Francisco Javier Castellanos Cristóbal

Expediente 771/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
771/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Castellanos Cristóbal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta y anexo, del jefe del Centro de Atención al Público (CAP Centro), de la Gerencia Postal Estatal Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintitrés de noviembre del año en curso, remite copia cotejada de la pieza postal MN680120261MX; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que ninguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************; por lo tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, toda vez que con esta fecha se ordenó de archivo del presente expediente, resulta innecesaria la permanencia del disco en formato DVD que contiene la grabación de las audiencias desahogadas en la causa penal ********************del inventario del juzgado responsable, que remitió la titular del mismo, en apoyo a su informe justificado; por tanto, se ordena devolver dicho disco DVD a la citada autoridad, solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta y anexo, del jefe del Centro de Atención al Público (CAP Centro), de la Gerencia Postal Estatal Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual, en relación al auto de veintitrés de septiembre del año en curso, informa en relación a la pieza postal MN680120260MX, misma que obra glosada en autos; ahora, como lo solicita, por ser procedente, se le concede prórroga por el plazo de cinco días hábiles siguientes al en que quede debidamente notificado del presente proveído, a efecto de que haga entrega en este órgano jurisdiccional del acuse de recibo de la pieza postal número MN680120261MX, registrada en la factura de tres de noviembre pasado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose de los mismos que no obra constancia de la fecha en que la autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, y la tercera interesada agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de la Villa de Zaachila, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, encargada de la causa penal 571/2021, residente en la villa de Zaachila, Oaxaca, hayan quedado legalmente notificados de la sentencia pronunciada por este Juzgado; por lo tanto, requiérase al administrador de Correos, en la ciudad de Oaxaca, para que dentro del término de tres días, remita a este Juzgado Federal los acuses de recibo de las piezas postales números MN680120260MX y MN680120261MX, registradas en la factura de tres de noviembre del año en curso. Apercibido que de no cumplir con lo anterior se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario actual de la unidad de medida citada ($89.62) por cincuenta (50), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 771/2021; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Francisco Javier Castellanos Cristóbal, por su propio derecho, mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, consistentes en lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. El auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa penal 571/2021, del índice del Juzgado de Control de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca. El dictado de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, dictada dentro de la causa penal 571/2021, del índice del Juzgado de Control de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca." Los cuales estima violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno (fojas 8 - 11), este Tribunal admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, y citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. En auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a los terceros interesados Norma Aidé Ruiz Peralta, y agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Zaachila, Oaxaca. Seguido el trámite respectivo, el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en términos del oficio SEADS/615/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informa a las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el siete de julio de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del juez Marco Antonio Vignola Conde, como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de agosto del presente año, lo anterior para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, y la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como, a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama los siguientes actos: El auto de vinculación a proceso dictado el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 571/2021, del índice del Juzgado de Control de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca. La medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 571/2021, del índice del Juzgado de Control de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La juez de Control en materia Penal del Circuito de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia de los actos reclamados (foja 17). Lo que se corrobra con el DVD certificado que contiene el registro de audio y video de la audiencia del auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictados en la causa penal 571/2021, radicada en el Juzgado de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla (un disco formato DVD); al que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tiene ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionario públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual forma, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso decretado al quejoso el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 571/2021 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de Norma Aidé Ruiz Peralta, previsto en el artículo 404, en relación con el numeral 404 bis, fracciones I y II, y sancionado en el artículo 405, párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca. Ahora bien, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De los invocados preceptos, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben satisfacer los siguientes requisitos. Que se haya formulado la imputación. