Francisco Javier Cahuantzi Puente
Expediente 1216/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 48 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1216/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 11/01/2017
Partes del expediente
- Francisco Javier Cahuantzi Puente
- Maria Martha Bonilla Torres y/o Maria Martha Esperanza Bonilla Torres
- Juez Décimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, Distrito Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, se advierte que por oficio recibido en este juzgado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México manifestó la imposibilidad en la que se encontró para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón de que, las partes dentro del juicio de origen 952/2010, el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis celebraron convenio mediante el cual se tuvieron por pagadas cada una de las prestaciones que en dicho juicio fueron reclamadas, por lo que en auto de veintinueve de noviembre del año en curso se tuvo por concluido el juicio de origen 952/2010. Asimismo, mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el plazo de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades, y que tal acuerdo se notificó a la última de las partes [tercera interesada] el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, sin que hubieran realizado manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto debe decirse que por sentencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo a la parte quejosa para los siguientes efectos: "Por lo que fue expuesto en esta parte considerativa, en términos de lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia, lo procedente es otorgar el Amparo y Protección de la Justicia Federal que solicita el quejoso Francisco Javier Cahuantzi Puente, para el efecto de que la 1) Juez Interina Décimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal: Deje insubsistentes todas las actuaciones que conforman el juicio ejecutivo mercantil número 952/2010 únicamente por lo que hace al aquí quejoso, a partir de la diligencia de citatorio previo llevada a cabo el cuatro de junio de dos mil once por el 3) Diligenciario Par adscrito al Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla; y ordene efectuar de nueva cuenta su emplazamiento atendiendo los lineamientos que al efecto establece la legislación mercantil aplicable, para estar en posibilidad de continuar el procedimiento por todas sus etapas legales y, en su oportunidad, resolver lo que en derecho corresponda. [...] La concesión de amparo debe hacerse extensiva al acto que el quejoso reclamó del 2) Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, residente en Puebla, Puebla (en su denominación actual), consistente en todas las actuaciones contenidas en el exhorto 80/2011; por virtud de que no fueron reclamadas por vicios propios. Asimismo, respecto del diverso acto consistente en la inscripción del embargo sobre el inmueble identificado como casa ubicada en calle Retorno Tejocote edificio "J" departamento 16 dieciséis de esa Ciudad de Puebla, Puebla, de treinta de mayo de dos mil trece, realizada dentro del referido juicio ejecutivo mercantil y que de autos aparece que es imputable al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, únicamente en cuanto a la parte alícuota del inmueble correspondiente al aquí quejoso, por ser una consecuencia legal de las diligencias que han sido declaradas inconstitucionales, y que tampoco se le atribuye por vicios propios. [...] Cabe señalar que este Juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la figura del litisconsorcio pasivo necesario, dado que el juicio de origen se trata de un juicio ejecutivo mercantil promovido por un solo actor y que existe pluralidad de demandados, además se trata de un solo procedimiento el cual debe decidirse formalmente en una sola sentencia. En este sentido, al actualizarse la figura del litisconsorcio pasivo necesario, los codemandados se encuentran vinculados entre sí por un mismo derecho litigioso que debe ser resuelto en una misma sentencia, ya que las prestaciones no pueden ser reclamadas en diversos juicios dada la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, que hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia para que se pueda dictar una sentencia válida. Lo anterior en atención a que la figura del litisconsorcio implica que se emita una sentencia común con relación al derecho litigioso, lo cual beneficiará a los restantes codemandados ya que en el dictado de ese nuevo fallo se valorarán las pruebas que ya obran en el expediente, así como los nuevos elementos de convicción que aporte el litisconsorte que obtuvo la reposición del procedimiento ante su ilegal emplazamiento, lo que no se traduce en que nuevamente se brinde oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas a los codemandados que ya fueron emplazados a juicio, en virtud de que, se insiste, ya tuvieron la oportunidad de ser oídos en juicio y aportar las pruebas que consideraron pertinentes. [...] Por lo antes expuesto, al actualizarse la figura antes descrita, procede determinarse que el Juez responsable respecto de los restantes demandados en el juicio ejecutivo mercantil de origen Martha Bonilla Torres, también conocida como María Martha Esperanza Bonilla Torres y Francisco Javier Cahuantzi Bonilla: Deberá dejar sin efectos la sentencia definitiva dictada el quince de enero de dos mil catorce, y una vez que se realice el emplazamiento del aquí quejoso Francisco Javier Cahuantzi Bonilla, y se desahogue el procedimiento en sus etapas por dicho demandado a quien se otorgó la protección constitucional, dicte la sentencia definitiva que corresponda respecto de todos los demandados. En el entendido de que debe subsistir todo lo actuado en el juicio natural con relación a quienes ya tuvieron la oportunidad de ser oídos y aportar pruebas (Martha Bonilla Torres, también conocida como María Martha Esperanza Bonilla Torres