Francisco Javier Camacho Acosta

Expediente 151/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
151/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
02/03/2017

Partes del expediente

  • Francisco Javier Camacho Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE FRANCISCO JAVIER CAMACHO ACOSTA, EL AUTO QUE DICE: La parte quejosa cumple la prevención realizada en autos. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura íntegra de los escritos de demanda y aclaratorio se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma Ley. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece a la autoridad como parte en el juicio de amparo, la cual dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias, con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la Ley de Amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De lo anterior, se advierte que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Cabe mencionar que en la ejecutoria que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, al respecto aprobó la siguiente tesis: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Como se advierte de lo anterior, a efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo que promueve la parte quejosa, se debe constatar si el acto que reclama afecta de manera unilateral la esfera jurídica del promovente, si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. HECHOS Del análisis de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado: La falta de contestación a la petición realizada por el quejoso a la Encargada del Despacho de la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Por otra parte, en los escritos de demanda y aclaratorio el quejoso "bajo protesta de decir verdad" indicó que su petición la hizo en calidad de Coordinador del Plantel adscrito a la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, comisionado al Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (S.U.T.S.E.M), relativo al pago de su quincena y demás prestaciones correspondientes al mes de diciembre de 2016. CONCLUSIÓN En ese sentido, este órgano jurisdiccional respetuosamente considera que en el caso, el acto que el promovente reclama no corresponde con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que deriva de la relación laboral que vincula a la parte quejosa con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, residente en esta ciudad. Asimismo, el acto reclamado por el quejoso no corresponde con una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter de índole laboral, por lo que difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado; en ese sentido la problemática que existe puede ser resuelta, en su caso, a través de una solución en la vía ordinaria laboral, mas no a través del juicio de amparo, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia. Época: Décima Época Registro: 2010538 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: VII.2o.T.9 L (10a.) Página: 3436 ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo. No es óbice a lo anterior que el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de Ley de Amparo, prevé la posibilidad que los particulares puedan adquirir la calidad de autoridad responsable, pues para esto los actos equivalentes a los de autoridad requieren de la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación jerárquica respecto del quejoso; lo cual, como ya se expuso, no acontece en el presente asunto. En razón de lo anterior, el juicio de amparo no es el idóneo para combatir los actos que la quejosa reclama, en todo caso, tiene expeditos sus derechos para hacer valer el medio de impugnación ordinario que considere pertinente, ante la autoridad competente. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Finalmente, previo cotejo y compulsa de la documental que indica la parte quejosa, devuélvasele previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE FRANCISCO JAVIER CAMACHO ACOSTA, EL ACUERDO QUE DICE: Franciso Javier Camacho Acosta promueve juicio de amparo en contra de actos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 151/2017. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 108, fracciones III, IV y V, 110, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad; se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo; o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Adicionalmente, el artículo 108 enunciado en el párrafo anterior, dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; asimismo, el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. El artículo 110 de la Ley de Amparo establece que, de no presentarse la demanda de amparo a través de medios electrónicos, se acompañarán a su escrito las copias para correr traslado a cada una de las partes del juicio de amparo. HECHOS Del análisis de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado: La falta de contestación a la petición realizada por el quejoso a la Encargada del Despacho de la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Del proemio de la demanda se advierte que el quejoso la promueve por propio derecho; sin embargo, en el capítulo de "hechos" manifestó "bajo protesta de decir verdad" que la petición que reclama la hizo en su calidad de Coordinador del Plantel adscrito a la Dirección General y como comisionado al Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado, relativo al pago de su quincena y demás prestaciones correspondientes al mes de diciembre de 2016, tal como se advierte del escrito que anexó a la demanda. CONCLUSIÓN Se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es imprecisa, ya que el quejoso indica en el proemio de la demanda que la promueve por propio derecho; sin embargo, en el capítulo de "hechos" manifestó "bajo protesta de decir verdad" que la petición que reclama la hizo en calidad de Coordinador del Plantel adscrito a la Dirección General y como comisionado al Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado, relativo al pago de su quincena y demás prestaciones correspondientes al mes de diciembre de 2016, tal como se advierte del acuse de recibo que anexó a la demanda. REQUERIMIENTO Con el objeto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere al promovente para que en el plazo de cinco días, legalmente computado, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: Indique si la demanda la promueve por propio derecho, o bien, en calidad de Coordinador del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, adscrito a la Dirección General y como comisionado al Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado. En caso de promoverla en calidad de Coordinador del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, adscrito a la Dirección General y como comisionado al Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado, deberá exhibir constancia fehaciente con la que acredite dicha personalidad. Del escrito mediante el cual desahogue el requerimiento contenido en los incisos que anteceden, deberá acompañar las copias que resulten necesarias para cada una de las partes. Lo que se considera necesario para la tramitación de este asunto; es decir, que sin la aclaración solicitada por este órgano jurisdiccional no sería posible fijar la litis en este asunto. Se hace saber al promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Tiene aplicación, las tesis siguientes: Registro No. 175345 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XXIII, Abril de 2006Página: 990Tesis: I.7o.A.100 KTesis AisladaMateria(s): Común "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Registro No. 2007285 Localización: ocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo I, Agosto de 2014Página: 210Tesis: 1a./J. 50/2014JurisprudenciaMateria(s): Común "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento siguiente: En caso de no dar cumplimiento a los incisos precisados, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ivonne Yasmín Bello Díaz, debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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