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Apoya estas consideraciones, la tesis XIII.P.A.28 P, sostenida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Febrero 2011, página 2253, Novena Época, registro IUS: 162926, cuyo rubro y texto dicen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU NATURALEZA Y EFECTOS SON DISTINTOS AL DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El auto de formal prisión en los procedimientos tradicionales y el auto de vinculación a proceso en el procedimiento penal adversarial son de naturaleza y efectos distintos, pues el primero no tiene sentido y sustento bajo el nuevo sistema de enjuiciamiento oral, de corte garantista, en el que los imputados deberán ser considerados inocentes, hasta que se dicte sentencia firme en su contra, además, cuenta con nuevas reglas procesales, ya que para dictar un auto de vinculación a proceso únicamente se requiere que los datos (no pruebas formalizadas) que fueron recabados en la carpeta de investigación establezcan el delito que se atribuye al imputado, el lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución, y que exista la probabilidad de que él lo cometió o participó en su comisión; incluso se sustituyó la determinación de resolver sobre la libertad del imputado, pues eso, en su caso, será motivo de una medida cautelar, la que de manera independiente deberá solicitar la autoridad investigadora de los delitos; además, el Juez sólo puede decretar la prisión preventiva a petición del Ministerio Público cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; y el Juez sólo podrá decretar la prisión preventiva de oficio, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como en delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, y que pongan en riesgo el libre desarrollo de la personalidad y la salud." Expuesto lo anterior, de la reproducción del registro audio visual de la audiencia inicial en donde se vinculó a proceso, se advierte que se cumplieron con los requisitos formales aludidos en los artículos reproducidos, por lo que no es violatorio de derechos fundamentales del quejoso Francisco Javier Castellanos Cristóbal. El primero de tales requisitos relativo a que se haya formulado la imputación, está satisfecho, pues en audiencia de diecisiete de junio de dos mil veintiuno (00:17:49), en términos de lo dispuesto por los artículos 131, 313, 310, 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comunicó la imputación al quejoso Francisco Javier Castellanos Cristóbal, por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar cometido en perjuicio de Norma Aidé Ruiz Peralta, por los siguientes hechos: 1. Que Norma Aidé Ruiz Peralta contrajo matrimonio civil con Francisco Javier Castellanos Cristóbal, estableciendo su domicilio conyugal en Privada de Quiengolaa, número tres, barrio San José, de la Villa de Zaachila, Oaxaca; de dicha relación procrearon dos hijos de nombres con iniciales E.Y.C.R. y K.A.C.R., actualmente de ocho años y un año, nueve meses, de edad respectivamente (minuto 19:00). 2. Que el tres de diciembre de dos mil diecinueve, aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos, la víctima quien llevaba en brazos a su menor hija K.AC.R., en compañía de Francisco Javier Castellanos Cristóbal, caminaban sobre calle Copabitoo, esquina con Teotzapotlán, de la Villa de Zaachila, ya que el primero le dijo que la llevaría a su casa porque le dijo que tenía que estar con él, a lo que la víctima le dijo que no quería, momento en el que el imputado comenzó a ahorcarla con sus dos manos para después con sus manos jalar a la víctima, y enseguida clavar sus uñas, y a su vez la jaloneó diciéndole que se tenía que ir con él, momento en el que salió una persona del sexo femenino quien dijo ser sobrina de la doctora Maricela, aprovechando Francisco Javier Castellanos Cristóbal, para retirarse del lugar llevándose la carreola de su menor hija (minuto 19:36). 3. Que el siete de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, Norma Aidé Ruiz Peralta, quien llevaba en brazos a su menor hija K.AC.R, casi al llegar al domicilio ubicado en Privada de Quiengolaa, número tres, barrio San José de la Villa de Zaachila, Oaxaca, se percató a lejos que Francisco Javier Castellanos Cristóbal, iba a bordo de un mototaxi que manejaba en compañía de su pareja actual, y al acercarse más a la víctima intentó atropellarla, quien trató de esquivar el golpe causando que cayera al suelo con su hija, al levantarse, le dijo al imputado que porqué le había echado el mototaxi, diciéndole éste: ".¿por qué traes a la niña?, nada más porque traes a la niña no te echo la moto encima" (minuto 20:41). 4. Que el once de mayo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las once horas, la víctima Norma Aidé Ruiz Peralta, llevaba en brazos a su menor hija K.AC.R. caminada sobre la calle Bitoopaa esquina con Leobaa Barrio Lexio, de la Villa de Zaachila, Oaxaca, deteniéndose en una esquina donde se encuentra un puente para esperar un mototaxi, momento en el que se percata que Francisco Javier Castellanos Cristóbal, iba manejando una bicicleta, acercándose a ella diciéndole: "ya sé lo que estás haciendo o de seguro tu tío te está ayudando, tú piensas que yo les tengo miedo, si fuera así ya me hubieran encerrado, tú y toda esa bola de pendejos me la pelan, nada más porque traes a tu hija, si no te tiro acá en el puente", causándole miedo a la víctima, sin embargo el imputado continúo diciéndole: "ten cuidado, no vayas a desaparecer un día", momento en el que pasó un autobús, motivo por el cual la víctima se movió de lugar y se retiró (minuto 21:34). 5. Que el día veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dieciocho horas con treinta minutos, Norma Aidé Ruiz Peralta, se encontraba en el domicilio ubicado en calle Donají, número quinientos dieciocho, Barrio del Niño de la Villa de Zaachila, Oaxaca, en compañía de sus dos menores hijos de apellidos Castellanos Ruiz, con quienes cruzaría la calle para que sus citados hijos jugaran en el terreno que se encuentra frente a su domicilio, por lo que al bajar la banqueta, se percata que sobre dicha calle venía que Francisco Javier Castellanos Cristóbal, conduciendo un mototaxi color rojo con número económico seis, motivo por el cual la víctima y sus menores hijos se mueven a la banqueta; sin embargo, el imputado aceleró su velocidad, yéndose con dirección a la víctima, y sus menores hijos se mueven nuevamente a la banqueta, rozando el brazo derecho de la víctima y al momento que frenó, sin bajarse de la moto, se detuvo frente a la víctima gritándole: "hija de tu puta madre, no te tengo miedo, cuando te encuentres sola entonces ya no vas a correr con la misma suerte, porque si yo no soy feliz, tampoco tú lo vas a ser" , para posteriormente irse del lugar (minuto 22:35). El segundo de los requisitos, consistente en que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar también se encuentra colmado, ya que en la aludida audiencia de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, una vez explicadas las prerrogativas que tiene como imputado y asistido de su defensor, se le dio la posibilidad de declarar (minuto 00:25:52), quien previa consulta con su defensor, manifestó que no lo haría (00:26:11 ibídem). No obstante en ampliación del término constitucional celebrada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en ejercicio del derecho que la ley le otorga, rindió su declaración (minuto 00:10:29) Respecto a los elementos tercero y cuarto, se