Francisco Javier Contreras Jr

Expediente 282/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
282/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Contreras Jr

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por Sergio Vázquez Durán en su carácter de autorizado de la parte quejosa y, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las constancias que indica, previa constancia que por su recibo se deje en autos, autorizando para recibirla a quien menciona. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/MHP/jpsj

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos de los que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cinco de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que pase inadvertido que no haya transcurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo a la autoridad responsable, pues debido a que se sobreseyó en el juicio de amparo, únicamente a la parte quejosa es a quien pudo causar afectación esa decisión y en consecuencia, la única legitimada para recurrirla, no así las autoridades responsables, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, Registro digital: 2012455, Décima Época, Materias: Común, Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página 2464, de rubro: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN E AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, por tanto es susceptible de destrucción, conforme al artículo 20, fracción I) del Acuerdo General; lo anterior una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado seis de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, recibido ese mismo día en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable que a continuación se precisa Autoridades responsables Subdirector de la Aduana de Tijuana Acto reclamado: "Omisión de dar a conocer el procedimiento administrativo en materia aduanera." Asimismo, en el capítulo de conceptos de violación precisó lo siguiente: "PRIMERO.- la omisión de la notificación del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera motivo de la presente es ilegal, puesto que viola en mi contra lo previsto la garantía (sic) de seguridad jurídica tuteladas por el artículo 14 y 16 Constitucionales, al ser omisos en notificar el Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, que establece el artículo 150 de la Ley Aduanera. [.]" Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El siete de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda relativa, quedando registrada con el número de expediente 282/2023-II; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de once de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad señalada como responsable rindiendo el informe justificado, y en diverso auto de trece del mismo mes y año se le dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda, en relación a la autoridad responsable, lo cual no aconteció. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y de las constancias agregadas al sumario se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La omisión notificar el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Tercero. El Subdirector de la Aduana de Tijuana, negó el acto que se le atribuye consistente en la omisión de notificar el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, sin embargo, este órgano jurisdiccional estima que debe tenerse como cierto, en razón de que del informe referido se advierten manifestaciones que evidencian su certeza. En efecto, para analizar la certeza o inexistencia de los actos reclamados cuando se está ante omisiones, debe analizarse si para la autoridad señalada como responsable existe la obligación legal que en su caso le imponga la carga de actuar en el sentido indicado por la parte quejosa, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, dado que de no tener el órgano gubernativo dentro de su cúmulo de atribuciones la de conducirse en el sentido que se le exige, la omisión que se le atribuye será jurídicamente inexistente; por lo que no se pueden tener por ciertos ese tipo de actos por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma, con criterios subjetivos. Además, cuando los actos reclamados sean omisiones o hechos negativos, la parte quejosa no tiene el deber de acreditar su existencia, sino que corresponde a las autoridades responsables demostrar que no incurrieron en aquéllas. Esto es, lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido en el sentido de presumir la existencia de las omisiones o actos negativos atribuidos a las autoridades responsables, a menos de que éstas demuestren que no incurrieron en esos actos, ya sea porque sí actuaron en el sentido pretendido o sí realizó un acto positivo, o bien, porque no pudieran atribuírsele tales actos por no tener el deber legal o de hecho de actuar en ese sentido. Circunstancia que quedó corroborada con copia auténtica de las constancias que anexó a su informe, relacionadas con el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera ********************, así como las remitidas en alcance por la autoridad responsable con el oficio 120-01-20-02-06-2023-6194, consistentes en el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera de diez de febrero de dos mil veintitrés, la notificación por estrados y cédula de notificación, ambas de dos de mayo de dos mil veintitrés; a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las que se desprende que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -seis de marzo de dos mil veintitrés-, la autoridad responsable no había realizado la notificación correspondiente del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera ******************** al quejoso. Cuarto. No obstante la existencia del acto reclamado, no se analizará su constitucionalidad, ya que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de Ley de Amparo. Para avalar la anterior postura, es preciso destacar el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Como quedó precisado, el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales lo constituye omisión de notificar el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera a ********************. Luego, de las constancias remitidas por el Subdirector de la Aduana de Tijuana, se advierte que con motivo del acto de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera iniciada en contra de ********************, registrada bajo el número de expediente ********************, la autoridad responsable, el dos de mayo de dos mil veintitrés, ordenó la notificación por estrados al aquí quejoso, toda vez que en diez de febrero de dos mil veintitrés se opuso a la diligencia de notificación de los actos relacionados con dicho procedimiento administrativo, negándose a firmar el acta de inicio y retirándose de las instalaciones de la aduana, y posteriormente emitió la cedula de notificación con la misma data. Asimismo, de dichos medios de prueba exhibidos, por la autoridad responsable, se desprende que la actuación relativa al acta circunstanciada de hechos de diez de febrero de dos mil veintitrés del procedimiento administrativo en materia aduanera antes citado fue emitida por el Verificador adscrito a la aduana de Tijuana, con sede en esta ciudad. En estas circunstancias, por proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, este órgano judicial hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa realizado en trece de abril de dos mil veintitrés, relativo a la posibilidad de ampliar su demanda respecto de la mencionada autoridad responsable Verificador adscrito a la aduana de Tijuana, en virtud de las circunstancias expuestas, apercibida que de no hacerlo se continuaría el juicio en los términos expuestos en su demanda. En ese contexto, dado que posteriormente a la presentación de la demanda de amparo -seis de marzo de dos mil veintitrés- la autoridad responsable Subdirector de la Aduana de Tijuana, notificó el acta de inicio de diez de febrero de dos mil veintitrés del procedimiento administrativo en materia aduanera ******************** a ********************, es inconcuso que han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la probable violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que la autoridad responsable, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, realizó la notificación del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera en contra del quejoso; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar acreditado que han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el juicio de amparo 282/2023-II, promovido por ********************, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones precisadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de trece de abril de dos mil veintitrés, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar el escrito de demanda, sin que lo hubiere realizado; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y se continua con la secuela procesal en los términos planteados inicialmente. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Bertha Patricia Olguín Martínez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/BPOM/nit*

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