Francisco Javier Castillo Méndez

Expediente 232/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
232/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
23/03/2017

Partes del expediente

  • Francisco Javier Castillo Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el dos de marzo de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales ni copias certificadas exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico, por ende destruible.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Castillo Méndez, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, al respecto, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 232/2017-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado, la interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil dieciséis (sic), que afirma, le fue notificada el nueve de febrero de la presente anualidad, en que la autoridad responsable, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, determinó que existe una diferencia a favor del actor, hoy quejoso, por diversa cantidad, que requirió a las autoridades demandadas, como pago de las cantidades en el concepto de remuneración diaria ordinaria, que quedó pendiente en la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, otorgando a la demandada un término de cinco días para que haga el pago voluntario; asimismo, estableció que no se justifica la actualización de salarios dejados de percibir después del cumplimiento de veintisiete de marzo de dos mil quince, en virtud que durante el tiempo transcurrido, las partes en el juicio se han dedicado a aclarar y a interponer medios de impugnación que han hecho que transcurra el tiempo, considerando que no se justifica dicha actualización, por ser ambas partes responsables de la dilación del juicio y en aras de moderar las cantidades a la fecha del cumplimiento en comento, las que deben prevalecer. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el veinticinco de marzo de dos mil catorce, Francisco Javier Castillo Méndez, promovió juicio de nulidad contra el Ayuntamiento Constitucional de Zacatecas y otras autoridades, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, al que le fue asignado el número 164/2014-II. Seguido el juicio de nulidad por su secuela correspondiente, el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, fue pronunciada sentencia definitiva, que resultó favorable a los intereses del ahora quejoso; inconforme con ello, la demandada, Ayuntamiento Constitucional de Zacatecas, promovió juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, que negó el amparo solicitado. Posteriormente, el once de septiembre de dos mil quince, el Tribunal de lo Contencioso responsable, emitió auto resolviendo sobre el cumplimiento de la sentencia, declarándola por no cumplida, contra lo que el ahora quejoso interpuso recurso de revocación, resuelto el diecinueve de octubre siguiente, que determinó que se deberán realizar los descuentos del Impuesto Sobre la Renta a la liquidación de las percepciones que mediante sentencia definitiva había ganado, por lo que inconforme el quejoso, promovió juicio de amparo indirecto, en que se declaró el sobreimiento. Finalmente, el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, determinó que existe una diferencia a favor del actor, hoy quejoso, por diversa cantidad, que requirió a las autoridades demandadas, como pago de las cantidades en el concepto de remuneración diaria ordinaria, que quedó pendiente en la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, otorgando a la demandada un término de cinco días para que haga el pago voluntario; asimismo, estableció que no se justifica la actualización de salarios dejados de percibir después del cumplimiento de veintisiete de marzo de dos mil quince, en virtud que durante el tiempo transcurrido, las partes en el juicio se han dedicado a aclarar y a interponer medios de impugnación que han hecho que transcurra el tiempo, considerando que no se justifica dicha actualización, por ser ambas partes responsables de la dilación del juicio y en aras de moderar las cantidades a la fecha del cumplimiento en comento, las que deben prevalecer. Acto reclamado. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado no es la última en ejecución de sentencia, puesto que es uno de los actos tendentes a cumplir dicha sentencia definitiva, dado que la última resolución conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, que en la especie no acontece; lo que incluso tiene sustento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo. Así, la parte quejosa estaría en aptitud de promover el amparo correspondiente contra la última resolución que al efecto se dicte en el juicio de origen, pudiendo combatir en ella las demás violaciones que se dieren, incluyendo lo que señala como acto reclamado; ello atendiendo a la regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva pronunciada en los autos del juicio de origen; de ahí que en el caso se surta de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia en análisis. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 734, visible a foja mil doscientos cuatro, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Ultimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.". Asimismo, tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, publicada en la página sesenta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164639, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". Sin que obste a lo anterior que quien acude a la presente instancia constitucional, es la parte vencedora en el juicio de nulidad de origen, pues la razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Consecuentemente, el hecho que la promoción del amparo se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural, constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud que ello nada altera la circunstancia que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, publicada en la página setenta y cinco, del tomo XX, julio de dos mil cuatro, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 181144, del tenor: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada.". En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia destacada y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Francisco Javier Castillo Méndez, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Como lo solicita el quejoso, téngase como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Tacuba número ciento veinticinco, interior tres, Colonia Centro en Zacatecas.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE,SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO O RESOLUCIÓN DE DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, AL NO HABER ACUDIDO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SE DEJÓ EL CITATORIO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

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