tienen por demostrados, pues los datos de prueba que la juez responsable tomó en consideración para dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, resultan suficientes por ahora, para demostrar el hecho que la ley califica como delito de violencia familiar y la probable intervención del aquí quejoso en su comisión. Al respecto, se advierte de autos que la resolución combatida por el quejoso proviene de autoridad judicial, como lo es la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca, de conformidad con el numeral 96, fracción I, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca; quien resulta competente, pues los hechos sucedieron dentro de su jurisdicción, a saber: en calle de Copabitoo esquina Teotzopotlán, otro hecho, antes de llegar al domicilio ubicado en privada de Quiengolaa, número tres, el hecho número tres, en calle de Bitopaa, esquina Leoba en el barrio Lexio, y el último hecho, frente al domicilio ubicado en calle Donají, número quinientos dieciocho, todos de la Villa de Zaachila, Oaxaca. En el caso concreto, la juez de Control responsable estimó actualizado el hecho que la ley califica como delito de violencia familiar, previsto en el artículo 404, en relación con el 404 bis, fracciones I y II, y sancionado en el 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca. El "Título Vigésimo Segundo. Delitos contra el derecho a una vida libre de violencia", del Código Penal del Estado de Oaxaca; se aprobó el diez de diciembre de dos mil quince, y se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el treinta de enero de dos mil dieciséis. En dicho Título, se contiene el tipo penal "Violencia Familiar", en los artículos 404, 404 Bis, y se sanciona conforme a lo dispuesto en el numeral 405 del mismo código, que establecen: "TITULO VIGESIMO SEGUNDO. Delitos contra el derecho a una vida libre de violencia. CAPITULO I. Violencia familiar. (Denominación del Capítulo I reformado mediante decreto número 1372, aprobado el 10 de diciembre de 2015 y publicado en el Periódico Oficial número 5 Cuarta Sección el 30 de enero de 2016). ARTÍCULO 404. Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. (Artículo reformado mediante decreto número 1372, aprobado el 10 de diciembre de 2015 y publicado en el Periódico Oficial número 5 Cuarta Sección el 30 de enero de 2016). ARTÍCULO 404 Bis. Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas; II. Violencia psicoemocional: Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica, entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio. III. Violencia patrimonial: Acto u omisión encaminado a apropiarse o destruir el patrimonio de la pareja o de cualquier miembro de la familia sin autorización, mismos que pueden consistir en el abuso de los ingresos, el apoderamiento, despojo, transformación, sustracción, destrucción, desaparición, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. IV. Violencia económica: Privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos financieros para el bienestar físico y psicológico de los receptores de la violencia familiar o de algún miembro de la familia, cuyas formas de expresión pueden representar el incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, para el sostenimiento familiar, o las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos. V. Violencia sexual: A toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo, lesiona o daña la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de cualquier persona. Se expresa a través de la inducción a presenciar o realizar prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, así como la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja, entre otros y; VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las personas a decidir libre, responsable y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, a servicios de atención prenatal, servicios obstétricos de emergencia y servicios de interrupción legal y segura del embarazo en casos de violación. (Artículo adicionado mediante decreto número 1372, aprobado el 10 de diciembre de 2015 y publicado en el Periódico Oficial número 5 Cuarta Sección el 30 de enero de 2016) ARTÍCULO 405.- A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además, se sujetará a tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad de su mínimo y su máximo; en los casos en que la violencia se ejerza en contra de personas adultas mayores o en contra de persona con discapacidad. (Párrafo adicionado mediante decreto número 568, aprobado por la LXIII Legislatura del Estado el 8 de febrero de 2017 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 3 de marzo de 2017). En ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación, la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad. (Artículo reformado mediante decreto número 1372, aprobado el 10 de diciembre de 2015 y publicado en el Periódico Oficial número 5 Cuarta Sección el 30 de enero de 2016) (Artículo reformado mediante decreto número 711, aprobado por la LXIII Legislatura el 27 de septiembre del 2017 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 26 de diciembre del 2017) De la lectura integral de dichos preceptos legales, se advierte, el tipo penal en análisis, no exige la reiteración de la conducta típica por parte del sujeto activo para su configuración, sino que basta la comisión de una sola conducta generadora de violencia en contra de algún integrante de la familia para que se estime actualizado, esto es, que el delito en principio es de comisión instantánea; con independencia que en lo particular la conducta pueda ser permanente y plurisubsistente, si el sujeto activo persiste en el resultado del ilícito manteniendo su actuación con voluntad de contenido típico. Conforme a lo anterior, la juez de Control responsable, ajustada a derecho, analizó cuatro conductas del imputado Francisco Javier Castellanos Cristóbal, realizadas el tres de diciembre de dos mil diecinueve, siete de abril, once y veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. La juez de Control responsable determinó que ese delito para su configuración requiere de los siguientes elementos: I. Una acción consistente en ejercer violencia física y psicoemocional. Entendiéndose por violencia física toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo para sujetar o lesionar físicamente a otro. Y por violencia psicoemocional, la acción u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, entre otras, que causen un deterior en la estructura psíquica de una persona. II. Que esta conducta ocurra dentro o fuera del domicilio familiar. III. La existencia de una relación entre la víctima y el imputado. Posteriormente, precisó que se encuentran acreditados los hechos descritos: El hecho uno, en que el tres de diciembre de dos mil