Francisco Javier Cortés Valencia
Expediente 726/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2020
Partes del expediente
- Francisco Javier Cortés Valencia
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de diciembre de dos mil veinte. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual, por una parte se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa y por otra se negó la protección de la Justicia de la Unión, no fue recurrida por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó por una parte sobreseer y por la otra negar el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y. (.)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Asimismo, dado que en el incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer por una parte y por otra negar el amparo y protección de la justicia federal en el juicio y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Encargado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, las copias certificadas del expediente personal del quejoso que remitió en atención a lo solicitado en autos, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de noviembre de dos mil veinte. Se presenta baja. El Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, da cumplimiento al requerimiento efectuado en autos y remite copia certificada de la baja de ***. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Se admite la prueba remitida por la autoridad oficiante, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de noviembre de dos mil veinte. Expediente personal. Visto el oficio de cuenta del Encargado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, remite copia certificada del expediente personal del quejoso ***. Formación de anexo. Se ordena formar el legajo de pruebas I para que obre por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación. Información confidencial. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que las constancias que remite la autoridad oficiante, contienen información con datos personales; por lo tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa es posible permitir la consulta de dicha información, dado que resulta esencial para desplegar una defensa adecuada en el juicio de amparo, aunado a que la información en comento tiene relación con el acto reclamado en este juicio constitucional. Ahora, dado que al juez constitucional le corresponde evitar que la información confidencial se use de manera incorrecta, se disponen las siguientes medidas de seguridad: a) Que la información deberá permanecer bajo resguardado en este órgano jurisdiccional; b) Que la información que adjuntó la autoridad oficiante solo podrá ser consultada por la parte quejosa, quien únicamente podrá usarla en su defensa y deberá mantener su contenido bajo estricta confidencialidad. c) Para tal efecto, la parte quejosa podrá consultar la información de que se trata en las instalaciones de este juzgado federal, sin que esto implique la posibilidad de transmitir, copiar, fotografiar, escanear o reproducir por cualquier medio dicha información. Esta determinación encuentra sustento en el siguiente criterio que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014 a que antes se hizo referencia: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo- Requerimiento. Por otra parte, de las constancias remitidas no se advierte la orden de baja del quejoso que, según el informe justificado recibido el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, ordenó la Comisión de Honor y Justicia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, para que dentro del plazo de tres días remita, en forma física; o bien, digitalizada, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a los correos electrónicos de este Juzgado: 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx y del Secretario miguel.gonzalez.anaya@correo.cjf.gob.mx, copia certificada de la orden de baja del quejoso Francisco Javier Cortés Valencia. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Apercibimiento. Apercibida que, de no hacerlo dentro del plazo señalado, se le impondrá multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional. En esa medida, se señalan las QUINCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de octubre de dos mil veinte. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional está prevista para celebrarse en esta fecha; sin embargo, aún no transcurre el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa para ampliar su demanda en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte. En tal sentido, y para dar margen a lo ordenado en el auto citado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada. Fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. . Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- Francisco Huerta Cruz1398/2022
- Francisco Javier Arrieta Ramirez605/2022
- Francisco Javier Campos López40/2019
- Francisco Javier Campos López1943/2019
- Francisco Javier Castañeda Romero1102/2020
- FRANCISCO JAVIER CONCHA MARTINEZ y Otros.598/2022
- Francisco Javier Delfino Alfonso879/2020
- Francisco Javier Fuentes Sánchez61/2023
- Francisco Javier Henao Giraldo1378/2023
- Francisco Javier Herrera Vega923/2019
- Francisco Javier Huidobro Peña2287/2022
- Francisco Javier Lichtle Garcia de Acevedo237/2023