Francisco Javier Camacho Belman

Expediente 410/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
410/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Camacho Belman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    A sus autos el escrito signado por ****, representante legal del quejoso, al respecto dígasele al ocursante que queda a su disposición el presente cuaderno para efectos de que reproduzca a través de los medios digitales de su elección, las constancias que sean necesarias, previa razón que se levante en autos. En el entendido de que, para la consulta física de expedientes, la parte quejosa o en su caso sus autorizados, deberán gestionar una cita a través de la página correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en atención a que con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19, el edificio donde este órgano jurisdiccional se encuentra ubicado no cuenta actualmente con servicio de fotocopiadora, aunado a que este juzgado no cuenta con los recursos materiales para proporcionar las copias solicitadas por el promovente.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó el amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordena su archivo- puesto que se dictó resolución en la que se negó el amparo. Devolución de documentos y constancias. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el numeral en cita, toda vez obran documentos originales que la parte quejosa allegó a su demanda de amparo, prevéngasele para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlo; apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que, para la recepción de las citadas documentales, será necesario que la parte quejosa agende una cita en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.

  3. Principal

    Por recibido el oficio signado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, al que adjunta la documental consistente en la audiencia de desahogo de pruebas celebrada el veintitrés de noviembre pasado dentro del procedimiento ordinario laboral 2922/2019/L1/CC/IND de su índice; agréguese para sin mayor proveído, pues el diecinueve de noviembre pasado se dictó sentencia en el presente asunto.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 410/2010, promovido por Francisco Javier Camacho Belman, por conducto de su mandatario en el juicio de origen, Juan Manuel González Filoteo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el cuatro de septiembre pasado, Francisco Javier Camacho Belman, por conducto de su mandatario en el juicio de origen, Juan Manuel González Filoteo solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, así como del actuario de su adscripción, que estimó violatorios de los artículos 1, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. En acuerdo de ocho siguiente, este Juzgado la admitió, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, otorgó legal intervención al fiscal adscrito y mandó emplazar a la parte tercera interesada, Sears Operadora México, sociedad anónima de capital variable y SECORH, sociedad anónima de capital variable, por conducto de la autoridad responsable ordenadora. En auto de veintiocho de octubre pasado se tuvieron por emplazadas. TERCERO. Finalmente, al tenor del acta que antecede se verificó la audiencia constitucional; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal 1 . La competencia territorial se surte, pues el acto reclamado es de carácter positivo y tiene ejecución; además, fue dictado en un procedimiento laboral seguido en un tribunal de esta ciudad. Dicha conducta encuadra en la primera regla prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisan como actos reclamados: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su presidente, el acuerdo de trece de agosto de dos mil veinte, en el que se señalan las ocho horas con cuarenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del procedimiento ordinario laboral 2922/2019/L1/CC/IND en el que el quejoso es parte actora. Del actuario de su adscripción, la notificación de dicho proveído, pero únicamente a manera de consecuencia. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, lo que se corrobora con las constancias que adjuntaron. CUARTO. Antecedentes De la copia certificada de las constancias que integran el procedimiento ordinario laboral 2922/2019/L1/CC/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a la que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende, en lo que interesa: 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. 5 a) El quejoso, xxxxxxx, por conducto de su mandatario, xxxxxxxx demandó en la vía ordinaria laboral a las terceras interesadas, Sears Operadora México, sociedad anónima de capital variable y SECORH, sociedad anónima de capital variable, el pago de diversas prestaciones con motivo del despido injustificado del que, según su dicho, fue objeto. b) Seguido el procedimiento por su cauce legal y una vez emplazada y apersonada la parte demandada, el veinticuatro de febrero de dos mil veinte se emitió el acuerdo de admisión de pruebas ofertadas por las partes. En ese mismo proveído se señalaron las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de abril de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia de desahogo de los medios de convicción, sin que se hubiera efectuado. c) El trece de agosto de dos mil veinte, se dictó un acuerdo que, en lo que interesa, se expuso: "PRIMERO.