Francisco Javier Chavira Sevilla
Expediente 559/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Javier Chavira Sevilla
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y en virtud de que ha trascurrido el plazo de cinco días para la interposición del recurso de queja que establece el artículo 97 de la Ley de Amparo, contra el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL MISMO. Por lo tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo octavo, artículo 21 inciso b. Por otra parte, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el capítulo quinto, artículo 15 del Acuerdo General en cita.
- Principal
CIUDAD DE MÉXICO; VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Chavira Sevilla, quien se ostenta como representante auxiliar de Villa Milpa Alta, pueblo anexo de la Comunidad Indígena de Milpa Alta, personalidad que pretende acredita con copia certificada del oficio RGBCMA/1307/2005, de tres de marzo de dos mil cinco, signado por quien dice ser Representante General de la Representación General de Bienes Comunales de Milpa Alta y Pueblos Anexos, Julián Flores Aguilar, contra actos del Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México y Actuario adscrito a dicho juzgado, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 2, 13, 14, 16 y 27 Constitucionales. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que al acto que reclama consiste en: La tramitación del Juicio Ordinario Civil 756/2015 entablado contra Rubén Martínez Rosales y la sentencia que se haya emitido o se vaya a emitir, sin que la comunidad quejosa haya sido llamada a pesar de que la controversia que se ventiló ante la responsable tiene que ver con un predio enclavado dentro del polígono de la Comunidad Indígena de Milpa Alta, en San Pablo Oztotepec, uno de los 9 pueblos anexos a ella. La ejecución de la sentencia que se haya dictado o se vaya a dictar en el juicio ordinario civil 756/2015 y en la que se haya condenado la desocupación y la entrega de un predio de propiedad comunal de Milpa Alta a una persona que no es parte de la comunidad. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. La fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" La actualización de la causal prevista por la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se verifica cuando el acto reclamado haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, actualizándose las siguientes hipótesis: a).- El juicio de amparo sea promovido por el mismo quejoso. b).- Contra idéntica autoridad responsable. c).- Se combatan los mismos actos reclamados. En ese tenor, lo que se trata de proteger a través de la causal de improcedencia en estudio, es la cosa juzgada, puesto que a razón de la ejecutoriedad de un fallo, el mismo resulta inobjetable para todos sus conceptos y lo convierte en verdad legal que no podrá válidamente ser sometida a un nuevo juicio de amparo. Ahora bien, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene a la vista, como hecho notorio, las actuaciones del diverso juicio de amparo 1237/2019, del índice de este juzgado, de las que se advierte que el mismo fue promovido por: Pablo Medina Rosales y Anador Lozada Ortiz, comuneros de Milpa Alta en el anexo de San Pablo Oztotepec, Nicasio Osorio González, comunero de Milpa Alta en el anexo de San Pedro Actopan y Albino Torres Solis, comunero y Representante Comunal Auxiliar en el Pueblo de Santa Ana Tlacotenco, en el que reclamaron: Del Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, la falta de emplazamiento al juicio 756/2015, y como como consecuencia todo lo actuado en él, hasta la orden de desalojo y/o desocupación del bien inmueble que ocupa uno de sus integrantes de la comunidad; la su ejecución, atribuida al actuario adscrito al mencionado juzgado, y la que hayan dado o pretendan dar el Alcalde de Milpa Alta de la Ciudad de México y Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México. El veinticinco de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia en dicho juicio de amparo 1237/2019, en la que se sobreseyó, la cual causó ejecutoria el veinticuatro de septiembre del año en curso. De lo anterior se tiene que tanto en el juicio de amparo 1237/2019 como en el que se actúa 559/2020, se reclama en esencia el mismo acto: Del Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, la instauración, prosecución y terminación del juicio ordinario civil 756/2015 y la sentencia emitida sin llamar a juicio a la comunidad indígena de Milpa Alta y a sus nueve pueblos anexos, pues se condena a uno de sus integrantes a desocupar un predio de origen comunal. Del actuario adscrito al Juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, la ejecución que vaya a realizar de la sentencia que se haya emitido en el juicio ordinario civil 756/2015. En esta tesitura, es inconcuso que el acto reclamado y que fue materia de estudio y resolución en el