Francisco Javier Canchola Juárez

Expediente 392/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
392/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
15/07/2015

Partes del expediente

  • Francisco Javier Canchola Juárez
  • Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 7415/2015 de treinta de junio del actual, por medio del cual se le remitió el expedientillo de responsabilidad 4/2014, de su índice, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil quince. Causa estado determinación Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa, la parte quejosa no se inconformó con el auto dictado con el quince de junio de dos mil quince, mediante el cual se desechó la demanda propuesta; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En vista de lo anterior, remítase al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, el expedientillo de responsabilidad 04/2014, el cual obra por separado debidamente identificado como anexo I. Solicítese el acuse de recibo respectivo. Se ordena el archivo del expediente En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Clasificación del expediente Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito (que deroga el diverso 1/2001 de veintisiete de agosto de dos mil uno, únicamente por lo que se refiere al tratamiento de los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito) se hace la indicación de que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, por ser un juicio de amparo en el cual se desechó la demanda, con apoyo en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce. Relevancia documental Asimismo, el expediente en que se actúa NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Existencia de documentos De igual manera, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales".

  3. Principal

    Número de expediente: 392/2015 Acuerdo: San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil quince. SE DESAHOGA REQUERIMIENTO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de la parte quejosa FRANCISCO JAVIER CANCHOLA JUÁREZ, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de cuatro de junio de la presente anualidad, para los efectos legales procedentes. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO En tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en autos y vista la demanda de amparo promovida por FRANCISCO JAVIER CANCHOLA JUÁREZ, contra actos del JUEZ QUINTO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, de la que se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de fecha treinta de enero de dos mil quince, emitida en el expedientillo de responsabilidades 04/2014, por la Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en la que se resolvió improcedente fincar responsabilidad administrativa a la escribiente MARÍA LING LUNA GARRIDO, dado que no se demostró que incurrió en alguna de las faltas señaladas en el artículo 154, fracciones IX y X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. ANÁLISIS DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las causales de improcedencia que constituye una cuestión de orden público y un presupuesto procesal que el juzgador debe examinar de oficio. Apoya lo anterior por analogía, el criterio sustentado en la jurisprudencia 814, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos setenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuya voz y contenido son: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en razón a que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En principio, en relación al acto reclamado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en razón a que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, en específico la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 902, Tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así también cobra aplicación la tesis I.3o.C.25 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 2055, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." En tales condiciones, debe decirse que el acto que en esta vía se impugna consistente en la resolución de fecha treinta de enero de dos mil quince, emitida en el expedientillo de responsabilidades 04/2014, por la Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, es susceptible de ser revocado o modificado mediante el recurso de revisión, tal como lo establece el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado, que establece: "ARTÍCULO 166.- El recurso de revisión a que se refiere el artículo anterior, deberá ser interpuesto dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que dicte la Comisión de Vigilancia, Disciplina y Selección, mediante escrito que se presentará ante la misma." Así, el recurso de revisión tiene por objeto revocar o modificar la resolución dictada en el expedientillo de responsabilidades de que se trata, por lo que no pone fin al procedimiento, como en el caso lo es la resolución recurrida. En efecto, la resolución reclamada por la parte quejosa, no es de aquellos que pone fin al procedimiento, pues, como acontece en el presente caso, la resolución emitida en el expedientillo de responsabilidades no es de aquellos con que culmina el procedimiento; es decir, la resolución dictada en el expedientillo de responsabilidades que resolvió la quejosa administrativa hecha valer no pone fin al procedimiento y, por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, previo a su impugnación en amparo indirecto, debió ser recurrido mediante recurso de revisión ante la autoridad que emitió dicha resolución, a efecto de satisfacer el principio de definitividad contemplado en el artículo 61, fracción XIII de la nueva Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, como se dijo, se desecha de plano la demanda de amparo, en razón a que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza y da fe.

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