- Atendiendo a las medidas sanitarias a efecto de evitar propagación del virus COVID-19 se canceló la audiencia de desahogo de pruebas señalada para el día 20 veinte de abril de 2020 a las 08:45 ocho horas con cuarenta y cinco minutos. Ahora bien, atendiendo a la semaforización, dadas las medidas sanitarias y a protocolos de actuación a efecto de evitar aglomeraciones y saturación de audiencias, se procede a realizar la reprogramación de la audiencia de desahogo de pruebas, atendiendo a que el regreso de las actividades serán llevadas a cabo de manera escalonada. SEGUNDO.- Se reprograma para las 08:40 ocho horas con cuarenta minutos del día 23 veintitrés de noviembre de 2020 dos mil veinte para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas prevista por el artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo. Se comisiona al actuario adscrito a este Tribunal a efecto de que notifique, cite y aperciba a las partes de manera ulterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo." Éste es el acto reclamado en forma destacada. d) Ese acuerdo fue notificado al quejoso el dieciocho de agosto de dos mil veinte. Éste es el segundo acto controvertido. QUINTO. Estudio de fondo. Son inoperantes los conceptos de violación, pues aun cuando eventualmente asista razón al peticionario, la concesión del amparo no conllevaría un efecto que pudiera ser materializado en favor del quejoso. Se explica: El quejoso se duele de que el desahogo de la audiencia fue señalado para una data que, debido a su lejanía, vulnera en su perjuicio el derecho a la impartición de justicia pronta que garantiza el artículo 17 constitucional. A la letra, expuso: ".ante las permanentes dilaciones que han ocurrido y que han transcurrido a la fecha más de 11 meses y 26 días desde que se presentó la demanda inicial, y 6 meses y 17 días desde que se celebró la segunda audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y de que he asistido personalmente en 4 ocasiones al despacho de la autoridad responsable para solicitar e insistir en que se me fijara una fecha más cercana, y por respuesta siempre me han dicho "que no pueden hacerlo y que me esté a lo acordado el día 13 de agosto de 2020, en el sentido de que hasta el día 23 de noviembre del 2020 (.) se podrá celebrar la audiencia de desahogo de pruebas. Violándose con todo lo anterior los artículos (.) 880, 8801, 883, 891 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo en vigor y como consecuencia se violan flagrantemente los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución." Ahora bien, los artículos que regulan los términos del desahogo de la audiencia respectiva, a la letra, dicen: "Artículo 880.- La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. Artículo 881.- Concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, solamente se admitirán las que se refieren a hechos supervenientes o de tachas. Artículo 882.- Si las partes están conformes con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, al concluir la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, se otorgará a las partes término para alegar y se dictará el laudo. Artículo 883.- La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días." Como puede advertirse, una mera lectura del precepto establece que la fecha de audiencia no deberá exceder del plazo de diez días; sin embargo, la autoridad responsable pretendió justificar la dilación, debido a las medidas dictaminadas para el regreso escalonado de labores, dentro del "Protocolo de Reinicio Seguro a las labores de Juntas y Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guanajuato", con motivo de la pandemia acaecida en este año. Lo anterior, conlleva la exigencia de confrontar ambas circunstancias para determinar la constitucionalidad de la actuación de la autoridad; sin embargo, de resultar fundada la causa de pedir, de cualquier manera la fecha en que se dicta este fallo (19-nov) y su eventual declaratoria de ejecutoriedad (una vez que transcurran los diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo) genera un impedimento que le dé efectividad, en tanto que la fecha de audiencia es demasiado próxima, esto es, el veintitrés del presente mes. De esa guisa, a nada práctico conduce una eventual concesión de la protección federal, pues la el retardo en la impartición de justicia que se señala como causa de pedir, ha sido vencido por la propia temporalidad en que se actúa y no modificaría lo resuelto en el acto reclamado. De ahí la inoperancia de los conceptos de violación. Sin perjuicio de ello, también amerita mencionarse que, a partir de la fecha en que se emitió el acto reclamado (13-ago), el lapso al día de hoy ha transcurrido de forma irreparable. Es orientadora por las razones que ahí se invocan, la jurisprudencia 108 emitida por la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal, visible en el Apéndice 2000, tomo VI, página 85, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." En suma, ante lo inoperante de los conceptos de violación, se impone negar el amparo solicitado por xxxxxx, por conducto de su mandatario en el juicio de origen, xxxxx. El sentido del fallo se hace extensivo a los actos atribuidos al actuario responsable, al no ser reclamados por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxx, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en la última consideración.

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