juicio de amparo 1237/2019-IV, constituye ahora también el acto reclamado en el juicio en que se actúa, por lo que procede desechar la presente demanda por notoriamente improcedente en términos de la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para quien ahora acuerda, Secretaria encargada del Despacho, que quien ahora insta la demanda se ostenta como representante auxiliar de Villa Milpa Alta, pueblo anexo de la Comunidad Indígena de Milpa Alta, ya que lo él pretende es defender la garantía de audiencia respecto del juicio ordinario civil 756/2015, es decir, defender los derechos de dicha Comunidad Indígena por lo que ve a la "afectación" de un predio enclavado dentro del polígono de la Comunidad Indígena de Milpa Alta, en San Pablo Oztotepec, pues como se evidencia en este auto, en el diverso juicio 1237/2019, diversos comuneros de Milpa Alta en el anexo inclusive de San Pablo Oztotepec (y otros), promovieron el amparo para hacer valer la defensa también de dicha garantía de audiencia por lo que ve a la citada Comunidad (tal y como se advierte en la demanda de amparo respectiva). Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis que se encuentra en la página 225, del tomo XII, Julio de 1993, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Ante tales circunstancias, al surtirse en el caso la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley en cita, lo que procede es desechar la demanda de garantías por notoriamente improcedente, pues no existe duda para formarse un criterio distinto, ya que, por las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Con fundamento en los artículos 108, fracción I, de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, por señalado el domicilio que indica el quejoso para recibir notificaciones, así como el correo electrónico y número telefónico que proporciona. Por otra parte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció que la reactivación de la actividad jurisdiccional no se realiza en un contexto de "normalidad", insiste, entre otras cosas, en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, a fin de preservar la salud de los justiciables, del personal que labora en los Órganos Jurisdiccionales y en general de todas las personas (pues aquellos tienen interacción con otras al realizar las notificaciones, o consulta de acuerdos, por ejemplo); por ello, se exhorta a las partes para que soliciten expresamente que las notificaciones que deriven de este juicio, inclusive las de carácter personal, se les practique vía electrónica, para lo cual previamente deberán hacer el registro respectivo en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal, señalando un correo electrónico y usuario. Además, dicho usuario podrá realizar la consulta, vía electrónica, de todas las constancias que integran este juicio. Lo anterior, a fin de observar el derecho humano de acceso a la justicia, pero ponderando se salvaguarde el diverso derecho fundamental a la salud, dada la contingencia sanitaria que atraviesa nuestro país y todo el mundo. De conformidad con el numeral 5, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020, tratándose de comunicaciones no procesales, se pone como herramienta adicional de las personas justiciables para brindarles atención, vía correo electrónico en la dirección oficial de este juzgado 8jdo1ctoc@correo.cjf.gob.mx; se les exhorta que al efectuar una consulta de este tipo, en el correo que se envíe al juzgado pongan como asunto del correo: consulta; comunicación no procesal (y el número de expediente), a fin de que sea atendida a la brevedad posible. Ello al tomarse en consideración el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir. Se hace del conocimiento de las partes que deberán ajustarse, en lo que a ellas competa, a lo establecido en el referido Acuerdo General 21/2020, así como al diverso 22/2020 también emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los Secretarios o Actuarios adscritos a este juzgado según sea el caso lo más benéfico para la protección del personal que labora en este juzgado a firmar cualquiera de los oficios derivados del presente asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, los que incluso, son comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se determina que cuando se trate de un caso que, por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARS-Co2 (COVID -19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la Ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley general de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamentos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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XXX SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA INDICADA EN EL QUE:SE LE HACE SABER QUE SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.
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