y Francisco Javier Cahuantzi Bonilla)." Por su parte, de las constancias remitidas por la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, mediante oficio recibido el trece de diciembre de dos mil dieciséis, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: Dentro del juicio de origen 952/2010, las partes celebraron convenio el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se tuvieron por pagadas cada una de las prestaciones que en dicho juicio fueron reclamadas, por lo que la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, por auto de veintinueve de noviembre del mismo año determinó tener por concluido el juicio de origen 952/2010. Conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo y, por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. Al respecto, conviene traer a contexto lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." El contenido del precitado artículo, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de su cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedo cumplida la sentencia; lo cierto es que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora bien, en el caso, se obligó a la autoridad responsable a un hacer, a saber, que dejara insubsistentes todas las actuaciones que conforman el juicio ejecutivo mercantil 952/2010, únicamente por lo que hace al aquí quejoso, a partir de la diligencia de cuatro de junio de dos mil once, y como consecuencia todas las actuaciones contenidas en el exhorto 80/20112 del índice del Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, asimismo, dejar sin efectos la sentencia definitiva dictada el quince de enero de dos mil catorce, y una vez que se realice el emplazamiento del aquí quejoso y se desahogue el procedimiento en sus etapas y dictara la sentencia definitiva correspondiente. Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, la controversia del juicio de origen culminó con la celebración de un convenio, en el cual se pagó las prestaciones reclamadas y por el cual la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México tuvo por concluido el citado procedimiento. En ese orden de ideas, si dentro del juicio de origen, se celebró un convenio entre las partes y por consiguiente la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México tuvo por concluido el procedimiento dentro del juicio de origen; tal circunstancia conlleva a la imposibilidad de cumplir con la sentencia de amparo. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, si conforme a lo expuesto en virtud de la actuación de las partes del juicio de origen, se dio por concluido el juicio natural; lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, pues de cualquier manera el procedimiento de origen ya culminó. En consecuencia, lo anterior constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201, fracción II, y 202 de la Ley de Amparo, y se ORDENA EL ARCHIVO del presente asunto como concluido, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. Finalmente, en virtud de que se formaron los Anexos II y III, con motivo de las copias certificadas del expediente 952/2010, remitidas por la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la ciudad de México; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la ciudad de México, en atención a los requerimientos de cuatro de diciembre de dos mil quince y veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, manifiesta la imposibilidad en la que se encuentra para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón de que las partes dentro del juicio de origen 952/2010, de su índice, el dieciocho de noviembre celebraron convenio, por el cual se tuvieron por pagadas cada una de las prestaciones ahí reclamadas, por lo que mediante auto de veintinueve de noviembre del año en curso, se tuvo por concluido dicho juicio, y a efecto de corroborar su dicho, adjunta copias certificadas de la citadas constancias. En consecuencia, con las referidas documentales, dése vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la ciudad de México, en atención a los requerimientos de cuatro de diciembre de dos mil quince y veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, manifiesta la imposibilidad en la que se encuentra para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón de que las partes dentro del juicio de origen 952/2010, de su índice, el dieciocho de noviembre celebraron convenio, por el cual se tuvieron por pagadas cada una de las prestaciones ahí reclamadas, por lo que mediante auto de veintinueve de noviembre del año en curso, se tuvo por concluido dicho juicio, y a efecto de corroborar su dicho, adjunta copias certificadas de la citadas constancias. En consecuencia, con las referidas documentales, dése vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que mediante oficio recibido el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Juez Interina Décimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, informó las gestiones que se encontraba realizando para dar cumplimiento al fallo protector, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a la totalidad de los puntos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la Juez Interina Décimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando noveno de la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil quince y remita las constancias conducentes que apoyen dicho cumplimiento. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que subsiste el apercibimiento de multa que se le hizo mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil quince, en caso de incumplimiento, así como se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. Asimismo, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se informa a la responsable que se considerará como incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." De igual forma, se comunica a la responsable que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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