y, en consecuencia, no coincide con los efectos de una sentencia estimatoria, lo que se traduce en que el juicio no quedaría sin materia, sino que por el contrario, la suspensión cumpliría con su objetivo, pues restituiría provisionalmente el derecho y esa restitución provisional terminaría con motivo de la ejecutoria (por lo cual, transitorio debe ser entendido como aquel beneficio que puede ser revocado con la sentencia de fondo y, en un sentido opuesto, un beneficio no transitorio o definitivo será aquel que no podrá ser revocado aun cuando se niegue el amparo). Como ejemplo de tal supuesto podría ser en el caso de que el derecho en disputa sea el acceso a los datos personales. En caso de concederse la suspensión con efectos restitutorios (para que se dé la información al quejoso) pero en el fondo se obtenga una sentencia adversa, no se podrá retrotraer el efecto de la suspensión pues el quejoso ya tuvo acceso a la información y no es materialmente posible restaurar las circunstancias. En ese sentido, si bien la regla general que subyace en el análisis de la corte es en el sentido de que la suspensión de los actos reclamados sí puede tener efectos restitutorios, con la limitante de que ese alcance sea provisional y no definitivo, por tanto, existe una excepción que podría derivarse del criterio sustentado, esto es, que de no conceder la medida cautelar se torne imposible restituir físicamente al quejoso en el goce del derecho violado. En consecuencia, los parámetros que se deben tomar en cuenta para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio en lo principal, son los consistentes en que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. En la especie, una vez realizado ese análisis con base en la descripción del acto reclamado y la información proporcionada en la demanda constitucional, se arriba a la conclusión de que no es material ni jurídicamente viable restituir a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado por el efecto negativo y omisivo de los actos que combate, a través de la concesión de esa medida cautelar, porque se agotaría la materia que debe resolverse en el fondo del amparo; ya que de otorgarse traería como consecuencia que a través de una medida cautelar se restituya totalmente a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que aduce vulnerado. Por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, y a su interpretación por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmada en la aludida jurisprudencia 70/2019, no es factible otorgar el beneficio suspensional, pues se encuentra como imposibilidad jurídica, el que se dejaría sin materia el juicio de amparo, lo cual no es lógico ni jurídico, porque atento a la técnica que rige en el juicio constitucional, la misma debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo, máxime que no se desprende que la negativa de suspensión pueda conducir a la consumación irreparable en los derechos fundamentales. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), del rubro y textos siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Por tanto, al resultar improcedente la medida cautelar solicitada, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por la parte quejosa, en los términos indicados en el presente acuerdo. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificantes los estrados de este juzgado, y toda vez que la Ley de Amparo no contempla esta figura, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor se ordena notificar el presente proveído y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista. Se tiene como autorizados en términos amplios con las facultades a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a ****, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación, con las que acreditan ser licenciados en derecho. Y como autorizados en términos restringidos a las personas que refiere, toda vez que así fue solicitado expresamente por la parte quejosa COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS Tomando en consideración que el presente asunto se encuentra regulado acorde al lineamiento establecido en los numerales 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a partir de esta data. En tal virtud, reitéresele a la ocursante que a partir de la data supracitada, toda documentación recibida en el presente juicio vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc.,) o generada de esa forma (acuerdos, notificaciones electrónicas), constan únicamente en el expediente electrónico; considerándose certificada electrónicamente al incluir la evidencia criptográfica; ello, en tratándose de los documentos que cuenten con firma electrónica de quien, en su caso, los suscribe. En ese sentido, expídasele por única ocasión, en un tanto, impresión de la actuación que refiere. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Además, comuníquese a la parte quejosa, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
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