diecinueve, aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos (tiempo), la víctima quien llevaba en brazos a su menor hija K.AC.R., en compañía de Francisco Javier Castellanos Cristóbal, caminaban sobre calle Copabitoo, esquina con Teotzapotlán, de la Villa de Zaachila (lugar), ya que el primero le dijo que la llevaría a su casa porque le dijo que tenía que estar con él, a lo que la víctima le dijo que no quería, momento en el que el imputado comenzó a ahorcarla con sus dos manos para después con sus manos jalar a la víctima, y enseguida clavar sus uñas, y a su vez la jaloneó diciéndole que se tenía que ir con él, momento en el que salió una persona del sexo femenino quien dijo ser sobrina de la doctora Maricela, aprovechando Francisco Javier Castellanos Cristóbal, para retirarse del lugar llevándose la carreola de su menor hija (modo). El hecho dos, en que el siete de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas (tiempo), Norma Aidé Ruiz Peralta, quien llevaba en brazos a su menor hija K.AC.R, casi al llegar al domicilio ubicado en Privada de Quiengolaa, número tres, barrio San José de la Villa de Zaachila, Oaxaca (lugar), se percató a lejos que Francisco Javier Castellanos Cristóbal, iba a bordo de un mototaxi que manejaba en compañía de su pareja actual, y al acercarse más a la víctima intentó atropellarla, quien trató de esquivar el golpe causando que cayera al suelo con su hija, al levantarse, le dijo al imputado que porqué le había echado el mototaxi, diciéndole éste: ".¿por qué traes a la niña?, nada más porque traes a la niña no te echo la moto encima" (modo). El hecho tres, en que el once de mayo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diez horas (tiempo), la víctima Norma Aidé Ruiz Peralta, llevaba en brazos a su menor hija K.AC.R. caminada sobre la calle Bitoopaa esquina con Leobaa Barrio Lexio, de la Villa de Zaachila, Oaxaca (lugar), deteniéndose en una esquina donde se encuentra un puente para esperar un mototaxi, momento en el que se percata que Francisco Javier Castellanos Cristóbal, iba manejando una bicicleta, acercándose a ella diciéndole: "ya sé lo que estás haciendo o de seguro tu tío te está ayudando, tú piensas que yo les tengo miedo, si fuera así ya me hubieran encerrado, tú y toda esa bola de pendejos me la pelan, nada más porque traes a tu hija, si no te tiro acá en el puente", causándole miedo a la víctima, sin embargo el imputado continúo diciéndole: "ten cuidado, no vayas a desaparecer un día", momento en el que pasó un autobús, motivo por el cual la víctima se movió de lugar y se retiró (modo). El hecho cuatro, en que el día veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dieciocho horas con treinta minutos (tiempo), Norma Aidé Ruiz Peralta, se encontraba en el domicilio ubicado en calle Donají, número quinientos dieciocho, Barrio del Niño de la Villa de Zaachila, Oaxaca (lugar), en compañía de sus dos menores hijos de apellidos Castellanos Ruiz, con quienes cruzaría la calle para que sus citados hijos jugaran en el terreno que se encuentra frente a su domicilio, por lo que al bajar la banqueta, se percata que sobre dicha calle venía que Francisco Javier Castellanos Cristóbal, conduciendo un mototaxi color rojo con número económico seis, motivo por el cual la víctima y sus menores hijos se mueven a la banqueta; sin embargo, el imputado aceleró su velocidad, yéndose con dirección a la víctima, y sus menores hijos se mueven nuevamente a la banqueta, rozando el brazo derecho de la víctima y al momento que frenó, sin bajarse de la moto, se detuvo frente a la víctima gritándole: "hija de tu puta madre, no te tengo miedo, cuando te encuentres sola entonces ya no vas a correr con la misma suerte, porque si yo no soy feliz, tampoco tú lo vas a ser" , para posteriormente irse del lugar (modo). Conductas que estimó soportadas con las comparecencias de la víctima Norma Aidé Ruiz Peralta, que se llevaron a cabo el tres de diciembre de dos mil diecinueve, doce y veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en que narró los hechos que quedaron precisados en párrafos que anteceden. También tomó en consideración la inspección practicada el nueve de abril de dos mil veintiuno, por Francisco Miguel Ríos Salinas, agente Estatal de Investigación, quien se constituyó en primera Privada de Guiengola sin número, barrio San José, Villa de Zaachila, Oaxaca, e hizo constar las características del inmueble. Así como la entrevista de diez de abril de dos mil veintiuno, realizada a Luis Francisco Aragón Sumano, por el agente Estatal de Investigaciones Francisco Miguel Ríos Salinas, quien declaró en relación a los hechos sucedidos el tres de diciembre de dos mil diecinueve, a las nueve y media horas, cuando se encontraba caminando en el barrio Teotzopotlán en el Barrio del Niño, precisamente en donde se une dicha calle con la calle Copabitoo, escuchó unos gritos de una persona femenina y uno masculino, y pudo ver que Francisco Javier Castellanos Cristóbal agredía con palabras y golpes a su esposa Noma Aidé Ruiz Peralta, quien trataba de defenderse, escuchó que le decía Francisco, "vámonos, quiero estar contigo", y su conocida Noma Aidé Ruiz Peralta, le decía que no, en ese momento se acercó una mujer se acercó y les habló, no alcanzó a escuchar lo que dicho, pero pudo ver que el señor Francisco Javier Castellanos Cristóbal, le jaló la carreola que llevaba Noma Aidé Ruiz Peralta, y se la llevó. También se encuentra acreditado el elemento relativo a que el activo haya tenido una relación de parentesco o relaciones de convivencia con la víctima; con la copia certificada del acta de matrimonio número 15076488, celebrado entre Francisco Javier Castellanos Cristóbal y Norma Aidé Ruiz Peralta, así como con las copias certificadas de las actas de nacimiento de los menores E.Y.C.R. y K.A.C.R., de cuyo contenido se advierte el nombre de sus padres es Francisco Javier Castellanos Cristóbal, y Norma Aidé Ruiz Peralta. Así también, acertadamente se precisó que el artículo 404 bis del Código Penal del Estado de Oaxaca, prevé los tipos de violencia familiar, ubicando los hechos que se atribuyen al quejoso, en la fracción II, del citado precepto legal, que establece: "ARTÍCULO 404 Bis. Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: . II. Violencia psicoemocional: Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica, entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio." Ello, al advertirse que el quejoso Francisco Javier Castellanos Cristóbal , realizó sobre la victima humillaciones, amenazas y acciones de condicionamiento, pues entre otras hizo las siguientes manifestaciones a la víctima: "nada más porque traes a la niña, si no te echo la moto encima.", "nada más porque traes a tu hija si no te tiro en el puente.", "ten cuidado, no vayas a desaparecer un día", "hija de tu puta madre, no te tengo miedo, cuando te encuentres sola ya no vas a correr con la misma suerte, porque si o no soy feliz tú tampoco lo vas a ser". Lo que se estimó comprobado, con el dictamen psicológico de dieciocho de enero de dos mil veinte, emitido por Gabriela Pérez Ibáñez, perito en psicología, adscrita al Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, a favor de Norma Aidé Ruiz Peralta, en el que concluyó: que al momento de la valoración la víctima no presenta transtorno de tipo psicótico o autista, manteniendo un adecuado contacto con la realidad, en el estado emocional cursa con un estrés agudo, donde se encuentra presencia de inseguridad, temor, angustia aunado a un sentimiento de vulnerabilidad, impotencia, decepción, enojo y tristeza, secuelas relacionados con los hechos que denuncia, los cuales comienzan a deteriorar su actual calidad de vida, generando desgaste físico y emocional, comienza a interferir áreas importantes de su vida; así como con el dictamen psicológico emitido por la citada experta el veintisiete de mayo del año en curso, quien luego de valorar a la víctima, determinó que presentaba estés, per percibir su integridad vulnerada, presentaba tristeza, impotencia, enojo, y sentimiento de vulnerabilidad, por los hechos denunciados. Además, adecuadamente también ubicó la conducta que se atribuye al quejoso, en la fracción I, del citado precepto legal, que establece: "ARTÍCULO 404 Bis. Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas." Ello, al agredir físicamente, a Norma Aidé Ruiz Peralta, ya que le jaló el cabello, le apretó el cuello, le enterró las uñas y le rozó el brazo con el mototaxi que él conducía. Lo que relacionó con el certificado médico de lesiones expedido por el perito Luciano Rolando Barrita Martínez, perito médico legista, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, a favor de Norma Aidé Ruiz Peralta, quien luego de realizar una exploración física a la víctima, observó lo siguiente: presentó escoriación con equimosis rojiza, una de cuatro centímetros por siete milímetros, otra dos centímetros por cinco milímetros, y tres de un centímetro en el cuello de lado derecho, otra de dos centímetros por cinco milímetros, en cara anterior del cuello del lado izquierdo, otra de dos centímetros por cinco milímetros a nivel del ángulo del maxilar inferior izquierdo, otra de dos centímetros y una puntiforme del lado del maxilar izquierdo, un multiforme en dorso del lado de la falange del proximal de dedo anular derecho, otro puntiforme en dorso de lado la falange proximal de dedo izquierdo, otra puntiforme en cara posterior tercio distal en el antebrazo izquierdo. Además concluyó que Norma Aideé Ruiz Peralta, sí presenta lesión en la piel, que afectaron tejidos blandos, de naturaleza activa que no ponen en peligro la vida, y que tardan en sanar menos de quince días. De lo que se sigue, la juez responsable precisó el tipo de agresión desplegado por el imputado, con base en lo previsto en el artículo 404 Bis del Código Penal del Estado de Oaxaca, pues especificó en concreto con qué acción el quejoso ocasionó una agresión física, y con cuál otra acción cometió una agresión psicológica. Por lo que, se determina que la resolución reclamada fue emitida conforme a derecho, pues cuando dicho ilícito se perpetra en su vertiente psicológica, bastan momentos específicos de maltrato verbal, amenazas, en su caso, agresión física, entre otros, por lo que debe considerarse de realización oculta, al cometerse en el núcleo familiar y no siempre a la vista de personas ajenas a éste. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que en los delitos de realización oculta, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, aunado a que en asuntos de violencia intrafamiliar, la prueba pericial en psicología y médica, resultan idóneas como prueba directa, para determina la existencia de alguna lesión física derivada de actos violentos, por lo que dichas pruebas, entrelazadas entre sí, tienen valor probatorio preponderante para la acreditación de dicho delito. Es aplicable, la tesis III.2o.P.157 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en página 2187, Libro 65, Abril de 2019, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Penal, con registro digital 2019751, de rubro y texto siguientes: "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Si se trata de delitos en los que pueda existir discriminación que de derecho o hecho puedan sufrir hombres o mujeres, debe abordarse el tema con perspectiva de género, sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja de las víctimas, en su mayoría mujeres, donde regularmente son partícipes de un ciclo en el que intervienen fenómenos como la codependencia y el temor que propician la denuncia del delito, donde cobra preponderancia entre dichos ilícitos, el de violencia intrafamiliar. Ahora bien, de conformidad con el artículo 176 Ter del Código Penal para el Estado de Jalisco, comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato en contra de uno a varios miembros de su familia, causando un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas. Cuando dicho ilícito se perpetra en su vertiente psicológica, no requiere ser visible a la sociedad o continuo, sino momentos específicos o reiterados y actos concretos, como pueden ser el maltrato verbal, las amenazas, el control económico, la manipulación, entre otros, por lo que debe considerarse de realización oculta, al cometerse en el núcleo familiar y no siempre a la vista de personas ajenas a éste. Respecto a dicho tópico, el Más Alto Tribunal del País ha sostenido que en los delitos de realización oculta, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, aunado a que en asuntos de violencia intrafamiliar, la prueba pericial en psicología resulta la idónea como prueba directa, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas víctimas del delito, puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos, por lo que dichas pruebas, entrelazadas entre sí, tienen valor probatorio preponderante para la acreditación de dicho delito." De ahí que, como lo refirió la juez responsable, el estándar probatorio que requiere la emisión de un auto de vinculación a proceso, con los datos de prueba aportados por la Representación Social, son suficientes para tener por acreditados los elementos que necesitan ambos tipos penales. Además, como lo indicó la juez responsable, las actividades desplegadas por el imputado fueron de manera dolosa conforme a lo dispuesto por el artículo 8, fracción I, del Código Penal, vigente en el Estado, pues sabía y conocía que ejercer violencia en contra de los miembros de nuestra familia, como lo es la cónyuge, es ilícito; no obstante, el imputado, aun sabiéndolo, el día, hora y lugar de los hechos llevó a cabo, todas