Francisco Javier Castañeda Cabrera

Expediente 833/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 28 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
833/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
31/12/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Castañeda Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin que los terceros interesados promovieran incidente alguno y en razón de que en el cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo, existe el billete de depósito ***del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, por la cantidad de ***, presentado para que surtiera efectos la suspensión definitiva; requiérase a la parte quejosa ***, para en un término de tres días, computado a partir del día siguiente al en que quede notificada, acuda ante este tribunal a recibir el citado billete, apercibida que de no hacerlo y transcurrido el lapso de dos años, se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    CITATORIO QUEJOSO AUTO 31-DIC-2021 Visto el estado de los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin que los terceros interesados promovieran incidente alguno y en razón de que en el cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo, existe el billete de depósito ***del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, por la cantidad de ***, presentado para que surtiera efectos la suspensión definitiva; requiérase a la parte quejosa ***, para en un término de tres días, computado a partir del día siguiente al en que quede notificada, acuda ante este tribunal a recibir el citado billete, apercibida que de no hacerlo y transcurrido el lapso de dos años, se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, ***, en favor de su hijo ***, reclamó del Director de la Policía Investigadora de los Delitos y otras autoridades, lo siguiente: "IV. EL ACTO RECLAMADO. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES ORDENADORAS, LA ORDEN DE DETENCIÓN QUE LIBRARON EN CONTRA DE ***, MISMAS QUE ESTÁN EJECUTANDO LAS RESTANTES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS, QUIENES LO MANTIENEN INCOMUNICADO Y SUJETO A GOLPES, MALOS TRATOS Y HASTA CON EL TEMOR FUNDADO DE QUE LO LLEGUE A PRIVAR DE LA VIDA CON TAL DE HACERLO CONFESAR DELITOS QUE NO HA COMETIDO, ELLO AUNADO A EL HECHO DE QUE NO COMETIO NINGÚN DELITO, NI NINGUNA INFRACCIÓN AL BANDO MUNICIPAL DE BUEN GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO Y AL TRIBUNAL DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DE ESTA CIUDAD, LA EMISIÓN DE ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA EN CONTRA DE ***, SIN QUE HAYA COMETIDO INJUSTO ALGUNO" El cinco de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se sobreseyó relativo a los actos derivados de la suspensión de plano, y por otra parte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: ".En tales condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***, para el efecto de que el Juez Cívico Municipal de esta ciudad, deje insubsistente la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veinte, y previo a resolver lo que en derecho proceda dentro del procedimiento administrativo, otorgue el derecho de audiencia al aquí quejoso; en la inteligencia que de estimar procedente imponerle sanción administrativa de arresto, deberá tomar en cuenta el tiempo que éste estuvo detenido." En la inteligencia que, para verificar el puntual cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales, es necesario atender tanto a las consideraciones y lineamentos contenidos en la propia ejecutoria de amparo, como a los efectos precisados en la misma. Al respeto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 75/2014, sustentada por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 627, Libro 12, Noviembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." En auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. El Juez Cívico Municipal mediante oficio ***de tres de junio de la anualidad que cursa, remitió copia certificada del proveído de la misma fecha, en el que dejó insubsistente la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veinte y previno al hoy quejoso para que en uso de su derecho de audiencia manifestara lo que a su derecho conviniera dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del referido proveído (constancia de notificación que anexó). En consecuencia, mediante oficio *** de catorce de junio de dos mil veintiuno, el Juez Cívico Municipal remitió copia certificada de la resolución administrativa de once del citado mes y año, en la que determinó que la sanción consistente en veintitrés horas de arresto ya las había cumplido, por lo que dio por concluido dicho asunto, anexando las constancias respectivas. Con dichos oficios y su cumplimiento, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que haya efectuado manifestación al respecto. En mérito de lo anterior, si los efectos de la sentencia de amparo fueron precisamente para que se dejara insubsistente la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veinte, y previo a resolver lo que en derecho proceda dentro del procedimiento administrativo, otorgara el derecho de audiencia al aquí quejoso; en la inteligencia que de estimar procedente imponerle sanción administrativa de arresto, debería tomar en cuenta el tiempo que éste estuvo detenido, es evidente que se cumplió con lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente juicio, concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la suspensión definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Como está ordenado en autos el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

  4. Principal

    AVISO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, ***, en favor de su hijo ***, reclamó del Director de la Policía Investigadora de los Delitos y otras autoridades, lo siguiente: "IV. EL ACTO RECLAMADO. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES ORDENADORAS, LA ORDEN DE DETENCIÓN QUE LIBRARON EN CONTRA DE ***, MISMAS QUE ESTÁN EJECUTANDO LAS RESTANTES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS, QUIENES LO MANTIENEN INCOMUNICADO Y SUJETO A GOLPES, MALOS TRATOS Y HASTA CON EL TEMOR FUNDADO DE QUE LO LLEGUE A PRIVAR DE LA VIDA CON TAL DE HACERLO CONFESAR DELITOS QUE NO HA COMETIDO, ELLO AUNADO A EL HECHO DE QUE NO COMETIO NINGÚN DELITO, NI NINGUNA INFRACCIÓN AL BANDO MUNICIPAL DE BUEN GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO Y AL TRIBUNAL DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DE ESTA CIUDAD, LA EMISIÓN DE ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA EN CONTRA DE ***, SIN QUE HAYA COMETIDO INJUSTO ALGUNO" El cinco de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se sobreseyó relativo a los actos derivados de la suspensión de plano, y por otra parte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: ".En tales condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***, para el efecto de que el Juez Cívico Municipal de esta ciudad, deje insubsistente la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veinte, y previo a resolver lo que en derecho proceda dentro del procedimiento administrativo, otorgue el derecho de audiencia al aquí quejoso; en la inteligencia que de estimar procedente imponerle sanción administrativa de arresto, deberá tomar en cuenta el tiempo que éste estuvo detenido." En la inteligencia que, para verificar el puntual cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales, es necesario atender tanto a las consideraciones y lineamentos contenidos en la propia ejecutoria de amparo, como a los efectos precisados en la misma. Al respeto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 75/2014, sustentada por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 627, Libro 12, Noviembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." En auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. El Juez Cívico Municipal mediante oficio ***de tres de junio de la anualidad que cursa, remitió copia certificada del proveído de la misma fecha, en el que dejó insubsistente la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veinte y previno al hoy quejoso para que en uso de su derecho de audiencia manifestara lo que a su derecho conviniera dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del referido proveído (constancia de notificación que anexó). En consecuencia, mediante oficio *** de catorce de junio de dos mil veintiuno, el Juez Cívico Municipal remitió copia certificada de la resolución administrativa de once del citado mes y año, en la que determinó que la sanción consistente en veintitrés horas de arresto ya las había cumplido, por lo que dio por concluido dicho asunto, anexando las constancias respectivas. Con dichos oficios y su cumplimiento, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que haya efectuado manifestación al respecto. En mérito de lo anterior, si los efectos de la sentencia de amparo fueron precisamente para que se dejara insubsistente la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veinte, y previo a resolver lo que en derecho proceda dentro del procedimiento administrativo, otorgara el derecho de audiencia al aquí quejoso; en la inteligencia que de estimar procedente imponerle sanción administrativa de arresto, debería tomar en cuenta el tiempo que éste estuvo detenido, es evidente que se cumplió con lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente juicio, concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la suspensión definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Como está ordenado en autos el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

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