Francisco Javier Chávez Tafolla

Expediente 687/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
687/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Chávez Tafolla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de julio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ANÁLISIS DE IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO. Visto el estado de los autos de los que se advierte que por oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el día veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo remitió copia de la sentencia absolutoria dictada por el Juez del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Unidad Sahuayo, Michoacán de Ocampo, en fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 169/2022, dictada en contra de ********************por el delito de homicidio calificado, en perjuicio de Gabriel Oliveros Nieto, así como proveído de veintidós de marzo del presente año donde se declaró firme dicha resolución. Con motivo de lo anterior, con la imposibilidad jurídica señalada por la autoridad responsable, mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho convenga. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si existe o no imposibilidad manifestada en relación al cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado. Así, de las constancias se advierte que el treinta de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declarada firme mediante proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, por lo que en esa misma fecha se requirió el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en autos. Ahora bien, los efectos de la sentencia amparadora, fueron los siguientes: "1) Deje insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución dictada el once de octubre de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación XI-91/2022, de su índice. 2) Reponga el procedimiento, a fin de que conforme a lo destacado en esta sentencia, respecto del trámite de la fase de segunda instancia, y de conformidad a los lineamientos de la presente ejecutoria, lleve a cabo la audiencia pública a que se refiere el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para resolver la segunda instancia, previa citación de las partes. 3) En esa audiencia, con libertad de jurisdicción, deberá emitir la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de los fundamentos y motivaciones que le den apoyo al sentido de la determinación adoptada. Concesión que se hace extensiva respecto de la autoridad ejecutora Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con residencia en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, puesto que la ejecución no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del acto reclamado a la autoridad ordenadora; lo anterior, acorde con la jurisprudencia II.3o. J/12, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 55, Julio de 1992, página 41, Octava Época, registro digital 218867, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS". Luego, de la narrativa realizada con anterioridad, se advierte la imposibilidad jurídica y material con la que cuenta la autoridad responsable a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que en fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Unidad Sahuayo, Michoacán de Ocampo, dictó sentencia absolutoria, dentro de la causa penal 169/2022, en contra de ********************por el delito de homicidio calificado, en perjuicio de Gabriel Oliveros Nieto, mismo que se encuentra totalmente concluido. Por lo tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió la protección constitucional. Ahora bien, los efectos de la concesión del amparo, en esencia son que la responsable deje insubsistente en acto reclamado, reponga el procedimiento, y dicte una resolución de segunda instancia de manera verbal; sin embargo, el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, se encuentra jurídica y materialmente imposibilitado para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en virtud de que el Juez del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, unidad Sahuayo, Michoacán de Ocampo, emitió sentencia absolutoria a favor de la parte quejosa ********************ordenando su absoluta libertad. De ahí que esta autoridad declara la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que pase inadvertida la obligación que impone el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando una sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se deberán remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el diverso numeral 193, de la legislación en consulta. No obstante, este Juzgado de Distrito advierte que la imposibilidad que tiene la autoridad responsable no deviene de alguna de las circunstancias previstas en el mencionado artículo 193, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, que se actualice alguna conducta que demuestre su omisión o evasiva en el debido cumplimiento; por tanto, no está justificado legalmente proceder conforme a lo establecido en las porciones normativas invocadas. Tampoco resulta razonable volver a requerir el debido cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, puesto que a ningún fin práctico conduciría, habida cuenta que, se reitera, existe imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, ajena a la potestad reglamentaria de la autoridad en cuestión. Tiene apoyo a lo anterior en lo conducente, la Tesis: XXIV.2o.2 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2019, página 2612, registro 2019824, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CONSIDERACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE DECRETÓ LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR, AUN CUANDO DICHO RECURSO LO INTERPONGA LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA IMPUGNAR EXCLUSIVAMENTE LAS MULTAS IMPUESTAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN RESPECTIVO." Así como la diversa 1a./J. 42/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Mayo de 2014, página 476, registro 2006470, cuyo contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. CUANDO LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL PROMOVENTE DE DICHO RECURSO RESULTEN INOPERANTES EN SU TOTALIDAD, PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de CONSERVACIÓN, en términos de los artículos 14 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo tanto, una vez que venza el plazo de TRES AÑOS, a que se refiere el artículo 17 del citado acuerdo, transfiérase para su resguardo el presente expediente al depósito documental correspondiente. Hágase la anotación en la carátula. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, por cuanto hace al expediente original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 20, fracción III, de la normativa invocada, procede su CONSERVACIÓN. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 19, fracción II, del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. AUTORIDADES INFORMAN IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los correos electrónicos de cuenta, mismos que contienen los oficios números 587 (recibido por duplicado) y 1172, signados respectivamente por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo y Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Unidad Sahuayo, Michoacán, a través del cual informan la imposibilidad jurídica con la que cuentan a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente expediente. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con la imposibilidad jurídica informada por la autoridad responsable para realizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente en que surta efectos su legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre la imposibilidad informada por la responsable con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./j. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, que se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal y; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con residencia en Sahuayo, para que en el plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia terminada de engrosar el treinta de mayo de dos mil veintitrés. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se le conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conservación devuélvanse al Magistrado de la Tercera Sala Penal del Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, un tomo de pruebas y tres discos compactos que acompañó a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de junio de dos mil veintitrés. AUTORIDAD ACUSA RECIBO (REGISTROS 9317, 9411 Y 9414). Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibidos y agréguese los oficios enviados por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, a través del cual, se acusa recibo del comunicado 10131/2023 con el que se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio y remite diversas constancias; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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