y cada una de las acciones para violentar a la víctima en su derecho de una vida libre de violencia, tanto de manera física como de manera psicoemocional. De ahí que, como lo refirió la juez responsable, el aquí quejoso transgredió lo establecido en el artículo 404 del Código Penal, que impone el deber de respetar el derecho de las personas a una vida libre de violencia; sin embargo, el imputado aun conociendo que tenía esos deberes, llevó a cabo todas las acciones para materializar lo necesario y romper esa obligación que tenía violando así el bien jurídico tutelado por la norma. Por otra parte, el actuar del imputado, aquí quejoso no está amparado por alguna de las causas de justificación a las cuales se refiere el apartado B, del artículo 14 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, ya es mayor de edad, como consecuencia es sujeto imputable de derecho penal, en términos de lo establecido en el artículo 2 del Código Penal del Estado, no advirtió que padezca algún trastorno mental, desarrollo intelectual retardado que le hubiese impedido conocer la trascendencia de sus actos. De igual forma, apegada a derecho estableció que existe la posibilidad de que el quejoso Francisco Javier Castellanos Cristóbal, cometió o intervino en la comisión de dichos hechos, en términos de los lineamientos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que existe el señalamiento directo y categórico de la víctima como la persona que el día, hora y lugar de los ejerció violencia física y psicoemocional. Por lo que quedó acreditado que el aquí quejoso Francisco Javier Castellanos Cristóbal, ejecutó los hechos ilícitos como autor material, en términos de la fracción II, del artículo 11 del Código Penal, ya que en todo momento tuvo el dominio del hecho, pudo haberlos evitado y no lo hizo. Ahora bien, en sus conceptos de violación aduce el quejoso que le causa agravio que la juez de Control responsable no tomara en cuenta las declaraciones de Verónica Natividad Guatemala Felipe, Liliana Aguilar Santiago y Antonio León Mendoza, ya que lo deja en estado de indefensión. De la primera, porque a decir de la juez de Control responsable se encuentra exenta de imparcialidad por mantener una relación sentimental con él, a pesar de que de las declaraciones de la víctima y de los elementos que ejecutaron la orden de aprehensión se desprende su presencia, por lo que personalmente pudo ver y conocer los hechos denunciados por la víctima, por lo que debió ser tomada en cuenta. En cuanto a la declaración de Antonio León Mendoza debió darle valor probatorio al ser suficiente su manifestación de que estuvo con el señor Francisco Javier Castellanos Cristóbal, ya que guarda relación con la declaración que rindieron él y la ateste Verónica Natividad Guatemala Felipe. Son infundados tales conceptos de violación. Ello, toda vez que la juez responsable, en cuanto a las entrevistas incorporadas por su defensor particular en la audiencia inicial, no las tomó en cuenta porque consideró que la declaración de Verónica Natividad Guatemala Felipe, carece de imparcialidad, ya que mantiene una relación sentimental con el quejoso Francisco Javier Castellanos Cristóbal, con lo que se busca beneficiarlo, y porque respecto a los hechos suscitados el día tres de diciembre del año dos mil diecinueve, manifestó que observó cuando la víctima se ocasionó las lesiones, información que se trató de corroborar con lo declarado por la diversa ateste Iliana Aguilar Santiago, quien refirió que vio cuando la víctima se arañaba y se pegaba, así como con lo declarado por el propio quejoso, en cuanto a que la víctima Norma Aidé Ruiz Peralta se ocasionó las lesiones y al ser sorprendida, se retiró del lugar y dejó la carreola. Ello, pues válidamente la autoridad responsable sostuvo que se encuentra contradicha con dato objetivo como lo es el certificado médico emitido por el doctor Luciano Rolando Barrita Martínez, el tres de diciembre del año dos mil diecinueve, quien certificó las lesiones de naturaleza activa que presentó la víctima Norma Aidé Ruiz Peralta, al momento de su valoración; es decir, que fueron originadas por una causa ajena y que no existe dato objetivo que corrobore que la propia víctima se haya autoinfligido dichas lesiones, dando valor preponderante a la información proporcionada por el perito, ya que se trata de un conocedor de la materia, motivo por el cual no tomó en consideración la declaración de las atestes Verónica Natividad Guatemala Felipe e Iliana Aguilar Santiago, al encontrarse contradichas con dato objetivo. De ahí que las declaraciones de las atestes, como lo consideró la responsable, no alcanzaron a desvirtuar las imputaciones de cargo que realiza la víctima al hoy quejoso, ni el certificado expedido a su favor por el perito médico, en el que detalla las lesiones que afirma la primera le ocasionó el tres de diciembre de dos mil nueve; ya que, como lo indicó la juez responsable, para demostrar que la víctima se autoinfligió las lesiones, no bastan las afirmaciones de las atestes de descargo, pues para ello se requiere su corroboración con diversos datos de prueba, máxime que el testimonio de Verónica Natividad Guatemala Felipe, adolece de imparcialidad ante la relación sentimental que sostiene con el imputado, aquí quejoso. En cuanto a la valoración que realizó la autoridad responsable a lo declarado por el ateste Antonio León Mendoza, también se estima apegada a derecho que no la haya tomado en consideración, pues refirió que sólo manifestó que el veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno, estuvo con el quejoso en su taller de bicicletas desde "las cinco de la tarde a las ocho de la noche", porque fue a arreglar su bicicleta, y con los papás de aquél, pero no informa qué actividades realizó el quejoso durante esas tres horas, para establecer que no estuvo en lugar diverso como lo refiere la víctima ["en inmediaciones del domicilio ubicado en Donají, número quinientos dieciocho (sic) aproximadamente a las dieciocho horas con treinta minutos para cruzar la calle"]. Por lo que contario a lo que afirma el quejoso, las entrevistas realizadas a los atestes Verónica Natividad Guatemala Felipe, Liliana Aguilar Santiago y Antonio León Mendoza no desvirtúan los datos de prueba que aportó en su contra el agente del Ministerio Público, relacionadas con la imputación que le fue realizada en la audiencia inicial. Luego, opuesto a lo afirmado por el quejoso en sus conceptos de violación, el auto de vinculación a proceso reclamado se encuentra ajustado a lo establecido en el artículo 19 Constitucional, en la comisión del hecho de que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de la víctima, contemplado en el artículo 404, 404 Bis y sancionado por el numeral 405, todos del Código Penal vigente en el Estado. