Francisco Javier Cid Nava

Expediente 513/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
513/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Cid Nava

Actuaciones

  1. Principal

    El presente asunto ha causado estado, archívese; consecuentemente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la demanda de cuenta promovida por *****, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 513/2021. DESECHAMIENTO. En la especie, este juzgador considera que se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el peticionario no observó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra del traslado reclamado el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De lo anterior, se colige que dichos mandatos de traslado siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, los internos están en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que el acto reclamado, forma parte de las condiciones de internamiento, por ser medios necesarios para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 30 y 31. En ese contexto, para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos el traslado de un centro penitenciario a otro y el cambio de dormitorio o estancia en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. Además, debe precisarse que Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. En consecuencia, con fundamento en el precepto 113, con relación al diverso 61, fracción XX, ambos de la ley de amparo, SE DESECHA DE PLANO el escrito de demanda. Lo anterior se sustenta en los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los autos de los Q.P. 173/2019, Q.P. 178/2019, así como los diversos emitidos por el Séptimo tribunal de alzada de dicho circuito, al resolver las quejas Q.P. 10/2020 y Q.P. 11/2020, de sus respectivos índices. EXHORTO A PRIVILEGIAR LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la referida contingencia sanitaria, se exhorta a las partes y sus autorizados, a que de ser posible, privilegien la presentación de promociones vía electrónica a través del esquema de "juicio en línea", para lo cual, podrán solicitar el acceso al expediente electrónico de este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea, bajo la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx; o bien, al correo electrónico 14jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. EXHORTO A SEÑALAR FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del referido acuerdo general, se exhorta a las partes y sus autorizados, a fin de que propongan formas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea; lo anterior para el debido seguimiento de los expedientes.

  3. Principal

    (CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE NUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la demanda de cuenta promovida por *****, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 513/2021. DESECHAMIENTO. En la especie, este juzgador considera que se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el peticionario no observó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra del traslado reclamado el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De lo anterior, se colige que dichos mandatos de traslado siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, los internos están en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que el acto reclamado, forma parte de las condiciones de internamiento, por ser medios necesarios para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 30 y 31. En ese contexto, para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos el traslado de un centro penitenciario a otro y el cambio de dormitorio o estancia en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. Además, debe precisarse que Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. En consecuencia, con fundamento en el precepto 113, con relación al diverso 61, fracción XX, ambos de la ley de amparo, SE DESECHA DE PLANO el escrito de demanda. Lo anterior se sustenta en los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los autos de los Q.P. 173/2019, Q.P. 178/2019, así como los diversos emitidos por el Séptimo tribunal de alzada de dicho circuito, al resolver las quejas Q.P. 10/2020 y Q.P. 11/2020, de sus respectivos índices. EXHORTO A PRIVILEGIAR LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la referida contingencia sanitaria, se exhorta a las partes y sus autorizados, a que de ser posible, privilegien la presentación de promociones vía electrónica a través del esquema de "juicio en línea", para lo cual, podrán solicitar el acceso al expediente electrónico de este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea, bajo la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx; o bien, al correo electrónico 14jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. EXHORTO A SEÑALAR FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del referido acuerdo general, se exhorta a las partes y sus autorizados, a fin de que propongan formas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea; lo anterior para el debido seguimiento de los expedientes.

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