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Décima Época, con registro 2014800, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia(s): Penal, página 360, del siguiente contenido. "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Respecto del acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada al quejoso el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 571/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca. Sustancialmente aduce el quejoso que la resolución dictada por la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede Ejutla, el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la que decretó en su contra la medida cautelar de prisión definitiva oficiosa, es violatoria de sus derechos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se encuentra fundada ni motivada, tampoco hace referencia a los datos de prueba con los que se acredita la necesidad de la medida; además de que dicha responsable presume que se encuentra acreditado lo dispuesto por el artículo 168, en sus fracciones II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto al máximo de la pena a imponer, al comportamiento posterior del imputado, así como al hecho cometido durante el procedimiento. Afirma que la autoridad responsable no hace referencia a conductas del imputado durante la comisión de los hechos, únicamente respecto a la pena máxima a imponer, lo que atenta contra la presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal. Que la autoridad responsable suplió la deficiencia del Ministerio Público para colmar la fracción II, del artículo 168, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que éste realizara argumento alguno para justificarlo y la defensa pudiera a su vez argumentar en contra, a fin de que resolviera sin suplir la deficiencia respecto a las razones para imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Señala que el juez tiene por colmada la necesidad de cautela con base en el artículo 168, fracción III, del citado ordenamiento, sin que exista argumento alguno por parte del Ministerio Público. Refiere que la autoridad responsable se pronuncia respecto al riesgo de la víctima derivado del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que el Ministerio Público acredite ese riesgo con dato de prueba. Que la juez responsable no tomó en consideración los principios que rigen a toda medida cautelar como son el de mínima intervención, proporcionalidad e idoneidad y que para imponer la medida cautelar tomó en consideración la pena a imponer. Se duele que los hechos que se le imputan no ameritan la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, que la juez responsable no estableció razón, motivo o circunstancia que acredite por qué las otras medidas a que se refiere el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no son suficientes, además de que no existe esa proporcionalidad entre la libertad preventiva (sic) y el objeto de la medida que es el de garantizar la seguridad de la víctima, como lo establece el artículo 19 de la Constitución, sin que se advierta qué tiene de excepcional el asunto que impidiera a la responsable imponer alguna de la trece medidas restantes a que se refiere el primero de los preceptos mencionados. Afirma el quejoso que la responsable para el dictado de la medida cautelar debió tomar en cuenta la situación de pandemia derivada del virus Sars-Cov 2, que es una condición grave para las personas recluidas en un centro penitenciario, cuya salud queda a cargo del Estado. Son infundados tales conceptos de violación. A juicio del titular de este órgano jurisdiccional, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada no vulnera los derechos fundamentales del imputado ahora quejoso Francisco Javier Castellanos Cristóbal. El actual artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 19. [.] . El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud." Conforme a lo establecido en el precepto constitucional transcrito, fuera de los supuestos limitativamente enunciados en los que el Juez decretara oficiosamente la prisión preventiva, el Ministerio Público puede solicitar al juzgador la imposición de la medida cautelar cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Tales supuestos que permiten restringir el derecho fundamental de libertad personal se reproducen en el numeral 167, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. ." Ahora bien, la medida cautelar de prisión preventiva es la más gravosa y perjudicial para la persona, de manera que su imposición está limitativamente reservada para el catálogo de delitos establecidos en la Constitución Federal, como en aquellos supuestos en que justificadamente lo solicite el Ministerio Púbico. El numeral 155, fracción XIV, en relación con el 156, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que el Juez de control puede imponer la medida cautelar de prisión preventiva que solicite el Representante Social, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Así, bajo ese principio, es factible restringir excepcionalmente la libertad de una persona, pero para ello deben justificarse las razones que motivan esa medida. Ello es conforme con lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es categórico al señalar que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como las garantías para su protección. La parte final del primer párrafo estipula que el ejercicio de los derechos no puede restringirse ni limitarse, salvo en los casos contemplados en la propia Norma Fundamental. Así, virtud a que la libertad es uno de los derechos humanos de la persona reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por México, solo puede restringirse en los casos establecidos en estos como en la propia Constitución. Bajo ese entendimiento, el numeral 19, párrafo segundo, de la Carta Magna, estipula en qué casos y condiciones puede imponerse la prisión preventiva (oficiosa y justificada). Dentro de este último supuesto se prevé que puede imponerse, entre otros casos, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. A fin de entender cuándo estamos en presencia de dicha hipótesis, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus preceptos 168 y 170, dispone diversas circunstancias que debe tomar en cuenta el Juez de control para verificar si está garantizada o no la comparecencia del imputado, así como el riesgo para la víctima. Tales dispositivos son del tenor siguiente: "Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales." " Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida." Contrario a lo manifestado por el quejoso Francisco Javier Castellanos Cristóbal, en sus conceptos de violación, es apegada a derecho la resolución dictada por la juez de Control responsable el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la que decretó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual satisface los extremos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, escuchó los argumentos del Ministerio Público para solicitar la medida, a las manifestaciones del imputado aquí quejoso y su defensa, así como las que realizó la víctima, a fin de que se pronunciaran al respecto. En principio, a fin de decretar la medida de prisión preventiva justificada, tomó en consideración que en esa fecha le fue decretado al imputado, aquí quejoso, auto de vinculación a proceso por el delito de violencia familiar previsto y sancionado en los artículos 404, 404 Bis, fracciones I y II, y sancionado por el diverso normativo 405, párrafo tercero, del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Ponderó los argumentos que de manera mediana realizó el Agente del Ministerio Público relativos al riesgo procesal a que se refiere el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y principalmente, el relativo al peligro hacia la víctima Norma Aideé Ruiz Peralta, conforme a lo establecido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para ello, válidamente consideró que se acreditó que pertenece a un grupo vulnerable, fue violentada por el imputado que aún es su esposo, con quien procreó dos hijos, vivió con él durante siete u ocho años, dentro y fuera del núcleo familiar y que se encuentra con él continuamente en la población en la que tienen su domicilio. Apegada a derecho la autoridad responsable tomó en consideración y dio valor, a las manifestaciones de la víctima, quien señaló las ocasiones en que fue agredida por el aquí quejoso cuando se encontraba con él, a pesar de que iba acompañada por sus menores hijos, quienes por esta condición, no pueden defenderse y también se encuentran en grupo vulnerable. Con acierto la autoridad judicial responsable tomó en cuenta las diversas comparecencias de la víctima ante la autoridad ministerial el tres de diciembre de dos mil diecinueve, siete de abril de dos mil veintiuno, once de mayo de dos mil veintiuno, incluso las manifestaciones que realizó la víctima en la propia audiencia (23:25), ya que refirió que la continúa agrediendo cuando se lo encuentra, tanto física como verbalmente, que las agresiones de que ha sido objeto las sufrió durante los ocho años de vida en común que llevó con el imputado, y reiteró las ocasiones en que fue violentada tanto física como psicológicamente, al insultarla, humillarla, los actos de intimidación que ejerce sobre ella, que no la deja vivir en paz, que se lo encuentra constantemente y la agrede incluso cuando va acompañado de su actual pareja; que tiene miedo de la reacción del aquí quejoso Francisco Javier Castellanos Cristóbal, por haber iniciado un proceso en su contra, incluso tiene miedo que su familia le vaya a hacer algo ya que ella vive sola con sus hijos, sin que tales aspectos se encuentren desvirtuados. Además, acertadamente la juez responsable tomó en cuenta y dio valor al oficio de puesta a disposición de la policía municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca, en la que informa haber acudido a un llamado de auxilio de la víctima el veinte de enero de dos mil veintiuno, ante la conducta violenta que realizó en su domicilio el aquí quejoso, quien tenía medidas de protección otorgadas a su favor por el Ministerio Público, y a pesar de ello el quejoso las incumplió. En adición, la juez responsable tomó en cuenta la declaración vertida por el imputado, porque se ubicó en el lugar de los hechos ocurridos el tres de diciembre de dos mil diecinueve, en la que manifestó que él iba acompañado de su actual pareja así como que conducía un mototaxi, lo que coincide con lo manifestado por la víctima, quien afirmó que cuando la veía no disminuía la velocidad sino que por el contrario aceleraba, incluso en una ocasión le rozó el brazo, lo que provocó que cayera con sus menores hijos. De ahí que, a fin de imponer de la medida de prisión preventiva justificada, es válida la consideración de la juez responsable en cuanto a que el imputado, hoy quejoso, ha realizado actos ilícitos en contra de la víctima, sin importarle que vaya con sus menores hijos, de manera pública y en presencia de otras personas, causándole temor a la víctima, aspecto que tuvo por acreditado con los dictámenes psicológicos, que fueron incorporados en la audiencia inicial, en los que se informa el estado de estrés, angustia, miedo, y temor de la víctima hacia el imputado, aquí quejoso Francisco Javier Castellanos Cristóbal Además, para la imposición de la medida cautelar, en cuanto a su idoneidad y necesidad, la juez responsable tomó en consideración su obligación de salvaguardar el derecho de la víctima y sus menores hijos a una vida libre de violencia, a que se respete su corporeidad, seguridad y estado psicoemocional, pues existe cercanía entre los domicilios del quejoso y la víctima, ya que corresponden a una comunidad pequeña como lo es la Villa de Zaachila, Oaxaca, existiendo la posibilidad de que puedan encontrarse en cualquier momento y de que se reitere la conducta delictuosa. De igual manera, contrario a lo afirmado por el quejoso, la autoridad judicial responsable ponderó que si bien existe un catálogo de medidas cautelares y que se debe optar por la menos lesiva, lo cierto es que no aportó dato alguno que estableciera que la medida no es proporcional, ya que la defensa solo hizo manifestaciones relativas a que existe distancia entre el domicilio de la víctima y el aquí quejoso y que éste tiene un trabajo estable como es un taller de bicicletas, que en ocasiones pernocta en la población de Santa Ana Zegache, sin que tales manifestaciones hayan sido corroboradas. Por todo lo expuesto, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, no es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso. Como consecuencia de haber resultado apegado a derecho el auto de vinculación a proceso de veintidós de junio de dos mil veintiuno, que dictó la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, en contra del quejoso Francisco Javier Castellanos Cristóbal, por el hecho que la ley señala como delito de violencia intrafamiliar, en la causa penal 571/2021, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada en su contra mientras dure su proceso, resultan apegadas a derecho. Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Francisco Javier Castellanos Cristóbal, contra los actos reclamados a la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado en su contra por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar en la causa penal 571/2021, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada en su contra, respectivamente, en términos de los considerandos cuarto y quinto de este fallo. NOTIFÍQUESE.

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